Diferentes grupos y personas en defensa de la Memoria democrática han intervenido hoy ante la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración de Les Corts Valencianes mostrando su rechazo al proyecto de Ley de La Concordia dentro de las comparecencias en comisión de la tramitación de la polémica ley. Mientras, en los pasillos de Les Corts, políticos de PP y Vox denunciaban los que consideran “injerencias de la ONU” por sus críticas a esta ley que atenta los Derechos humanos.
En su intervención Ángel González, víctima directa de la dictadura y presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano (CAMDE-PV), ha señalado que “la ley es un ataque frontal a todas las víctimas, se nos hace desaparecer no siendo objeto de derecho como tales, se nos equipara a víctimas y verdugos”, a lo que ha añadido que, “se niega nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación y que los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, cometidos por la dictadura deben ser juzgados”.
González ha criticado que esta ley “blanquea la dictadura pretendiendo equipararla al régimen democrático de la II República y que crea una gran inseguridad con todos los proyectos en curso al decaer estos”
González ha criticado que esta ley “blanquea la dictadura pretendiendo equipararla al régimen democrático de la II República y que crea una gran inseguridad con todos los proyectos en curso al decaer estos una vez aprobada dicha ley de la discordia”.
Paco Alarcón, en nombre de AVA Bebés Robados Alacant, ha señalado que las familias víctimas del robo de bebes “continúan en un limbo legal sin ningún tipo de reconocimiento ya que existen miles de niños que fueron adoptados ilegítimamente sin el consentimiento de sus progenitores.” Alarcón ha reclamado “la continuación del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática con sede en Alicante y el mantenimiento y ampliación de toma de muestras del banco de ADN de Fisabio en relación a las víctimas de bebés robados”, así como “la difusión pública de estos crímenes e instar a la ciudadanía que sospeche ser víctima a que deposite su huella de ADN en Fisabio”. Por último, ha pedido que “se consideren estos delitos como Crímenes de Lesa Humanidad y se actúe jurídicamente en consecuencia”.
Marta García Carbonell, investigadora y autora junto con María Palau Galdón del libro Indignas hijas de la patria, ha recordado en su intervención a “todas las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer y a todas aquellas mujeres que, o bien ya han muerto y no han podido contar su historia, o bien marcadas por la lacra y huella del organismo no lo han podido hacer”.
García recordó que el Patronato de Protección a la Mujer comenzó a funcionar en noviembre de 1941 con “la finalidad dé la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica, lo que se tradujo en privaciones de libertad por, por ejemplo, llevar la falda muy corta, fumar por la calle, ir de la mano con un chico, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, encontrarse en estado de gestación, ser lesbiana ,o la simple acusación de serlo, o ser violada”.
García ha señalado que “41.335 criaturas y adolescentes fueron recluidas en instituciones religiosas en el Estado Español, según un censo de 1952, y que ni la Iglesia ni el estado han pedido perdón” a lo que ha añadido que “las órdenes religiosas continúan en los mismos espacios, realizando las mismas funciones atendiendo a mujeres en situación de vulnerabilidad (mujeres migradas, víctimas de trata o víctimas de violencia de género”. Por último, ha insistido en que “en la actualidad, miles de mujeres continúan esperando un perdón que no llega, una justicia que no existe y un reconocimiento que no aparece por ninguno de las numerosas rendijas inexploradas de nuestra historia más vergonzosa.”
Familiares de las fosas de Paterna
Isabel Gómez, nieta de Alejandro Iranzo, fusilado en Paterna, ha hablado en nombre de la Plataforma Fosas Familiares de Paterna para recordar que ”en el Terrer fueron asesinados 2238 inocentes desde 1939 a 1956”. “Estos son hechos demostrados” ,ha dicho Gómez, “no son “encarnizados debates teóricos”, ha añadido, “si no, más de 150 fosas comunes, pozos ciegos de la vergüenza donde fueron tirados los cuerpos no enterrados. Pueden llegar a los siete metros de profundidad y contener restos de hasta 150 personas. No son “encarnizados debates metodológicos” son datos documentados”.
Por último Gómez ha explicado que,“la Plataforma de Asociaciones de Familiares de Paterna tiene tres objetivos fundamentales: proteger la memoria de los inocentes que llenaron las fosas comunes del cementerio y exhumarlas en su totalidad, identificar al mayor número posible y conseguir que el Terrer y el espacio que ocupan las fosas en el cementerio sean lugares protegidos que guarden la historia, la real, para el conocimiento de todas las generaciones de ciudadanos valencianos”.
“Hoy he venido como profesor, con las herramientas de un profesor: mi libreta y mis libros de Historia. Espero que nunca tenga que decir 'con mis armas', que es lo que les tocó a tantos maestros y maestras nada más darse el golpe de estado y en la Dictadura, que fueron los primeros represaliados para enterrar y controlar el Conocimiento. No entierren el futuro de nuestros jóvenes“, ha declarado Luis Vivas, profesor de Geografía e Historia y autor de Lecciones de nuestros abuelos (Vinatea). En este libro muestra cómo enseñar la Historia de España del siglo XX, a partir de una recopilación de los artículos que su alumnado ha creado con investigaciones personales en sus propias familias. También ha intervenido Matías Alonso del grupo de recuperación de la Memoria democrática quien ha recordado las primeras exhumaciones al Pais Valencià cuando aún no existía la Ley de Memoria democrática.
Esta comparecencia coincide con la publicación del informe de la ONU donde tres relatores critican duramente a la Ley de Concordia debido a que “podrían afectar a la obligación del Estado Español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales y/o locales, en materia de derechos humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”. El Síndic de Vox en les Corts Valencianes, José María Llanos, ha calificado en declaraciones a los medios esta mañana mientras tenía lugar la Comisión que este informe de la ONU es “una injerencia que vulnera la soberanía de los estados”. Llanos ha insistido en que “La ONU lo que tiene que hacer es dedicarse a salvar vidas, que yo creo que desde el 48 pocas han salvado y pocos conflictos ha evitado”, y le ha instado a “dejar tanto globalismo y dejar hacer a los países”.
Hoy también se ha hecho pública una declaración de varios historiadores, historiadoras y cátedras universitarias con las adhesiones de la junta de la facultad de Geografía e Historia, el área de Didáctica de las Ciencias Sociales y el aula de Historia y Memoria Democrática de la UV, el equipo decanal de la facultad de Filosofía y Letras, la revista 'Pasado y Memoria' y la cátedra de Historia y Memoria Democrática de la UJI, donde expresan su rechazo a la ley de concordia registrada por el Consell (PP-Vox) y su “profunda preocupación”, al considerar que contiene “graves carencias científicas por el desconocimiento de los fundamentos básicos de las cuestiones que aborda” y que adolece de “un nacionalismo rancio”.
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