https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190506/memoria-historica-se-busca-familiares-ocho-fusilados-franquismo-guerra-civil-7438031
Los parientes de cuatro de los asesinados en 1936 en una 'saca' de la cárcel de Ciudad Rodrigo (Salamanca) emigraron a Catalunya
Es la primera intervención de rescate de restos de desaparecidos en la retaguardia de la Guerra Civil en la que participa un forense del Estado
Acta de defunción de Graciliano Hernández Tomás y casquillo de máuser hallado en la finca de Pedrotoro donde se cree que lo fusilaron. /
Un casquillo
de máuser hallado a cuatro dedos bajo la hierba de la finca La Rad es la primera pista que dice
al equipo de arqueólogos Aranzadi que se encuentran en el lugar correcto.
Durante siete años, los investigadores de la Asociación Salamanca Memoria y
Justicia sospechaban que allí se mató a gente. Y un detector de metales se lo ha corroborado.
El hallazgo ha tenido lugar la pasada semana en el
término de Pedrotoro, pedanía de Ciudad Rodrigo (Salamanca), una aldea habitada
por seis vecinos. La finca es una llanada de bosquecillo silvestre y tierra de
paso de ganado en el valle de Lagar, cerca del río Águeda. En ese paraje
silencioso y soleado tuvo lugar una
de las millares de tragedias oscuras
del otoño de 1936.
En catas del terreno acotadas con palos, los
memorialistas salmantinos y el equipo técnico que dirige el prestigioso forense Francisco Etxeberria
buscan los restos de ocho personas que,
el 16 de octubre de aquel año tremendo, exhalaron allí su último suspiro.
Pero la búsqueda no es solo bajo tierra. Luisa Vicente, maestra
jubilada, coordinadora de Salamanca Memoria y Justicia, está difundiendo como
puede un llamamiento a quienes pudieran ser familiares de quienes perecieron
ese día en la finca por los balazos de un escuadrón de 'paseos'.
Las personas cuyos huesos se trata de recuperar son Balbino Escalera Iglesias, natural de Villamiel (Cáceres); Graciliano Hernández Tomás, de Puebla de Azaba (Salamanca); Pablo Santos Sánchez,
de Palma de Mallorca; Antonio Hernández Rastrero, nacido en Casillas de Flores (Salamanca); y los
vecinos de Ciudad Rodrigo Ángel Sierra
Mangas, Remigio Baz Martín, Gertrudis Sánchez Montero, alias ‘La Gaona’, y Clara Machado Vieira.
Listas
de presos ingresados y sacados de la prisión de Ciudad Rodrigo (derecha) en
1936. / SMJ
Y a sus deudos se les busca por toda España. A
Salamanca Memoria y Justicia han llegado ya pistas de una nieta de Graciliano Hernández en el País Vasco. Pero en la asociación creen que hay más familia
de aquel hombre, además, esparcida por Catalunya. También asevera Luisa Vicente
ese vínculo catalán para los casos de Balbino Escalera, Ángel Sierra y Remigio
Baz.
"En esta tierra, cuando el cabeza de familia era fusilado –explica
Vicente-, su viuda y sus hijos quedaban en la ruina, y sometidos al estigma del
rojo. Continuar aquí se les hacía
imposible. Muchas familias de asesinados de esta zona entre 1936 y 1941, iban
malvendiendo su hacienda o se la requisaban, y tarde o temprano emigraban a
otros puntos del país para buscarse el pan".
"Heridas de arma de fuego"
Ochenta y tres años ha estado esa bala esperando bajo
tierra a ser encontrada como prueba del crimen; pero no es la única evidencia
en hablar. Setenta y cinco años ha dormido en los archivos de Gallegos de
Argañán (localidad vecina de Ciudad Rodrigo) la principal certificación escrita de Pedrotoro como
lugar de ejecución extrajudicial.
Se trata del acta de defunción de Graciliano Hernández
Tomás, de profesión jornalero, redactada por el juez municipal Ricardo Sevillano.
No es que las autoridades del franquismo expidieran una certificación a todo el
que fuera paseado.
De hecho fue a petición de la viuda que el papel se rellenó el 14 de octubre de
1944. Herminia Martín, madre solitaria de dos huérfanos, Ángel y Josefa,
buscaba con el acta poder acreditar su derecho sobre alguna herencia.
El lugar de fallecimiento que señala el acta es
Pedrotoro. La causa de la muerte aparece apenas descrita en el papel y, sin
embargo, su laconismo muestra con elocuencia qué tipo de silencio
administrativo cubría los asesinatos en campos y cunetas, en los raros casos en
que estos se anotaban: "Heridas de arma de fuego,
ignorándose las circunstancias por el estado de guerra de la nación", dice.
El documento consigna como fecha de la muerte el 16 de octubre de
1936. Hay un espacio que debiera haberse
rellenado tras la frase impresa "y su cadáver habrá de recibir sepultura
en el cementerio de", pero el juez solo puso ahí una raya de
estilográfica.
Columna vacía
Tampoco dice gran cosa, y a la vez significa mucho, el
vacío tras el nombre del labrador Graciliano en el registro de la cárcel de
Ciudad Rodrigo, de donde partió hacia la muerte.
Luisa Vicente y su esposo, Felipe Sánchez,
localizaron el apunte durante la búsqueda. Es un listado de cuidada caligrafía,
que encabeza un largo título: "Prisión
de partido de Ciudad Rodrigo. Relación nominal de los reclusos existentes en la misma durante el mes indicado".
Junto a la fila de nombres de los presos hay una
columna anormalmente vacía: "Delito". Solo a los verdaderos
delincuentes se les apuntaba la causa de su prisión: "robo" o
"allanamiento de morada" en la mayoría de los casos. A los que entraron llevados allí como rojos atrapados por guardias civiles o partidas de falangistas
no se les anota causa alguna; casilla en blanco.
Como en otras sacas aún más numerosas, a los ocho
excarcelados el 16 de octubre de 1936 se les añade en la columna final, la de
la causa de salida, un también lacónico "detenido militar".
Testimonios
Pero los papeles no son los únicos en señalar a
Pedrotoro. La investigación pasa por el testimonio de testigos. El dueño de una
finca colindante, vecino del pueblo, ha relatado cómo su padre siempre sostuvo
que al otro lado de la tapia estaban los ocho de Ciudad Rodrigo. Y aún otro
vecino, campesino, ha referido a los investigadores que su padre y otros
jornaleros del valle llamaban a la finca La Rad "la tierra
de los muertos".
Catas
en el terreno de la finca La Rad de Pedrotoro (Salamanca) en busca de restos de
personas fusiladas en 1936. / SMJ
"A menudo nos da pistas la memoria de los
trabajadores del campo de los años 30 recogida por sus hijos –explica Luisa Vicente. Y la de los ancianos que, pasado ya
tanto tiempo, empiezan a atreverse a hablar".
El pasado 29 de abril consiguieron los memorialistas
firmar un contrato de ocupación de La Rad para las excavaciones. Anima a los
arqueólogos el hecho de que la finca no ha sido cultivada nunca desde 1936, y
solo tiene una suave pendiente, por lo que la tierra no ha sido removida por el
hombre, y apenas por el agua. Es tan estable, que, de hecho, los buscadores están hallando también balas redondas
de plomo, y pedazos de granadas decimonónicas,
pues el paraje fue escenario de escaramuzas de la guerra de Independencia
contra Napoleón.
Por primera vez en una excavación, es el Estado, en desarrollo de la Ley de Memoria
Histórica, el que pone el forense. Y
Luisa Vicente cree que no será la última: "Espero que el precedente se
normalice con un nuevo gobierno socialista", opina tras una
campaña electoral en la que los bandos han pasado de puntillas sobre
la Memoria Histórica.
Para esta activista contra el olvido, nieta de un
fusilado, es "fundamental" encontrar
a los familiares.
Son imprescindibles para las pruebas de ADN. Si no se pueden hacer esas pruebas, los restos
que rescaten de la fosa irán a un osario común del cementerio de Salamanca tras
un breve paso por el Instituto de Medicina Legal de la ciudad. "Y ahí
–dice Vicente- sí que se perderían para siempre".
Ochenta fosas y un millar de muertos
Mapa
y excavación en la finca La Rad de Pedrotoro (Salamanca). / SMJ
Los
investigadores de Salamanca Memoria y Justicia estiman en 80 las fosas, con un millar de asesinados dentro, que aún están por recuperar en una faja de
territorio agrario que comprende desde Ciudad Rodrigo hasta el término de
Salamanca.
La
matanza de la finca La Rad de Pedrotoro tuvo lugar el 16 de octubre de 1936.
Habían pasado 72 horas del conocido incidente en el paraninfo de la Universidad
de Salamanca, cuando el rector Miguel de Unamuno se
encaró con el legionario Millán Astray.
Aún repicaban por tanto en las charlas de los cafés de la ciudad el
"venceréis pero no convenceréis" y el "muera la inteligencia,
viva la muerte" que jalonaron la riña, de cuya literalidad dudan hoy los
expertos.
Las
anotaciones del registro de la prisión de Ciudad Rodrigo, pequeño palacio del
XVIII reconvertido en cárcel, reflejan cómo fueron de frecuentes las sacas de grupos de prisioneros para
ajusticiarlos al margen de cualquier proceso judicial, en una provincia en la que Franco estableció la
primera sede de su jefatura de Estado.
Una
implacable razzia se desarrolló en Salamanca desde el primer ataque contra civiles contabilizado en la
guerra. Un percance al que los locales conocen
como el "Tiro de la plaza". El domingo 19 de julio de 1936, numerosos vecinos se habían concentrado en el hermoso
cuadrado porticado de la ciudad, ante un escuadrón de
caballería y un piquete de infantería.
Cuando
un capitán leyó el bando con el que la guarnición de Salamanca se adhería al
golpe de Estado, se crispó la multitud. De un soportal partió un tiro de
pistola que hirió a un cabo. Los militares respondieron con una ráfaga de ametralladora contra la gente. Murieron
en un primero momento cinco hombres y una adolescente, y otros seis heridos fallecieron en las jornadas
posteriores a consecuencia de los balazos. A partir de aquel día comenzaron las
redadas.
En
los primeros meses de la Guerra Civil, la villa de Ciudad Rodrigo devino en centro de detención de cuanto campesino o
concejal rebelde era atrapado. Se
habilitaron hasta cinco prisiones. La localidad había sido uno de los últimos
núcleos de resistencia republicana en la provincia, en el que ugetistas y
socialistas se impusieron a guardias civiles y soldados hasta el 20 de julio.
La cercanía de la sierra de Francia, escondite de fugitivos, añadía tensión al
escenario.
Los
pelotones de fusilamiento esparcieron sus matanzas por el alfoz de la
localidad. No son enterramientos regulares, ni los cadáveres que contienen figuran en sumarios de
consejos de guerra o jueces ordinarios de instrucción.
Se les mató de madrugada o al anochecer, tras breves trayectos de camión por la
campiña, y sin ese público de señoras salmantinas con escapulario que, como denunció Unamuno en su discurso del paraninfo, asistían en la ciudad a los ajusticiamientos.
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