A la Magdalena._
Jueves, 12 de marzo. La Asamblea de Madrid celebra un pleno inusual. Poco después de empezar, todos los diputados regionales del PSOE y de IU se levantan de sus escaños y abandonan el hemiciclo. Es otro gesto de protesta ante el carpetazo a la comisión de investigación del espionaje en Madrid. Sólo quedan en las bancadas de la izquierda las portavoces de ambos grupos, mudas de rabia ante el nuevo atropello: Maru Menéndez e Inés Sabanés. Frente a ellas, entre risas, el grupo popular. ¿Todos? No. Hay una ausencia notable, no es un cualquiera. El escaño vacío pertenece nada menos que al que fuera vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre. Se trata de uno de los espiados, Alfredo Prada. El día antes, en la última sesión de la comisión de investigación, su sucesor al frente de la Consejería de Justicia, Francisco Granados, lo ha tachado de mentiroso. No es que secundase la protesta, aunque pocas veces Prada ha estado tan de acuerdo con la izquierda madrileña como en su valoración política sobre el apresurado cierre a la comisión. Pero el ex vicepresidente no estaba allí por otra razón: a esa misma hora, tenía una cita mucho más importante en Génova 13.
Prada llegó tres horas más tarde al pleno, pero llegó. Se sentó en su escaño a las siete de la tarde, después de una larga reunión con Mariano Rajoy a cuenta, precisamente, del carpetazo al caso de espionaje. Aguirre se había comprometido con Rajoy a abrir una comisión en la Asamblea de Madrid a cambio de que el PP nacional parase la investigación interna que había iniciado el partido. Pero esa comisión, en la que nadie había puesto tampoco muchas esperanzas, ha resultado ser aún peor de lo poco previsto: un paripé, una burla, una comedia tan mala que Esperanza Aguirre la aguantó sólo tres días en cartel, y al cuarto la clausuró. El PP de Madrid no sólo bloqueó la mayoría de las peticiones de documentación de la oposición, sino que también impidió que declarasen ante ella los principales afectados: los espiados. Ni Alfredo Prada ni el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ni la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores han podido testificar. Ni siquiera Ignacio González, el único espiado que el PP de Madrid reconoce como tal, declaró en ella.
La conversación entre Alfredo Prada y Mariano Rajoy, a solas en el despacho del presidente del PP, fue larga. Tenían cosas de que hablar. Rajoy le transmitió su apoyo y respaldo ante lo ocurrido, ante la persecución que está sufriendo por parte de sus supuestos compañeros de partido en Madrid. Prada se ha reafirmado en público sobre la veracidad de los partes del espionaje que le atañen, tendrá que enfrentarse el miércoles 18 a una decisión difícil en el pleno de la Asamblea de Madrid: qué votar sobre las conclusiones de la comisión de investigación, un aparente trámite cuyo marcador final admite apuestas; podría haber sorpresas.
Prada el jueves tendrá tres opciones. Votar sí, lo que supondría admitir unas conclusiones que le calificarán implícitamente como mentiroso, pues el PP pretende negar que ese espionaje haya siquiera existido. Votar no, lo que implicaría saltarse la disciplina de voto y abrir una nueva batalla interna. O no acudir al pleno ese día con cualquier excusa. La misma difícil decisión atenaza también a Carmen Rodríguez Flores, la otra espiada que se sienta en la bancada popular en la Asamblea. Rodríguez Flores protagonizó el 12 de febrero una tensa reunión interna del grupo popular en la Asamblea, en la que exigió a Aguirre que le ayudase a descubrir quién le había espiado. Ahora se siente decepcionada y, según parlamentarios cercanos a ella, parece estar dispuesta a votar no. Pronto se verá.
Lo que todos en el PP dan por seguro, tanto en Génova como en la Comunidad de Madrid, es que Mariano Rajoy no reabrirá esa investigación interna, que seguirá suspendida en el limbo de los justos. Su raquítico apoyo mediático no le deja mucho más margen, pues los medios que marcan la opinión entre sus votantes están cada vez más entregados a la lideresa. Sólo si Gallardón insiste mucho, la comisión interna tendría alguna posibilidad de revivir, y ni aún así. Los marianistas justifican la probable decisión de Rajoy argumentando que ahora no es el momento para otra guerra interna, que hay que mirar al futuro, a las europeas. Y la paz en el mundo.
Rajoy también tiene otra excusa: que el caso está aún en manos de la Justicia, pues existe una denuncia de Alfredo Prada y otra de Manuel Cobo en los tribunales, que está investigando el fiscal de Madrid, Manuel Moix. Alguno de los espiados no descarta incluso elevar el tono de su respuesta judicial y pasar de la denuncia a la querella criminal.
Rajoy también tiene otra excusa: que el caso está aún en manos de la Justicia, pues existe una denuncia de Alfredo Prada y otra de Manuel Cobo en los tribunales, que está investigando el fiscal de Madrid, Manuel Moix. Alguno de los espiados no descarta incluso elevar el tono de su respuesta judicial y pasar de la denuncia a la querella criminal.
Más allá de las europeas, de la coartada judicial y de su natural pacífico, Mariano Rajoy tiene otro buen argumento para esconder el sucio asunto de los espías bajo la alfombra: la investigación de Garzón sobre la Operación Gürtel. En Génova, y más aún en Valencia, preocupa mucho esa segunda declaración del sastre de Francisco Camps, que habló este viernes de nuevo con Garzón. El sastre de Milano, de nombre José Tomás (nada que ver con el torero) se juega el ser o no ser imputado, y en el PP temen que su condición final cuando llegue el juicio sea sólo la de testigo, lo cual implicaría que está colaborando con el juez. El sastre es la clave en la trama de Valencia, pues es él quien puede demostrar que las facturas de los trajes a Camps y otros en su corte corresponden de verdad a sobornos de Correa y sus chicos o si, como cuentan desde el PP valenciano, los trajes en cuestión nunca han existido y las facturas eran falsas, un truco de Correa para defraudar a Hacienda.
En el PP también circula otro rumor sobre el sastre: que podría haber hablado con un medio de comunicación, lo que inquieta casi tanto como su nueva declaración ante Garzón.
Con sastre o sin él, lo que está claro es que Esperanza Aguirre le tiene tomada la medida a Rajoy. En el enésimo duelo al sol, es de nuevo el gallego el que pestañea primero. Si sus enfrentamientos se tuviesen que resolver como en la carrera hacia la muerte de Rebelde sin causa, ésa en las que ambos conductores circulan a toda velocidad en dirección a un acantilado hasta que uno de los dos –el que pierde– echa el freno, el presidente del PP ni siquiera se atrevería a subirse al coche frente a la lideresa kamikaze. Aguirre es capaz de despeñarse con tal de no dar su brazo a torcer. O al menos eso cree Rajoy.
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Actualización, 15-3-09, 8:05: El temor del PP estaba fundado, el sastre de Camps ha hablado
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Actualización, 15-3-09, 8:05: El temor del PP estaba fundado, el sastre de Camps ha hablado
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PEDRO MUELAS
¿Cuando lo hace el presidente significa que no es ilegal?
Ayer, justo ayer, hacía un año que Álvaro Pérez, antes conocido por Alvarito en el Partido Popular, ahora Bigotes para todo el mundo, celebraba su boda en el restaurante del edificio Veles e Vents del puerto de Valencia mientras sonaba la mascletà .desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Asistieron entre otros el jefe del Consell, Francisco Camps; el vicepresidente primero, Vicente Rambla; el secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el director general de RTVV, Pedro García; el director general de la empresa pública Ciegsa, José Luis López Guardiola, y el director general de Feria Valencia, Carlos Vargas. Todos con sus respectivas mujeres, algunas de ellas amigas entre sí. No podía ser mejor demostración de los triunfos de Orange Market en la Comunitat Valenciana logrados después de tener que dejar sus negocios con el PP de Madrid al comenzar la era Mariano Rajoy.
De momento sólo sabemos que, junto a estas buenas relaciones que han ido creciendo y profundizando en la Administración valenciana y en el PP, Orange Market ha ganado unos seis millones por encargos de seis conselleries, empezando por Presidencia, y que su mujer, Noemí Ramal, ha gozado de contratos en la TVV, que dirige su amigo Pedro García, además del privilegio de presentar las campanadas de fin de año. Contratos por un montón de millones, con cuatro o cinco empleados, y eso que a última hora, muy reciente debió de ser, alguien empezó a advertir a las conselleries que la cosa había cambiado. Orange Market, es evidente, era para los consellers y los directores generales y altos técnicos una empresa muy bien colocada en el poder y hasta en Presidencia, como lo prueba el hecho de que Álvaro Pérez llevaba de la mano a Camps al sastre de Madrid José Tomás, siguiéndolo a Milano, primero, y luego a Forever Young. Garzón asegura que los encargos los conseguía con dádivas como las de pagarle los trajes a cuatro altos cargos (Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) y otras sin especificar.
REGALOS DE IMPORTACIÓN.
Ahora sabemos que también importó de la central de Madrid el regalo de coches para agasajar a quienes consideraba piezas clave para su beneficio. Si Correa le pasó un Jaguar al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, aquí Alvarito, tan solícito para todos y para todo, hizo, que sepamos, lo mismo pero con un Mini Cooper descapotable, un capricho para la mujer de un alto cargo que tanto les ha ayudado. Bueno, no son, por ahora, los centenares de miles de euros que soltó la trama en Madrid y en metálico, pero es una nueva pista para los investigadores valencianos del caso, ahora que vienen de viaje las carpetas con los documentos y declaraciones que ha ido sumando la Fiscalía Anticorrupción.
Novedad, también, ha sido el cambio notable de la estrategia de Francisco Camps para abordar las acusaciones del juez Garzón y el terremoto que ha sacudido el PP. Se confirma su intención de no zaherir a Garzón, buscando la discreción frente al histrionismo institucional del primer día. No lo hizo en el Foro del ABC y tampoco en las Corts Valencianes. Y además quiso que se viera así. Pero hubo una notable diferencia: en Madrid, a Camps se le helaba la sonrisa, había un gesto tenso y un guión encorsetado, y eso que se fueron hasta allí los primeros espadas del PP para hacerse la foto y también con la corte de los reclutados, o no, empresarios de Valencia. En las Corts, por el contrario, Camps, seguro de su inocencia, se vino arriba dos días después, se mostró íntimamente convencido. Algo ha pasado en ese ínterin. Puede ser porque desde la oposición se formularon preguntas obvias y de fácil salida y el presidente les tiene cogida la medida, pero sobre todo revela que ya existe una estrategia clara, una respuesta ante el grave problema judicial y político de los trajes. Presidencia da por hecha la imputación, pero va a levantar un cerco alrededor de la figura del presidente que deja fuera a los demás. Los demás pueden ser sospechosos también. Incluso llegan a ver fantasmas. Ven fantasmas de otrora amigos en informaciones periodísticas que creen que han sido filtradas para dañar al presidente. Si antes aquello era un círculo cerrado, ahora es una cúpula cercada. Todos los esfuerzos están encaminados, demasiado tarde, claro, en no contaminar a Camps. Están determinados a cortar los lazos que haga falta con los imputados y con los implicados, hasta con Ricardo Costa, en dar marcha atrás con ese enredante maldito. No son lo mismo los regalos que han recibido unos que otros, por supuesto. Camps pudo cometer un error personal - como alega el alcalde de Elx, Alejandro Soler, ¡menudo escándalo!- pero no un delito. Para delinquir hay que demostrar -tiene que haber una relación directa- el beneficio del soborno, si lo hubo. Están dispuestos a todo con tal de salvar la figura de Camps, a ser posible antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Y de Serafín Castellano ya hablaremos. Espero que no lleguen a pensar lo que expresó Richard Nixon cuando le contestó a Frost: «Cuando lo hace el presidente, significa que no es ilegal.»
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Entrevista: "Me despidieron tras declarar ante Garzón"
ENTREVISTA: Los escándalos que afectan al PP JOSÉ TOMÁS Sastre de Francisco Camps y testigo de la Operación Gürtel
JULIO M. LÁZARO - Madrid - 15/03/2009
José Tomás García, de 54 años, ha sido despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba por haber tenido que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la policía y ante el juez Baltasar Garzón sobre sus clientes. Entre ellos se cuentan el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y otros importantes políticos valencianos y empresarios vinculados a la Operación Gürtel, la trama de corrupción del empresario Francisco Correa que afecta a políticos del PP. José Tomás es el sastre de Milano y Forever Young que vistió a Camps y al secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, entre otros.
Francisco Camps Ortiz
El 10 de febrero, Tomás testificó durante nueve horas y media en la Audiencia Nacional. La carta de despido del día 11 menciona sin tapujos las comparecencias del empleado ante la Fiscalía Anticorrupción y ante Garzón y afirma que, como consecuencia, se han percatado de la falsedad de esas facturas (aunque muchas de ellas tienen más de año y medio de antigüedad).
El sastre niega haber falsificado facturas: "Yo no tuve nunca nada que ver con la facturación. Me limitaba a vender, a tomar medidas a los clientes, a mandar confeccionar los trajes, pero nunca vi esas facturas ni ordené que se confeccionaran, ni había oído hablar en mi vida de firmas como Diseño Asimétrico o Servimadrid", asegura.
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"Pagaban los trajes de Camps con un fajo de billetes de 500 euros"
"Camps me llamó muy nervioso para saber si había facturas a su nombre"
J. M. L. - Madrid - 15/03/2009
El sastre José Tomás García fue citado a declarar por la policía cuando alguien le sopló a la Fiscalía Anticorrupción que se estaban regalando trajes a políticos valencianos que luego pagaba Orange Market, una empresa vinculada a la trama de corrupción comandada por Francisco Correa. La policía interrogó a Tomás sobre sus clientes, tanto de Milano -tienda en la que había trabajado durante 32 años- como de Forever Young, una continuación de la primera dirigida por Eduardo Hinojosa, de la familia propietaria de la firma Cortefiel. Entre los clientes figuraba el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. A Camps y Tomás los presentó Álvaro Pérez, El Bigotes, otro de los empresarios de la trama.
Trajes, pantalones, chaquetas y esmoquin
"Me despidieron tras declarar ante Garzón"
Camps: "Cada semana hay una mentira nueva"
"Me hizo repetir bastantes trajes. Quería pantalones con un ceñidor detrás que hubo que traer de Italia"
"Le hicimos unos oche trajes. Los primeros costaban 800 euros; los últimos, 1.200"
Después de declarar ante la policía, Tomás hizo lo propio ante el juez Baltasar Garzón, y un día después fue despedido de su empresa. El sastre, testigo en la causa que destapó Garzón y que afecta a altos cargos del PP valenciano y madrileño, ha concedido una entrevista a EL PAÍS. Éste es su relato de los hechos.
La primera vez que Tomás tomó medidas al presidente valenciano fue en la tienda de Milano, en la calle de Serrano de Madrid. Pero los cuatro trajes que encargó Camps los confeccionaron mal y los devolvió. Después continuaron la relación cuando Tomás ya estaba en Forever Young y Camps se desplazaba a Madrid por compromisos políticos.
"Siempre que venía a Madrid, Camps se alojaba en el Ritz", rememora el sastre. "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho".
Francisco Camps era un cliente exigente. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla que tuvieron que traer de Italia. Pero era una persona amable, buena gente. Los trajes que le hice eran de unos 800 o 900 euros los primeros. Los últimos, de 1.000 o 1.200. En total le hice unos ochos trajes, tres americanas, pantalones... Tuvimos relación durante un año y pico".
El montante de las ventas de Tomás a Camps, según la contabilidad en poder de Garzón, ascendió a 12.783 euros. Para lo que se tarifa entre empresarios, políticos y famosos, Camps no era, según su sastre, de los más derrochadores. Nada que ver con su amigo el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes. "Álvaro presumía de ser el tío mejor vestido de España, era un cliente compulsivo", cuenta. Las dos últimas ocasiones en que Tomás vio a Camps fue en la tienda de Forever Young, en el paseo de la Castellana, 140. "Iba a la tienda porque era más cómodo. Había probadores muy grandes y los guardaespaldas podían dejar el coche a la puerta. Lo último que le hice fueron dos trajes de tejido fino, en agosto de 2008, para el Mundial de Fórmula 1 en Valencia. Se llevó también dos pares de zapatos Crockett & Jones, de 500 y pico euros cada par, que estaban en oferta, rebajados a 200".
Pero donde el presidente valenciano puso a prueba a su sastre fue en la confección de un esmoquin para un acto oficial en Nueva York. Tomás no recuerda bien las fechas, si fue a finales de 2006 o en la primavera de 2007, pero sí recuerda que, como casi siempre, le vinieron con prisas. Se lo encargaron con pocos días de antelación y no daba tiempo a hacerlo ni Tomás tenía las medidas. "Por consejo del cortador de la fábrica le pedí a Camps que me enviase desde Valencia un traje que le quedase bien", prosigue Tomás. "Él lo envió y el patronista tomó las medidas y lo remitió todo a Satgor, una empresa de confección radicada en Caparroso [Navarra]. En ocho o diez días le enviaron el esmoquin a Valencia. Después me enseñaron una fotografía de una revista, en la que aparecía Camps en un acto oficial en Nueva York con el esmoquin".
Mucha tinta ha derramado también el famoso "chaleco blanco" para ir al Vaticano. El sastre conviene en que se trata de un error en el auto de Garzón. El chaleco era negro, no blanco. Lo explica así: "Yo le expliqué al juez que un frac va siempre con chaleco blanco, y de ahí el error. Tres o cuatro días antes del evento en el Vaticano, Álvaro Pérez me llamó y me dijo que el protocolo de la Santa Sede exigía chaleco negro, y me encargó dos chalecos: uno para él y otro para el presidente Camps. Álvaro ya tenía encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y que luego me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador de la fábrica de Satgor, SA, en Navarra, que los envió directamente a la sede de Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia".
Éste era el tipo de relaciones que Tomás mantenía con Camps y los demás políticos valencianos clientes de Milano o Forever Young, entre los que se cuentan Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia; José Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, o Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo. Tomás gozaba de prestigio y vestía a gente importante.
Hasta que Garzón destapó la Operación Gürtel. Al conocerse las primeras implicaciones, empezaron las llamadas de Camps a su sastre. "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si habría alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto y eso había sido antes de los encargos a Forever Young. Fue cuando me dijo que Álvaro era un bocazas".
Tomás ratifica lo que consta en el auto de Garzón. "Sí, es cierto, mientras estaba declarando [ante la policía] tenía el móvil abierto y me llamó entre ocho y diez veces. No cogí el teléfono y no he vuelto a hablar con él. Creo que ya estaba fuera de lugar. Todavía siguió llamándome un par de días más".
El día 11 le llegó la carta de despido. Las relaciones con su empresario, Eduardo Hinojosa, se habían deteriorado en los últimos años hasta el extremo de que sólo se comunicaban por fax. Tomás había dejado Milano después de 32 años para incorporarse al proyecto de Forever Young sin cobrar indemnización alguna, pero a cambio de perder toda su antigüedad exigió un contrato blindado para mantener su empleo un mínimo de cinco años.
En la nueva empresa empezó como director de sucursales, pero la creciente tirantez con el dueño culminó en su degradación a director de la sucursal de la calle de Serrano, en Madrid, y se le prohibió el acceso a las demás tiendas. Ahora la empresa ha aprovechado la declaración ante Garzón para despedirle cuando llevaba trabajando 29 meses.
La carta de despido le acusa de elaborar "facturas falsas". Tomás explica que la práctica habitual con los clientes importantes, como Antena 3, Tele 5 o la Comunidad Valenciana, era contabilizar los productos vendidos como "vales pendientes de cobro". Cada varios meses, una persona de Orange Market, Cándido Martínez, se ponía en contacto con el responsable de facturación de Forever Young, Javier García Fernández, con el que cuadraba los vales pendientes.
Los pagos en metálico los hacía el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, número dos de Correa y administrador único de Orange Market. "Venía cada seis meses aproximadamente con un fajo de billetes de 500 y pagaba 30.000 o 35.000 euros. La última o las dos últimas veces pagó Orange Market mediante transferencias bancarias". Según Tomás, Pablo Crespo pagó a Forever Young en 2005, el primer año de sus relaciones con ellos, entre 60.000 y 70.000 euros. Después, hasta 2008, algo menos: entre 50.000 y 60.000 euros anuales. Esas cantidades incluirían los trajes no sólo de Camps y de los cargos valencianos señalados por Garzón, sino también los de Álvaro Pérez y otros miembros de la trama.
Para documentar esos pagos se emitían facturas que ahora han aparecido cargadas a Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral, empresas todas de Francisco Correa. Los "conceptos falsos" que se utilizan para justificar el despido del sastre se refieren al detalle de las facturas: "metros de tela blanca", "tela para tapizar", "batista suiza", etcétera.
"Yo jamás participé en la confección de esas facturas", asegura Tomás. "El responsable era Javier García Fernández, las facturas no pasaban por mí. ¿Qué ganaba yo con poner que en vez de trajes eran telas, si el precio se pagaba lo mismo, fuera por Pablo Crespo o fuera por Orange Market? Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la tienda. Yo he dicho quién pagaba, pero ni siquiera puedo afirmar que luego Pablo Crespo u Orange Market no le pasasen el cargo a Camps, a Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano] o a los demás políticos. Eso no lo sé".
Entonces, ¿por qué las facturas de trajes enviadas a Orange decían que se trataba de "metros de tela" o "tela para tapizar"? Tomás dice no saberlo, pero fuentes de la investigación aventuran que, siendo Orange Market una empresa dedicada a montar ferias, decorados y eventos, tenía más difícil justificar, incluso fiscalmente, la compra de trajes y ropa ya confeccionada que la de telas para decorados o "ropa para personal". De ahí que, según esas fuentes, Orange pidiese a Forever Young que hiciese constar esos conceptos en las facturas.
El auto del juez Garzón mantiene también esa tesis: "La elaboración de las facturas se realiza por conceptos que la tienda de Forever Young no comercializa y por cuantías que no se corresponden con los pagos. La elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización, y así es ésta la que, a través de Pablo Crespo, Álvaro Pérez o Cándido Martínez, da las instrucciones del contenido de las facturas".
Lo cierto es que, al día siguiente de declarar ante el juez, Tomás se quedó en la calle y tiene muy claro por qué: "El propietario, Hinojosa, conocía la situación personalmente porque al menos en una ocasión tuvo un almuerzo con la dirección de Orange Market, al que asistieron Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Las facturas falsas que me atribuyen desde mayo de 2007, además de que nunca han pasado por mis manos, no intenta nadie aclararlas hasta que declaro ante Garzón. Despidiéndome a mí se libran de un empleado con el que la empresa tiene problemas pero es muy caro de despedir porque tengo un blindaje. E intentan desvincularse de la Operación Gürtel haciéndome a mí el único responsable".
Trajes, pantalones, chaquetas y esmoquin
- Según el auto de Garzón, entre 2006 y 2008 Francisco Camps recibió "en especie" -en trajes- 12.783 euros de la trama corrupta comandada presuntamente por el empresario Francisco Correa. De esa cantidad, 4.700 euros corresponden a trajes a medida de la tienda Milano, y otros 8.083 euros a ropa de Forever Young, ambas en Madrid.
- La lista de regalos no está detallada, pero en ella figuran al menos dos trajes, cinco pantalones, una chaqueta deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta fantasía y un cinturón de piel. También un esmoquin que el presidente valenciano lució en un acto oficial en Nueva York, y un chaleco para una recepción en el Vaticano.
- El juez sostiene que todos esos regalos fueron pagados a las tiendas por las empresas de Correa a través de cheque o transferencia bancaria, salvo un pedido de 3.300 euros cuya forma de pago se desconoce.
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"Cada semana hay una mentira nueva; todo es incoherente"
El presidente valenciano, Francisco Camps, niega que sean ciertas las declaraciones de su sastre, testigo de Garzón, quien dice hoy en EL PAÍS que se "pagaban los trajes de Camps con billetes de 500"
MARÍA FABRA - Valencia - 15/03/2009
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, no ha vestido hoy de traje sino que se ha ataviado con un tradicional blusón negro para decir que "yo ya dije en su momento lo que dije y, además, sigo diciendo lo mismo". Y, de la misma manera, se ha negado, otra vez, a responder a las preguntas de los periodistas. Camps ha participado en la Romería de les canyes de Castellón y, antes de iniciar la marcha, sólo ha dicho que "cada semana hay una mentira nueva", en referencia a la entrevista con el sastre José Tomás, publicada hoy por EL PAÍS , en la que explica cómo uno de uno de imputados por Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP, "pagaba los trajes con billetes de 500 euros".
La Generalitat ameneza con acciones legales
"Camps me llamó muy nervioso para saber si había facturas a su nombre"
Camps: "Cien mentiras no hacen una verdad"
AUDIO - Cadena Ser - 15-03-2009
El presidente valenciano insiste en su inocencia en el Caso Gürtel y en que cuenta con el apoyo de los ciudadanos -
"Cada semana hay una mentira nueva que, además, se contradice con la mentira de la semana anterior, pues si se coteja mentira tras mentira se verá que, al final, todo es una tremenda incoherencia", ha dicho sin dar más explicaciones. "Confío plenamente en la justicia y en la verdad que resplandecerá sobre la mentira y la insidia", ha añadido Camps quien, tras un mes desde que se conoció su implicación en la trama desencadenada en la operación Gürtel, sigue sin aclarar su relación con Orange Market o con su responsable, Álvaro Pérez, El Bigotes. "Trajes para todos" han sido los gritos que, procedentes de algunos romeros, tuvo que oír el presidente del Gobierno valenciano. Sin embargo, Francisco Camps ha alegado que "es cuestión de esperar que todo se aclare definitivamente, tener confianza y tener paciencia" y ha añadido que "cuando resplandezca la verdad", será "un gran día de felicidad para la inmensa mayoría de los valencianos y castellonenses".
Quien también ha acudido a la romería ha sido el secretario general de los socialistas, Jorge Alarte, Alarte, quien ha acusado a Camps de haber sumido al Consell en "una crisis institucional sin precedente" y al que ha exigido que dé explicaciones y deje "que los grupos políticos le pregunten" para "aclarar políticamente qué está pasando".
La Generalitat ameneza con acciones legales
La Generalitat emprenderá "todas" las acciones legales que estén a su alcance para defender "el honor y la dignidad" del president del Gobierno valenciano, Francisco Camps, "una vez termine
el proceso principal en curso porque es lo que corresponde jurídicamente".
Así lo ha anunciado el Gobierno valenciano en el mismo comunicado que ha remitido esta tarde a los medios de comunicación con las declaraciones realizadas a primera hora de hoy por Camps en la romeria de les Canyes de Castellón. (EFE)
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Orange Market: asalto a la Generalitat
El PP ha tratado de ocultar el fuerte arraigo de los hombres de Correa en Valencia
P. X. S. / C. E. C. - Madrid - 15/03/2009
La vinculación de Orange Market con la Generalitat valenciana es una tupida red de intereses y relaciones personales que comenzó años antes de que Francisco Camps se hiciera cargo del Gobierno autónomo y se trasladó a Valencia a hacer negocios cuando Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat. Al mismo tiempo, Mariano Rajoy cortaba toda relación con estas mismas personas en el PP nacional al darse cuenta de que no eran trigo limpio. Mientras surgen las pruebas y testimonios de las relaciones privilegiadas de los tres líderes de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, con la élite del PP valenciano, la Generalitat ha negado en todo momento que la relación vaya más allá de lo "testimonial" y lo "profesional", pero no puede evitar que una montaña de datos apunten a que el PP valenciano y la Generalitat tienen una relación casi orgánica, con unas empresas cuyos responsables están en prisión incondicional por exprimir ayuntamientos y consejerías administrados por el PP.
En 2004, la empresa ingresó 204.000 euros y en 2005 facturó 2,4 millones
Los tres cabecillas visitaban frecuentemente a los altos cargos de la Generalitat. Francisco Camps y Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano, también investigado) coincidieron en la boda de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la que también estaban los otros dos cabecillas de la trama. Fue en un reservado del restaurante del Veles e Vens de Valencia. El Gobierno valenciano tuvo que admitir este dato, pero matizando que Camps sólo fue "a saludar a los novios" y sin poder precisar si se quedó a cenar. Cuando estalló el escándalo, a Pérez le dio tiempo a organizar el bautizo de su hija antes de ser detenido. Camps no acudió. Estaban invitados Camps, Vicente Rambla (vicepresidente valenciano), Ricardo Costa y Pedro García, el director de la televisión valenciana, que sí acudió y fue el padrino.
Por su parte, la mujer de Álvaro Pérez, que trabaja en Canal 9 hace años, ha ascendido en la televisión valenciana hasta recibir el encargo de dar las campanadas de Nochevieja. La investigación de Garzón revela que el director de la televisión oficial también recibió trajes pagados por la empresa Orange Market. El Bigotes no llegó a Valencia por casualidad. Conoció a Camps en la sede del PP en Madrid, en el año 2000, cuando las empresas de Correa eran la tercera pata del PP. Camps trabajaba en el equipo de Ana Mato, coordinadora de participación por entonces y hoy responsable de organización. El ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, alcalde dimitido de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tenía tan estrecha relación con Correa que, según su versión, se intercambiaban coches de lujo. El actual tesorero, Luis Bárcenas, era el gerente que firmaba las facturas.
Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat en el año 2003. Entonces Álvaro Pérez y Pablo Crespo fundaron Orange Market para concentrar sus negocios en Valencia. En 2004, la empresa ingresó 204.000 euros. Al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros. Según la investigación de Garzón, el 70% de la facturación de esta empresa procede de contratos con la Consejería de Turismo. Álvaro Pérez ha sido su organizador clave en las dos campañas electorales en las que ha concurrido como candidato. También organizó el congreso del PP valenciano en 2005. Todavía en la campaña de las elecciones de 2008 se le ve en las fotos organizando los mítines de Rajoy. Orange Market ocultó a la Sindicatura de Cuentas las facturas electorales del PP entre 2003 y 2007.
Además de los contratos de Fitur (durante cuatro años seguidos por importes hasta de más de un millón de euros, la más cara de las ofertas presentadas), Orange Market ha obtenido contratos de la empresa pública Vaersa, de la televisión pública valenciana, contratos para la imagen de la comunidad autónoma, para el Open de tenis, la fiesta de la Volvo Ocean Race, una inauguración también de ese evento, un vídeo promocional de un hospital, contratos de la visita del Papa a Valencia o el montaje de las gradas de la fórmula 1.
Mientras, el PP valenciano ha evitado que Camps comparezca en las Cortes para explicar toda esta trama. El propio presidente ha evitado enfrentarse incluso a periodistas. La Generalitat ha amenazado con querellarse contra las "difamaciones", pero sólo ha podido defenderse diciendo que la relación con estas empresas es "estrictamente profesional", "tangencial", que "se ciñe a dos o tres pequeñas relaciones". La cúpula del PP valenciano niega ahora las relaciones personales con el detenido Pérez a pesar de las bodas y bautizos conjuntos y de los regalos en forma de trajes hechos a medida en Madrid. "Yo me pago los tajes" ha sido toda la defensa de Camps contra una montaña de información.
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El 'caso Camps' llega al TSJ en vísperas del cambio de presidente
De la Rúa optará al tercer mandato frente a otra media docena de candidatos
LYDIA GARRIDO - Valencia - 15/03/2009
La causa que implica al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una trama de corrupción vinculada al PP llegará en los próximos días al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en vísperas de que se renueve su presidencia. El actual presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, tiene intención de optar a un tercer mandato, pero el envío por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de la parte de las investigaciones que afecta a Camps y Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano y diputado en Cortes, también aforado, complica su objetivo. Media docena de nombres, entre los que figura el del presidente de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, forman la baraja que manejará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el relevo en el TSJ.
La causa por la supuesta trama de favores desde Administraciones públicas gobernadas por el PP fue remitida el viernes al TSJ por la Audiencia Nacional dado que afecta a dos aforados, el presidente de la Generalitat y el secretario general del PP valenciano, así como a Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. La sala de Lo Civil y Penal, que preside De la Rúa, va a estudiar qué hacer con la causa cuando estará a punto de empezar el proceso de selección para presidente del TSJ valenciano. De la Rúa, amigo de Camps, presentará de nuevo su candidatura, a no ser que le fallen los apoyos. En el CGPJ, donde es evidente la lucha de intereses entre las asociaciones profesionales, inquieta la coincidencia.
La condición de aforados de Camps y de Costa obliga a que el asunto vaya directamente a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ, que está formada por cinco magistrados: Juan Luis de la Rúa, como presidente; José Flors, Juan Climent, Juan Montero y José Francisco Ceres.
Cuando la causa sea convenientemente registrada, cumpliendo con los turnos de reparto establecidos (hay 21 normas para ello) se nombrará ponente. Ese ponente resolverá inicialmente sobre la competencia, es decir, si es o no esa la instancia judicial que debe hacerse cargo del asunto.La competencia del caso, denominado operación Gürtel, se decide sin entrar a valorar los hechos. Y aunque la causa aparente poca discusión por la condición de aforados de los dos principales implicados, Camps y Costa, no está tan claro. Dos razones al menos podrían argumentarse para que el asunto fuera enviado a la sala segunda del Tribunal Supremo. Las dos están relacionadas con los delitos que se describen en el auto de Garzón: cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. Una razón consiste en que el supuesto cohecho derivado de que Camps y Costa aceptaran trajes comprados por una empresa satélite de Correa, dirigida por Álvaro Pérez en Valencia, tiene su origen en Madrid. Por tanto, la causa la vería el juzgado competente del lugar donde se cometió el delito. Otra razón se basa en la conexidad de delitos. Es difícil separar la dádiva de los trajes de las adjudicaciones que las empresas de Correa y Pérez consiguieron de la Administración valenciana y del PP valenciano. Cuando eso se produce, se ocupa de la causa el primer tribunal que tuvo conocimiento de los hechos.
Si el ponente de la sala de Lo Civil y Penal del TSJ no esgrime ni esas ni otras razones y se considera competente, la siguiente fase es la que encabeza el instructor. Lo habitual es que el instructor sea la misma persona que el ponente porque la sala en pleno son sólo cinco magistrados. En el caso de que se celebre juicio, el tribunal estará formado por tres de ellos, que no hayan intervenido antes en el asunto. Si el ponente y el instructor son personas diferentes, sólo quedan tres magistrados para formar el tribunal y no existiría posibilidad de responder ante cualquier eventualidad.
El instructor valorará inicialmente si existen indicios de delito suficientes o por el contrario necesita que quien le ha enviado el asunto le aporte más pruebas. Si eso ocurriera, la causa regresaría a Garzón. Si considerara que procede instruir, porque también cabe la posibilidad técnicamente de que proponga a la sala archivar sin practicar ninguna diligencia, determinaría qué declaraciones o pruebas documentales se van a utilizar para alcanzar una propuesta de juicio. Y sería entonces cuando podría llamar a declarar a Camps, Costa y los demás implicados en una trama que pudo llegar incluso a servir para la financiación ilegal del Partido Popular.
En la instrucción participa, como en la de cualquier otro juzgado de lo Penal, el ministerio fiscal. En este caso será, en representación de la Fiscalía Anticorrupción, la misma fiscal que ha llevado el asunto en el juzgado central de Instrucción número cinco de Madrid. Contará con el apoyo del fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, y en su caso del fiscal delegado en Valencia, Jesús Carrasco. Llegados a este punto, la investigación de lo ocurrido terminaría en un auto de imputación y se celebraría juicio. No se vislumbra un proceso rápido ni sencillo.
Es en el inicio de este asunto cuando comienza también la lucha por el relevo en la presidencia del TSJ. Francisco Camps ha hecho ostentación pública de sus buenas y estrechas relaciones con De la Rúa, al igual que Fernando de Rosa, juez en excedencia, consejero autonómico de Justicia y ahora vicepresidente del CGPJ. Fernando De Rosa ya fue corregido por unas declaraciones públicas en las que criticó a Garzón por el caso Gürtel, insinuó que podía incluso estar prevaricando y defendió que se levantara el secreto de sumario para que el PP no estuviera indefenso. Juan Luis de la Rúa ha recibido por parte de Camps y De Rosa muestras públicas de amistad.
De la Rúa lleva diez años como presidente del TSJ. Dos veces en las últimas convocatorias ha optado a una plaza de magistrado del Supremo que no ha conseguido. Ahora, cuando muchos en la carrera judicial creen que debería abstenerse en el caso que implica a Camps por higiene formal, se prepara para optar a un tercer mandato. El proceso se abrirá presumiblemente el próximo mes de mayo. Los últimos episodios de interferencia judicial en asuntos políticos y viceversa han irritado a un sector importante de la carrera judicial. Fernando de Rosa, gran apoyo para De la Rúa, no vive en el CGPJ una situación cómoda tras sus declaraciones.
Pero además, De la Rúa tendrá varios competidores, algunos de ellos serios. Aunque nadie afirma que se va a presentar, porque todos esperan a saber a quién apoya cada asociación profesional, el sucesor más serio de De la Rúa será, presumiblemente, Pedro Castellano, presidente de la Audiencia de Valencia, también de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Aunque oficialmente no ha habido aún un pronunciamiento, es Castellano quien parece contar con el apoyo de los sectores conservadores y a quien se ha considerado prácticamente el relevo natural. Y eso podría dejar fuera a De la Rúa. Junto a él, José Flors, magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal, vinculado a la asociación Francisco de Vitoria, de larga experiencia y gran reconocimiento, sería otro aspirante. También lo serían Francisco José Pérez, magistrado del TSJ en la sala de Lo Social, perteneciente a Jueces para la Democracia, y María Ibáñez, magistrada de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, asimismo de Jueces para la Democracia, a la que se asocia con el proyecto más renovador. Ibáñez, junto a otros dos magistrados, impugnó y logró anular el nombramiento de José Francisco Ceres como miembro de la sala de Lo Civil y Penal donde, en cualquier caso, sigue de manera provisional por decisión del propio De la Rúa.
La magistrada es una de las apuestas fuertes de los sectores progresistas y también aspiraría a hacerse con la presidencia de la Audiencia si Castellano consigue llegar al TSJ. Suenan también José María Tomás y Tío, presidente de la sección segunda de la Audiencia de Valencia y miembro de Jueces para la Democracia, con un importante protagonismo público a cuenta de la Fundación por la Justicia, así como buen conocedor de las esferas políticas, y Luis Manglano, que fuera instructor del caso Naseiro. Cualquiera de estos nombres necesita tres quintas partes de los votos para ser elegidos en el CGPJ.
No hay combinación posible si se excluye la representación de cualquiera de las asociaciones mayoritarias. Es necesario el consenso y dependerá de las plazas de presidencia que estén en juego en ese momento en otros tribunales superiores, como los de Cataluña, Andalucía o el País Vasco. Si no hay acuerdo, De la Rúa puede continuar de forma interina.
Esas cuotas de poder que tendrá que resolver el CGPJ van a estar sobre la mesa cuando la causa que implica a Camps empiece su procedimiento en el TSJ valenciano. Para algunos, incluso, lo más sano y garantista, lo menos ruidoso y sospechoso, siquiera formalmente, sería que el Supremo se ocupara de Camps y de Costa.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, que se reunió el viernes con De la Rúa y los magistrados del TSJ, puntualizó ayer que "al señalar que el juzgado de Garzón podía funcionar sin la presencia del juez", criticada por el PP, "se refería exclusivamente a que la ausencia del citado magistrado de su juzgado durante tres días, ausencia debidamente autorizada por el propio Consejo, no afectaba en este momento a la tramitación procesal del denominado caso Gurtel, dado que el trabajo pendiente, fundamentalmente de reprografía, antes del envío de la causa a otros tribunales, correspondía ser realizado por el personal de la oficina judicIal".
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Camps niega que sean ciertas las declaraciones de su sastre
José Tomás cuenta en El País que los trajes del presidente valenciano los pagaba el ex dirigente del PP gallego, Pablo Crespo, encarcelado por Garzón
LAURA MUÑOZ 15-03-2009
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha negado lo que cuenta el diario El País sobre su sastre José Tomás, quien ha asegurado que los famosos trajes que lo vinculan a la presunta trama de corrupción, los pagaba el ex dirigente del PP gallego y administrador de Orange Market, Pablo Crespo. Camps ha respondido a esas declaraciones que a él le apoyan los ciudadanos. Tanto el ex director general de la policía, Juan Cotino, que está en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han mostrado su respaldo a Francisco Camps.
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Uno de los encarcelados por Garzón pagaba los trajes de Camps
La Generalitat emprenderá "todas" las acciones legales para defender "el honor y la dignidad" de Camps
El jefe del ejecutivo se ha dado un baño de confianza en Castellón, donde ha coincidido con toda la clase política regional en la romería de las fiestas de la Magdalena. Camps ha contestado a su sastre. José Tomás García cuenta en El País la cantidad de encargos que le sirvió durante su relación, que duró año y medio. Desde trajes cuyo valor oscila entre los 800 y los 1.200 euros hasta un esmoquin para un acto oficial en Nueva York. Según la contabilidad en poder de Garzón el montante total de las ventas de Tomás a Camps ascendió a 12.783 euros. El encuentro entre ambos para la toma de medidas de los trajes siempre se llevaba a cabo en el hotel Ritz, donde se alojaba Camps.
Pero según el sastre, el presidente de la Comunidad Valenciana no era el que abonaba las facturas. "Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP gallego y ahora encarcelado por Baltarsar Garzón) venía cada seis meses con un fajo de billetes de 500 euros y pagaba 30.000 o 35.000 euros" afirma José Tomás en la entrevista con el diario.
Añade que cuando empezaron a conocerse las primeras implicaciones, antes de prestar declaración ante la policía, Camps le llamó cuatro o cinco veces muy nervioso para saber si había facturas a su nombre.
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Camps lanza a su Gobierno a defender su "dignidad"
El jefe del Consell asegura que "cada semana se publica una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior"
PÚBLICO.ES / AGENCIAS - Castellón - 15/03/2009 16:27
La Generalitat emprenderá "todas" las acciones legales que estén a su alcance para defender "el honor y la dignidad" del president del Gobierno valenciano, Francisco Camps, "una vez termine el proceso principal en curso porque es lo que corresponde jurídicamente".
El jefe del Consell ha asegurado esta mañana que "cada semana se publica una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior", sobre su supuesta relación con la presunta trama de corrupción que afecta al PP y que investiga el magistrado Baltasar Garzón.
Camps ha contestado así al ser preguntado por su supuesta relación con el caso Gürte", después de que el diario 'El País' publique una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrece detalles sobre los trajes que confeccionaba para Camps y cuyas facturas están siendo investigadas en la citada trama de corrupción que afecta al PP.
"Una tremenda incoherencia"
El jefe del Consell ha dicho a los periodistas que si "cotejan mentira tras mentira, se darán cuenta de que al final todo es una tremenda incoherencia". Camps ha hecho estas declaraciones en Castellón, donde, ataviado con el tradicional blusón negro y el pañuelo verde, ha asistido a primera hora de la mañana a la tradicional Romeria de les Canyes, con la que los castellonenses rememoran la fundación de la ciudad.
Camps ha asegurado que confía plenamente en la Justicia y en una verdad que, se ha mostrado confiado, "resplandecerá sobre la mentira y sobre la insidia".
"La verdad resplandecerá sobre la mentira y sobre la insidia"
"En este día de aquí de Castellón, después de tanta mentira, -quiero- decirles que estoy más ilusionado, más fuerte y más contento que nunca, y que veo que al final las cosas se van aclarando y que cada día dicen cosas contradictorias y diferentes", ha declarado. "Es cuestión de esperar, de tener confianza, de tener paciencia, de tener ilusión, de seguir trabajando por el futuro de la Comunitat Valenciana, y de esperar que todo se aclare definitivamente", ha continuado Camps.
El pasado 19 de febrero, Camps ya avanzó, en una comparecencia pública tras la primera aparición de su nombre en varios medios de comunicación por su supuesta implicación en la trama de corrupción del caso Gürtel, que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del PP y de su cargo como president de la Generalitat.
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