dilluns, 6 de maig de 2019

Se busca a los familiares de ocho fusilados por el franquismo.


https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190506/memoria-historica-se-busca-familiares-ocho-fusilados-franquismo-guerra-civil-7438031


Los parientes de cuatro de los asesinados en 1936 en una 'saca' de la cárcel de Ciudad Rodrigo (Salamanca) emigraron a Catalunya

Es la primera intervención de rescate de restos de desaparecidos en la retaguardia de la Guerra Civil en la que participa un forense del Estado






Acta de defunción de Graciliano Hernández Tomás y casquillo de máuser hallado en la finca de Pedrotoro donde se cree que lo fusilaron. / SMJ


Un casquillo de máuser hallado a cuatro dedos bajo la hierba de la finca La Rad es la primera pista que dice al equipo de arqueólogos Aranzadi que se encuentran en el lugar correcto. Durante siete años, los investigadores de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia sospechaban que allí se mató a gente. Y un detector de metales se lo ha corroborado.

El hallazgo ha tenido lugar la pasada semana en el término de Pedrotoro, pedanía de Ciudad Rodrigo (Salamanca), una aldea habitada por seis vecinos. La finca es una llanada de bosquecillo silvestre y tierra de paso de ganado en el valle de Lagar, cerca del río Águeda. En ese paraje silencioso y soleado tuvo lugar una de las millares de tragedias oscuras del otoño de 1936.

En catas del terreno acotadas con palos, los memorialistas salmantinos y el equipo técnico que dirige el prestigioso forense Francisco Etxeberria buscan los restos de ocho personas que, el 16 de octubre de aquel año tremendo, exhalaron allí su último suspiro.

Pero la búsqueda no es solo bajo tierra. Luisa Vicente, maestra jubilada, coordinadora de Salamanca Memoria y Justicia, está difundiendo como puede un llamamiento a quienes pudieran ser familiares de quienes perecieron ese día en la finca por los balazos de un escuadrón de 'paseos'.

Las personas cuyos huesos se trata de recuperar son Balbino Escalera Iglesias, natural de Villamiel (Cáceres); Graciliano Hernández Tomás, de Puebla de Azaba (Salamanca); Pablo Santos Sánchez, de Palma de Mallorca; Antonio Hernández Rastrero, nacido en Casillas de Flores (Salamanca); y los vecinos de Ciudad Rodrigo Ángel Sierra Mangas, Remigio Baz Martín, Gertrudis Sánchez Montero, alias ‘La Gaona’, y Clara Machado Vieira.


Listas de presos ingresados y sacados de la prisión de Ciudad Rodrigo (derecha) en 1936. / SMJ

Y a sus deudos se les busca por toda España. A Salamanca Memoria y Justicia han llegado ya pistas de una nieta de Graciliano Hernández en el País Vasco. Pero en la asociación creen que hay más familia de aquel hombre, además, esparcida por Catalunya. También asevera Luisa Vicente ese vínculo catalán para los casos de Balbino Escalera, Ángel Sierra y Remigio Baz.

"En esta tierra, cuando el cabeza de familia era fusilado –explica Vicente-, su viuda y sus hijos quedaban en la ruina, y sometidos al estigma del rojo. Continuar aquí se les hacía imposible. Muchas familias de asesinados de esta zona entre 1936 y 1941, iban malvendiendo su hacienda o se la requisaban, y tarde o temprano emigraban a otros puntos del país para buscarse el pan".

"Heridas de arma de fuego"
Ochenta y tres años ha estado esa bala esperando bajo tierra a ser encontrada como prueba del crimen; pero no es la única evidencia en hablar. Setenta y cinco años ha dormido en los archivos de Gallegos de Argañán (localidad vecina de Ciudad Rodrigo) la principal certificación escrita de Pedrotoro como lugar de ejecución extrajudicial.

Se trata del acta de defunción de Graciliano Hernández Tomás, de profesión jornalero, redactada por el juez municipal Ricardo Sevillano. No es que las autoridades del franquismo expidieran una certificación a todo el que fuera paseado. De hecho fue a petición de la viuda que el papel se rellenó el 14 de octubre de 1944. Herminia Martín, madre solitaria de dos huérfanos, Ángel y Josefa, buscaba con el acta poder acreditar su derecho sobre alguna herencia.

El lugar de fallecimiento que señala el acta es Pedrotoro. La causa de la muerte aparece apenas descrita en el papel y, sin embargo, su laconismo muestra con elocuencia qué tipo de silencio administrativo cubría los asesinatos en campos y cunetas, en los raros casos en que estos se anotaban: "Heridas de arma de fuego, ignorándose las circunstancias por el estado de guerra de la nación", dice.

El documento consigna como fecha de la muerte el 16 de octubre de 1936. Hay un espacio que debiera haberse rellenado tras la frase impresa "y su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio de", pero el juez solo puso ahí una raya de estilográfica.

Columna vacía
Tampoco dice gran cosa, y a la vez significa mucho, el vacío tras el nombre del labrador Graciliano en el registro de la cárcel de Ciudad Rodrigo, de donde partió hacia la muerte.

Luisa Vicente y su esposo, Felipe Sánchez, localizaron el apunte durante la búsqueda. Es un listado de cuidada caligrafía, que encabeza un largo título: "Prisión de partido de Ciudad Rodrigo. Relación nominal de los reclusos existentes en la misma durante el mes indicado".

Junto a la fila de nombres de los presos hay una columna anormalmente vacía: "Delito". Solo a los verdaderos delincuentes se les apuntaba la causa de su prisión: "robo" o "allanamiento de morada" en la mayoría de los casos. A los que entraron llevados allí como rojos atrapados por guardias civiles o partidas de falangistas no se les anota causa alguna; casilla en blanco.

Como en otras sacas aún más numerosas, a los ocho excarcelados el 16 de octubre de 1936 se les añade en la columna final, la de la causa de salida, un también lacónico "detenido militar".

Testimonios
Pero los papeles no son los únicos en señalar a Pedrotoro. La investigación pasa por el testimonio de testigos. El dueño de una finca colindante, vecino del pueblo, ha relatado cómo su padre siempre sostuvo que al otro lado de la tapia estaban los ocho de Ciudad Rodrigo. Y aún otro vecino, campesino, ha referido a los investigadores que su padre y otros jornaleros del valle llamaban a la finca La Rad "la tierra de los muertos".


Catas en el terreno de la finca La Rad de Pedrotoro (Salamanca) en busca de restos de personas fusiladas en 1936. / SMJ

"A menudo nos da pistas la memoria de los trabajadores del campo de los años 30  recogida por sus hijos –explica Luisa Vicente. Y la de los ancianos que, pasado ya tanto tiempo, empiezan a atreverse a hablar".

El pasado 29 de abril consiguieron los memorialistas firmar un contrato de ocupación de La Rad para las excavaciones. Anima a los arqueólogos el hecho de que la finca no ha sido cultivada nunca desde 1936, y solo tiene una suave pendiente, por lo que la tierra no ha sido removida por el hombre, y apenas por el agua. Es tan estable, que, de hecho, los buscadores están hallando también balas redondas de plomo, y pedazos de granadas decimonónicas, pues el paraje fue escenario de escaramuzas de la guerra de Independencia contra Napoleón.

Por primera vez en una excavación, es el Estado, en desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, el que pone el forense. Y Luisa Vicente cree que no será la última: "Espero que el precedente se normalice con un nuevo gobierno socialista", opina tras una campaña electoral en la que los bandos han pasado de puntillas sobre la Memoria Histórica.

Para esta activista contra el olvido, nieta de un fusilado, es "fundamental" encontrar a los familiares. 

Son imprescindibles para las pruebas de ADN. Si no se pueden hacer esas pruebas, los restos que rescaten de la fosa irán a un osario común del cementerio de Salamanca tras un breve paso por el Instituto de Medicina Legal de la ciudad. "Y ahí –dice Vicente- sí que se perderían para siempre".


Ochenta fosas y un millar de muertos


Mapa y excavación en la finca La Rad de Pedrotoro (Salamanca). / SMJ

Los investigadores de Salamanca Memoria y Justicia estiman en 80 las fosas, con un millar de asesinados dentro, que aún están por recuperar en una faja de territorio agrario que comprende desde Ciudad Rodrigo hasta el término de Salamanca.

La matanza de la finca La Rad de Pedrotoro tuvo lugar el 16 de octubre de 1936. Habían pasado 72 horas del conocido incidente en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, cuando el rector Miguel de Unamuno se encaró con el legionario Millán Astray. Aún repicaban por tanto en las charlas de los cafés de la ciudad el "venceréis pero no convenceréis" y el "muera la inteligencia, viva la muerte" que jalonaron la riña, de cuya literalidad dudan hoy los expertos.

Las anotaciones del registro de la prisión de Ciudad Rodrigo, pequeño palacio del XVIII reconvertido en cárcel, reflejan cómo fueron de frecuentes las sacas de grupos de prisioneros para ajusticiarlos al margen de cualquier proceso judicial, en una provincia en la que Franco estableció la primera sede de su jefatura de Estado.

Una implacable razzia se desarrolló en Salamanca desde el primer ataque contra civiles contabilizado en la guerra. Un percance al que los locales conocen como el "Tiro de la plaza". El domingo 19 de julio de 1936, numerosos vecinos se habían concentrado en el hermoso cuadrado porticado de la ciudad, ante un escuadrón de caballería y un piquete de infantería.

Cuando un capitán leyó el bando con el que la guarnición de Salamanca se adhería al golpe de Estado, se crispó la multitud. De un soportal partió un tiro de pistola que hirió a un cabo. Los militares respondieron con una ráfaga de ametralladora contra la gente. Murieron en un primero momento cinco hombres y una adolescente, y otros seis heridos fallecieron en las jornadas posteriores a consecuencia de los balazos. A partir de aquel día comenzaron las redadas.

En los primeros meses de la Guerra Civil, la villa de Ciudad Rodrigo devino en centro de detención de cuanto campesino o concejal rebelde era atrapado. Se habilitaron hasta cinco prisiones. La localidad había sido uno de los últimos núcleos de resistencia republicana en la provincia, en el que ugetistas y socialistas se impusieron a guardias civiles y soldados hasta el 20 de julio. La cercanía de la sierra de Francia, escondite de fugitivos, añadía tensión al escenario.

Los pelotones de fusilamiento esparcieron sus matanzas por el alfoz de la localidad. No son enterramientos regulares, ni los cadáveres que contienen figuran en sumarios de consejos de guerra o jueces ordinarios de instrucción. Se les mató de madrugada o al anochecer, tras breves trayectos de camión por la campiña, y sin ese público de señoras salmantinas con escapulario que, como denunció Unamuno en su discurso del paraninfo, asistían en la ciudad a los ajusticiamientos.

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