dissabte, 14 de març del 2009

PP Vice. 14/03/2009. Orange Market regaló un coche a un alto cargo de una empresa pública valenciana.

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¡Por favor, no disparen al pianista!

14 Mar 2009 ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN

En estos días hemos asistido a ataques directos a la actuación instructora de un juez. Ataques que no pueden ser tolerados desde el momento que afectan a su independencia, que es una característica sustancial de la función y el papel del juez en una sociedad democrática. Pero es que la independencia judicial también significa algo mas que trasciende al trabajo diario del juez: “La libertad política, la libertad general de un país, depende esencialmente de dos cosas: de que sean los contribuyentes quienes voten los impuestos, y de que tengan independencia quienes juzgan” (Faguet). La independencia que se adjudica de esta manera a cada titular de los órganos jurisdiccionales se traduce intelectualmente en la libertad de criterio y, parafraseando el verso de Quevedo, en la libertad de decir lo que se siente sin tener que sentir lo que se dice, decidiendo sin miedo a las consecuencias.

Y sin miedo a las consecuencias los jueces de este país instruyen en su juzgados las distintas causas de las que conocen, del mismo modo que instruye ahora el juez Garzón en su juzgado central –como lo hará el juez superior que por turno corresponda en relación a los aforados presentes– el llamado caso Gürtel, una trama de corrupción y chantaje que en las actuaciones aparece vinculada a instituciones y cargos públicos del Partido Popular. Pues bien, este juez, como cualquier otro juez de instrucción, piensa y actúa en soledad. Y, si llega el caso, se puede equivocar también solo, sin ayuda alguna en el ámbito de su intimidad, con la independencia que constitucionalmente profesa y, que con una imagen poética del juez Cooley, consiste también en el derecho a ser dejado solo. Porque, en efecto, la independencia, y no sólo la judicial, es un duro privilegio que sin duda exige a quien lo goza el valor de quedar solo consigo mismo, cara a cara con su conciencia.Por otra parte, el caso citado ha representado también un buen ejemplo de cuánto la independencia judicial tiene que cuidarse de presiones procedentes de focos muy distintos que transitan desde las fuerzas económicas y políticas con reflejo e influencia en determinados medios de comunicación, y sin olvidar hasta las agresiones más o menos sutiles que puedan proceder del interior del propio poder judicial. Los jueces tenemos que ser independientes y ser capaces de independizarnos de todos, salvo del pueblo al que servimos y de donde, no se olvide, emana la Justicia que administramos (artículo 117 de la Constitución); pues, como proclamó Jefferson hace más de 200 años, “la independencia de la voluntad de la nación es un solecismo, un error”.

Ahora bien, nada de todo lo dicho hasta aquí significa que la independencia lleve consigo una asepsia ideológica del juez. Los jueces tenemos una concepción del mundo, con ideas e ideología, convicciones y prejuicios que inexorablemente se traducen en nuestras decisiones y actuaciones, por lo que no se puede atacar a un juez por su ideología socialista, conservadora, liberal o la que fuere. El juez, como ciudadano, tiene naturalmente ideología –aunque muchos todavía no se han enterado– hasta el punto de que constituye lo que Frankfurter llamó la “tercera premisa” de la sentencia, seguida de la ley y del presupuesto de hecho cuya subsunción en ella determina el pronunciamiento judicial. Pero esta libertad de criterio en que consiste la independencia no significa que el juez pueda hacer de su capa un sayo. En nuestro sistema constitucional, el juez no puede implantar el Derecho libre, y ni siquiera la aplicación alternativa del Derecho. El juez está sujeto a la Ley como expresión de la voluntad popular que, al tiempo, es lo que explica la legitimidad democrática de los jueces. En efecto, la decisión fundamental sobre la oportunidad y los concretos contenidos de la Ley procede siempre del poder legislativo que expresa la voluntad general del pueblo. Los jueces, bajo el paraguas de su independencia, quedan siempre sujetos estricta y exclusivamente a la aplicación de la Ley, absolutamente circunscritos al ámbito del principio de legalidad que condiciona toda su actuación.

Quizá conviene recordar a todos -y muy singularmente a determinados dirigentes del Partido Popular– que el Tribunal Constitucional ha hablado de la independencia judicial en numerosas sentencias, tantas que, como muestra, basta este botón que resume su doctrina: “La independencia e imparcialidad de los Jueces y Magistrados constituye una nota esencial de los órganos jurisdiccionales que alcanza protección constitucional en el derecho al juez legal previsto en el art. 24. 2 CE”, pues, si todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley y la Constitución es la primera Ley, que han de cumplir todos los poderes públicos, es manifiesto que se infringe el juez legal cuando se vulnera el modelo de juez ordinario previsto en nuestra Constitución”.

A fin de cuentas, el primer guardián de la independencia ha de ser el propio juez, que debería encontrar cobijo y amparo en el Consejo General del Poder Judicial. Pero, mientras llega el príncipe azul que despierte de su letargo al órgano del gobierno judicial, quizá no sería desaconsejable que procediéramos a colgar de la puerta de entrada de nuestros juzgados de instrucción un cartel como el que figuraba en los salones del antiguo Oeste, para advertir a los forajidos que deambulan por los entresijos de nuestro sistema de partidos, lo siguiente: “Por favor no disparen al pianista… hace lo que puede”.

Alfonso Villagómez Cebrián es Magistrado
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¡Disuélvanse!, por Jesús Maraña

¡Disuélvanse! 13 Mar 2009

Madrid ya no es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las estadísticas que manejaba Dámaso Alonso en su poema de posguerra. La Comunidad de Madrid es hoy un cortijo de más de seis millones de súbditos, o al menos ese es el dibujo que aparentan tener de ella los gobernantes del PP. No cabe otra explicación al fabuloso escándalo que supone la disolución decretada, con publicidad y alevosía, de la comisión de investigación sobre el espionaje político. En total, los trabajos parlamentarios han durado ¡cuatro días!, en su mayor parte dedicados a hablar de la prehistoria y del toro que mató a Manolete. Esperanza Aguirre y sus mariachis no han permitido siquiera que en la Asamblea se escuchen los testimonios de sus propios compañeros espiados, es decir, de las víctimas. O sea, esto es como si un joyero es atracado y la Policía sólo interroga al presunto ladrón y a los tatarabuelos del anterior dueño de la joyería.
La cosa admite pocas bromas, porque lo que retrata en el fondo (y en la forma) es un desprecio absoluto a la ciudadanía y a los controles imprescindibles en un régimen democrático. Aquí se está jugando algo más que una reyerta entre miembros del mismo partido político. Las fuentes más imparciales y fiables confirman lo que el sentido común ya dejaba intuir: los seguimientos y dossiers detectados en el PP tienen una relación más directa que indirecta con la trama de corrupción destapada por el juez Garzón. Lo cual no quiere decir que el dúo “trigo limpio” formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez esté implicado también en el espionaje. La relación entre ambos escándalos radica en lo que mueve los peores instintos del ser humano: la pasta. Los dossiers que han circulado como conclusiones de ciertos seguimientos profesionales (y no de esas persecuciones chapuceras a las que se agarran Aguirre y su consejero Granados) no se centran en líos de faldas ni en asuntos de sexo, por mucho que eso preocupe a algunos personajes que no se pierden una manifestación del Foro de la Familia. La esencia de esas investigaciones apunta a una guerra interna por el manejo de las adjudicaciones de dinero público. Alguien en la dirección del PP madrileño sufrió un ataque de ética política o bien estaba ya muy harto de que siempre fueran los mismos los que decidían los contratos millonarios.

Sin resquicios
La máxima prioridad de Aguirre era dar carpetazo a este asunto sin dejar resquicio a que los testimonios pusieran al descubierto esa más que probable relación, sin importarle lo más mínimo el escándalo subsiguiente. Tácticas como culpar al mensajero o a la oposición, o presentar querellas contra medios de comunicación no afines, creen en el Gobierno madrileño que son las pócimas adecuadas para adormecer al contribuyente y meter miedo al periodista. O al menos para sembrar la confusión. Sólo se trata de que el votante, cuando comenta el asunto en la cafetería, pronuncie esas terribles sentencias de “al fin y al cabo todos son iguales”, o “¡cualquiera se fía de los periódicos!”. ¡Ojo!, tanto políticos como periodistas (no todos) tenemos la culpa de que esas tonterías se instalen en el colectivo para desgracia de la higiene democrática.
En un par de días se redactarán las conclusiones de este simulacro de comisión de investigación. Se admiten apuestas: ¿Reabrirá Rajoy el expediente interno por muy alucinógeno que sea el dictamen de la mayoría absoluta del grupo parlamentario del PP madrileño? La respuesta es no. Bastante tiene con evitar las salpicaduras del caso Gürtel en su propio entorno.

En el territorio valenciano, Francisco Camps ha venido a emplear similares armas de defensa. Casualmente, Aguirre y Francisco Camps utilizaron los mismos versos atribuidos (sin pruebas) a Bertol Brecht al enfrentarse al estallido de sus respectivos escándalos: “Un día vinieron por mi vecino porque era comunista, como yo no era comunista no hice nada por él. Un día vinieron por mi otro vecino el judío, como yo no era…” O sea, las víctimas son ellos. A la vista de la falta de pudor con la que ambos han despreciado las funciones del Parlamento y de la prensa libre y la inteligencia de los ciudadanos, les podría resultar más útil lo que Brecht escribió en 1953, con motivo de algunos levantamientos populares en Berlín: “El pueblo ha perdido la confianza del gobierno. ¿No sería más sencillo, en estas circunstancias, que el gobierno disolviera al pueblo y eligiera a otro?”
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Nadie sabe nada en el PP

Juan Carlos Escudier

Más en El Confidencial

PP, espionaje, Correa, Jesús Sepúlveda, Francisco Camps
@Juan Carlos Escudier - 14/03/2009

Rajoy no sabe o no le consta y, por supuesto, no conoce. A Correa, el hombre que presuntamente ha dorado el riñón de un grupo numeroso de dirigentes del PP, apenas si lo vio una vez en Génova y quizás le diera una vez la mano, pero conocerle, lo que se dice conocerle, no le conocía. De sus andanzas, Rajoy no sabía nada, por lo que hay que suponer que estuvo muy inspirado el día que ordenó al partido que dejara de contratarle. A Rajoy nada le consta, como no le constaba a Ana Mato, la vicesecretaria de Organización, que Correa le comprara un Jaguar a su entonces marido, Jesús Sepúlveda, allá por 1999 cuando era secretario electoral de Aznar. Le han preguntado al estadista del bigote y no ha respondido, como si no le constara o no conociera. Nadie sabe nada en ese partido. Bendita inopia.

Lo del PP es una tragedia shakesperiana en la que se huele lo podrido de aquí a Dinamarca. Quienes ahora se nos muestran como malolientes cadáveres políticos o carne de banquillo personificaban a comienzos del aznarato la regeneración que iba a librar el país de la corrupción socialista. Se habían acabado los roldanes y las filesas. Llegaba una nueva hornada de políticos de los que podríamos sentirnos orgullosos. Serían tan buenos custodiando las arcas públicas como organizando bodas en El Escorial para la hija del jefe. Eran la honradez con gomina.

En el núcleo duro de los populares, por supuesto, nadie podía imaginar que habría quien utilizaría los contratos públicos para enriquecerse y mucho menos aún los que les nombraron para ocupar puestos de responsabilidad en sus Gobiernos o les abrieron las puertas de los municipios. ¿Cómo iba a constarle a Esperanza Aguirre los tejemanejes de su consejero López Viejo o los del rosario de alcaldes que han tenido que dimitir por culpa del socialista Garzón? Aguirre no sabía nada y si conocía a López Viejo, a Ginés López, González Panero, Tomás Martín, Martín Vasco, Bosch o al propio Sepúlveda era de pasada. Los socialistas deben ser responsables por acción o por omisión, pero eso no va con los populares. Lo explicaba esta semana la presidenta de Madrid a los diputados de la oposición: “No somos como ustedes”. Pues eso.

Aquí nadie sabía nada, sin que eso implique demérito alguno. Estaban a otras cosas, a las importantes, a las que, según su líder, preocupan a los ciudadanos. Detengámonos en Camps, por ejemplo. ¿Cómo iba a saber este hombre que Rajoy había dejado de trabajar con Correa? Y aunque lo supiera, ¿cómo no confundir al Correa original con otro cualquiera si muy posiblemente no conocía al primero ni de vista?

Ello explicaría la abundancia de contratos que le concedió la Administración valenciana, aunque sus procedimientos debían de ser distintos a los que utilizaba en Madrid. Es decir, mientras en Madrid presuntamente repartía comisiones a diestro y siniestro o regalaba coches, en Valencia se atenía escrupulosamente a las bases de los concursos. De no haber sido así, Camps, que es distraído pero sólo con las facturas de su fondo de armario, lo habría detectado y hubiera tomado medidas contra el conseguidor y los supuestos sobornados. Es por eso que en Valencia no ha dimitido nadie.

A nadie le constaba nada, y por esta razón el PP respondió a las imputaciones de Garzón obligando a dimitir a todos los encausados, como si se hiciera de nuevas. Bueno, a todos menos a Camps y a su adjunto Costa porque, como se nos ha dicho, lo suyo, o sea, lo de los trajes de regalo, no se sostenía. En conclusión, que lo de los otros se sostenía perfectamente pero el partido no sabía nada y se enteró por los autos o por la prensa.

Algo parecido ha ocurrido con el supuesto espionaje de la Comunidad de Madrid. Lógicamente, nadie sabía nada porque para eso eran espías, aunque Esperanza se ha investigado a sí misma y ha concluido en un par de tardes que todo ha sido un montaje y que los partes de seguimiento eran albaranes del Carrefour. ¿Para qué iba a querer saber Aguirre lo que hacían sus rivales políticos en el PP si en ese partido todo el mundo vive feliz en su ignorancia?

Resumamos: Rajoy nunca ha sabido nada. Jamás le ha constado que Esperanza Aguirre, entre otros, estuviera esperando su fracaso electoral en Galicia para travestirse en Bruto y darle matarile; A Aguirre no le constaba que Rajoy fuera un flojo, pero se lo barruntaba ella y todo el partido; ninguno de los bandos del PP conocía que hubiera otros bandos parecidos a los suyos porque los espías, de haberlos habido, eran familiares de Mortadelo; Gallardón no sabe quién es Mortadelo; Ana Mato desconoce la diferencia entre un Jaguar y un BMW; Pizarro no sabe dónde se ha metido; a Aznar no le consta el cambio climático; y de Rato últimamente no sabemos nada. Esto es una tragedia en la que nos vamos a morir todos de risa.

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Orange Market regaló un coche a un alto cargo de una empresa pública valenciana

El directivo disfrutó el vehículo unos meses y lo devolvió cuando Garzón puso en marcha la operación Gürtel

Levante-EMV, Valencia

La trama de presunta corrupción en la obtención de contratos públicos dirigida por Francisco Correa también tuvo detalles con algún político valenciano y directivo de empresas públicas de la Generalitat Valenciana. La franquicia valenciana de ese conglomerado de empresas, Orange Market, regaló un coche utilitario de alta gama al máximo responsable de una sociedad pública de la Generalitat Valenciana. El directivo en cuestión disfrutó del vehículo unos meses hasta que, al saltar el escándalo, decidió por precaución devolver el automóvil , con el que ha podido ser vista su mujer. Hasta que el viernes 6 de febrero, el juez Baltasar Garzón aceleró la ejecución de la operación Gürtel ante el riesgo de fuga al extranjero de Correa, el cabecilla de la trama, alertado por algunas filtraciones sobre la investigación que llevaba a cabo la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef).

Día de registros
Ese mismo día, la policía judicial entró en las dos oficinas de Orange Market en Valencia y en la sede de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), de donde se llevó toda la documentación relativa a los contratos adjudicados a la empresa de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano en Fitur desde 2005 hasta 2009. Setenta y dos horas después, ese lunes, Álvaro Pérez fue llamado a declarar ante el juez Garzón. Orange Market había ocupado ya todos los titulares del fin de semana y el directivo en cuestión no tardó en tomar la decisión de devolver lo que no le había costado un euro. La trama de Correa ha comprado habitualmente coches en Madrid, donde también habría sido adquirido el que acabó en manos del responsable de la firma pública autonómica. La práctica de regalos caros como coches o televisores de plasma era moneda corriente en la forma de operar de la trama para conseguir contratos amañados mediante sobornos a políticos y funcionarios. Lo dice el propio juez Garzón en el auto en el que imputa al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, y acusa al presidente Francisco Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa, de aceptar ropa pagada por la firma de Álvaro Pérez, contratista del partido y de la Generalitat, y por otras dos sociedades de Correa.

En el auto también se señalaba que Álvaro Pérez intermedió por Costa. Como "ejemplo" habla de "cuando se encarga de la venta del vehículo que utiliza Ricardo y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles". Costa declaró con posterioridad que no necesitó intermediario para vender su vehículo porque se lo compró directamente su dentista, del que no quiso revelar su identidad.

El propio Francisco Correa regaló al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, un Jaguar valorado en 52.190 euros en el año 1999, cuando Sepúlveda era senador del PP por Murcia y secretario del área electoral de la dirección nacional del partido, entonces dirigido por José María Aznar. Según contó el diario El Mundo, el jefe de la trama pagó el 17 de diciembre de 1999 un total de 8.663.700 de pesetas (52.190 euros) a un concesionario. Ese vehículo fue matriculado en Madrid a nombre de Jesús Sepúlveda Recio, quien necesitó de 22 horas para negar que fuera una dádiva y que pagó el Jaguar a Correa con un BMW usado.

Por aquel entonces, el dirigente popular estaba casado en aquellos tiempos con la diputada y también miembro de la ejecutiva nacional Ana Mato y estaba considerado como un hombre de confianza del que era presidente del Gobierno, José María Aznar.

El ex alcalde de OrihuelaLa relación de la política con los coches presuntamente regalados tiene antecedentes no muy lejanos en el tiempo ni en el espacio. El ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina, fue acusado por el fiscal de disfrutar de dos coches a nombre de empresarios de la construcción. Un Audi A-8, propiedad de Automoción Oleza, concesionaria del promotor Francisco Marcos, y un Bentley, valorado en más de 200.000 euros, del constructor Joaquín Grau, dueño de la sociedad Villas y Bungalows El Cid S. A, mercantil que tenía a su nombre el chalé de medina. El ex alcalde oriolano salió recientemente absuelto de la acusación de cometer varios delitos urbanísticos. En el procedimiento aportó, según la sentencia, facturas de haber pagado el Audi A-8.
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Gabriela Bravo dice que la ausencia del juez no impide la salida de las diligencias a los TSJ
Garzón interroga otra vez al sastre de Camps
De Rosa evita coincidir con De la Rúa en el TSJ
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Garzón remite a Valencia y Madrid los casos contra Camps y López Viejo

El envío se retrasó una semana por problemas con el servicio de reprografía

JOSÉ YOLDI - Madrid - 14/03/2009

El juez Baltasar Garzón remitió ayer a los tribunales superiores de Justicia de Valencia y Madrid la inhibición y las copias de la causa de la denominada Operación Gürtel, sobre corrupción de determinados cargos del Partido Popular, en lo que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, al secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, y a los diputados en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ya que todos ellos tienen la condición de aforados.

El envío de las copias testimoniadas de la causa y de la exposición razonada para los tribunales superiores se produjo una semana después de que Garzón la anunciara por medio de sendos autos, porque problemas en el servicio de reprografía de la Audiencia Nacional impidieron que el envío se realizase antes.

Sin embargo, el PP ya había presentado una nueva queja contra Garzón en el Consejo General del Poder Judicial en la que criticaba que el magistrado hubiera viajado a Guatemala "sin haber cumplimentado aún el escrito razonado a los TSJ de Madrid y Valencia". La nueva queja de los populares aludía a "una nueva maniobra irregular".

Lo cierto es que el juez antes de salir de viaje había dejado firmados los oficios para la remisión de la causa, pero los problemas para elaborar dos juegos de fotocopias del sumario -más de nueve cajas de 2.000 folios cada una- retrasaron el envío hasta pasadas las dos de la tarde de ayer.

No obstante, y a pesar de haberse inhibido respecto de los cinco aforados citados, el juez mantiene la instrucción de la causa con respecto de otras 40 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón; Ginés López, de Arganda del Rey; Arturo González Panero, de Boadilla del Monte, y Guillermo Ortega, de Majadahonda, Los ex regidores han sido citados a declarar en calidad de imputados el próximo miércoles.

Mientras tanto, la instrucción ha seguido adelante y el juez volvió a tomar declaración ayer a José Tomás, el sastre que confeccionó trajes para el presidente valenciano Francisco Camps y para el parlamentario Ricardo Costa. Tomás habría proporcionado nuevos indicios que afectan a ambos aforados, así como a Álvaro Pérez, El Bigotes, mano derecha del principal responsable de la trama, Francisco Correa, en la empresa Orange Market, que según las investigaciones era a la que se cargaban los trajes.

La declaración de Tomás es, junto a la de la imputada Isabel Jordán y la documentación intervenida, que refleja la caja "B" de Easy Concept, la base de la imputación de los aforados valencianos.

En la documentación aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros, en cuyo concepto figura: "Entradas y salidas de Milán". Son una parte de los pagos por los trajes hechos a medida por la firma Milano, según la imputada. De ellos, 4.700 euros corresponden a trajes de Camps, según el auto del juez.

Existen otros trajes comprados en la tienda Forever Young, donde también trabajaba el sastre José Tomás. El coste de la ropa de esa empresa entregada a Camps a costa de Orange Market ascendería a 8.083 euros.

Las facturas se camuflaban con conceptos falsos y por cuantías que no se corresponden con los pagos realizados.
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Correa invitó al Masters de tenis a Ana Aznar y Alejandro Agag
EL PAÍS
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El PP sigue confiando en las conclusiones de la Asamblea

PABLO X. DE SANDOVAL - Madrid - 14/03/2009

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, evitó ayer de nuevo dar el más mínimo paso a favor o en contra de reactivar el expediente interno que ella misma dirige para aclarar el espionaje a cargos de su partido desde dentro de la Comunidad de Madrid. Cospedal, que prometió llegar hasta el final caiga quien caiga, fía ahora esa investigación a lo que diga el PP de Madrid, que no tiene ningún interés en que se conozca siquiera la versión de los espiados.

Espionaje político en la Comunidad de Madrid

En definitiva, en el PP hay dos versiones públicas que son difíciles de combinar. Por un lado, el PP nacional dio desde el principio total credibilidad al espionaje de sus cargos y ordenó un expediente interno que sólo detuvo cuando el PP de Madrid aceptó abrir una comisión de investigación. Ahora, se ha cerrado por imposición del PP de Aguirre precisamente con la tesis contraria: que el espionaje es falso, nunca existió, y que los espiados (del PP) mienten.
Sin embargo, desde el PP nacional en ningún momento se han echado atrás en su convencimiento de la autenticidad de los documentos que prueban el espionaje.

Miembros de la cúpula
"Tenemos que esperar a las conclusiones, y a partir de ahí decir lo que tengamos que decir", dijo ayer Cospedal a la cadena SER, como Mariano Rajoy había dicho el día anterior. A pesar de que las víctimas del espionaje son miembros del Comité Ejecutivo Nacional (la cúpula del PP), la secretaria general del partido lleva una semana repitiendo que ella no es nadie para opinar sobre lo que está sucediendo en la Asamblea de Madrid por no ser miembro de la comisión. Mientras, el resto del PP permanece atónito y en un silencio marcial.

De qué manera pueden satisfacer al PP unas conclusiones que niegan los hechos investigados es algo que queda para el próximo miércoles, cuando se conocerá esa resolución del trabajo parlamentario. Cospedal dio "por descontado" que si hay algún responsable pagará por estos hechos. Pero en esta versión no queda claro si es la comisión de investigación la que debe encontrar responsables. Parece obvio que no lo va a hacer, puesto que niega los hechos mismos.
María Dolores de Cospedal aprovechó también ayer para defender a Ana Mato, vicesecretaria de Organización, con el argumento de que "lo que hace un marido no arrastra a la mujer", en referencia a los supuestos regalos que recibió el ex marido de Mato, Jesús Sepúlveda, de Francisco Correa, jefe de la trama de corrupción vinculada al PP que investiga la Audiencia Nacional.

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Los escándalos que afectan al PP
De la Vega: "El PP tiene que aclarar este barullo de prebendas y presunta corrupción"
L. R. AIZPEOLEA
La vicepresidenta exige desde La Moncloa "explicaciones cuanto antes"


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El espionaje en la Comunidad de Madrid - EL MINISTERIO PÚBLICO RECABA NUEVAS PRUEBAS SOBRE LOS SEGUIMIENTOS A POLÍTICOS
El fiscal sigue adelante con la investigación del espionaje a cargos del PP en Madrid

FRANCISCO MERCADO - Madrid - 14/03/2009

La Fiscalía de Madrid sigue adelante con la investigación de los supuestos espionajes al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, ambos del PP, durante los meses previos a la batalla por el poder en el partido que perdió Esperanza Aguirre y ganó Mariano Rajoy. La fiscalía entiende que el contenido de los partes es verosímil, por lo que ha pedido nuevas pruebas y el pasado jueves firmó tres oficios recabando distinta documentación.

Trama de espionaje
GRAFICO - El Pais - 05-02-2009

Espionaje político en la Comunidad de Madrid

Mientras el PP de Esperanza Aguirre insiste en que los partes son falsos, basándose en algunos errores que cometieron los espías y que el Gobierno regional ha intentado magnificar con documentación reservada de las actividades del ex consejero de Justicia, los espiados (Cobo y Prada) se han ratificado en que la mayoría del contenido de los seguimientos acredita que sufrieron espionaje y reclaman a la justicia que aclare lo ocurrido.
Los agentes que elaboraron los partes de seguimiento se refieren en ellos al departamento donde trabajaban, la Dirección General de Seguridad de la Consejería de Interior. Dos informes periciales encargados por EL PAÍS señalan a uno de los agentes de esa consejería, José Manuel Pinto, como autor de algunos partes. El informe pericial encargado por el Gobierno regional, hecho con fotocopias, niega ese extremo.

Espiado mientras escucha a Aguirre
7-4-2008 La presidenta lanza en el Casino su "no me resigno"
El 7 de abril de 2008, los espías, tras abandonar el seguimiento del vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, retoman el otro objetivo, el consejero de Justicia del Gobierno de Aguirre, Alfredo Prada. "(...) nos desplazamos a la calle Alcalá (Casino de Madrid), en el que se localiza el vehículo [de Prada] estacionado (recepción y almuerzo en el casino)". Prada asiste a un discurso de Esperanza Aguirre donde proclama su "no me resigno" con el que firma la guerra por el liderazgo del PP ante Rajoy. Una foto certifica el acto.

Cobo y Prada "salen a las 14.25"
8-4-2008 Reunión del comité ejecutivo del PP
El 8 de abril de 2008, los espías anotan que el vicealcalde Manuel Cobo y el consejero Prada entran en la sede del PP. Se reúne el comité ejecutivo. Es un hecho público, figura en agendas y previsiones informativas. Pero los espías aportan datos que sólo ellos conocen. "Salen a las 14.25. Seguimos a P, que toma dirección a su trabajo, donde permanece unos pocos minutos y se dirige a su domicilio, sale a los 30 minutos, y lo perdemos".

"Va en un coche que no es suyo"
10-4-2008 Prada clausura un acto de Promomadrid
El 10 de abril de 2008, los espías narran su diaria persecución de Prada y apuntan una cita que les resulta extraña. "Sobre las 14.00 P. se dirige a la calle Suero de Quiñones, número 34 de Madrid (edificio próximo al Auditorio Nacional), en un vehículo que no es el suyo, pero de similares características, donde permanece unos 30-40 minutos (se puede vislumbrar que se trata de un evento laboral por la existencia de varias personas esperándolo)". Prada, en efecto, clausuraba un acto de Promomadrid sobre arbitraje.

"Le hemos perdido"
23-5-2008 Prada y el fiscal Moix en Brea de Tajo
El 23 de mayo de 2008, los espías de la Consejería de Interior de Madrid anotan lo siguiente: "11.00 horas. Se monta. Está en Brea de Tajo. 13.00: Sale de Brea de Tajo. 13.20: se le pierde en cercanías salida" de la carretera. Luego le esperan en su domicilio y trabajo, y al no hallarlo, desmontan el dispositivo. El espiado, aunque no es citado, es Prada, que ese día acude en Brea de Tajo a una exposición de cuadros de los menores internados por la justicia en un centro local. Comparte el acto con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ahora investiga el presunto espionaje sufrido por Prada y otros cargos del PP.

Vigilancia y matrículas de su cita con dos jueces
15-3-2008 (fecha errónea). Almuerzo
Los espías anotan una comida de Prada en el restaurante madrileño Lur Maitea el 15 de marzo de 2008. Cometen un error en el mes. Ocurrió el 15 de abril. Prada invitó al vocal del Poder Judicial José Merino (PP) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Casas. Sus colaboradores confirman la comida. Y el Gobierno de Esperanza Aguirre posee la factura. Los espías anotaron tres matrículas de vehículos que creían oficiales. Una sí lo era. Es secreta por ser de un alto cargo. Los otros dos son de Martinsa y de un particular. Los espías después van a su dirección general.

Casado y ocho testigos más
13-5-2008 Chinchón
El 13 de mayo de 2008, Alfredo Prada estaba en un acto con sus colaboradores en el parador nacional de Chinchón. Lo saben los espías: "Sobre las 12.20 detectamos el coche de P. en el Parador Nacional de Chinchón". Y lo saben sus ocho compañeros de encuentro, entre ellos, singularmente, el entonces portavoz de Justicia en la Asamblea por el PP, Pablo Casado, y miembro de la difunta comisión de investigación del espionaje. Prada ese día no estaba en León, donde estuvo un mes antes, el 13 de abril, fecha que erróneamente atribuyó este diario al parte del acto de Chinchón. Pero los espías no fallaron.

Premio y conferencia
26-5-2008. 'Madridiario'
Los espías actúan un día más como sombra de Prada: "18.35. Se dirige a Mateo Inurria, 25-27, llegando a este lugar a las 18.45, oficinas de Esade". En efecto, a esa hora clausura un programa en Esade sobre la función pública. "19.55. Sale del anterior ", anotan los espías, y, una vez más huérfanos de toda agenda, sólo saben que se dirige al Palace a las 20.20. "22.10 Sale del Palace. Llega a casa a las 22.20". ¿Qué ha hecho dentro? No lo saben. En el hotel, Madridiario entrega el premio a los personajes más influyentes. Prada es uno de ellos (según muestra Madridiario en la foto adjunta). Y el más espiado.
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La Fiscalía encuentra verosímil el contenido de los partes de seguimiento
14 mar 2009 - 05:09h
El consejero de Interior, Francisco Granados, acusó a Prada de haber mentido al asegurar que los partes de los supuestos espionajes coincidían con su agenda
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De la Vega pide al PP que explique sus "barullos"
Correa, indignado por la difusión de su ficha policial
Garzón vuelve a España pero no habla
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Luis Herrero: “Ya se han encargado los enemigos (en referencia a El Plural) de sacar la foto”
Losantos ataca a Enric Sopena por desvelar su amistad con Jesús Sepúlveda

Losantos acudió a Pozuelo para ayudar a Sepúlveda a ganar las elecciones
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¿Hasta cuándo la justicia seguirá beneficiando a la derecha?
El fiscal jefe de Madrid, Moix, parece el abogado de Aguirre

El diario El País acusaba en su editorial del pasado jueves a Esperanza Aguirre de haber convertido “la investigación del espionaje en una farsa”, mientras que exigía a Mariano Rajoy que se pronunciase, alegando que “los documentos que permitieron conocer el escándalo existen (…) y así lo reconoció Rajoy cuando decidió dejar en suspenso la investigación interna hasta comprobar el desarrollo de la comisión establecida en la Asamblea de Madrid”.

Puntualizaba el editorialista que “ahora ya lo ha comprobado, y le corresponde decidir. Si consiente, la autoridad interna que parecía haber adquirido tras el resultado de Galicia quedará en entredicho de la peor manera imaginable: no por una derrota electoral que desactive los efectos políticos de aquella victoria, sino por el gesto caciquil de su más recalcitrante rival”.
Rajoy ha consentido
Está muy claro que, una vez más, Rajoy ha consentido. El líder del PP no parece dispuesto a desautorizar a “su más recalcitrante rival”. Y, lo que es peor, no parece decidido ni mucho menos a enfrentarse con ella y con quienes están haciendo de la política popular un lupanar. O un patio de vecinos, donde no cesan las malediciencias, las rencillas, las envidias, los insultos y empiezan a abundar las reyertas entre unos y otros.
Bandas mafiosas
En Génova 13 no hay corrientes ideológicas más o menos radicales o más o menos moderadas. Lo que hay de verdad son bandas de carácter mafioso -aunque no sangrientas- que se pelean por llevarse crudo el botín de su rapiña. Y eso no ocurre sólo en la actualidad, pues viene de tiempos que comienzan a ser lejanos, cuando el PP nos era presentado como el paradigma de la honestidad y del honor.
Estas gentes que presumían…
Cuanto ha salido a la luz hasta ahora resulta pestilente. Estas gentes que presumían constantemente de estar en el PP debido a sus valores, a sus creencias y a sus profundas convicciones están demostrando que a su lado los fariseos de los evangelios eran poco menos que angelitos del cielo. Lo cierto es que tenían razón, hace unos veinte años, quienes -como consta en las cintas del caso Naseiro- alardeaban entre ellos, hablando por teléfono, de que se habían metido en política para “forrarse” o para “hacerse ricos”.
Inexplicable
Volvamos al editorial del periódico de Prisa. Su último párrafo era el siguiente: “En este contexto de forzada parálisis política, la pasividad del fiscal que investiga el caso, Manuel Moix, resulta aún más inexplicable. La independencia de la justicia obliga a respetar sus ritmos. Pero el cierre vergonzante de la comisión (…) hace recaer sobre sus hombros mucho más que la simple averiguación de unos hechos: la demostración de que el Estado de Derecho sigue vigente en la comunidad que preside Esperanza Aguirre”.
Todo lo contrario
¿Pasividad inexplicable la de Manuel Moix? Todo lo contrario. Su pasividad de ahora se explica con relativa facilidad a la luz de su vertiginosa rapidez al pronunciarse públicamente -pocas horas después de que se conocieran las primeras revelaciones sobre el espionaje- y decir que, según su criterio y con las debidas cautelas, él no advertía indicios que condujeran a acciones delictivas.
No es un fiscal cualquiera
Moix no actuó como fiscal, sino como abogado defensor de la principal implicada que era Esperanza Aguirre. Moix no es un fiscal cualquiera. Es el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sólo por lo que declaró aquellos días habría tenido que ser separado de sus funciones respecto al caso del espionaje. ¿Qué crédito puede tener un Tribunal como el citado que permite que su fiscal jefe tome partido evidente por una de las partes y que, pasado el tiempo, ha sido en cambio más bien pasivo en su trabajo?
El amigo íntimo de Camps
También está contaminado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Su presidente, como sabemos, es amigo íntimo de Francisco Camps, lo que está más que contrastado. Con el añadido de que quien fuera su consejero de Justicia es ahora vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Hasta cuándo y hasta dónde la derecha continuará siendo beneficiada por la justicia? ¡Cuidado! Recordemos de nuevo el caso Naseiro o la escandalosa pasividad a la hora de investigar de verdad a Carlos Fabra.
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