La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina pone en marcha una iniciativa para reclamar una reforma legislativa que permita la investigación judicial de los crímenes del franquismo
“La causa se tramita en Argentina porque el Estado español continúa desarrollando políticas de impunidad impropias e incompatibles con un sistema democrático”, señala CEAQUA en su nota de prensa. Hoy en día, España sigue negando el acceso a la justicia a las víctimas del franquismo, amparándose en una ley de amnistía que impide abrir procesos judiciales para investigar delitos de tortura, desapariciones forzadas, robo de bebés o trabajos forzados durante la dictadura.
Para Charo Arroyo, miembro del equipo de comunicación de CEAQUA, el lanzamiento de esta campaña es una respuesta directa a la conmemoración oficial del 50 aniversario de la muerte del dictador. “Nosotras también queríamos conmemorar los 50 años, pero no desde el relato oficial, sino desde el dolor de las víctimas. Llega el Gobierno y hace esta celebración que nos pareció hiriente. Por eso sacamos la campaña con ese mismo eslogan: 50 años sí, pero de impunidad”.
La Querella Argentina ha supuesto un punto de inflexión en el movimiento memorialista. “Uno de los grandes logros ha sido haber conseguido unificar un número importante de víctimas”, explica Arroyo. “Partíamos de un movimiento muy desunido, con poca cohesión entre unas luchas y otras. La querella ha servido como un nexo de unión”. Este proceso judicial permitió imputar a altos cargos del régimen, tomar declaración a un exministro franquista —Rodolfo Martín Villa— e impulsar más de 300 querellas individuales y unas 30 de ayuntamientos. “Aunque la situación judicial en Argentina también es compleja, lo más sencillo habría sido que el tribunal tumbara completamente el auto de procesamiento de Martín Villa, acusado de ser el autor intelectual de varias muertes a manos de la policía franquista. Pero no lo hizo. Eso ya fue un gran paso”.
CEAQUA insiste en que el reconocimiento institucional de las víctimas no es suficiente. “No queremos que todo acabe en un acto simbólico. Queremos que se investigue, que se juzgue y que se condene. Y que sea un juez quien lo decida”, reivindica Arroyo. La Coordinadora recuerda que en el Estado español ya se han presentado más de 115 querellas judiciales vinculadas a crímenes del franquismo. La mayoría han sido archivadas. “Esto es ir piano piano, como decía el Chato: horadar el muro con una cuchara hasta que caiga”, como decía Chato Galante, fallecido en 2020.
En este sentido, Charo Arroyo subraya una de las ideas centrales de la campaña: “No se puede amnistiar a quien no ha sido juzgado. Eso no es justicia. Los presos que estaban en la cárcel estaban condenados. Pero los que cometieron los delitos no han sido juzgados. Por lo tanto, no se les puede amnistiar de algo de lo que ni siquiera se les ha juzgado”.
La Coordinadora denuncia que ni la Ley de Memoria Histórica de 2007 ni la actual Ley de Memoria Democrática de 2022 han abierto el camino para que la justicia actúe. “La Ley de Memoria Democrática vendía la posibilidad de la investigación de crímenes, pero los jueces y el Constitucional han dicho claramente que con esta ley no se pueden investigar los crímenes. Y volvemos a lo mismo: necesitamos una modificación o derogación de la Ley de Amnistía”.
Arroyo destaca que la impunidad no es solo jurídica, sino también económica. “La ley dice que no va a haber restituciones ni indemnizaciones. Hay también un juego económico detrás. Muchas incautaciones, viviendas, empresas… Cuanto menos se resuelva el tema de las culpabilidades, menos se puede entrar en ese terreno, que es el que más quieren tener protegido”.
Uno de los casos paradigmáticos es el de los trabajos forzados. “Fue una querella presentada en Navarra y archivada. Las empresas que se enriquecieron con la sangre de los presos nunca han rendido cuentas. Y muchas víctimas directas han fallecido. Pero lo que queda es la necesidad de reparación: que se reconozca el daño, que se refleje quiénes se beneficiaron”.
CEAQUA lamenta también la actitud de los gobiernos que se autodenominan progresistas. “Hay poca implicación. El PSOE no está interesado en hacer la reforma legislativa que corresponde. Ni en renovar la judicatura que permita aplicar los tratados internacionales. El mantenimiento de ese franquismo sociológico y económico es lo que va poniendo palos en las ruedas”.
En cuanto al papel de la justicia argentina, la Coordinadora reconoce que ha sido clave. “La jueza —María Servini— ha procurado facilitar el acceso a la justicia para las víctimas. El equipo del juzgado ha mostrado mucha empatía con el sufrimiento de las personas que han declarado en la sede judicial de Buenos Aires. Lo más sencillo habría sido que se lo quitaran de encima, pero no lo han hecho. Las dificultades nos las pone España, no Argentina”. Aunque también reconoce que el contexto político actual, con el gobierno de Javier Milei, puede complicar las cosas: “Puede haber más obstáculos ahora. Pero también es posible que, paradójicamente, Milei, por fastidiar a Pedro Sánchez, acelere las cosas”.
La campaña ‘50 años de impunidad’ culminará con la entrega de los apoyos recogidos en el Congreso de los Diputados en septiembre, coincidiendo con el 50 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. La Coordinadora llama a la ciudadanía a firmar la campaña y a participar en actos públicos. Arroyo insiste en la importancia de firmar “los políticos si saben que tienes detrás a mucha gente, te toman más en serio”.
Por último, Charo Arroyo lanza un mensaje a las nuevas generaciones: “Si no sabes qué pasó, puedes pensar que no existió. Y si piensas que no existió, puedes volver a encontrarte con las mismas situaciones, como parece que nos estamos encontrando ahora. Por humanidad, por justicia, hay que conocer la historia de quienes lucharon por un mundo mejor”.
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