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Con el nuevo año iniciamos en la sección "Artículos" de nuestro blog una nueva serie, dedicada a estudios monográficos sobre la represión en localidades de nuestra provincia. El primer artículo va dedicado a Torres del Carrizal, la población zamorana con un mayor porcentaje de represaliados, pues fueron asesinados 25 de sus apenas 700 habitantes (un 3'60% de su población). Al mismo tiempo, el Foro por la Memoria de Zamora se suma a la iniciativa de varios descendientes de víctimas –Diosdado Álvarez Prieto, Aniceto Prieto Barrientos, Araceli Peña Prieto- ante el Ayuntamiento de Torres del Carrizal para conmemorar la memoria de los represaliados por medio de un reconocimiento moral, de la autorización de un homenaje y de la dotación de un espacio público en el que se instalaría el monolito que en su memoria fue diseñado por el fallecido escultor local Mariano Fernández Prieto. Al mismo tiempo, agradecemos su colaboración a estas personas y a los autores que antes que nosotros han investigado lo sucedido en esta localidad, y a los que mencionamos en la bibliografía que se adjunta.
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REPRESIÓN FRANQUISTA EN TORRES DEL CARRIZAL (ZAMORA)
El pueblo de Torres del Carrizal, perteneciente a la comarca de la Tierra del Pan y situado a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Zamora, tenía en el momento de proclamarse la República algo más de 700 habitantes. Los jornaleros estaban organizados en la Sociedad de Obreros Agrícolas Libertad, constituida el 5 de junio de 1920, y coetánea de las creadas en Aspariegos, Benegiles, Molacillos y otras localidades coincidiendo con los movimientos huelguísticos de ese año. Al constituirse la Sociedad ocupaban los cargos directivos: Liborio Ratón Baz (o Báez) (1871) (presidente); Tomás Barrios Alonso (1886) (vicepresidente); Juan Manuel Martín Ramos (secretario); Cesáreo García Gutiérrez (vicesecretario); Antonio Juárez Mayo (tesorero); Felicísimo Lorenzo Vicente (contador);y Basilio Lorenzo Vicente (1885), Isaías Fernández Temprano, Dalmacio de la Iglesia Prieto (1882) y Justo Alfageme González (1880) (vocales).
Por su parte, las clases propietarias, que en 1929 habían creado una “Sociedad de Vecinos Pudientes” (sic), dominaban la administración municipal: uno de ellos, Toribio Miranda Lorenzo (1887), fue elegido alcalde tras las elecciones del 12 de abril de 1931, mientras que el secretario del Ayuntamiento era David Barrientos Prieto (1881), perteneciente también a una familia de propietarios. La conexión entre el poder local y la clase propietaria resulta evidente si tenemos en cuenta que la Entidad Patronal Agraria constituida en abril de 1932 estaba presidida por Agustín Miranda (1885), hermano del alcalde, y tenía como secretario a Faustino Barrientos Prieto (1883), hermano del secretario municipal, con Andrés Conde (1880) como vicepresidente.
La Iglesia fue, en el período que estudiamos, un agente político con una clara beligerancia a favor del orden social establecido. En 1919 había impulsado la creación de una Asociación Agrícola de Labradores y de un Sindicato Agrícola Católico pero los propios informes emitidos por los propietarios para colaborar en la represión contra los dirigentes socialistas reconocerían el fracaso del sindicalismo amarillo, al atribuir a la Sociedad Obrera haber movilizado a “la totalidad de los obreros”. Una vez constituida la República, la Iglesia impulsó la constitución de un gran partido de derechas que aprovechase los mecanismos de la política de masas para hacerse con el poder y transformar el régimen desde dentro, con un programa de profunda reforma constitucional, y así se creó Acción Nacional, llamada después Acción Popular Agraria y, finalmente Acción Popular. Los primeros afiliados de este partido en Torres del Carrizal, en 1933, fueron Gregorio Barrientos Aguado (1913), Celso Gil Gaitán (1892), Félix Contra Lozano (1906), Juan Manuel Contra Pastor (1879), Macario Polo Pernía (1850), Rodrigo Miranda, Severino González Gago, Luciano de la Torre Alonso (1910) y Germán Alonso Hernández (1893).
En 1931, una nueva generación de obreros había sucedido a los fundadores al frente de la Sociedad. Su líder era Antonio Cereceda González (1877), un emigrante retornado de Argentina, que había instalado una carnicería y que, como era frecuente en las pequeñas localidades, fue recibido por la Iglesia y los propietarios con desconfianza por temor a que su posición económica le permitiera vivir al margen de las presiones patronales (poseía, además, dos viñas), y a que introdujera en la sociedad local elementos procedentes de una cultura política distinta, por ejemplo en el aspecto religioso o en la vida privada: las fuentes orales recuerdan todavía que se decía que no había bautizado a sus hijas, y tras su asesinato y el de su hija Elia (1907), se ensuciaría su memoria informando que “se corrió el rumor público, de que le perseguían como mala persona en la República argentina de Buenos Aires, y hasta se dijo también, si habían mandado a las Autoridades de este pueblo requisitoria en su busca, esto no puedo afirmarlo más que de rumor público”. También Cayetano Prieto Medina (1896) fue acusado tras su asesinato de que “no se descubría al paso de las procesiones”. Al menos en otro caso, el de Aureliano Sastre Pérez, su condición de inmigrante retornado (en este caso, del País Vasco) sería considerada como un indicio de su condición de “asesor” en materia de desorden y perturbación social. El vicepresidente de la Sociedad Obrera era Tirso Vicente Aguayo (1902).
Frente a la legislación laboral de los primeros meses de la República, que incrementaba la presencia de las organizaciones obreras en unos órganos independientes de control del mercado de trabajo, los propietarios, agrupados desde marzo de 1932 en la Entidad Patronal Agrícola de Torres del Carrizal, y amparándose en su control del Ayuntamiento, respondieron con boicoteos e incumplimientos. Durante el bienio de 1931-1933 fueron sancionados por incumplimiento de las Bases de Trabajo Rural diez patronos locales, incluidos el alcalde Toribio Miranda, su hermano Agustín Miranda, el secretario municipal David Barrientos, Alfonso Vizán Arribas (1894), Enrique Álvarez Prieto (1889), Leoncio Reguilón Prieto (1880), Juan Manuel Contra Pastor, Martín Cabezas Maillo (1963), Valero Gallego Campano (1865) y Fernando Hernández López (1874). Es conveniente recordar, cuando se nos habla de la dimensión social del régimen franquista y de su voluntad de superar la lucha de clases, que alcaldes prevaricadores y propietarios incumplidores de la legislación laboral serían los inductores, ejecutores y principales beneficiarios de la violencia con la que el franquismo consiguió implantarse. También debemos tener en cuenta, cuando se insiste en la violencia de la clase obrera –sintetizada, en los informes emitidos por los represores en Torres del Carrizal, como “toda clase de sabotajes, desmanes y amenazas”- y en las políticas de exclusión republicanas contra los partidos de centro y derecha, que la patronal desarrolló una violencia estructural (boicot a los obreros sindicados, incumplimiento de la legislación laboral) amparada o encubierta muchas veces por autoridades locales que eran cómplices de sus incumplimientos pero que no se abstenían de solicitar la intervención –muchas veces, desproporcionada- de las fuerzas del orden para defender una “libertad de trabajo” que consistía en realidad en un supuesto derecho a incumplir la legislación laboral.
La contratación de obreros forasteros y la consiguiente presión patronal para la rebaja de los jornales fue un desencadenante habitual de las huelgas con las que la Sociedad Obrera defendía el cumplimiento de las Bases y del Decreto de Términos Municipales. La propaganda de las derechas magnificó la “alteración del orden” que supuso la huelga de cinco días de duración de abril de 1932. En marzo del año siguiente, y también con motivo de la contratación de forasteros, una nueva huelga dio lugar a enfrentamientos en los que resultó herido Rafael Enríquez Miguel, labrador de 29 años, y fueron detenidos Jesús Álvarez Montero (1908), Sigifredo Sastre Pérez (1905), Tirso Vicente Aguayo, Paulino Lorenzo Manzano (1911) y Matías Prieto Ferrero, contratados por Fernando Hernández, suegro del herido. El conflicto se prolongó hasta finales de abril, cuando el gobernador civil envía un delegado de los Jurados Mixtos para que arbitre la negociación. Procesado el 13 de noviembre, Jesús Álvarez Montero, para cuya defensa la Federación provincial de Sociedades Obreras abrió una suscripción pública, como víctima de “provocación patronal”), fue condenado a 15 meses de prisión.
Tras la descomposición de la Conjunción republicano-socialista, que en las elecciones a Cortes constituyentes había obtenido más del 50% de votos en la localidad, en las elecciones generales de 1933 la coalición “anti-revolucionaria” de las derechas obtuvo un 57,18% de los votos sobre un censo de 362 votantes. Se abría así un bienio en el que las derechas emplearon todos los mecanismos del Estado para desvirtuar la obra social de la República. En junio de 1934 se produjo una huelga general campesina y el gobernador civil ordenó la concentración de fuerzas de la Guardia Civil en el pueblo. Ante las protestas de la Sociedad obrera contra la contratación de forasteros, el 20 de junio de 1934 los patronos denunciaron las “coacciones de que eran objeto los obreros forasteros, por parte de los locales”, y la Guardia Civil detuvo a varios obreros. La madre de uno de ellos, Rufina Montero Prieto, de 51 años, reprochó esta denuncia a la mujer de uno de los patronos y se generó una discusión en la que intervinieron el párroco Casto Polo Cantón (1897) y el sacerdote Emilio Conde, y como consecuencia de la cual fue detenida Rufina, que seguramente quedaría señalada, a partir de ese momento, como objetivo para futuras represalias.
En las elecciones del 16 de febrero de 1936, Torres del Carrizal fue una de las escasas localidades de la provincia en las que venció el Frente Popular, triunfador en el conjunto del país. Sobre un censo de 356 electores, el Frente Popular obtuvo un 44,54% de los votos, frente al 40,70% de la coalición “antimarxista”, y los candidatos más votados fueron los socialistas Ángel Galarza, y Quirino Salvadores con 138 y 127 votos respectivamente, seguidos por el derechista Geminiano Carrascal con 123. No hay duda de que el triunfo del Frente Popular señalaría a Torres del Carrizal, como otras localidades en igual situación (Fuentelapeña, Villalpando, Castroverde, Benavente, Manganeses de la Polvorosa, Montamarta, Requejo, Villabuena del Puente…) en el punto de mira, como objetivos prioritarios de la represión de los golpistas. Junto a los socialistas respaldaban a la coalición los simpatizantes locales de Izquierda Republicana, que no constituirían agrupación hasta el mes de abril siguiente.
Tras las elecciones de febrero se constituyó una gestora municipal presidida por Moisés Pulido Luengo, y en la que la Sociedad Obrera tenía como vocales a Jesús Álvarez Montero, Mauricio Fernández Carrascal (1904), Tirso Vicente Aguayo y Cayetano Prieto Medina. En acuerdos de 22 de abril y 12 de junio, la Gestora ordenó al párroco que saneara la huerta rectoral y, en concreto, el estanque o charca que se encontraba en ésta, acuerdos que el sacerdote desobedeció y recurrió ante los tribunales. Otra confrontación entre el párroco y la Gestora se produjo al aplicar las autoridades municipales la legislación republicana que exigía comunicación gubernativa para la celebración de procesiones religiosas en la vía pública. El 11 de mayo, la Gestora destituyó por 90 días al secretario David Barrientos Prieto, lo que motivó un recurso contencioso-administrativo
El 19 de julio por la tarde llegó a Torres del Carrizal la noticia de la sublevación. El presidente de la gestora ordenó la suspensión del baile que se celebraba en el Casino, lo que motivó un incidente con una joven menor de edad, Pilar Contra Lozano, que levantó el brazo realizando el saludo romano y fue encañonada por el alcalde con una pistola para que depusiera su actitud. Posteriormente, los afiliados de la Sociedad Obrera y gestores del ayuntamiento se reunieron en la Casa del Pueblo, donde fueron avisados por Aurelio de la Iglesia López (1910), empleado de David Barrientos, de que su amo y otros propietarios se habían desplazado a Zamora para ponerse al servicio de la sublevación y recoger armas con las que implantarían el nuevo orden en el pueblo. En previsión de la llegada de estos rebeldes armados, la Gestora municipal y la Sociedad Obrera organizaron patrullas ciudadanas para vigilar el pueblo y sus accesos.
El día 20 de julio, un pequeño grupo de entre doce y veinte personas, de los que sólo unos pocos portaban armas de fuego (escopetas de caza y pistolas), vigilaba la entrada al pueblo, en el paraje llamado El Revolcadero, con vigas cruzadas en la carretera para impedir el paso de vehículos. En este grupo estaban los principales miembros de la Casa del Pueblo y de la Comisión Gestora del ayuntamiento. A medianoche se aproximó un coche –propiedad del vecino de Arquillinos conocido como “El Obispo”, en el que viajaban dos individuos de derechas de aquella localidad, Lucio Vecilla Jurado (1890) y Emiliano de la Torre Fidalgo, y el secretario del ayuntamiento de Torres, David Barrientos, que traían armas y no obedecieron la orden de alto, pasando por encima de la viga y siguiendo su camino. Los miembros de la patrulla serían posteriormente acusados de haber disparado contra el coche, ocasionándole desperfectos por valor de 550 pesetas pero sin daños personales a sus ocupantes. Al parecer, ese mismo día visitó la localidad el cura párroco de Benegiles, que también transmitió noticias e instrucciones. Entre las personas que se desplazaron entre este y otros pueblos cercanos y Zamora para secundar la sublevación se encontraban también, al parecer, el mencionado Celso Gil, Santiago Conde y vecinos de Villalba de la Lampreana y de Cerecinos del Carrizal, como Gregorio Pinilla Turiño, quien según su hermano (el futuro gobernador civil, Carlos Pinilla) resultó herido de bala durante uno de estos desplazamientos, aunque nada indica que ello ocurriera en este incidente.
El 21 de julio hacia las diez de la mañana llegó al pueblo un camión con soldados del Regimiento Toledo y milicianos de paisano, al mando del alférez Esteban Mota Cansado (subdirector de la banda de música del Regimiento). Los obreros de Torres creyeron que se trataba de fuerzas favorables al gobierno legítimo, por lo que los saludaron puño en alto (a lo que algunos informes de la represión darían la vuelta para presentarlo como un recibimiento hostil por parte de una “manifestación tumultuaria”). A partir de ese momento, los soldados y falangistas acordonaron las casas que les señalaban miembros de las fuerzas vivas locales -sus auxiliares en esta operación fueron Félix Contra Lorenzo (1906), Rafael Enríquez, Celso Gil y Gregorio Contra- y detuvieron a seis personas -Rogelio Alfageme del Barrio, Jesús Álvarez Lozano (1880), Felipe Lorenzo Manzano (1898), Antonio Calvo Quina, Nemesio Rodríguez Ferrero y Sabino Vara Peña-, cuyo ingreso en la cárcel de Zamora se registró el 22 de julio. La versión de los hechos que se recoge en las declaraciones del posterior consejo de guerra afirma que “estando celebrando una manifestación tumultuaria llegaron fuerzas del Ejército que fueron recibidas con el puño en alto y obstentadas [sic] con algunos disparos”, pero los efectos de los supuestos disparos no constan en la sentencia. Seguidamente, los conservadores locales y los miembros de las fuerzas vivas, armados por la fuerza ocupante, se desplegaron por la localidad y sus accesos. Toribio Miranda recuperó la alcaldía, su hermano Agustín, el cargo de juez municipal, y el hijo del secretario David Barrientos asumió la jefatura local de Falange.
Los vocales obreros de la Gestora –con la excepción de Cayetano Prieto, que fue detenido- pudieron ocultarse. Tirso Vicente consiguió cruzar la frontera portuguesa y refugiarse en el pueblo de San Martín, hasta que, “por carecer de recursos”, regresó a Torres la noche del 18 de noviembre y permaneció escondido en su casa hasta que el 11 de noviembre de 1937 se entregó a las autoridades. Jesús Álvarez Montero, escondido también en el pueblo, se entregó el 9 de diciembre de 1937, para evitar represalias sobre la familia que lo había ocultado.
Durante los meses de agosto y septiembre se produjeron nuevas detenciones, y así, Antonio Cereceda González, presidente de la Sociedad Obrera, Paulino Lorenzo Manzano (1911), Pedro Rodríguez Alonso (1866) (según algún testimonio, por haber defendido a su hijo Felipe, detenido en julio), Aureliano Sastre Pérez, Bernardino Vara Rodríguez y Agapito Fernández Prieto (1905) ingresaron en prisión el 30 de agosto, y Aurelio de la Iglesia López, el 5 de septiembre. También se produjeron visitas de milicianos derechistas de localidades cercanas (Villalba de la Lampreana, Aspariegos, Arquillinos, Villarrín) que, entre otros, propinaron una paliza al maestro Práxedes Barrios (quien, sin embargo, no recibiría ninguna sanción en el expediente que le incoó la Comisión de Depuración del Magisterio). El 26 de septiembre fue sacado de la cárcel de Zamora y asesinado el albañil de 20 años Ricardo Coco Rodríguez, al que las fuentes orales no recuerdan, tal vez por ser originario de Zamora. El 30 de septiembre fue sacado de la cárcel de Zamora y asesinado Cayetano Prieto Medina, pastor de 39 años y vocal de la Gestora, en una de tantas sacas que, en esta ocasión, las autoridades disfrazaron con el eufemismo de que “al intentar fugarse durante la conducción fué [sic] muerto por la fuerza Pública”.
Contra los restantes detenidos se instruyó la causa 199/1936, por “rebelión militar”. La justicia de los sublevados convirtió la formación de una patrulla ciudadana por la Gestora municipal, ante las noticias de una sublevación militar, en “levantamiento de armas contra personas que se habían puesto a la defensa del Movimiento Salvador de España”, partiendo de la consideración de los ocupantes del coche como “fuerzas nacionales” y de la patrulla ciudadana como un “gran número de individuos provistos de armas”. Aunque en un principio el auto del juez instructor Antonio de la Hoz Rodríguez de 9 de septiembre responsabilizaba a los cuatro miembros huidos de la Gestora y consideraba que todos los detenidos habían actuado bajo las órdenes y la coacción de aquéllos, el Auditor de Guerra de la 7ª División, José Requejo, ordenó el 12 de septiembre de 1936 continuar el procedimiento sumarísimo por considerar la existencia de indicios suficientes contra todos los acusados, por lo que al día siguiente, un nuevo auto del instructor estimó probado “que existen indicios suficientes de criminalidad y mala fé [sic] por parte de los detenidos, pertenecientes todos ellos a Sociedades marxistas o izquierdistas de las que dirigen y secundan el Movimiento rojo” y decretó el procesamiento por adhesión a la rebelión de doce de los detenidos. El 21 de octubre de 1936 se celebró el consejo de guerra de plaza. El fiscal pedía 30 años de prisión para cada uno, mientras el defensor, el alférez de carabineros Simón García, solicitó la libre absolución. En la sentencia se dio por probado que Antonio Cereceda había dirigido la acción de la patrulla y se le condenó como director o animador del grupo a la pena de muerte por adhesión a la rebelión, mientras que el resto, once personas, fueron condenadas por adhesión a la rebelión a 30 años en el caso de Antonio Calvo Quina y Felipe Lorenzo Manzano (acusados de tener armas el día 19 de julio), y a 20 años y 1 día el resto del grupo por el mismo delito, salvo Sabino Vara Peña, condenado a 12 años y 1 día, por auxilio a la rebelión.
Es evidente que las primeras impresiones reflejadas en el auto inicial, con carácter claramente exculpatorias, fueron rectificadas por las presiones recibidas para que los obreros de Torres sufrieran el máximo castigo no sólo por el hecho en sí de oponerse al Alzamiento sino también por todos los agravios percibidos por los propietarios locales durante los cinco años anteriores. Pasada la sentencia al Auditor, las penas fueron confirmadas, si bien, confirmando nuevamente la carencia de garantías de la justicia militar franquista, todos los condenados a penas de prisión, excepto Marciano Álvarez Prieto, serían asesinados entre los meses de octubre y diciembre.
La cuota de sangre que los inductores locales de la represión querían cobrar a los militantes obreros de Torres no se extinguiría con los detenidos. La huida de los más destacados miembros de la Sociedad Obrera espoleó el afán de tomar represalias contra sus familiares, en lo que era una práctica normalizada entre los golpistas. El 29 de octubre de 1936 varios hombres de Torres y de localidades cercanas acudieron a la casa de la familia Álvarez Montero, buscando al vocal de la gestora Jesús Álvarez Montero, que se encontraba en paradero desconocido. Fueron atendidos por su madre, Rufina Montero (de 53 años), pues su marido Jesús Álvarez estaba detenido. Al no encontrar a Jesús, se llevaron a su madre y a su hermano José Manuel, de 18 años, al Ayuntamiento, supuestamente para tomarles declaración. Esa misma noche, ellos dos y otros cinco vecinos del pueblo –Segisfredo Sastre Pérez, de 30 años (hermano de Aureliano), Elia Cereceda Vara, de 28 años (hija de Antonio y esposa de Cayetano Prieto); María Manzano González, de 49 años (madre de Felipe y Paulino Lorenzo), Serapio Vara Rodríguez, de 26 años (hermano de Bernardino) y Alejandro Peña Vara- fueron trasladados al puente de Seis Ojos, a las afueras del pueblo, donde fueron asesinados a tiros. Presenciaron la escena, escondidos, otro de los hermanos Álvarez Montero, Diosdado, de 16 años, y Domingo González, suegro de Segisfredo Sastre. Los asesinos regresaron al pueblo y volvieron con un carro, acompañados por otros dos vecinos del pueblo, a los que obligaron a cargar los cadáveres, trasladarlos al cementerio y enterrarlos en una fosa común, tras haber vejado el cadáver de Rufina, que era especialmente odiada por algunas personas de la derecha local, sobre todo desde su enfrentamiento con el párroco en 1934.
Dos días después, el 31 de octubre, fue sacado de la cárcel y asesinado en el cementerio de Zamora el marido de Rufina y padre de Jesús y José Manuel, Jesús Álvarez Lozano, de 55 años. El herrero Benito Fernández Carrascal, de 42 años, que tras permanecer escondido tres meses trató de pasar a la zona bajo control del gobierno y fue detenido en octubre, fue asesinado 20 de noviembre. Ese mismo día ingresó en prisión su hermano Mauricio, de 31 años, que fue asesinado siete días después (otro hermano, Venancio, presidente de la gestora de Molacillos, había sido asesinado en aquel pueblo en agosto).
A las 6,30 de la mañana del 7 de diciembre, junto a dos vecinos de Moraleja del Vino condenados en otro consejo de guerra, fue fusilado en el cementerio de Zamora Antonio Cereceda González, de 59 años, cuya muerte se inscribió en el Registro Civil como ocasionada por “shock traumático” y se anunció en la prensa provincial.
El 11 de diciembre fueron sacados de la cárcel de Zamora, por orden del gobernador civil Hernández Comes, once detenidos de Torres cuyo destino era supuestamente Bermillo de Sayago: Antonio Calvo Quina, de 22 años; Felipe Lorenzo Manzano, de 27; Paulino Lorenzo Manzano, de 24; Aureliano Sastre Pérez, de 45; Aurelio de la Iglesia López, de 25 (a quien el secretario David Barrientos había proporcionado garantías de que “se salvaría” si declaraba sobre los hechos del 20 de julio); Agapito Fernández Prieto, de 30; Bernardino Vara Rodríguez; Gregorio Conde Lorenzo, de 20; Juan González Hidalgo, de 23; y Felipe Rodríguez Domínguez, de 20. Trasladados al cementerio, fueron fusilados y enterrados en la fosa común. Al día siguiente fue asesinado de igual forma Sabino Vara Peña, de 21 años, y el día 16, Pedro Rodríguez Alonso, de 69 años (padre de Felipe Rodríguez Domínguez).
El 27 de abril de 1938 se pronunció la sentencia de la pieza separada de la causa 199/1936 contra Jesús Álvarez Montero, Tirso Vicente Aguado, Benigno Álvarez Montero, Rogelio Alfageme de Barrio y Nemesio Rodríguez Ferrero. En la vista, el Fiscal había pedido la pena de muerte para Jesús Álvarez, reclusión perpetua para su hermano y para Tirso Vicente, 25 años para Nemesio Rodríguez y 12 años para Rogelio Alfageme. El defensor simplemente solicitó “la máxima venevolencia [sic] para Jesús Álvarez Montero y Tirso Vicente Aguado [sic] y la libre absolución para los restantes” Al primero se le consideró “dirigente de la Casa del Pueblo, muy peligroso política y socialmente y que ha sufridos condena por atentado de carácter social”, mientras el segundo y el tercero eran tenidos por “meros ejecutores”. De Rogelio Alfageme de Barrio y Nemesio Rodríguez Ferrero “no se extima aprovada (sic) la participación los hechos (sic)”. En consecuencia, se consideró a los tres primeros responsables del delito de rebelión militar, por lo que se condenó a Jesús Álvarez Montero a pena de muerte y a los otros dos a “reclusión perpetua con sus accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante la condena”. Los dos últimos fueron absueltos. El 21 de octubre de 1939, el Jefe del Estado conmutó a Jesús Álvarez Montero la pena de muerte por la de reclusión perpetua. Jesús permaneció en prisión hasta 1942 y Benigno hasta 1945.
El presidente de la Gestora, Moisés Pulido, aunque había manifestado su intención de marchar a Portugal –lo que, al parecer, fue creído por las autoridades golpistas-, permaneció escondido bajo la cocina económica de su casa hasta el asesinato de su esposa, para refugiarse después en casa de su suegra hasta mayo de 1938, y en casa de su hermano en Molacillos hasta que, al conocer el Decreto de 20 de octubre de 1945 que indultaba a los condenados por rebelión, se presentó en el Gobierno Militar de Zamora el 8 de noviembre de ese año. El 25 de mayo de 1946 fue condenado a 20 años de reclusión menor, y el 11 de julio de 1946 se dictó el indulto total.
Varias familias quedaron destruidas: Cándido Ruiz contabiliza 14 viudas y un viudo, y al menos, 28 huérfanos. En la familia Álvarez Montero, además del asesinato del padre, la madre y José Manuel, y con Jesús huido, otros dos hermanos, Diosdado y Flores, fueron obligados a alistarse en el ejército franquista, mientras los tres menores quedaron en la calle y fueron recogidos por familiares. En enero de 1937, la Diputación aprobó la admisión del niño Cayetano Prieto en el hospicio de Zamora. Es un deber de honor mencionar aquí el valor de Mónica Prieto Gago, esposa de Agapito Fernández Prieto, que al ser interrogada en agosto de 1938, durante la tramitación del procedimiento de responsabilidades políticas contra los bienes heredados de su esposo, sólo quiso declarar que “pide la responsabilidad de la muerte de su mentado esposo. Agapito Fernández Prieto”.
Con 25 víctimas mortales, Torres del Carrizal se convirtió, en términos relativos, en la localidad zamorana más castigada por la represión, con el asesinato de un 3,60% de la población (en la cercana Gallegos del Pan fueron un 3,16%, en Fresno de la Ribera, un 2,18% y también en Cañizo superaron el 2%). Además de la represión física, se produjo una importante represión económica, en la que 22 vecinos fueron expedientados por la Comisión de Incautación de Bienes y por la jurisdicción de responsabilidades Políticas: los asesinados Jesús Álvarez Lozano, Antonio Cereceda González, Cayetano Prieto Medina, Antonio Calvo Quina, Felipe Lorenzo Manzano, Aureliano y Sigifredo Sastre Pérez, Aurelio de la Iglesia López, Agapito Fernández Prieto, Bernardino Vara Rodríguez, Felipe Rodríguez Domínguez, Gregorio Conde Lorenzo, Juan González Hidalgo, Paulino Lorenzo Manzano y Sabino Vara Peña, y también siete de los supervivientes: Manuel Álvarez Prieto, Marciano Álvarez Prieto, Tirso Vicente Aguado, Jesús Álvarez Montero, Benigno Álvarez Montero, Moisés Pulido Luengo, Florentino Álvarez Montero.
Las sentencias contra los herederos de quienes habían sido asesinados fueron publicadas en enero de 1940 por el tribunal regional de Responsabilidades Políticas, que impuso sanciones de 20.000 pesetas a los herederos de los asesinados Antonio Calvo Quina, Felipe Lorenzo Manzano y Felipe Rodríguez Domínguez, de 15.000 a los herederos de Antonio Cereceda González, Aureliano Sastre Pérez, Agapito Fernández Prieto, Bernardino Vara Rodríguez, Gregorio Conde Lorenzo, Juan González Hidalgo y Paulino Lorenzo Manzano, y de 10.000 a los herederos de Sabino Vara Peña.
Aunque no se puedan conocer las denuncias que dieron lugar a esta orgía de sangre, tenemos claros indicios del argumentario de los inductores a la luz de las declaraciones realizadas en el curso de los consejos de guerra y de los procedimientos de responsabilidades políticas. A pesar de la ausencia de pruebas y de otros testigos, el único testimonio presencial de los hechos calificados como de resistencia al alzamiento fue el del secretario municipal David Barrientos, que a su vez presionó a su empleado Aurelio de la Iglesia con garantías (que se revelarían falsas) de seguridad si prestaba declaración, y que insistió en culpar a Benigno Álvarez, que seguía en libertad. El alcalde, Toribio Miranda, acusaba a todos los detenidos de ser “de significación marxista y pertenecían a la Sociedad Obrera social comunista revolucionaria que existió en este pueblo”, especialmente a Antonio Cereceda, al que definía como “el instigador de todo, por supuesto comunista, mala persona y un ateo materialista”, y a Cayetano Prieto como “de conducta malísima y pendenciero que formó parte de la Nefasta Comisión Gestora comunista de este ayuntamiento, cometiendo en este cargo toda clase de atropellos y arbitrariedades”, y trató de inculpar especialmente a los supervivientes –por ejemplo, a Benigno Álvarez Montero-, hasta el punto de referirse a un miembro (encarcelado) de Izquierda Republicana como “sujeto indeseable y peligrosísimo para España dadas las condiciones perversas que en el encarnan, de ateo incorregible y marxista rabioso”. El jefe local de Falange, David Barrientos (hijo) centró sus acusaciones en Antonio Cereceda y Cayetano Prieto, basándose fundamentalmente en rumores sobre su vida privada y su conducta religiosa.
Las restantes declaraciones de derechistas locales implicados en el golpe siguieron la misma línea de incriminar a Antonio Cereceda y a los demás dirigentes obreros, así como a familiares de éstos que no habían sido detenidos. Así, Félix Contra Lozano, patrono participante en la sublevación, insistió en inculpar a Jesús Álvarez, su hermano Benigno y al alcalde Moisés Pulido. Por su parte, el cura párroco, Casto Polo, hizo objeto de su inquina acusatoria a los hermanos Álvarez Montero, especialmente a Jesús, al que llegó a atribuir la intención, basada en rumores, de haber querido matarlo “en la misa del Corpus Christi” y de “intentos de impedir actos religiosos”. Como es habitual, los informes del comandante de puesto de la Guardia Civil, Sebastián Mateos, agravaban todo lo posible las acusaciones, por ejemplo, contra Antonio Calvo Quina, al que acusaban de ser “un marxista destacado [que] exhibía con orgullo la corbata roja. Tomó parte en cuantas huelgas, manifestaciones y escándalos intervenían los de ideas afines y fue fusilado en Consejo de Guerra a la pena de muerte por haber hecho frente en los primeros días del Movimiento”, o contra Aureliano Sastre Pérez, al que señalaban por su estancia en Bilbao como “asesor” de ideas extremistas. Abundan en las declaraciones las frases repetidas palabra por palabra, como si hubieran sido dictadas o acordadas previamente, incluso en sus imprecisiones cronológicas, todo lo cual nos proporciona un retrato muy ilustrativo de la inquina y la cerrilidad que propiciaron que unos golpistas que habían controlado la localidad tan fácilmente desencadenaran semejante baño de sangre.
Recientemente, varios descendientes de víctimas –Diosdado Álvarez Prieto, Aniceto Prieto Barrientos, Araceli Peña Prieto- han impulsado ante el Ayuntamiento de Torres del Carrizal la iniciativa de conmemorar la memoria de los represaliados por medio de un reconocimiento moral, de la autorización de un homenaje y de la dotación de un espacio público en el que se instalaría el monolito que en su memoria fue diseñado por el fallecido escultor local Mariano Fernández Prieto.
Eduardo Martín González
Fuentes:
José A. García Díez, El Malvavisco [Episodios de la Guerra Civil Española], Zamora, Araceli Saavedra, 2013.
Alfonso Lara Díaz y Serrano, Prejuicios de la Guerra Civil Española, 1936-1939 a 1975, Zamora, ed. del autor, 2009.
Cándido Ruiz González, La espiga cortada y el trigo limpio. La comarca de Toro en la II República y el Primer Franquismo (1931-1945), Oñati, ed. del autor, 2011
Archivo Provincial de Zamora: Responsabilidades Políticas, Asociaciones.
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares): expedientes de depuración del magisterio.
Prensa: El Correo de Zamora, Heraldo de Zamora, La Voz del Trabajo, El Ideal Agrario, Imperio, Boletín Oficial de la Provincia.
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REPRESIÓN FRANQUISTA EN TORRES DEL CARRIZAL (ZAMORA)
El pueblo de Torres del Carrizal, perteneciente a la comarca de la Tierra del Pan y situado a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Zamora, tenía en el momento de proclamarse la República algo más de 700 habitantes. Los jornaleros estaban organizados en la Sociedad de Obreros Agrícolas Libertad, constituida el 5 de junio de 1920, y coetánea de las creadas en Aspariegos, Benegiles, Molacillos y otras localidades coincidiendo con los movimientos huelguísticos de ese año. Al constituirse la Sociedad ocupaban los cargos directivos: Liborio Ratón Baz (o Báez) (1871) (presidente); Tomás Barrios Alonso (1886) (vicepresidente); Juan Manuel Martín Ramos (secretario); Cesáreo García Gutiérrez (vicesecretario); Antonio Juárez Mayo (tesorero); Felicísimo Lorenzo Vicente (contador);y Basilio Lorenzo Vicente (1885), Isaías Fernández Temprano, Dalmacio de la Iglesia Prieto (1882) y Justo Alfageme González (1880) (vocales).
Por su parte, las clases propietarias, que en 1929 habían creado una “Sociedad de Vecinos Pudientes” (sic), dominaban la administración municipal: uno de ellos, Toribio Miranda Lorenzo (1887), fue elegido alcalde tras las elecciones del 12 de abril de 1931, mientras que el secretario del Ayuntamiento era David Barrientos Prieto (1881), perteneciente también a una familia de propietarios. La conexión entre el poder local y la clase propietaria resulta evidente si tenemos en cuenta que la Entidad Patronal Agraria constituida en abril de 1932 estaba presidida por Agustín Miranda (1885), hermano del alcalde, y tenía como secretario a Faustino Barrientos Prieto (1883), hermano del secretario municipal, con Andrés Conde (1880) como vicepresidente.
La Iglesia fue, en el período que estudiamos, un agente político con una clara beligerancia a favor del orden social establecido. En 1919 había impulsado la creación de una Asociación Agrícola de Labradores y de un Sindicato Agrícola Católico pero los propios informes emitidos por los propietarios para colaborar en la represión contra los dirigentes socialistas reconocerían el fracaso del sindicalismo amarillo, al atribuir a la Sociedad Obrera haber movilizado a “la totalidad de los obreros”. Una vez constituida la República, la Iglesia impulsó la constitución de un gran partido de derechas que aprovechase los mecanismos de la política de masas para hacerse con el poder y transformar el régimen desde dentro, con un programa de profunda reforma constitucional, y así se creó Acción Nacional, llamada después Acción Popular Agraria y, finalmente Acción Popular. Los primeros afiliados de este partido en Torres del Carrizal, en 1933, fueron Gregorio Barrientos Aguado (1913), Celso Gil Gaitán (1892), Félix Contra Lozano (1906), Juan Manuel Contra Pastor (1879), Macario Polo Pernía (1850), Rodrigo Miranda, Severino González Gago, Luciano de la Torre Alonso (1910) y Germán Alonso Hernández (1893).
En 1931, una nueva generación de obreros había sucedido a los fundadores al frente de la Sociedad. Su líder era Antonio Cereceda González (1877), un emigrante retornado de Argentina, que había instalado una carnicería y que, como era frecuente en las pequeñas localidades, fue recibido por la Iglesia y los propietarios con desconfianza por temor a que su posición económica le permitiera vivir al margen de las presiones patronales (poseía, además, dos viñas), y a que introdujera en la sociedad local elementos procedentes de una cultura política distinta, por ejemplo en el aspecto religioso o en la vida privada: las fuentes orales recuerdan todavía que se decía que no había bautizado a sus hijas, y tras su asesinato y el de su hija Elia (1907), se ensuciaría su memoria informando que “se corrió el rumor público, de que le perseguían como mala persona en la República argentina de Buenos Aires, y hasta se dijo también, si habían mandado a las Autoridades de este pueblo requisitoria en su busca, esto no puedo afirmarlo más que de rumor público”. También Cayetano Prieto Medina (1896) fue acusado tras su asesinato de que “no se descubría al paso de las procesiones”. Al menos en otro caso, el de Aureliano Sastre Pérez, su condición de inmigrante retornado (en este caso, del País Vasco) sería considerada como un indicio de su condición de “asesor” en materia de desorden y perturbación social. El vicepresidente de la Sociedad Obrera era Tirso Vicente Aguayo (1902).
Frente a la legislación laboral de los primeros meses de la República, que incrementaba la presencia de las organizaciones obreras en unos órganos independientes de control del mercado de trabajo, los propietarios, agrupados desde marzo de 1932 en la Entidad Patronal Agrícola de Torres del Carrizal, y amparándose en su control del Ayuntamiento, respondieron con boicoteos e incumplimientos. Durante el bienio de 1931-1933 fueron sancionados por incumplimiento de las Bases de Trabajo Rural diez patronos locales, incluidos el alcalde Toribio Miranda, su hermano Agustín Miranda, el secretario municipal David Barrientos, Alfonso Vizán Arribas (1894), Enrique Álvarez Prieto (1889), Leoncio Reguilón Prieto (1880), Juan Manuel Contra Pastor, Martín Cabezas Maillo (1963), Valero Gallego Campano (1865) y Fernando Hernández López (1874). Es conveniente recordar, cuando se nos habla de la dimensión social del régimen franquista y de su voluntad de superar la lucha de clases, que alcaldes prevaricadores y propietarios incumplidores de la legislación laboral serían los inductores, ejecutores y principales beneficiarios de la violencia con la que el franquismo consiguió implantarse. También debemos tener en cuenta, cuando se insiste en la violencia de la clase obrera –sintetizada, en los informes emitidos por los represores en Torres del Carrizal, como “toda clase de sabotajes, desmanes y amenazas”- y en las políticas de exclusión republicanas contra los partidos de centro y derecha, que la patronal desarrolló una violencia estructural (boicot a los obreros sindicados, incumplimiento de la legislación laboral) amparada o encubierta muchas veces por autoridades locales que eran cómplices de sus incumplimientos pero que no se abstenían de solicitar la intervención –muchas veces, desproporcionada- de las fuerzas del orden para defender una “libertad de trabajo” que consistía en realidad en un supuesto derecho a incumplir la legislación laboral.
La contratación de obreros forasteros y la consiguiente presión patronal para la rebaja de los jornales fue un desencadenante habitual de las huelgas con las que la Sociedad Obrera defendía el cumplimiento de las Bases y del Decreto de Términos Municipales. La propaganda de las derechas magnificó la “alteración del orden” que supuso la huelga de cinco días de duración de abril de 1932. En marzo del año siguiente, y también con motivo de la contratación de forasteros, una nueva huelga dio lugar a enfrentamientos en los que resultó herido Rafael Enríquez Miguel, labrador de 29 años, y fueron detenidos Jesús Álvarez Montero (1908), Sigifredo Sastre Pérez (1905), Tirso Vicente Aguayo, Paulino Lorenzo Manzano (1911) y Matías Prieto Ferrero, contratados por Fernando Hernández, suegro del herido. El conflicto se prolongó hasta finales de abril, cuando el gobernador civil envía un delegado de los Jurados Mixtos para que arbitre la negociación. Procesado el 13 de noviembre, Jesús Álvarez Montero, para cuya defensa la Federación provincial de Sociedades Obreras abrió una suscripción pública, como víctima de “provocación patronal”), fue condenado a 15 meses de prisión.
Tras la descomposición de la Conjunción republicano-socialista, que en las elecciones a Cortes constituyentes había obtenido más del 50% de votos en la localidad, en las elecciones generales de 1933 la coalición “anti-revolucionaria” de las derechas obtuvo un 57,18% de los votos sobre un censo de 362 votantes. Se abría así un bienio en el que las derechas emplearon todos los mecanismos del Estado para desvirtuar la obra social de la República. En junio de 1934 se produjo una huelga general campesina y el gobernador civil ordenó la concentración de fuerzas de la Guardia Civil en el pueblo. Ante las protestas de la Sociedad obrera contra la contratación de forasteros, el 20 de junio de 1934 los patronos denunciaron las “coacciones de que eran objeto los obreros forasteros, por parte de los locales”, y la Guardia Civil detuvo a varios obreros. La madre de uno de ellos, Rufina Montero Prieto, de 51 años, reprochó esta denuncia a la mujer de uno de los patronos y se generó una discusión en la que intervinieron el párroco Casto Polo Cantón (1897) y el sacerdote Emilio Conde, y como consecuencia de la cual fue detenida Rufina, que seguramente quedaría señalada, a partir de ese momento, como objetivo para futuras represalias.
En las elecciones del 16 de febrero de 1936, Torres del Carrizal fue una de las escasas localidades de la provincia en las que venció el Frente Popular, triunfador en el conjunto del país. Sobre un censo de 356 electores, el Frente Popular obtuvo un 44,54% de los votos, frente al 40,70% de la coalición “antimarxista”, y los candidatos más votados fueron los socialistas Ángel Galarza, y Quirino Salvadores con 138 y 127 votos respectivamente, seguidos por el derechista Geminiano Carrascal con 123. No hay duda de que el triunfo del Frente Popular señalaría a Torres del Carrizal, como otras localidades en igual situación (Fuentelapeña, Villalpando, Castroverde, Benavente, Manganeses de la Polvorosa, Montamarta, Requejo, Villabuena del Puente…) en el punto de mira, como objetivos prioritarios de la represión de los golpistas. Junto a los socialistas respaldaban a la coalición los simpatizantes locales de Izquierda Republicana, que no constituirían agrupación hasta el mes de abril siguiente.
Tras las elecciones de febrero se constituyó una gestora municipal presidida por Moisés Pulido Luengo, y en la que la Sociedad Obrera tenía como vocales a Jesús Álvarez Montero, Mauricio Fernández Carrascal (1904), Tirso Vicente Aguayo y Cayetano Prieto Medina. En acuerdos de 22 de abril y 12 de junio, la Gestora ordenó al párroco que saneara la huerta rectoral y, en concreto, el estanque o charca que se encontraba en ésta, acuerdos que el sacerdote desobedeció y recurrió ante los tribunales. Otra confrontación entre el párroco y la Gestora se produjo al aplicar las autoridades municipales la legislación republicana que exigía comunicación gubernativa para la celebración de procesiones religiosas en la vía pública. El 11 de mayo, la Gestora destituyó por 90 días al secretario David Barrientos Prieto, lo que motivó un recurso contencioso-administrativo
El 19 de julio por la tarde llegó a Torres del Carrizal la noticia de la sublevación. El presidente de la gestora ordenó la suspensión del baile que se celebraba en el Casino, lo que motivó un incidente con una joven menor de edad, Pilar Contra Lozano, que levantó el brazo realizando el saludo romano y fue encañonada por el alcalde con una pistola para que depusiera su actitud. Posteriormente, los afiliados de la Sociedad Obrera y gestores del ayuntamiento se reunieron en la Casa del Pueblo, donde fueron avisados por Aurelio de la Iglesia López (1910), empleado de David Barrientos, de que su amo y otros propietarios se habían desplazado a Zamora para ponerse al servicio de la sublevación y recoger armas con las que implantarían el nuevo orden en el pueblo. En previsión de la llegada de estos rebeldes armados, la Gestora municipal y la Sociedad Obrera organizaron patrullas ciudadanas para vigilar el pueblo y sus accesos.
El día 20 de julio, un pequeño grupo de entre doce y veinte personas, de los que sólo unos pocos portaban armas de fuego (escopetas de caza y pistolas), vigilaba la entrada al pueblo, en el paraje llamado El Revolcadero, con vigas cruzadas en la carretera para impedir el paso de vehículos. En este grupo estaban los principales miembros de la Casa del Pueblo y de la Comisión Gestora del ayuntamiento. A medianoche se aproximó un coche –propiedad del vecino de Arquillinos conocido como “El Obispo”, en el que viajaban dos individuos de derechas de aquella localidad, Lucio Vecilla Jurado (1890) y Emiliano de la Torre Fidalgo, y el secretario del ayuntamiento de Torres, David Barrientos, que traían armas y no obedecieron la orden de alto, pasando por encima de la viga y siguiendo su camino. Los miembros de la patrulla serían posteriormente acusados de haber disparado contra el coche, ocasionándole desperfectos por valor de 550 pesetas pero sin daños personales a sus ocupantes. Al parecer, ese mismo día visitó la localidad el cura párroco de Benegiles, que también transmitió noticias e instrucciones. Entre las personas que se desplazaron entre este y otros pueblos cercanos y Zamora para secundar la sublevación se encontraban también, al parecer, el mencionado Celso Gil, Santiago Conde y vecinos de Villalba de la Lampreana y de Cerecinos del Carrizal, como Gregorio Pinilla Turiño, quien según su hermano (el futuro gobernador civil, Carlos Pinilla) resultó herido de bala durante uno de estos desplazamientos, aunque nada indica que ello ocurriera en este incidente.
El 21 de julio hacia las diez de la mañana llegó al pueblo un camión con soldados del Regimiento Toledo y milicianos de paisano, al mando del alférez Esteban Mota Cansado (subdirector de la banda de música del Regimiento). Los obreros de Torres creyeron que se trataba de fuerzas favorables al gobierno legítimo, por lo que los saludaron puño en alto (a lo que algunos informes de la represión darían la vuelta para presentarlo como un recibimiento hostil por parte de una “manifestación tumultuaria”). A partir de ese momento, los soldados y falangistas acordonaron las casas que les señalaban miembros de las fuerzas vivas locales -sus auxiliares en esta operación fueron Félix Contra Lorenzo (1906), Rafael Enríquez, Celso Gil y Gregorio Contra- y detuvieron a seis personas -Rogelio Alfageme del Barrio, Jesús Álvarez Lozano (1880), Felipe Lorenzo Manzano (1898), Antonio Calvo Quina, Nemesio Rodríguez Ferrero y Sabino Vara Peña-, cuyo ingreso en la cárcel de Zamora se registró el 22 de julio. La versión de los hechos que se recoge en las declaraciones del posterior consejo de guerra afirma que “estando celebrando una manifestación tumultuaria llegaron fuerzas del Ejército que fueron recibidas con el puño en alto y obstentadas [sic] con algunos disparos”, pero los efectos de los supuestos disparos no constan en la sentencia. Seguidamente, los conservadores locales y los miembros de las fuerzas vivas, armados por la fuerza ocupante, se desplegaron por la localidad y sus accesos. Toribio Miranda recuperó la alcaldía, su hermano Agustín, el cargo de juez municipal, y el hijo del secretario David Barrientos asumió la jefatura local de Falange.
Los vocales obreros de la Gestora –con la excepción de Cayetano Prieto, que fue detenido- pudieron ocultarse. Tirso Vicente consiguió cruzar la frontera portuguesa y refugiarse en el pueblo de San Martín, hasta que, “por carecer de recursos”, regresó a Torres la noche del 18 de noviembre y permaneció escondido en su casa hasta que el 11 de noviembre de 1937 se entregó a las autoridades. Jesús Álvarez Montero, escondido también en el pueblo, se entregó el 9 de diciembre de 1937, para evitar represalias sobre la familia que lo había ocultado.
Durante los meses de agosto y septiembre se produjeron nuevas detenciones, y así, Antonio Cereceda González, presidente de la Sociedad Obrera, Paulino Lorenzo Manzano (1911), Pedro Rodríguez Alonso (1866) (según algún testimonio, por haber defendido a su hijo Felipe, detenido en julio), Aureliano Sastre Pérez, Bernardino Vara Rodríguez y Agapito Fernández Prieto (1905) ingresaron en prisión el 30 de agosto, y Aurelio de la Iglesia López, el 5 de septiembre. También se produjeron visitas de milicianos derechistas de localidades cercanas (Villalba de la Lampreana, Aspariegos, Arquillinos, Villarrín) que, entre otros, propinaron una paliza al maestro Práxedes Barrios (quien, sin embargo, no recibiría ninguna sanción en el expediente que le incoó la Comisión de Depuración del Magisterio). El 26 de septiembre fue sacado de la cárcel de Zamora y asesinado el albañil de 20 años Ricardo Coco Rodríguez, al que las fuentes orales no recuerdan, tal vez por ser originario de Zamora. El 30 de septiembre fue sacado de la cárcel de Zamora y asesinado Cayetano Prieto Medina, pastor de 39 años y vocal de la Gestora, en una de tantas sacas que, en esta ocasión, las autoridades disfrazaron con el eufemismo de que “al intentar fugarse durante la conducción fué [sic] muerto por la fuerza Pública”.
Contra los restantes detenidos se instruyó la causa 199/1936, por “rebelión militar”. La justicia de los sublevados convirtió la formación de una patrulla ciudadana por la Gestora municipal, ante las noticias de una sublevación militar, en “levantamiento de armas contra personas que se habían puesto a la defensa del Movimiento Salvador de España”, partiendo de la consideración de los ocupantes del coche como “fuerzas nacionales” y de la patrulla ciudadana como un “gran número de individuos provistos de armas”. Aunque en un principio el auto del juez instructor Antonio de la Hoz Rodríguez de 9 de septiembre responsabilizaba a los cuatro miembros huidos de la Gestora y consideraba que todos los detenidos habían actuado bajo las órdenes y la coacción de aquéllos, el Auditor de Guerra de la 7ª División, José Requejo, ordenó el 12 de septiembre de 1936 continuar el procedimiento sumarísimo por considerar la existencia de indicios suficientes contra todos los acusados, por lo que al día siguiente, un nuevo auto del instructor estimó probado “que existen indicios suficientes de criminalidad y mala fé [sic] por parte de los detenidos, pertenecientes todos ellos a Sociedades marxistas o izquierdistas de las que dirigen y secundan el Movimiento rojo” y decretó el procesamiento por adhesión a la rebelión de doce de los detenidos. El 21 de octubre de 1936 se celebró el consejo de guerra de plaza. El fiscal pedía 30 años de prisión para cada uno, mientras el defensor, el alférez de carabineros Simón García, solicitó la libre absolución. En la sentencia se dio por probado que Antonio Cereceda había dirigido la acción de la patrulla y se le condenó como director o animador del grupo a la pena de muerte por adhesión a la rebelión, mientras que el resto, once personas, fueron condenadas por adhesión a la rebelión a 30 años en el caso de Antonio Calvo Quina y Felipe Lorenzo Manzano (acusados de tener armas el día 19 de julio), y a 20 años y 1 día el resto del grupo por el mismo delito, salvo Sabino Vara Peña, condenado a 12 años y 1 día, por auxilio a la rebelión.
Es evidente que las primeras impresiones reflejadas en el auto inicial, con carácter claramente exculpatorias, fueron rectificadas por las presiones recibidas para que los obreros de Torres sufrieran el máximo castigo no sólo por el hecho en sí de oponerse al Alzamiento sino también por todos los agravios percibidos por los propietarios locales durante los cinco años anteriores. Pasada la sentencia al Auditor, las penas fueron confirmadas, si bien, confirmando nuevamente la carencia de garantías de la justicia militar franquista, todos los condenados a penas de prisión, excepto Marciano Álvarez Prieto, serían asesinados entre los meses de octubre y diciembre.
La cuota de sangre que los inductores locales de la represión querían cobrar a los militantes obreros de Torres no se extinguiría con los detenidos. La huida de los más destacados miembros de la Sociedad Obrera espoleó el afán de tomar represalias contra sus familiares, en lo que era una práctica normalizada entre los golpistas. El 29 de octubre de 1936 varios hombres de Torres y de localidades cercanas acudieron a la casa de la familia Álvarez Montero, buscando al vocal de la gestora Jesús Álvarez Montero, que se encontraba en paradero desconocido. Fueron atendidos por su madre, Rufina Montero (de 53 años), pues su marido Jesús Álvarez estaba detenido. Al no encontrar a Jesús, se llevaron a su madre y a su hermano José Manuel, de 18 años, al Ayuntamiento, supuestamente para tomarles declaración. Esa misma noche, ellos dos y otros cinco vecinos del pueblo –Segisfredo Sastre Pérez, de 30 años (hermano de Aureliano), Elia Cereceda Vara, de 28 años (hija de Antonio y esposa de Cayetano Prieto); María Manzano González, de 49 años (madre de Felipe y Paulino Lorenzo), Serapio Vara Rodríguez, de 26 años (hermano de Bernardino) y Alejandro Peña Vara- fueron trasladados al puente de Seis Ojos, a las afueras del pueblo, donde fueron asesinados a tiros. Presenciaron la escena, escondidos, otro de los hermanos Álvarez Montero, Diosdado, de 16 años, y Domingo González, suegro de Segisfredo Sastre. Los asesinos regresaron al pueblo y volvieron con un carro, acompañados por otros dos vecinos del pueblo, a los que obligaron a cargar los cadáveres, trasladarlos al cementerio y enterrarlos en una fosa común, tras haber vejado el cadáver de Rufina, que era especialmente odiada por algunas personas de la derecha local, sobre todo desde su enfrentamiento con el párroco en 1934.
Dos días después, el 31 de octubre, fue sacado de la cárcel y asesinado en el cementerio de Zamora el marido de Rufina y padre de Jesús y José Manuel, Jesús Álvarez Lozano, de 55 años. El herrero Benito Fernández Carrascal, de 42 años, que tras permanecer escondido tres meses trató de pasar a la zona bajo control del gobierno y fue detenido en octubre, fue asesinado 20 de noviembre. Ese mismo día ingresó en prisión su hermano Mauricio, de 31 años, que fue asesinado siete días después (otro hermano, Venancio, presidente de la gestora de Molacillos, había sido asesinado en aquel pueblo en agosto).
A las 6,30 de la mañana del 7 de diciembre, junto a dos vecinos de Moraleja del Vino condenados en otro consejo de guerra, fue fusilado en el cementerio de Zamora Antonio Cereceda González, de 59 años, cuya muerte se inscribió en el Registro Civil como ocasionada por “shock traumático” y se anunció en la prensa provincial.
El 11 de diciembre fueron sacados de la cárcel de Zamora, por orden del gobernador civil Hernández Comes, once detenidos de Torres cuyo destino era supuestamente Bermillo de Sayago: Antonio Calvo Quina, de 22 años; Felipe Lorenzo Manzano, de 27; Paulino Lorenzo Manzano, de 24; Aureliano Sastre Pérez, de 45; Aurelio de la Iglesia López, de 25 (a quien el secretario David Barrientos había proporcionado garantías de que “se salvaría” si declaraba sobre los hechos del 20 de julio); Agapito Fernández Prieto, de 30; Bernardino Vara Rodríguez; Gregorio Conde Lorenzo, de 20; Juan González Hidalgo, de 23; y Felipe Rodríguez Domínguez, de 20. Trasladados al cementerio, fueron fusilados y enterrados en la fosa común. Al día siguiente fue asesinado de igual forma Sabino Vara Peña, de 21 años, y el día 16, Pedro Rodríguez Alonso, de 69 años (padre de Felipe Rodríguez Domínguez).
El 27 de abril de 1938 se pronunció la sentencia de la pieza separada de la causa 199/1936 contra Jesús Álvarez Montero, Tirso Vicente Aguado, Benigno Álvarez Montero, Rogelio Alfageme de Barrio y Nemesio Rodríguez Ferrero. En la vista, el Fiscal había pedido la pena de muerte para Jesús Álvarez, reclusión perpetua para su hermano y para Tirso Vicente, 25 años para Nemesio Rodríguez y 12 años para Rogelio Alfageme. El defensor simplemente solicitó “la máxima venevolencia [sic] para Jesús Álvarez Montero y Tirso Vicente Aguado [sic] y la libre absolución para los restantes” Al primero se le consideró “dirigente de la Casa del Pueblo, muy peligroso política y socialmente y que ha sufridos condena por atentado de carácter social”, mientras el segundo y el tercero eran tenidos por “meros ejecutores”. De Rogelio Alfageme de Barrio y Nemesio Rodríguez Ferrero “no se extima aprovada (sic) la participación los hechos (sic)”. En consecuencia, se consideró a los tres primeros responsables del delito de rebelión militar, por lo que se condenó a Jesús Álvarez Montero a pena de muerte y a los otros dos a “reclusión perpetua con sus accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante la condena”. Los dos últimos fueron absueltos. El 21 de octubre de 1939, el Jefe del Estado conmutó a Jesús Álvarez Montero la pena de muerte por la de reclusión perpetua. Jesús permaneció en prisión hasta 1942 y Benigno hasta 1945.
El presidente de la Gestora, Moisés Pulido, aunque había manifestado su intención de marchar a Portugal –lo que, al parecer, fue creído por las autoridades golpistas-, permaneció escondido bajo la cocina económica de su casa hasta el asesinato de su esposa, para refugiarse después en casa de su suegra hasta mayo de 1938, y en casa de su hermano en Molacillos hasta que, al conocer el Decreto de 20 de octubre de 1945 que indultaba a los condenados por rebelión, se presentó en el Gobierno Militar de Zamora el 8 de noviembre de ese año. El 25 de mayo de 1946 fue condenado a 20 años de reclusión menor, y el 11 de julio de 1946 se dictó el indulto total.
Varias familias quedaron destruidas: Cándido Ruiz contabiliza 14 viudas y un viudo, y al menos, 28 huérfanos. En la familia Álvarez Montero, además del asesinato del padre, la madre y José Manuel, y con Jesús huido, otros dos hermanos, Diosdado y Flores, fueron obligados a alistarse en el ejército franquista, mientras los tres menores quedaron en la calle y fueron recogidos por familiares. En enero de 1937, la Diputación aprobó la admisión del niño Cayetano Prieto en el hospicio de Zamora. Es un deber de honor mencionar aquí el valor de Mónica Prieto Gago, esposa de Agapito Fernández Prieto, que al ser interrogada en agosto de 1938, durante la tramitación del procedimiento de responsabilidades políticas contra los bienes heredados de su esposo, sólo quiso declarar que “pide la responsabilidad de la muerte de su mentado esposo. Agapito Fernández Prieto”.
Con 25 víctimas mortales, Torres del Carrizal se convirtió, en términos relativos, en la localidad zamorana más castigada por la represión, con el asesinato de un 3,60% de la población (en la cercana Gallegos del Pan fueron un 3,16%, en Fresno de la Ribera, un 2,18% y también en Cañizo superaron el 2%). Además de la represión física, se produjo una importante represión económica, en la que 22 vecinos fueron expedientados por la Comisión de Incautación de Bienes y por la jurisdicción de responsabilidades Políticas: los asesinados Jesús Álvarez Lozano, Antonio Cereceda González, Cayetano Prieto Medina, Antonio Calvo Quina, Felipe Lorenzo Manzano, Aureliano y Sigifredo Sastre Pérez, Aurelio de la Iglesia López, Agapito Fernández Prieto, Bernardino Vara Rodríguez, Felipe Rodríguez Domínguez, Gregorio Conde Lorenzo, Juan González Hidalgo, Paulino Lorenzo Manzano y Sabino Vara Peña, y también siete de los supervivientes: Manuel Álvarez Prieto, Marciano Álvarez Prieto, Tirso Vicente Aguado, Jesús Álvarez Montero, Benigno Álvarez Montero, Moisés Pulido Luengo, Florentino Álvarez Montero.
Las sentencias contra los herederos de quienes habían sido asesinados fueron publicadas en enero de 1940 por el tribunal regional de Responsabilidades Políticas, que impuso sanciones de 20.000 pesetas a los herederos de los asesinados Antonio Calvo Quina, Felipe Lorenzo Manzano y Felipe Rodríguez Domínguez, de 15.000 a los herederos de Antonio Cereceda González, Aureliano Sastre Pérez, Agapito Fernández Prieto, Bernardino Vara Rodríguez, Gregorio Conde Lorenzo, Juan González Hidalgo y Paulino Lorenzo Manzano, y de 10.000 a los herederos de Sabino Vara Peña.
Aunque no se puedan conocer las denuncias que dieron lugar a esta orgía de sangre, tenemos claros indicios del argumentario de los inductores a la luz de las declaraciones realizadas en el curso de los consejos de guerra y de los procedimientos de responsabilidades políticas. A pesar de la ausencia de pruebas y de otros testigos, el único testimonio presencial de los hechos calificados como de resistencia al alzamiento fue el del secretario municipal David Barrientos, que a su vez presionó a su empleado Aurelio de la Iglesia con garantías (que se revelarían falsas) de seguridad si prestaba declaración, y que insistió en culpar a Benigno Álvarez, que seguía en libertad. El alcalde, Toribio Miranda, acusaba a todos los detenidos de ser “de significación marxista y pertenecían a la Sociedad Obrera social comunista revolucionaria que existió en este pueblo”, especialmente a Antonio Cereceda, al que definía como “el instigador de todo, por supuesto comunista, mala persona y un ateo materialista”, y a Cayetano Prieto como “de conducta malísima y pendenciero que formó parte de la Nefasta Comisión Gestora comunista de este ayuntamiento, cometiendo en este cargo toda clase de atropellos y arbitrariedades”, y trató de inculpar especialmente a los supervivientes –por ejemplo, a Benigno Álvarez Montero-, hasta el punto de referirse a un miembro (encarcelado) de Izquierda Republicana como “sujeto indeseable y peligrosísimo para España dadas las condiciones perversas que en el encarnan, de ateo incorregible y marxista rabioso”. El jefe local de Falange, David Barrientos (hijo) centró sus acusaciones en Antonio Cereceda y Cayetano Prieto, basándose fundamentalmente en rumores sobre su vida privada y su conducta religiosa.
Las restantes declaraciones de derechistas locales implicados en el golpe siguieron la misma línea de incriminar a Antonio Cereceda y a los demás dirigentes obreros, así como a familiares de éstos que no habían sido detenidos. Así, Félix Contra Lozano, patrono participante en la sublevación, insistió en inculpar a Jesús Álvarez, su hermano Benigno y al alcalde Moisés Pulido. Por su parte, el cura párroco, Casto Polo, hizo objeto de su inquina acusatoria a los hermanos Álvarez Montero, especialmente a Jesús, al que llegó a atribuir la intención, basada en rumores, de haber querido matarlo “en la misa del Corpus Christi” y de “intentos de impedir actos religiosos”. Como es habitual, los informes del comandante de puesto de la Guardia Civil, Sebastián Mateos, agravaban todo lo posible las acusaciones, por ejemplo, contra Antonio Calvo Quina, al que acusaban de ser “un marxista destacado [que] exhibía con orgullo la corbata roja. Tomó parte en cuantas huelgas, manifestaciones y escándalos intervenían los de ideas afines y fue fusilado en Consejo de Guerra a la pena de muerte por haber hecho frente en los primeros días del Movimiento”, o contra Aureliano Sastre Pérez, al que señalaban por su estancia en Bilbao como “asesor” de ideas extremistas. Abundan en las declaraciones las frases repetidas palabra por palabra, como si hubieran sido dictadas o acordadas previamente, incluso en sus imprecisiones cronológicas, todo lo cual nos proporciona un retrato muy ilustrativo de la inquina y la cerrilidad que propiciaron que unos golpistas que habían controlado la localidad tan fácilmente desencadenaran semejante baño de sangre.
Recientemente, varios descendientes de víctimas –Diosdado Álvarez Prieto, Aniceto Prieto Barrientos, Araceli Peña Prieto- han impulsado ante el Ayuntamiento de Torres del Carrizal la iniciativa de conmemorar la memoria de los represaliados por medio de un reconocimiento moral, de la autorización de un homenaje y de la dotación de un espacio público en el que se instalaría el monolito que en su memoria fue diseñado por el fallecido escultor local Mariano Fernández Prieto.
Eduardo Martín González
Fuentes:
José A. García Díez, El Malvavisco [Episodios de la Guerra Civil Española], Zamora, Araceli Saavedra, 2013.
Alfonso Lara Díaz y Serrano, Prejuicios de la Guerra Civil Española, 1936-1939 a 1975, Zamora, ed. del autor, 2009.
Cándido Ruiz González, La espiga cortada y el trigo limpio. La comarca de Toro en la II República y el Primer Franquismo (1931-1945), Oñati, ed. del autor, 2011
Archivo Provincial de Zamora: Responsabilidades Políticas, Asociaciones.
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares): expedientes de depuración del magisterio.
Prensa: El Correo de Zamora, Heraldo de Zamora, La Voz del Trabajo, El Ideal Agrario, Imperio, Boletín Oficial de la Provincia.
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