CeAQUA
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Posted: 23 Dec 2013 09:21 AM
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Daniel Enzetti, Tiempo Argentino,
22.12.2013
Salvador Puig Antich militaba en el Movimiento
Ibérico de Liberación (MIL) junto a otros jóvenes
anarquistas como Santi Soler y Xavier Garriga, y en septiembre de 1973
participó de un tiroteo en el que se enfrentó con un grupo franquista que lo
venía siguiendo. Luego de su detención, fue acusado supuestamente por haber
matado al subinspector Francisco Anguas Barragán, sin pruebas, con
testimonios falsos y en un juicio sumarísimo armado por los criminales. Lo
detuvieron varios meses en la Cárcel Modelo de Barcelona, e inmediatamente
después de un atentado de la ETA contra un funcionario del régimen, Franco
eligió a Salvador para vengarse. Utrera Molina, uno de los hombres de
confianza del dictador y suegro de Alberto Ruiz Gallardón, actual
ministro de Justicia de Mariano Rajoy, estampó su firma en la orden de
ejecución de Antich, para que un verdugo ajustara su cuello con un collar de
hierro hasta destrozarle la garganta.
Hasta la noche de la muerte, nadie reclamó por
la vida del militante. Ni siquiera el socialismo, al que le preocupaba bastante
poco lo que pasara con un anarquista que, sin disparar un solo tiro, asaltaba
bancos para repartir el dinero en fondos de trabajadores en huelga contra la
política económica de los genocidas.
“Ni la justicia ni el gobierno español quieren
discutir cuestiones que hagan referencia a la época franquista y a la memoria
-dice Merçona-, siempre hablan de olvidar y tirar para adelante. Pero no se
puede avanzar con el olvido, porque lo único que queda es dolor e impunidad”.
- Cuando el franquismo detiene a Salvador, vos
tenías 13 años. ¿Recordás todo?
- Sí, porque estuve cerca suyo en todo
momento, menos la noche de la ejecución. Me agarró un enojo enorme con él
durante un tiempo, por no haberme dejado acompañarlo. Aunque con el tiempo,
lo entendí, Salvador no quiso que algo tan terrible como lo que le hicieron
fuera visto por una niña. La familia entera estuvo cerca: mi hermano mayor,
médico, y mis otras tres hermanas, Carmen, Inmaculada y Montse. Eran épocas
difíciles de resistencia, y entraba y salía de casa por su trabajo militante.
Durante un año cumplió el servicio militar obligatorio, y al regresar, nos
dijo que viviría solo, pero que no podía darnos otra información.
- ¿Seguían manteniendo contacto?
- En todo momento, pero se cuidaba. Al entrar
al MIL se convirtió en un “señor”, pelo corto, traje, ya no era aquel hiposo
de los setenta (se ríe). Venía a buscarme al colegio, y lo empezaron a apodar
“el mecha”, de la época del Servicio, cuando se hizo pasar por médico dando
algunas inyecciones a los soldados, para que no lo metieran a hacer trabajos
más pesados. Lo interesante de ese movimiento es que el MIL no practicaba la
violencia, sólo atracaba bancos, y repartía el dinero a los obreros en huelga,
o lo destinaba a imprimir revistas y folletos que resistían a la dictadura.
- ¿Cómo lo detienen?
- El 25 de septiembre de 1973 fue a una cita
en Gerona 70, una calle de Barcelona, a la que Salvador ni siquiera le
correspondía presentarse. Lo hizo para apoyar a un compañero, y los estaban
esperando porque el dato se filtró en la policía un día antes. Después de
agarrarlos, los molieron a golpes, los metieron en una portería y Salvador
terminó con la cabeza llena de culatazos. Para distraerlos, Salvador disparó
al aire, y la Guardia Civil inventó que el disparo había matado a un
policía del grupo.
- ¿En ese momento?
- Al policía lo trasladaron a un hospital, y
murió en el camino. Los médicos vieron el cuerpo, se dieron cuenta que estaba
cosido a balazos, y cuando quisieron revisarlo, los otros guardias se lo
llevaron para hacer la autopsia en una comisaría, algo totalmente irregular.
Dijeron que era una cuestión de ellos, y que “de armas sabemos mucho”. El
informe forense tiene dos tipos distintos de máquina de escribir, como si
hubieran agregado cosas en el medio. Para la oficialidad, Salvador lo había
acribillado a bocajarro. Mi hermano llegó al hospital atontado, tenía un
balazo en el hombro y otro en la cara, que le destrozó la mandíbula y no le
permitía hablar. Pero sin embargo, ahí mismo en la habitación, dibujaron sus
“declaraciones” en un testimonio también falso.
- Pasan varios meses desde esa detención y el
momento en que lo ejecutan. ¿Por qué?
- Bueno, nosotros tenemos una teoría. Lo
visitábamos en la Cárcel Modelo, hablábamos del régimen, le contábamos cosas
de sus compañeros, pero hubo un hecho que cambió todo. El 20 de diciembre de
1973, la ETA mató al presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y desde
ahí, nada fue igual. El 8 de enero del 74, la dictadura armó un juicio contra
Salvador para formalizar la acusación del policía, el 11 comunican la
sentencia de ejecución, el 14 de febrero la ratifican, y el 2 de marzo
lo asesinan. Fue todo rapidísimo, se ensañaron con él. Recuerdo que le dije:
“La ETA se cargó a Carrero Blanco”. Y él me contestó: “Pues la ETA me acaba
de cargar a mí, porque se van a vengar de alguna manera”. Y fue así, tenía
todo muy claro.
- ¿Cómo eran los días en la cárcel, y qué pasó
una vez que conocieron de la condena?
- Nadie movió un dedo, ni dirigentes, ni
partidos políticos, ni representantes de otros sectores. Hablábamos de la
familia y de que saldría pronto. Siempre en castellano, porque estaba
prohibido el catalán. Pero los días en que conocimos la sentencia, y su ratificación,
fueron terribles. Además, el régimen nunca dijo cómo lo matarían, creo que
por miedo a que la comunidad internacional reaccionara. En España hacía mucho
tiempo que no se condenada a un preso a muerte, y menos con ese método. El
trato de la dictadura fue frío, denigrante. Cuando confirmaron la orden, nos
avisaron que estuviéramos atentos los días viernes, porque eran las jornadas
en que se reunía el Consejo de Ministros, y ellos podían dar detalles de la
condena. Hasta que llegó el primero de marzo, y nos dijeron que al día
siguiente, Salvador estaría muerto. Antes, se dignaron a que aprovecháramos
nuestras doce horas.
- ¿Qué doce horas?
- Previo a una ejecución, por lo menos en esa
época en España, la familia tenía doce horas para compartir con el acusado.
Ahí fue cuando Salvador no quiso que yo estuviera, creo que sabía que no
aguantaría el momento. Mis hermanas y él miraron fotos, contaron chistes, hicieron
bromas y recordaron cuando eran chicos. En el medio, se trataba de revertir
la situación. Nos enteramos que el médico de Franco intentó convencerlo para
que se anulara la orden, pero desde el gobierno le dijeron que el dictador
estaba durmiendo, y nadie podía molestarlo.
- No imagino qué se puede hablar con un
hermano menor condenado a muerte, horas previas al momento. Es inimaginable
el momento mismo.
- Haces bien, esas cosas no se pueden
imaginar. Con una entereza enorme, mis hermanas le decían que estaba todo
bien: “No te harán nada, mira, ¿no ves que te dan de comer y te han curao?”.
Pero en los pasillos, cuando Salvador no estaba, los guardias se burlaban:
“¿Tienen nicho?, porque aquí no hay lugar para enterrarlos a estos”. Eran
bestias, y eso se comprobó cuando eligieron el garrote vil para la muerte.
Para colmo, nos enteramos que el verdugo encargado hizo mal su trabajo,
Salvador sufrió más de lo que debería haber soportado. Lo hicieron en un
lugar pequeño, todos bien vestidos, bien bonitos, y sin testigos. Una
asquerosidad.
- ¿La indiferencia general se mantuvo después?
- No, ahí, la gente salió a la calle, y se
indignó. Pero no pudimos acusar a nadie, porque no encontrábamos abogados que
se atrevieran a representarnos. Varios años después presentamos el caso en el
Tribunal de Estrasburgo, pero sus integrantes se excusaron: España no formaba
parte de los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos. Tampoco
tuvimos suerte en los foros españoles, hasta que por casualidad, gracias a compañeros
madrileños, nos enteramos de la existencia de la querella argentina, como la
llamamos nosotros. Y sumamos el caso de Salvador a esta querella. Así estamos
hoy, con lo que hemos entregado a la jueza Servini.
- ¿Qué tipo de material?
- Documentos, estudios de balística, datos de
archivo, fotos, testimonios de los médicos que presenciaron todo, a los que
pudimos recurrir después de muchos años. Pero además de varias declaraciones,
Servini recibió una prueba infográfica de aquel tiroteo por el cual a Salvador
se lo acusa de algo que no hizo, y que es el principio de toda la historia
armada después. El estudio demuestra la posición de mi hermano, el lugar
donde estaban los policías que lo detuvieron, y hasta la orientación de los
disparos. La justicia argentina ha demostrado mucha predisposición, mi
familia está esperanzada en esta investigación, y en que se encontrarán
culpables. Comenzando por Utrera Molina, que es el que ordenó la ejecución de
Salvador en aquel momento. «
El
garrote vil
Se trató de un método de ejecución vigente en
España desde 1820, y abolido definitivamente en 1978. Consistía en un collar
de hierro atravesado por un tornillo unido a una manija, que al girarla,
producía el corrimiento del collar y la rotura del cuello del condenado.
El método se originó en la República Romana,
también fue utilizado durante la Edad Media y por los conquistadores
españoles en América.
Algunos reyes europeos lo eligieron en
reemplazo de la horca, que producía finales más lentos. La presión y el
movimiento del verdugo de garrote vil, generalmente, ocasionaba muertes
instantáneas.
Buscan que se dicte su detención internacional
José Utrera Molina está cerca de cumplir 90
años, pero lejos de arrepentirse por el papel que cumplió en la dictadura
española que arrancó al estallar la Guerra Civil. El declarado ultramontano,
que preside la Fundación Francisco Franco y acostumbra a organizar
actividades reivindicatorias del exterminio de miles de republicanos, es
padre de la esposa de Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia español y
uno de los colaboradores más cercanos al presidente Mariano Rajoy. En la
querella iniciada en la Argentina contra los crímenes del franquismo, Utrera
se encuentra imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte
a Salvador Puig Antich, ejecutado mediante garrote vil en 1974, y dar la
orden para que los verdugos asesinaran al militante.
La investigación que conduce la jueza federal
María Servini es la única abierta en el mundo sobre el genocidio franquista,
y analiza aproximadamente 300 casos que ejemplifican unas 115 mil
desapariciones y asesinatos, y 30 mil niños robados que sufrieron el cambio
de identidad, entre 1936 y 1975, año de la muerte del dictador.
Los abogados representantes de las víctimas,
Carlos Slepoy y Ana Messuti desde España, y Máximo Castex, David Baigún,
Beinusz Szmukler y Ricardo Huñiz en Argentina, intentaron en varias
oportunidades que Utrera Molina fuera llamado a declarar en Europa, y ante la
negativa de los tribunales españoles, gestionaron la posibilidad de que el
anciano lo hiciera desde Madrid vía teleconferencia. El gobierno español
boicoteó la audiencia dos veces este año, comunicando a la Cancillería
argentina que Servini no estaba autorizada a escucharlo ya que el sistema
violaba “normas internacionales”.
Pero el testimonio brindado personalmente la
semana pasada por Merçona Puig Antich a la magistrada agiliza las cosas.
Servini recibió nuevas versiones que ayudan a reconstruir la condena a muerte
(ver entrevista), digitalizaciones de documentación de la época de los
lugares donde Salvador estuvo detenido, y estudios que revelan la manera en
que fue “armada” su causa.
Utrera comenzó a militar en las fuerzas de
choque del régimen como parte del Frente de Juventudes (organización juvenil
del partido fascista), carrera que coronó en 1975 al ocupar el Secretariado
General del Movimiento y la Vicepresidencia del Consejo Nacional, poco antes
de la muerte de Franco. Fue también presidente del Banco Rural. En 2010
escribió un artículo de opinión en el diario ABC, en el que calificaba a la
Ley de Memoria Histórica, y el intento por investigar los crímenes y
desapariciones impuestos por el dictador, como una “vandálica invasión del
gobierno socialista”.
Para Slepoy, la presidencia de la Fundación
que con orgullo desempeña Utrera es “como si en nuestro país hubiera una
llamada ‘Jorge Videla’, o en Alemania otra denominada ‘Adolf Hitler’. Sólo en
Madrid, más de 200 calles llevan el nombre de funcionarios franquistas, algo
repetido en todos lados. Los crímenes del franquismo han sido ocultados por
una política del Estado de desmemoria y olvido, de no enseñar a las nuevas
generaciones lo que ocurrió. No fue una Guerra Civil, como se la llama, sino
la planificación de un exterminio masivo, y posteriormente de una dictadura
feroz.”
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