dissabte, 5 d’agost de 2017

El PP de Feijóo se opuso a expropiar el Pazo de Meirás porque lesionaba el derecho de propiedad de los Franco


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  • Los conservadores rechazaron en mayo una propuesta de En Marea para recuperar el pazo, que sí obtuvo el respaldo de toda la oposición, porque suponía "una colisión frontal" con el derecho de propiedad de la familia
  • El diputado autonómico César Fernández empleó la figura del filósofo Carl Schmitt, militante del partido nazi y principal jurista del régimen, en el debate sobre los bienes del dictador Francisco Franco
  • Unidos Podemos presentará una iniciativa en el Congreso para obtener la titularidad pública del recinto, mientras que el BNG ha solicitado la intervención de la Comisión Europea


Publicada 05/08/2017 a las 06:00Actualizada 04/08/2017 a las 21:48  

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. 
EFE.
La titularidad del Pazo de Meirás lleva años siendo uno de los principales focos de debate entre la Xunta de Galicia, de un lado, y la oposición parlamentaria y las asociaciones memorialistas, del otro. El recinto pertenece a la familia del dictador Francisco Franco, quien en 1938 se hizo con su propiedad después de una supuesta campaña de suscripción popular organizada por la derecha golpista coruñesa. Aunque en 2008 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la oposición y las asociaciones memorialistas han reclamado reiteradamente la expropiación del pazo con el fin de que pase a pertenecer de nuevo al pueblo gallego. Con este objetivo, el grupo de En Marea presentó en marzo una proposición de ley [consultar en este enlace] para solicitar al Congreso una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitiera a la administración recuperar del espacio. Pese al apoyo del resto de oposición –BNG y PSdeG–, la iniciativa no salió adelante. La mayoría absoluta del PP la tumbó argumentando que la expropiación lesionaría el derecho de propiedad de la familia Franco.

La propuesta solicitaba añadir un artículo a la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de lograr el traspaso de la propiedad del pazo a la Xunta de Galicia. Esta disposición establecía "la incoación de las actuaciones necesarias para su devolución al sector público, con la debida compensación a las personas y familias víctimas del expolio". Asimismo, preveía la constitución de "una comisión compuesta por representación del Estado, Xunta de Galicia, Diputación Provincial y Concello de Sada para la tramitación coordinada e interadministrativa de la presente disposición adicional". Una vez extinguida la titularidad, la propiedad sería transmitida a la administración para su puesta en valor como espacio de recuperación de la memoria histórica.

El diputado conservador César Fernández Gil defendió en el debate parlamentario del 9 de mayo –fecha en la que se procedió a la votación– que la iniciativa provocaba "una colisión frontal con la delimitación constitucional del artículo 33, que trata de dar seguridad jurídica a cualquier limitación del derecho de propiedad llevada a cabo por los poderes públicos". Fernández Gil expresó durante su intervención "serias dudas en relación con la garantía del derecho de la propiedad previsto en la Convención Europea de Derechos Humanos de Roma del año 1950". El principal argumento de los conservadores, por tanto, giró en torno al derecho de propiedad de la familia Franco, pese a que el legado de Meirás tiene su origen en donaciones voluntarias que, según documentación de la época recogida por asociaciones memorialistas, tenían un claro carácter obligatorio. "La propiedad y disfrute del Pazo por la familia Franco es ilegítima y una ofensa para los gallegos y gallegas, y supone un vestigio más de los privilegios obtenidos por el abuso de la fuerza", señalaba el grupo En Marea en su iniciativa.

Fernández Gil criticó, en segundo lugar, la existencia de una "intencionada indefinición tanto de quien debe ser el sujeto expropiante como de los aspectos referidos al procedimiento expropiatorio". También rechazó la creación de la citada comisión cuatripartita, porque, argumentaba, "un constructo de estas características elimina la seguridad jurídica del procedimiento expropiatorio", que "debe estar atribuido claramente a una administración determinada". La creación "de un ente público consorcial de ciertas administraciones públicas", continuaba el conservador durante su turno, "parece una manifestación más de la sorprendente redacción de una proposición de ley que podría dar lugar a numerosos conflictos jurídicos".

Los argumentos de Fernández Gil aludiendo a defectos de forma en la propuesta de En Marea obviaron que es el Parlamento el encargado de corregir tales imperfecciones y redactar correctamente la ley. Al evitar aprobar la iniciativa, el PP también esquivó la posibilidad de presentar enmiendas y proponer mejoras en la redacción del texto, lo cual podría solventar los supuestos defectos formales que criticaba. En su réplica, el diputado de En Marea Antón Sánchez censuró que el PP "hablara como si esto fuese la expropiación de una carretera para ampliar y hacer aceras, cuando es una toma en consideración y cuando ustedes saben que después podemos discutir los aspectos jurídicos que quieran en su tramitación". El parlamentario afeaba asimismo la equiparación "con el derecho al resarcimiento y la reparación comparado con un discurso burocrático para esconder lo que realmente hay, que es una defensa de los intereses de la familia de Franco".

Al término de su intervención, Fernández Gil realizó una crítica a la oposición citando para ello al filósofo alemán Carl Schmitt, cuya obra reflexiona sobre la dialéctica amigo-enemigo en política. Lo que no explicó es que Carl Schmitt fue militante del partido nazi y ejerció diversos cargos como jurista bajo el régimen de Hitler, hacia el que demostró un fuerte compromiso. Esta fue la figura escogida por los conservadores en el marco de un debate sobre los bienes del dictador Francisco Franco.

Fuentes del Grupo Popular gallego han confirmado a preguntas de infoLibre que la posición del PP continúa siendo la misma que la defendida hace ahora tres meses.

La oposición redobla sus esfuerzos

Tras los últimos acontecimientos en torno al Pazo de Meirás, cuyas visitas pasarán a ser gestionadas por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), la oposición ha reaccionado en forma de condena unánime e iniciativas para expresar su denuncia. En Marea e Izquierda Unida, ambos en el grupo de Unidos Podemos, registrarán la próxima semana una iniciativa en el Congreso para que se expropie el recinto porque consideran que "es un peligro para los valores democráticos" que la fundación esté gestionando las visitas al edificio. Este lunes la fundación emitió un comunicado en el que celebra su papel como gestora del espacio y asegura haber recibido "como un honor" la decisión de los propietarios: "Es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia, y para difundir el patrimonio gallego en el mundo", expone la entidad.

Según detalla en un comunicado la responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López, "dado que los valores exaltadores del fascismo son absolutamente contrarios a los establecidos en el actual marco constitucional, IU considera que las administraciones públicas han de velar por la protección adecuada de nuestros bienes culturales desde todos los ámbitos posibles y no incurrir por omisión en la exaltación del fascismo".

Además, En Marea ha registrado en el Parlamento gallego una proposición no de ley en la que solicita que la Xunta de Galicia obligue a la Fundación Franco la emisión de una disculpa pública a las víctimas de la represión, y que realice las actuaciones necesarias para que sea el Ayuntamiento de Sada, donde se encuentra ubicado el pazo, quien gestione las visitas. El grupo pide además a las Cortes de España, a los grupos parlamentarios y al Gobierno de Mariano Rajoy que promuevan iniciativas legislativas para modificar la Ley de Fundaciones y declarar ilegales aquellas que tengan por objeto el homenaje y exaltación de la vida y obra del dictador.

Por otro lado, el PSdeG-PSOE ha calificado de "insulto, burla y provocación" a la ciudadanía las pretensiones de la Fundación Franco de utilizar el Pazo de Meirás para exaltar la figura del dictador. Los socialistas han presentado dos iniciativas en el Parlamento de Galicia para pedir que "sean reprobadas todas las declaraciones" de la fundación que "enaltecen la figura del dictador" y la "utilización del Pazo de Meirás para la exaltación de una figura culpable del asesinato de miles de personas".

Finalmente, lportavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, ha solicitado la intervención de la Comisión Europea contra la fundación al entender que realiza "apología da la dictadura y de la figura del dictador". Miranda entiende que la postura de la entidad constituye una clara "apología del fascismo" y contraviene los valores democráticos europeos que inspiran los tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales. La nacionalista ha criticado, además, que durante una década la Fundación Franco haya recibido fondos públicos del Estado, a pesar de ser una fundación que defiende "valores antidemocráticos", y reclama "recuperar la memoria de las víctimas a través de una ley gallega de memoria histórica que "prohíba, persiga y sancione actos de exaltación del franquismo".

En declaraciones a este diario, Miranda afirma que se está constituyendo una comisión para la devolución del Pazo de Meirás, y "en el mes de octubre o noviembre se convocará en Bruselas una acción de denuncia internacional para explicar que en algunos estados aún subsiste, sobrevive, se manifiesta y es apoyada públicamente la apología al fascismo". Además, denuncia, la Comisión Europea "tiene unas líneas para la memoria histórica" en las que "no está incluido el franquismo como tal"