El demoledor informe del Relator de la ONU sobre pobreza en España, dado a conocer en los últimos días, no es el único que cuestiona el buen funcionamiento de la democracia en nuestro país. En 2014 otro relator, Pablo de Greiff, en este caso encargado del Informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ya puso en duda el cumplimiento de la ley para la memoria histórica.
Aunque Greiff reconoce en su texto que la consolidación de la democracia constituyó “uno de los logros insignes de la Transición española”, los esfuerzos por “responder a los legados de la Guerra Civil y de la dictadura en casi todos los pilares del mandato han sido caracterizados por la fragmentación”. Las medidas adoptadas, según el informe, “no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
Las mayores deficiencias “se evidencian en materia de verdad y justicia”. Según el Relator Especial, “no se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad y no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”. El modelo vigente de “privatización” de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad en las víctimas y asociaciones, “alimenta” la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva “dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad”. Además, “las demandas de los familiares para dar sepultura a sus seres queridos son urgentes. En el área de justicia, un excesivo formalismo e interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía y del principio de legalidad no sólo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación”.
El Relator Especial llama a las instituciones del Estado y a la sociedad civil a “poner en el centro de los debates cómo encarar las tareas aún pendientes en materia de derechos, que atañe a todos, independientemente de cualquier consideración política”. Greiff señaló que la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser “adecuadamente medida por su capacidad de silenciar o dejar de lado algunos temas”, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por “su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos”.
El relator constata una gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado, por un lado, y por otro las víctimas y asociaciones con quienes estuvo en contacto. “Las autoridades parecen indicar que, en la medida de lo posible, las demandas de las víctimas y asociaciones han sido mayoritariamente atendidas, pero muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas”.
La sociedad civil y en particular las asociaciones de víctimas y familiares, principalmente la generación de los nietos, son quienes han impulsado iniciativas en favor de la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “Esta situación responde al profundo compromiso de las víctimas y familiares y asociaciones por mantener vivas la voz y demandas de los afectados, como al vacío dejado por el Estado en atender esos reclamos”, asegura el informe.
El Relator Especial asegura que varios representantes del Gobierno (en aquellos años estaba en el poder el PP de Mariano Rajoy) enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: “O todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. En opinión de Greiff, esta posición “no le hace justicia a los avances logrados durante el proceso de democratización en España”. El emisario de la ONU también aseguró que, “considerando la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgos para la estabilidad del orden democrático”, resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas. Y recalca que la fortaleza de las instituciones democráticas “no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos”.
Además, instó al Gobierno español y a los demás poderes del Estado a:
  1. a) Poner más medios para hacer efectiva la ley de memoria histórica. El Relator Especial recalca que las limitaciones de recursos, si bien pueden reducir las capacidades del Estado, no pueden justificar la inacción en favor de estas medidas.
  2. b) Evaluar rigurosamente la implementación de la Ley de Memoria Histórica y su uso por parte de las víctimas “en aras a ajustar los modelos y medidas a las demandas de las víctimas, estableciendo canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y asociaciones”.
  3. c) Incrementar y promover el contacto y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas de memoria histórica, así como asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
  4. d) Promover las actuaciones en la materia y coordinación entre las Defensorías del Pueblo nacional y autonómicas existentes.
  5. e) Evitar disparidades profundas entre las administraciones nacionales y autonómicas, asegurando una protección igualitaria y homogénea para todas las víctimas. El Relator Especial reconoce la competencia de las comunidades autónomas y el desarrollo de legislación y medidas que ofrecen mayor reconocimiento y protección a las víctimas que a nivel nacional.
  6. f) Promover las iniciativas del Estado y la sociedad civil que aglutinen y respondan a las demandas de todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, independientemente de su afiliación política o aquella de los perpetradores.
  7. g) Atender de forma urgente las demandas de las víctimas en términos de verdad, establecer algún mecanismo para “oficializarla” y resolver la excesiva fragmentación que caracteriza la construcción de la memoria en España. “Restablecer, si no aumentar, los recursos en esta materia”. Un mecanismo oficial para el esclarecimiento de la verdad deberá cumplir, según la ONU, al menos con las siguientes funciones:
  • Sistematizar la información existente.
  • Superar la fragmentación y dispersión de la información y esfuerzos.
  • Trazar un plan ordenado de investigaciones.
  • Establecer metodologías y la homologación de las mismas.
  • Acceder a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales.
  • Incluir un proceso oficial de validación, presentación formal y diseminación de sus conclusiones que ofrezca un reconocimiento oficial a las víctimas.
  • Promover la participación de las víctimas y sus familiares en el proceso y regirse por la noción de derechos, independientemente de la identidad o filiación política tanto de víctimas como de perpetradores;
  1. h) Revisar, consultando con las víctimas y las asociaciones, el modelo actual donde el Estado delega la responsabilidad sobre las exhumaciones. Asignar los recursos necesarios y asegurar la actuación de las autoridades judiciales, entre otras, en todos los casos.
  2. i) Establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos, revisando los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, para ajustarlos a los estándares internacionales aplicables, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo a través de la adopción de una Ley de Archivos.