El Gobierno realizó este 16 de octubre un emotivo acto en cumplimiento de lo previsto en la ley de memoria democrática. El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hizo entrega a la familia de Salvador Puig Antich, ejecutado por garrote vil hace 50 años durante la dictadura franquista, de un documento de reparación y reconocimiento.

Las cuatro hermanas de Puig Antich —Inma, Merçona, Carme y Montse— recibieron en Madrid este certificado que supone la declaración de la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales que condenaron a su hermano. Amparado por la ley de memoria democrática de 2022, se reconoce por fin con este acto a Puig Antich como víctima del franquismo.

Este militante del Movimiento Ibérico de Liberación fue el último ejecutado por garrote vil en España, tras la condena a muerte que recibió el 8 de enero de 1974 y se llevó a término el 2 de marzo de ese mismo año, cuando el reo tenía 25 años. «El Gobierno de España expide en favor de Salvador Puig Antich el presente documento de reparación por la persecución y violencia padecida por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura», reza el texto.

«Hace 50 años que luchamos por esto, por la dignidad de nuestro hermano. Estamos muy emocionadas y no tenemos palabras», expresó Inma Puig Antich al recibir el documento. El ministro Torres calificó el acto como «de reparación, justicia, no repetición y verdad», subrayando que «la democracia no es completa si esto no se repara y tiene la imprescindible y necesaria repercusión pública».

«Puig Antich fue víctima, sus familiares también y desde el Ministerio simplemente decirles que sé que es un día agridulce. Llevan demasiado tiempo, pero sé que es un gesto que saben apreciar porque supone colocar las cosas en su sitio», añadió Torres. La declaración de reconocimiento y reparación es una figura contemplada en la ley de memoria democrática que oficializa la invalidez de las condenas impuestas durante la Guerra Civil y la dictadura. Recoge expresamente «la ilegitimidad de los tribunales» y la «nulidad de sus sentencias» por ser «contrarias a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias de un juicio justo».

La familia de Puig Antich ha luchado durante medio siglo por la reivindicación de su memoria y la anulación de la sentencia que lo condenó a muerte en un juicio plagado de irregularidades.

Montserrat Boix, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Las familias de Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo siguen esperando

Aunque Salvador Puig Antich es todo un símbolo por la brutalidad del método empleado en su condena a muerte, no fue el último de los ejecutados por la dictadura franquista. Otras familias siguen peleando por recibir un reconocimiento similar para sus familiares, en aplicación igualmente de la ley de memoria democrática de 2022.

En un reportaje previo a la aprobación de la norma (2020), el diario Público pudo hablar con Daniel Canales (investigador de Amnistía Internacional) y algunos familiares que seguían esperando la anulación de condenas injustas y la reparación de la memoria de sus seres queridos.

Entre ellas estaba Flor Baena, hermana de Humberto Baena, fusilado en 1975, así como Victoria Sánchez Bravo, hermana de José Luis Sánchez Bravo, otro de los últimos fusilados por Franco. En ese momento, Victoria Sánchez Bravo luchaba por la memoria de su hermano para que «su nombre quede limpio ante la justicia». José Luis Bravo firmó una declaración inculpatoria en estado de semiconsciencia, obligado tras recibir unas brutales torturas, lo cuál supuso un doloroso impacto psicológico para su entorno (conocedores de su inocencia).

Por su parte, Flor Baena rememoraba para Público la última vez que vio con vida a Humberto Baena, en una cárcel de Carabanchel de la que recordaba los obstáculos que se ponían para las visitas y el miedo que provocaba la permanente presencia de agentes armados.

Aunque la familia de Puig Antich ha celebrado este avance y otras están a la espera de recibir una reparación similar para sus familiares, es imposible obviar el enorme tiempo transcurrido hasta que se ha hecho justicia. La historiadora y escritora Esther López Barceló señaló en X con pesar: «¡Qué terrible que las víctimas de la dictadura solo alcancen derechos en el plano de lo simbólico, mientras los victimarios han vivido felices en el plano de lo tangible!».

Etiquetas: