dimecres, 18 de març de 2009

PP Vice. 18/03/2009. Un nuevo informe apuntala la implicación del tesorero del PP.

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Un nuevo informe apuntala la implicación del tesorero del PP en la trama corrupta

La policía entrega a Garzón más detalles de los vínculos de Bárcenas con Correa

PABLO X. DE SANDOVAL - Madrid - 18/03/2009

La investigación sobre la posible implicación de aforados del PP en la trama de corrupción urdida en torno a las empresas de Francisco Correa sigue adelante. La policía ya ha entregado al juez Baltasar Garzón el informe que éste había solicitado sobre la supuesta vinculación de la red con el tesorero del Partido Popular, el senador Luis Bárcenas, cuyo nombre era invocado por la red a fin de conseguir contratos para Correa. El líder de la trama incluso presumía en una de las conversaciones grabadas de haberle entregado 1.000 millones de pesetas a Bárcenas.

Rubalcaba afirma que la policía que detiene delincuentes es la misma que la que detiene a miembros del PP
VIDEO - AGENCIA ATLAS - 17-03-2009
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegura que la policia que "detiene delincuentes es la misma que detiene a algunos de sus amigos o ex amigos". - AGENCIA ATLAS

El juez pidió más datos sobre la posible relación de la trama con Bárcenas
El PP acusa a Rubalcaba de ser "el cerebro" del acoso al partido


El informe, de seis folios, fue entregado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía a principios de la semana pasada, según fuentes conocedoras de la investigación. Éstas explican que, aunque el primer informe de investigación sobre la trama, de 130 folios, ya tenía "datos contundentes" sobre Bárcenas, Garzón reclamó algunas aclaraciones. La fiscalía no vio indicios relevantes en el primer informe para implicar a Bárcenas.

El juez solicitó a los investigadores que le aportasen más datos para aclarar si las iniciales L. B. que aparecen en documentos, ordenadores y archivos de memoria de la trama se refieren a Bárcenas. También quería precisiones sobre las declaraciones de imputados que habían citado al tesorero.

La vinculación de Bárcenas con la trama permitiría al juez Baltasar Garzón inhibirse ante el Supremo, al ser Bárcenas aforado nacional, así como, la posibilidad de que el Alto Tribunal reclamase la totalidad de la causa, incluida la que ha sido remitida a los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana, tras la implicación de diputados aforados de dichas autonomías.

El PP incrementó ayer sus ataques para desviar la atención sobre la trama corrupta y culpó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de las sospechas de corrupción que recaen sobre los populares. El diputado Ignacio Cosidó (PP) había acusado en su blog a Rubalcaba de ser "el cerebro" que dirige la operación policial y judicial sobre el caso Correa. Rubalcaba, que había acudido ayer al Congreso a presentar los datos de criminalidad, se incendió cuando el portavoz del PP insistió en público en esa tesis.

"Es una infamia absoluta", dijo el ministro con una irritación evidente. "Si ustedes creen que es un juicio político, díganle al señor [Francisco] Camps que presente las facturas [de sus trajes, supuestamente pagados por las empresas de la trama como regalo]. Si las tiene, las presenta y se acabó el problema". En su alegato, Rubalcaba también se fijó en Bárcenas, que aún no está imputado: "Acusan a la policía, al fiscal, a la Audiencia, al ministerio y no le preguntan a Bárcenas. Vayan a él y pregúntenle. Y si dice que no [está implicado], se acabó el problema".
Las fuentes consultadas aseguran que el caso no está ni mucho menos acabado y que aún hay "mucho material por analizar" y "muchos cabos por atar". Garzón citó ayer mismo a Francisco Correa, jefe de la trama, Antoine Sánchez y Pablo Crespo (ex secretario de Organización del PP gallego) para que éstos abrieran en su presencia y leyeran el correo personal que le han enviado a la prisión, ya que los tres están encerrados en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 11 de febrero. También ayer, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid dio dos días de plazo a la fiscalía para que le informe de si debe o no asumir la investigación. El juez Garzón tiene previsto tomar declaración a los ex alcaldes de Pozuelo y Arganda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Ginés López (ambos del PP), respectivamente, informaron fuentes jurídicas. Otras fuentes indicaron la probabilidad de que "una alcaldesa" sea imputada en próximas fechas.

Duelo Cosidó (PP) Rubalcaba (PSOE)
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió ayer con dureza al Partido Popular cuando fue acusado de dirigir la investigación del
caso Correa y filtrar datos a los medios. El portavoz del PP, Ignacio Cosidó, acusó en su blog a Rubalcaba de ser "el cerebro gris y jefe máximo de la trama urdida por el PSOE para criminalizar" al PP.
- Cosidó: "Están dando más prioridad a investigar a la oposición que a perseguir a los criminales".
- Rubalcaba: "No voy a entrar en su artículo, que me parece infame. La policía que detiene delincuentes es la misma que detiene a algunos de sus amigos".
- Cosidó: "Yo le acuso de una instrumentalización política de la policía. Usted establece las prioridades políticas sobre qué casos investigar. Usted filtra información en épocas preelectorales que perjudica a mi partido".
- Rubalcaba: "La policía hace su trabajo, que es perseguir delincuentes, tengan carnet del PP o no, (...) Aparte de ser una infamia, es sencillamente falso. ¿Por qué hacen ustedes esto? ¿Le parece responsable? Díganle al señor Camps que presente las facturas y se acabó el problema. ¿No es más sencillo llamar a Bárcenas al despacho y decirle 'tú estás metido en este lío'? Y si dice que no, se acabó el problema. Pero no ha dicho ni pío".
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Sáenz de Santamaría ve normal pagar trajes en metálico y defiende la inocencia de Camps
Editorial: Protegiendo a Camps
Madrid adjudicó al menos 100 contratos a la trama de Correa
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Los ex alcaldes de Pozuelo y Arganda no declaran ante Garzón

Jesús Sepúlveda (Pozuelo) y Ginés López (Arganda) defienden que no saben quién es el juez competente

ELPAÍS.com - Madrid - 18/03/2009

A la espera de que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia asuman la investigación de la trama corrupta de empresas dirigidas por Francisco Correa y vinculadas al PP, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha proseguido hoy con sus interrogatorios y ha citado a seis nuevos imputados, entre ellos los ex alcaldes del PP en las localidades madrileñas de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López. Ambos se han acogido al derecho constitucional de no declarar, en una estrategia similar a la empleada por el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien se negó a responder por no conocer aún quien es el juez competente. El ex regidor de Pozuelo ha afirmado a la salida de la Audiencia que mientras la causa sea secreta no va a declarar y ha añadido que no se le ha impuesto ninguna medida cautelar, a diferencia de lo ocurrido con González Panero, al que se le obligó a comparecer cada semana ante el juzgado más cercano a su casa.

El magistrado les acusa de delitos de cohecho, blanqueo, fraude fiscal y tráfico de influencias. En su auto sostiene que los seis hicieron operaciones con la trama corrupta de Correa por un valor total de 3.297.566 euros. Al margen de estas operaciones, Sepúlveda, ex marido de la vicesecretaria de organización del PP Ana Mato, fue supuestamente obsequiado en 1999 por Correa con un Jaguar valorado en 8,6 millones de pesetas, si bien en el auto Garzón no hace referencia a esta regalo, sino a otros como un vehículo todo terreno -un Range Rover Vogue- y una pantalla de plasma.

Pese a que la causa ha sido ya trasladada a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, ante los que Garzón se ha inhibido al hallar indicios contra aforados regionales, el juez continúa instruyendo el caso Gürtel hasta que se confirme si estos tribunales asumen definitivamente la investigación. La policía entregó ayer al juez un nuevo informe en el que apuntala la implicación del tesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre quien ya había datos de su relación con la trama (en unas grabaciones Correa presumía de haberle pagado 1.000 millones de pesetas), aunque la fiscalía no encontró indicios suficientemente relevantes.

José Galeote no acude al juzgado
Otros de los hoy citados son José Galeote -ex concejal de Boadilla- y Ricardo Galeote -ex concejal de Estepona (Málaga)-, padre y hermano, respectivamente, del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. Garzón les atribuye sobornos entre los que la cantidad más alta es la obtenida por José Galeote (612.506 euros), seguido por Ginés López (523.439 euros) y Sepúlveda (422.992 euros). Sin embargo, José Galeote no ha acudido a la cita, porque según ha explicado su hijo Ricardo, ha tenido que ingresar la pasada noche en un hospital. Ricardo Galeote ha anunciado que sí va a declarar, a diferencia de los ex alcaldes de Arganda y Pozuelo.

Garzón interroga hoy también a Tomás Martín Moral -director general de gestión urbanística de Boadilla del Monte (Madrid) y cuyo ex alcalde González Panero aparece entre los 37 primeros imputados en esta causa- y Clemente Aguado, ex diputado de la Comunidad de Madrid y que fue asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila.
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El magistrado Flors, ponente del 'caso Camps' en el TSJ

Los socialistas reclaman que el presidente explique cómo paga sus gastos

LYDIA GARRIDO - Valencia - 18/03/2009

El magistrado José Flors Matíes es el encargado de dirimir si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es competente para investigar el caso Camps. La sala de Lo Civil y Penal, en la que descansan los asuntos que afectan a aforados, decidió ayer, cumpliendo con las normas de reparto, que Flors se haga cargo de la causa. Juez de carrera, adscrito a la asociación Francisco de Vitoria, José Flors fue el instructor que archivó la querella presentada por Eduardo Zaplana contra dos diputados autonómicos socialistas por la difusión de unas conversaciones en relación con el caso Terra Mítica.

José Flors pertenece a la sala de Lo Civil y Penal desde octubre de 1995, responsabilidad a la que accedió desde la presidencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Es director de la Revista Jurídica, que publica la editorial Tirant Lo Blanc, y acumula decenas de libros publicados sobre distintos aspectos jurídicos, desde revisiones de leyes a programas de opositores. Cuenta con un amplio reconocimiento en la carrera judicial.

El magistrado, como ponente, tendrá ahora que evaluar si la causa enviada por el juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, en la que implica en una trama de sobornos al presidente Francisco Camps, al secretario de los populares valencianos, Ricardo Costa, al ex consejero de Justicia Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret es competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La causa tiene dos aforados, Camps y Costa. Y por ello, en sentido estricto es el TSJ el tribunal correspondiente. Sin embargo, a tenor de los delitos (cohecho, tráfico de influencias y falsificación) deberá estudiar si correspondiera hacerse cargo del caso al tribunal del lugar en el que se cometieron o al primero que conoció de los hechos. Es decir, el caso podría ser enviado al Tribunal Supremo o devuelto a la Audiencia Nacional. Esas cuestiones técnicas, sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, serán las que despejará. Su decisión será presentada a la sala, formada por cuatro magistrados más. Y si la sala considera que, en efecto, es el TSJ el tribunal competente, el siguiente paso será la instrucción, que debería igualmente corresponderle a él, tal y como ha funcionado la sala de Lo Civil y Penal hasta ahora.

La llegada del caso Camps al tribunal valenciano no ha hecho que los implicados desvelen más datos sobre los supuestos regalos que recibieron y los favores que en contraprestación pudieron hacer. La Generalitat mantiene que acudirá a la justicia para defenderse de quienes "ataquen al presidente". Por ello, la oposición insiste en pedir explicaciones.

Josefa Andrés, portavoz socialista de Justicia, exigió ayer al presidente Camps que aclare "si va a utilizar los servicios jurídicos del Consell para fines privados", en relación precisamente a esas acciones legales anunciadas el pasado domingo.

Elena Martín, secretaria de organización del PSPV, reclamó ayer a Camps que explique cómo paga sus gastos y por qué no puede justificar el pago de los trajes que niega haber recibido como dádiva. El diputado socialista Ximo Puig pidió "la comparecencia de Camps en las Corts".

Por su parte, el consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, no quiso ayer hacer declaraciones sobre el asunto y se limitó a decir: "Son milongas, una mentira del principio hasta el final".
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Una concejala de Gallardón benefició al monitor de pádel

Patricia Lázaro le adelantaba información sobre proyectos municipales.

MANUEL RICO - Madrid - 18/03/2009 07:30

Carlos Martín, monitor de pádel del vicepresidente madrileño reconvertido en conseguidor de adjudicaciones públicas, tenía en su nómina de contactos a la concejal de Coordinación Institucional del Ayuntamiento de Madrid, Patricia Lázaro. La firma para la que Martín actuaba como intermediario, Ingesport, consiguió gracias a sus gestiones un contrato de consultoría con la empresa municipal Club de Campo Villa de Madrid, SA. Patricia Lázaro forma parte del consejo de administración de dicha sociedad. El presidente de la compañía es el vicealcalde, Manuel Cobo, y entre sus consejeros figura la edil de Medio Ambiente, Ana Botella.

La consultoría concedida por el Club de Campo a Ingesport tenía una vigencia de un año y el importe del contrato ascendió a 22.000 euros.

Con meses de antelación
Patricia Lázaro informaba además a Martín, con meses de antelación, sobre los planes del Ayuntamiento para sacar a concurso la gestión de polideportivos. Así se deduce de los correos de índole profesional que intercambiaron Carlos Martín y el presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, a los que ha tenido acceso Público.

Ingesport dice que es el único contrato que tiene con el Ayuntamiento
El político más citado en los 49 correos que tiene este diario es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Carlos Martín fue su profesor de pádel y recurrió a González en diversas ocasiones para pedirle ayuda en sus negocios de intermediario. La segunda política más mecionada es Patricia Lázaro, que también dio clases de pádel con Martín, a quien la edil conoció en su juventud.

A cambio del trato de favor concedido a Martín, la concejala de Gallardón entraba gratis total en el lujoso spa Elysium del NH Eurobuilding, que gestionaba Ingesport. “Respecto a las gratuidades en Elysium. No existen. Solo personas contadísimas. Patricia mientras quiera todo free, así lo he comunicado en el Spa”, le explica Sáez a Martín, en un correo que le envió el 21 de noviembre de 2007.

El presidente de Ingesport, Gabriel Sáez, admitió en declaraciones a este diario la existencia del contrato de consultoría con el Club de Campo. Pero le restó importancia: “Era un trabajo sobre la viabilidad de montar un spa en las instalaciones del Club de Campo”. Sáez insistió en que es “el único contrato” que Ingesport ha recibido del Ayuntamiento de Madrid.

“Celebrar la victoria”
A cambio, la edil disfrutaba gratis total del lujoso ‘spa’ del NH
Los correos electrónicos de Carlos Martín demuestran la relación de confianza que tenía con Patricia Lázaro. El 28 de mayo de 2007, un día después de las elecciones autonómicas y municipales que dieron el triunfo al PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Martín queda con la concejala para “celebrar la victoria y hablar”. En concreto, Martín le cuenta a Sáez lo siguiente: “Ya han pasado las elecciones y me gustaría visitar del 1 al 15 de junio a los ayuntamientos que tenemos controlados. Hoy he quedado con Patricia para celebrar la victoria y hablar. Para el miércoles he quedado con Cristina para que planifique un poco los que ella tiene controlados”. Este diario preguntó a Gabriel Sáez si la Cristina citada en el mensaje es Cristina Cifuentes, diputada autonómica del PP de Madrid, pero el dueño de Ingesport dijo desconocerlo: “Yo no he visto nunca a esa señora”.

Lázaro conoce desde su juventud al profesor de pádel de González
Varios meses más tarde, el 13 de noviembre de 2007, Martín le cuenta a Sáez otra conversación reveladora que ha tenido con la edil de Gallardón: “Me preguntó Patricia que si todo va bien y le dije que ya se lo diría, me imagino que lo dirá por Club de Campo y por De la Villa. Por cierto, van a hacer un polideportivo bastante grande en el mercado de la Cebada, que por cierto en esa zona no hay nada municipal, quieres que le llame a Miguel o se lo digo a Patricia para empezar desde un principio con el proyecto?”. Miguel de la Villa es el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

El 25 de febrero de 2008, después de regresar de una visita a Pozuelo de Alarcón (Madrid) para hablar con el alcalde sobre el polideportivo del Valle de las Cañas, Martín le pregunta a Sáez si ha “echado una ojeada a las 2 gestiones de polideportivos que me ha comentado Patricia”.

En las siguientes semanas se producen varias discusiones entre Sáez y Martín. El dueño de Ingesport acusa al conseguidor de no cumplir con su trabajo, una acusación que lleva a Martín a contestarle que tendrían más contratos “si hubieras soltado lo que tenías que soltar”, tal y como informó ayer Público. En ese mismo mensaje, Martín vuelve a hablar de su relación con la concejal de Gallardón: “Yo estoy trabajando para que mis contactos estén para cuando Ingesport los necesite, como pasa con Patricia Lázaro”.

"Los correos están manipulados
El letrado Vicente García Elías envió ayer un comunicado a Público asegurando que los dos correos publicados el 16 de marzo “están burdamente manipulados”. García Elías, a quien este diario no había identificado, era el letrado de Gabriel Sáez y de Carlos Martín. En los mensajes, se hacen diferentes menciones al vicepresidente Ignacio González. Este diario comprobó la veracidad de los 49 correos recibidos antes de iniciar su publicación.

Lázaro admite que tenía pase gratuito en el NH
La concejala de Coordinación Institucional, Patricia Lázaro, admitió en declaraciones a este diario que Ingesport recibió un contrato de la empresa Club de Campo Villa de Madrid, pero defendió la legalidad de la adjudicación. Además, negó la existencia de cualquier trato de favor.

Lázaro sostiene que se contrató a Ingesport “porque era la mejor oferta, tal y como consta en el informe redactado por los técnicos”. Ella es consejera del Club de Campo desde el año 2003.
La concejala de Gallardón también admitió que había estado utilizando un pase gratis total para el spa del NH Eurobuilding, que gestiona precisamente Ingesport. Patricia Lázaro añadió que se había dado de baja hace una semana, después de que Público contactase por primera vez con ella para preguntarle sobre su relación con Carlos Martín.

La edil del PP explicó a este diario que conocía al profesor de pádel desde su juventud y señaló que, desde que entró en el Ayuntamiento de Madrid, sus contactos con Martín han sido “esporádicos”. Lázaro confesó que lo había recibido “una vez” en su despacho para hablar sobre proyectos del Ayuntamiento, pero indicó que es un procedimiento absolutamente normal que se realiza con otras muchas empresas. En su opinión, Martín falta a la verdad en sus correos, al “presumir” de una relación fluida con ella “que en realidad nunca ha existido”.
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El PP amplía su querella contra el juez Garzón

Los conservadores consideran que el sastre de Camps no debió comparecer ante el magistrado.

AGENCIAS - Madrid - 17/03/2009 20:40

El Partido Popular ha presentado en el Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra el juez Baltasar Garzón por tomar declaración al sastre José Tomás, imputado en la supuesta trama de corrupción denominada 'operación Gürtel', una vez que ya había dictado el auto por el que se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En su escrito, el PP señala que Garzón decidió tomar nueva declaración al sastre de Francisco Camps el 13 de marzo "preguntándole de nuevo, a tenor de lo reflejado en los medios de comunicación, sobre los hechos en que se asienta la posible implicación de algunos de los aforados", en referencia al presidente de la Generalitat valencana, Francisco Camps.
El primer partido de la oposición señala que José Tomás "concedió al diario El País una entrevista el 15 de marzo en la que revelaba buena parte de sus declaraciones ante el juez instructor y, en consecuencia, ponía de manifiesto cómo el grueso de las preguntas que le formuló Garzón y las respuestas que él dio venían referidas a la compra de trajes por parte de algunos de los aforados".

Con ello, prosiguen los conservadores, se constata "claramente" que "no se respetó la obligación de abstenerse de realizar nuevas diligencias de instrucción respecto de los aforados por parte del juez instructor", sino que siguió "citando a testigos y, al parecer, interrogándolos sobre los hechos remitidos a los Tribunales Superiores de Justicia".

Garzón compromete "la validez de todo lo instruido porque carece de competencias para ello"
Según el PP, con esta actuación Garzón ha comprometido "la validez de todo lo instruido" porque, a su entender, carece "total y absolutamente de competencias para ello". "Eso supone, a juicio de esta parte, una conducta constante y consciente absolutamente contraria a la legalidad establecida, y por lo tanto, que puede incardinarse en los hechos típicos propios del delito de prevaricacón", sostiene.

"Ocultación de información relevante"
El Partido Popular justifica también esta ampliación de la querella en la ocultación de "información relevante". Así, recalca que en los autos dictados por Garzón se pretendía hacer ver que "el elemento determinante para proceder a la inhibición era el informe de la UDEF, al menos en lo que se refiere a la presunta implicación delictiva de los aforados ante el TSJ de Valencia".
Sin embargo, los conservadores subrayan que esa afirmación "no resulta cierta porque ya con anterioridad se había considerado por el propio juez instructor que existían indicios suficientes de delito contra algunos aforados, y así lo habían reconocido en alguna resolución".

En este sentido, cree que "resulta muy interesante destacar" cómo en estos autos de inhibición en los que Garzón hace una cronología detallada de los hechos desde que asumió la competencia "se produce un salto en dicha cronología para ocultad deliberadamente la existencia y contenido del auto de fecha 13 de febrero dictado por el juez instructor con el fin de rechazar la solicitud de personación formulada por el PP".

Por todo ello, el Partido Popular pide al Tribunal Supremo que admita la ampliación de hechos en la querella criminal que presentó el pasado 25 de febrero contra Garzón por un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los ciudadanos, y que fue ampliada más tarde por otro delito de revelación del secreto de sumario.

Sin embargo, la Fiscalía sugirió al Tribunal Supremo hace unos días que archivara la querella del Partido Popular porque considera que las actuaciones del juez Garzón no consistituyen un delito de prevaricación.
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Correa abre su correspondencia

El PP exige al juez que pida perdón el 'lino'

EFE - Madrid - 17/03/2009 16:29

Los tres únicos imputados en el caso "Gürtel" que están encarcelados -el líder de la supuesta trama de corrupción, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- han sido conducidos hoy a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado había ordenado que se abriera su correo y se leyera en su presencia el contenido de las cartas que les envían a la prisión madrileña de Soto del Real, donde ingresaron el pasado 11 de febrero, para comprobar si tienen relación con la investigación.

Si el juez determina que las misivas recibidas pueden tener algún interés en el "caso Gürtel" se acordará su incorporación a la causa y, en caso contrario, se entregarán a los receptores, que se encuentran en prisión preventiva acusados de asociación ilícita, cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Se trata de un trámite que habitualmente se hace en prisión, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) permite al juez ordenar que haga delante de él.

Así, el artículo 579 de la LECrim establece que "podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen", mientras que el 584 dice que "para la apertura y registro de la correspondencia postal será citado el interesado".

Correa, desmejorado
El primero en comparecer ante Garzón ha sido Correa, que entró a las 13.10 horas en el despacho, esposado, con aspecto desmejorado y vistiendo vaqueros y la misma americana azul con coderas marrones que llevaba el día que declaró por primera vez ante el magistrado.
Correa permaneció veinticinco minutos en el despacho y salió sosteniendo en sus manos una carta, mientras que su primo Antoine Sánchez salió diez minutos después de entrar en el juzgado y, al ser preguntado por los periodistas por el motivo de su comparecencia ante Garzón, ha contestado que venía "para saludar al juez".

El juez sigue instruyendo el "caso Gürtel", al menos, hasta que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Valencia contesten si asumen esta causa tras haberse inhibido en su favor al haber hallado indicios contra aforados regionales de ambas comunidades autónomas.
Así, mañana tiene previsto tomar declaración a partir de las 10.00 horas a otros seis nuevos imputados, entre los que destacan los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y de Arganda del Rey, Jesús Sepúlveda y Ginés López, respectivamente.
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Orange Market y otros contratistas del Consell dieron una fiesta sorpresa al director de RTVV en Marrakech

Pedro García viajó en el avión de Vicente Cotino, copropietario de Sedesa y de la principal adjudicataria de residencias. Álvaro Pérez voló con otros empresarios en aerotaxi a celebrar el 40 aniversario del jefe de Canal 9

Francesc Arabí, Valencia

En circunstancias difíciles se ve quién es amigo de verdad. Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de presunta corrupción investigada por el juez Garzón, lo es del director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Pedro García. Por esa sincera amistad, el imputado contratista de cabecera del PP valenciano y de la Generalitat no dudó en sumarse a la comitiva organizadora de una inolvidable fiesta en honor a García, como para espantar el peligro de la crisis de los cuarenta, una edad difícil. Pérez y otros contratistas del Consell montaron un exótico 40 cumpleaños del jefe de Canal 9 y persona de la máxima confianza del presidente Francisco Camps. Fue una fiesta sorpresa en la mítica Marrakech, el fin de semana del 7, 8 y 9 de diciembre de 2007. El máximo responsable del ente público se desplazó a ciegas hasta la llamada perla del sur en el avión privado de Vicente Cotino, copropietario del Grupo Sedesa y sobrino del vicepresidente del Consell Juan Cotino. García no es hombre de grandes emociones, pero tampoco tiene el corazón de piedra. Cualquiera en su lugar también se habría emocionado cuando, estando en el vestíbulo del Sofitel -un cinco estrellas- vio aparecer como caídos de la torre de la mezquita Koutoubia un grupo de animadores de lujo luciendo una camiseta en la que se leía: "Peter's birthday 40". Como en las despedidas de soltero, pero con más clase. De aquí a Marrakech. Habían llegado en un aerotaxi fletado para la ocasión que voló desde Manises.

Viajaron con las esposas
Los de la comitiva eran como de la familia. Para Pedro García y para los presupuestos de la Generalitat. Álvaro Pérez acudió, como casi todos, con su mujer, la ex mamachicho Noemí Ramal, que ha presentado las dos últimas campanadas de Nochevieja en Canal 9. Estaban los empresarios Miguel Perelló, Nicolás Terol (de Manterol) y Arturo Blanch, del grupo Mediterránea de Medios, entre otros. Fueron 72 horas intensas que nunca olvidará Pedro García. Quizás por ello, porque amor con amor se paga, el director de RTVV no dudó en aceptar ser el padrino en el bautizo de la hija de Álvaro y Noemí. El padrino titular se cayó del cartel por ingreso en prisión. Era Francisco Correa, cabecilla de la trama. En Marrakech hubo cena en una jaima de lujo, con tarta también sorpresa con sus velitas y todo. Música y mucho espectáculo, a la altura de la especialidad de los presentes. Álvaro Pérez animó el sarao contando chistes que llevaba el copyright de su tío político Andrés Pajares, de quien fue representante artístico. No faltó el toque romántico, en forma de paseos en calesa. Y visita a la plaza Jemaa el Fna, en el corazón de Marrakech. Estuvo el productor audiovisual Miguel Perelló, también amigo de Pérez. Tanto que éste le dejó subirse en su Cam-Am, un híbrido entre coche y moto que cuesta más de 20.000 euros. Perelló ha recibido, con sus productoras Intercartel y después Indigomedia, unos 12 millones de euros en subvenciones a proyectos cinematográficos desde Presidencia.También acudió Arturo Blanch, hermano de Ignacio Blanch, apoderado de Orange Market hasta el 22 de diciembre de 2004 y ex delegado de Canal 9 en Madrid. Empresas de Blanch contratan con la Generalitat.

16 millones para Gerocentros
El hotel y las visitas concertadas se contrataron a través de una agencia de viajes y cada cual se pagó su plaza y los gastos, según uno de los empresarios que viajó. También apuntó que fueron varios periodistas y un destacado empresario del motor, pero otra fuente indicó que finalmente no pudieron acudir por razones de trabajo. En la organización del viaje participó muy activamente Vicente Cotino, que hizo de gancho de García. Es el hombre fuerte del grupo Sedesa, que, a través de Sedesa Concesiones, controla el 38,7% de Gerocentros del Mediterráneo, empresa que, con la marca Savia Centros Residenciales, lidera el sector de las residencias para la tercera edad. De las 22 que explota, 20 son concertadas. Tienen garantizadas más de un tercio de su ocupación con plazas subvencionadas. En 2007, Gerocentros recibió 15,9 millones de euros del Consell. El contrato del plan gerontológico diseñado en 2001 por Rafael Blasco cuando era conseller del ramo fue cambiado, en enero de 2008, para mejorar las condiciones de las adjudicatarias, lo que motivó la denuncia del PSPV al acusar a Juan Cotino de favorecer los negocios de su familia.

Otro que no se perdió el evento de Marrakech fue el empresario Nicolás Terol, gerente de Manterol, empresa textil de Ontinyent. Pedro García conoce a Terol desde que ambos estudiaban en los franciscanos de la capital de la Vall d'Albaida. La mujer de García es Lourdes Soriano, hija del también empresario y presidente de Caixa Ontinyent, Rafael Soriano. La amistad entre lo dos matrimonios se ha cultivado durante años de militancia en la comparsa Kábilas. En 2005 les tocó capitanía mora a la filà. Y Terol fue el capitán. El boato estuvo a la altura del bolsillo de los insignes representantes de la burguesía local. Pedro García fue un escolta de lujo.
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