La iniciativa, que se registrará en breve, prevé también quitar honores a franquistas y crear una Comisión de la Verdad
El PSOE tiene previsto registrar en las próximas semanas en el Congreso, una proposición de ley de reforma de la conocida como 'Ley de Memoria Histórica' de 2007 en la que plantean declarar nulas las resoluciones judiciales y administrativas dictadas por motivos políticos durante el franquismo, crear una Comisión de la Verdad, ilegalizar entidades como la Fundación Francisco Franco y sacar los restos de dictador del Valle de los Caídos.
El texto en el que la dirección del PSOE lleva trabajando varios meses ha sido ya analizado en la Ejecutiva Federal y se ha consultado también con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato se aprobó la Ley de Memoria, que cumplirá diez años en diciembre.
Según han avanzado a Europa Press fuentes de la dirección del partido, para la elaboración de la propuesta de ley se ha pedido también opinión a las asociaciones memorialistas, así como ha diversos representantes del ámbito académico.
En la iniciativa, se plasman la mayoría de los puntos de la proposición no de ley sobre estas cuestiones que, también a instancias del PSOE, aprobó el Pleno del Congreso el pasado 11 de mayo. Aquel texto salió adelante con el apoyo de toda la oposición, salvo de ERC que se abstuvo, al igual que el PP.
Este resultado hace prever que el Congreso dé vía libre sin problemas a la tramitación de la reforma legislativa cuando los socialistas la incluyan en el orden del día para su toma en consideración por el Pleno de la Cámara.
Con esta reforma se consuma el cambio de opinión del PSOE sobre la nulidad de las sentencias políticas del franquismo. En la iniciativa aprobada en mayo, antes del regreso de Pedro Sánchez a la dirección del partido, se instaba al Gobierno a "estudiar" este asunto.
INCAUTACIONES A PARTICULARES
Cuatro meses después, mediante otra proposición no de ley del PSOE, el Congreso declaró "radicalmente nulas e injustas" estas sentencias, con mención especial para la que condenó a muerte al presidente de la Generalitat catalana durante la Segunda República, Lluís Companys.
Ahora el PSOE defiende decretar esa nulidad en la propia Ley de Memoria que en su redacción inicial únicamente reconoce la ilegitimidad de los tribunales franquistas y sus sentencias, pero no la nulidad de sus fallos o resoluciones.
Por otra parte, los socialistas plantean medidas para los particulares a los que se les confiscaron bienes muebles e inmuebles --hasta ahora sólo se ha restituido el patrimonio incautado a partidos y sindicatos--.
QUITAR EL ALTAR LA TUMBA DE JOSÉ ANTONIO
La iniciativa legislativa también prevé la aplicación las recomendaciones del grupo de expertos que, en 2011, planteó sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco para poder "resignificar" este espacio, de forma que deje de ser un lugar de memoria franquista y se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática, que sirva para dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Respecto al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, también enterrado en el altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos, el PSOE aboga por trasladarlo a un lugar "no preeminente" del templo.
Si en su anteriores iniciativas sobre la materia, el PSOE pedía excluir todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda a Franco, su dictadura, el nazismo, la xenofobia o cualquier expresión vejatoria para las víctimas, ahora apuestan directamente por ilegalizar estas entidades entre las que estaría la Fundación Francisco Franco.
ANULAR DISTINCIONES Y MEDALLAS
También quieren declarar nulas las distinciones y medallas concedidas por el régimen a sus partidarios, como los nombramientos de hijos predilectos o las medallas de ciudades y provincias con las que se reconoció su adhesión al franquismo.
Asimismo, la reforma legislativa establece la creación de una Comisión de la Verdad, como ha recomendado Naciones Unidas para determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura, sobre todo las desapariciones forzadas.
La asunción por parte del Gobierno de la obligación de colaborar con el resto de administraciones y asociaciones en las actuaciones necesarias para localizar y exhumar fosas comunes y dar un entierro digno a sus ocupantes y la creación urgente de Bancos de AND para agilizar esta tarea también están en la ley socialista.
De aprobarse, la norma garantizaría dotación presupuestaria anual para estos asuntos, así como nuevas declaraciones de reparación a las víctimas del franquismo y la reapertura de la Oficina de Ayuda a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
El texto se completa con una propuesta para ampliar los colectivos que pueden solicitar la nacionalidad española, de manera que puedan hacerlo los descendientes de mujeres españolas (hasta 1978 las madres no transmitían la nacionalidad), los descendientes de varones que tuvieron que renunciar a su nacionalidad antes del nacimiento de sus hijos, y los hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad gracias a esta norma, que sólo lo contemplaba para los menores.
REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS / Los socialistas trabajan estas semanas con asociaciones y expertos
El Estado debe pagar las exhumaciones de la Ley de Memoria Histórica, plantea el PSOE
Los hijos y nietos de los represaliados del franquismo llevan demasiado tiempo esperando una reparación. La Transición trajo una reconciliación (para algunos, la única posible) que ocultó bajo la alfombra muchos crímenes. Sin embargo, 40 años después, con una democracia ya consolidada, esa herida sigue abierta. Un Congreso fraccionado y un PP que ya no goza de mayoría parece el escenario adecuado para que algunas iniciativas que se han visto postergadas puedan salir adelante. En este contexto, y con una nueva Ejecutiva, el PSOE propondrá en unas semanas una ampliación de la Ley de Memoria Histórica, que incluya la nulidad de los juicios políticos del franquismo, resignificar el Valle de los Caídos o que el Estado asuma el coste de las exhumaciones de las fosas, según afirman fuentes parlamentarias a Cuarto Poder.
Hace unas semanas, se registraron en el Congreso de los Diputados dos propuestas destinadas a acabar con la impunidad de los crímenes franquistas en los juzgados españoles. Tras meses de trabajo en un intergrupo parlamentario sobre Memoria Histórica, en la que asociaciones como la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) ha tenido un papel importante, los diputados de Podemos, En Comú Podem, En Marea, Compromís, EH Bildu, ERC y PdeCat presentaron dos iniciativas. Por un lado, pedían la modificación de la Ley de Amnistía para que los magistrados no puedan escudarse en ella para no investigar los casos. Por otro, incorporar al Código Penal el principio de legalidad internacional en este mismo sentido. Sin embargo, Izquierda Unida decidió no participar, ya que apuesta directamente por la nulidad de la Ley de Amnistía.
El PSOE tampoco firmó. Lleva semanas trabajando con expertos y asociaciones en su propia propuesta: una ampliación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que hoy se encuentra paralizada después de que el PP la vaciara de presupuesto en 2013. Las fuentes del PSOE consultadas afirman que podría presentarse en el Congreso en unas semanas. Estos trabajos están coordinados por el secretario Ejecutivo de Memoria Histórica del PSOE, Fernando Martínez López.
Las exhumaciones, una prioridad
“Nuestra prioridad es que los costes de los procesos de las exhumaciones y las desapariciones forzosas las asuma la administración pública”, explica una fuente conocedora del proyecto. Es decir, su intención es que ni víctimas ni asociaciones paguen estos trámites de su bolsillo, como ocurre ahora. Esta partida podría salir de los Presupuestos Generales del Estado y, también se dotaría de herramientas a las administraciones autonómicas. España es el segundo país con más fosas comunes después de Camboya, una situación que ha hecho que el Estado reciba varios reproches de organismos internacionales como la ONU.
En esta ampliación, el PSOE también persigue materializar algunas propuestas que llevan mucho tiempo sobre la mesa, como constituir por fin una comisión de la verdad o la “resignificación del Valle de los Caídos” para convertirlo en un espacio de reconciliación con las víctimas y no en una especie de mausoleo monumental del dictador. En mayo de este año, el grupo socialista ya consiguió que el Congreso aprobase la retirada de los restos de Francisco Franco, pero al ser una proposición no de ley el Gobierno no se vio obligado a Ejecutar esta orden de la Cámara Baja.
La retirada de condecoraciones a las personalidades franquistas o la eliminación de los símbolos fascistas que aún descansan en muchos pueblos y ciudades españolas son otros de los puntos de esta nueva reforma que propondrán los socialistas.
La nulidad de los juicios
La Ley de Memoria Histórica nació con muchas carencias que ahora el ‘nuevo PSOE’ pretende solucionar tras escuchar a asociaciones y expertos. Uno de los ejemplos más polémicos es la nulidad de los juicios franquistas que se ha postergado hasta la actualidad. De hecho, no fue hasta el pasado septiembre cuando el Congreso anuló la condena, entre otras, de Lluís Companys, fusilado por la dictadura.
Otro de los puntos importantes que está en discusión es la posibilidad de recuperar las propiedades incautadas durante el franquismo. Además, los socialistas no son partidarios de que la familia Franco siga gestionando el Pazo de Meirás, que consideran un insulto a las víctimas de la dictadura y a sus familias.
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