El texto de la ponencia no deroga la Ley de Amnistía pero remarca que no cubre supuestos de genocidio o tortura.
La ley de memoria democrática llegará pronto al Congreso para su debate y aprobación tras la inclusión de numerosas enmiendas presentadas por los distintos grupos. Estas son las claves de la ponencia:
Ley de Amnistía: el Estado asume la interpretación de Baltasar Garzón. El texto de la ponencia incluye varias referencias a la Ley de Amnistía de 1977, que ERC pedía derogar. La primera es una alabanza: aquella ley, subraya, fue una “reclamación histórica de la oposición antifranquista” que amnistió “todos los delitos de intencionalidad política e infracciones de naturaleza laboral y sindical”. Esa ley de amnistía no se deroga, pero a continuación, el texto recuerda “la obligación de los poderes públicos” de interpretarla “conforme al Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles”. Esa fue la premisa de Baltasar Garzón cuando abrió una causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional, investigación que lo llevó a ser juzgado y finalmente absuelto en 2012 del delito de prevaricación en el Tribunal Supremo.
Reconocimiento de violaciones de derechos humanos hasta 1983. No es cierto, como sostiene parte de la derecha, que la nueva ley de memoria incluya expresamente a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala como víctimas del franquismo, o que se vaya a investigar de nuevo a los GAL. El concepto de víctima es el mismo y tampoco ha cambiado el apartado que se refiere a la investigación, a través de la creación de un Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura entre 1936 y 1978. Lo que añade el texto tras la negociación con los grupos es lo siguiente: “Como se ha dado en otros procesos transicionales de muy diversos países, aun después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la indudable importancia que supuso para el nuevo ordenamiento jurídico democrático, pudieran persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos”. Por ese motivo, una disposición adicional contempla “la designación de una comisión técnica que elabore un estudio sobre dichos supuestos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983 para “señalar posibles vías de reconocimiento y reparación”.
El sello de Cataluña, País Vasco y Galicia. El texto añade, en el apartado que enumera a las diferentes víctimas del franquismo con derecho a medidas específicas de reconocimiento y reparación, a “las instituciones de autogobierno catalana y vasca y las corporaciones locales”. Se consideran víctimas también “las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos”, y se subraya que sus hablantes fueron “perseguidos” por el franquismo. Fuentes del Gobierno aclaran que por “culturas vasca, catalana y gallega” se entiende en este caso la cultura realizada en esas tres lenguas, no la hecha en castellano en esos territorios.
Además, a petición del PNV, y a través de una enmienda transacional, se abre un nuevo plazo de reclamaciones para la restitución de documentos a personas naturales o jurídicas, de conformidad a lo dispuesto en la ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de documentos incautados con motivo de la Guerra Civil. El proyecto de ley incluía ya una disposición adicional para restituir bienes incautados a las fuerzas políticas durante la dictadura “cuando lo fueron en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos”, lo que abre una nueva vía para que los nacionalistas vascos puedan reclamar el edificio del Instituto Cervantes en París, sede del Gobierno vasco en la capital francesa desde 1937 a 1940.
Un año para la auditoría de incautaciones. El texto reconoce “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura”, en los términos que se establezcan legalmente en la normativa de desarrollo. La auditoría de bienes incautados que contempla la ley deberá realizarse “en el plazo de un año” desde su entrada en vigor.
Oficina de víctimas y recogida de testimonios. El departamento competente en materia de memoria democrática contará con una oficina de víctimas para “la recogida de los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como para realizar labores de divulgación y sensibilización”. Además, en el seno del Consejo de la Memoria Democrática se constituirá una comisión de ámbito estatal, de carácter “académico, temporal y no judicial, independiente”, para contribuir al “esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura como forma de favorecer la convivencia democrática, mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos”.
Banco de ADN también para los bebés robados. La base de datos de ADN estatal con perfiles de las víctimas del franquismo incluirá a “las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos cuya denuncia haya sido admitida” por los hechos objeto de la ley de memoria. En esa base de datos de ADN también se conservarán las muestras de restos óseos de distintas exhumaciones.
Archivos en manos de la Fundación Franco. La Administración General del Estado se compromete a habilitar dotaciones presupuestarias específicas para la catalogación y el acceso a los archivos. Además, el texto añade: “Los archivos y documentación del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas físicas”, como la Fundación Franco, se incorporarán, una vez superados los trámites legales, al Centro Documental de la Memoria Histórica o al archivo del organismo público que se determine de manera motivada”.
Nuevas infracciones. Se añade como infracción muy grave “la destrucción de documentos públicos o privados” para la recuperación de la memoria histórica así como la “apropiación indebida de documentos de carácter público por parte de personas físicas o instituciones privadas que ejercieron cargos públicos durante la Guerra, la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978″.
Un régimen ilegal… Además de condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, el nuevo texto declara “ilegal el régimen surgido de la contienda militar”.
…que impuso sentencias ilegales. La palabra “ilegal” se añade igualmente a la hora de referirse al carácter “radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones”.
Retirada de 33 títulos nobiliarios. El texto que el Gobierno llevó al Congreso preveía elaborar “un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura” para proceder a su supresión. A petición del PSOE y Unidas Podemos, se incluirán en la ley los 33 que serán directamente eliminados, relativos a Franco, Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Mola y Carrero Blanco, entre otros.
Apoyo a los investigadores. “Se tendrá en cuenta el papel esencial que desempeña el debate histórico para la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática, y la contribución al mismo de las conclusiones que sean resultado de la aplicación en la verificación e interpretación de los hechos de los usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica”, dice la ponencia. “Ello se entenderá sin perjuicio de la incertidumbre consustancial al citado debate que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado sobre los que el investigador puede formular hipótesis o conjeturas al amparo de la libertad de creación científica”.
Nacionalidad española para descendientes de brigadistas. El texto incluye, entre los beneficiarios de la nacionalidad española por carta de naturaleza (sin necesidad de renunciar a su nacionalidad anterior), a los “descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España”.
Prohibidos retratos franquistas en el despacho. La ley prohíbe la exhibición de “retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura” en “lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público”.
Explicar la represión en los libros de texto. Se incluye entre “los fines” del sistema educativo español “el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”. Para ello se desarrollará “en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura” en la educación secundaria obligatoria, formación profesional y bachillerato.
Persecución cultural. El texto añade el compromiso de las administraciones competentes de articular “todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para realizar una evaluación exhaustiva y profunda de la represión y persecución cultural y lingüística del franquismo, así como de sus efectos sobre la realidad sociolingüística del Estado”.
Medallas sin pensión. La anulación y la revocación de las resoluciones por las que se concedieron las recompensas franquistas determinará “la pérdida de los derechos anejos correspondientes, incluso los económicos”.
Nuevos lugares de memoria. El Fuerte de San Cristóbal, penal franquista ubicado en Pamplona (Navarra), será declarado lugar de memoria y recibirá “financiación” para celebrar “actividades acordes con la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática”. Con el mismo fin y en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se promoverá un “convenio de cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia [actualmente pertenece al Ministerio de Política Territorial] al Ayuntamiento de Donostia”. El edificio, ahora sin uso, fue residencia del dictador durante sus estancias veraniegas en San Sebastián. El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros.
SOBRE LA FIRMA
Reportera de la sección de España desde 2006. Los jueves publica una columna en Madrid, Kilómetro cero. Durante la semana comenta las redes sociales en Anatomía de Twitter y realiza entrevistas para la serie Conversaciones a la contra. Especialista en memoria histórica, ha escrito dos libros, Valientes y Vidas Robadas (Aguilar).
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