La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado que Gabriel Le Senne, actual presidente del Parlament balear y dirigente de Vox, será juzgado por romper la fotografía de tres mujeres asesinadas por el franquismo durante un pleno parlamentario. El tribunal ha desestimado el recurso que Le Senne presentó el pasado enero para evitar el juicio, con el respaldo de la Fiscalía, al considerar que actuó en el marco de sus funciones parlamentarias. Sin embargo, el auto considera que existen “indicios racionales” suficientes para continuar el procedimiento penal y remite el caso a un Juzgado de lo Penal de Palma, ya que en Balears no se aplica el aforamiento a los diputados.

Los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2023 durante una sesión plenaria en la que se debatía la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática. En el transcurso del pleno, la diputada socialista Mercedes Garrido mantenía sobre su portátil una imagen de Aurora Picornell, Maria Pascual y Antònia Pascual, conocidas como las “Rojas del Molinar”, militantes comunistas y víctimas de la represión franquista. Le Senne arrancó la fotografía en público y la rompió en varios pedazos. Aquel gesto fue duramente criticado por familiares de las víctimas, colectivos memorialistas, formaciones políticas y organismos civiles, que reclamaron su dimisión. Ni él ni el Govern de Marga Prohens (PP), que sostiene institucionalmente a Vox, han promovido su cese.

La Audiencia considera que las imágenes del pleno muestran con claridad cómo Le Senne “después de arrebatar la fotografía, no la tira inmediatamente al suelo sino que la mantiene en la mano izquierda, la deja un momento en la zona situada sobre de sus piernas, donde podría parecer que la esté manipulando de alguna manera, y después la tira con la mano derecha”. Las juezas subrayan que, en su declaración como investigado, el presidente del Parlament “respondió afirmativamente” cuando se le preguntó si había arrancado la foto y estropeado los restos en pedazos más pequeños antes de tirarlos.

Pese a que tanto el dirigente de Vox como la Fiscalía niegan que exista delito de odio, las magistradas insisten en que las valoraciones del juez instructor “se fundamentan en diligencias de instrucción válidamente incorporadas a la causa y en indicios racionales que precisan de una valoración probatoria a una eventual fase de juicio oral para ser esclarecidos”. A juicio del tribunal, la conducta de Le Senne podría ser “compatible con la posible concurrencia de dolo”, por lo que deberá determinarse en juicio si la ruptura fue un acto deliberado de desprecio o un incidente accidental, como sostiene la defensa.

Le Senne ha alegado en todo momento que actuó “sin ninguna intención de humillar a nadie” y que su comportamiento se debió exclusivamente a la negativa de las diputadas socialistas a retirar la imagen. En su versión, defendida públicamente y también en sede judicial, el episodio fue “accidental” y encuadrado en su obligación de preservar la neutralidad institucional en el Parlament. Preguntado por la Fiscalía sobre si habría hecho lo mismo con una imagen de Franco, respondió que sí.

Las acusaciones particulares y populares discrepan frontalmente de esta interpretación. Entre los querellantes se encuentran los familiares de las mujeres represaliadas, la asociación Memòria de Mallorca, el colectivo Estimada Aurora, el Partido Comunista (PCE) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). Las penas solicitadas oscilan entre un año y cuatro meses y los cuatro años de prisión, además de multas de hasta 30.000 euros y peticiones de inhabilitación para cargo público durante hasta once años. En palabras del juez instructor, el acto del presidente del Parlament revelaría “un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes”, con un daño moral a su memoria y a sus descendientes.

Una de las mujeres representadas en la imagen arrancada es Aurora Picornell, figura clave del movimiento obrero y feminista en Mallorca durante la Segunda República. Militante del Partido Comunista, destacó por su labor en el sindicalismo textil y por su firme oposición al golpe de Estado de 1936. Tras la sublevación franquista, fue detenida y encarcelada. En la noche del 5 al 6 de enero de 1937, fue asesinada por el régimen franquista con solo 24 años. Su historia ha sido recuperada por el movimiento memorialista como símbolo de la resistencia antifascista, junto a la de las hermanas Pascual, también asesinadas aquella noche en el barrio del Molinar.

La ruptura de la fotografía no ha sido el único episodio polémico protagonizado por Vox en relación con la memoria histórica en las instituciones baleares. En el mismo Parlament, la formación ha protagonizado recientemente nuevos actos de exaltación franquista, como la inclusión de referencias elogiosas al régimen de Franco durante sesiones plenarias, lo que ha provocado nuevas protestas entre los grupos de la oposición y asociaciones de derechos humanos.

A pesar de la gravedad del caso, Le Senne no ha presentado su dimisión y continúa en el cargo como segunda autoridad institucional de las islas. Su caso se suma al de otros dirigentes históricos de la Cámara balear que enfrentaron procesos judiciales, como Maria Antònia Munar (Unió Mallorquina) o Pere Rotger (PP), quienes sí renunciaron a sus cargos antes de sentarse en el banquillo. Le Senne, en cambio, ha reiterado su disposición a “colaborar con la Justicia” y su convicción de que “no cometió ningún delito”.

El juicio determinará ahora si su conducta fue un ejercicio legítimo de autoridad parlamentaria o un acto tipificable como delito de odio. Las acusaciones lo ven como un caso paradigmático de humillación pública a la memoria de las víctimas del franquismo; Vox, como una reacción dentro de los límites de su función institucional. La justicia tendrá la última palabra.