https://conversacionsobrehistoria.info/2020/01/28/el-pazo-de-meiras-y-el-mercado-del-patriotismo-en-galicia/
Lucio Martínez Pereda (*)Profesor de Historia. IES Valadares de Vigo
La familia Franco ponía en febrero de 2018 a la venta el Pazo de Meirás por ocho millones de euros.[1] En julio de ese mismo año todos los grupos políticos representados en Parlamento de Galicia acordaban exigirle a la Xunta que instase al Gobierno del Estado para iniciar las acciones legales necesarias para adquirir la titularidad pública del pazo, de acuerdo con dos recientes informes que acreditan la viabilidad de esta reclamación.[2] Desde entonces se han intensificado las acciones de protesta, las denuncias públicas y las reclamaciones de distinta índole para conseguir que la controvertida propiedad de la familia del dictador retorne a su legítima titularidad pública. Este articulo no entra en los aspectos legales de esta vieja reclamación- sobradamente explicados y justificados en informes jurídicos recientes[3]– su objetivo, de menor alcance, pretende señalar de manera abocetada el conjunto de circunstancias en las que se desarrolló la suscripción Pro Pazo de Meirás, en un contexto- la guerra- en el que el miedo político y los diferentes mecanismos control social practicados en Galicia desde el verano del 36 actuaron como masivos estimulantes colectivos en la recogida de fondos para regalar la propiedad al dictador. El análisis de las actuaciones de la Junta llevado a cabo en este artículo no busca llegar a conclusiones cuantificadoras sino enfocar el estudio de los distintos ámbitos de intervención que complementan la Suscripción Pro Pazo. Las suscripciones, y entre ellas la que tenía como intención allegar fondos para la adquisición del Pazo de Meirás, fueron, además de una fuente de ingresos destinada a un fin concreto, un instrumento para inducir consentimiento con la dictadura. Galicia, como territorio dominado durante toda la guerra por los rebeldes, se convirtió en espacio- laboratorio donde ensayar tempranamente todo el repertorio represivo de la violencia política y la promoción de consenso mediante practicas simultaneas de inclusión y exclusión social. Estas experiencias se trasladaron posteriormente al resto de los territorios a medida que eran conquistados. Este texto pretende demostrar que el carácter voluntario de la Suscripción Pro Pazo fue una ficción, un “staging social” creado en medio de un ambiente de normalización de la violencia política y el control social.[4]La suscripción, integrada en un marco de cultura de guerra, sirvió para teatralizar una ficción de consentimiento y consenso que no se correspondía con la realidad de los hechos
Fiscalidad extraordinaria
Ayuntamientos, delegaciones de orden público, gobiernos civiles, asociaciones empresariales, falange y milicias urbanas organizaban suscripciones de dinero, recogían alhajas, víveres, monedas y objetos de oro para la Junta de Defensa Nacional. Una larga lista de «aportaciones» que formaba parte de lo que algunos autores han llamado «hacienda de guerra franquista». Iniciadas por Queipo de Llano en Andalucía, rápidamente se extendieron por todo el territorio controlado por las tropas rebeldes. Aunque legalmente no fueron reconocidos como tales, existe un acuerdo historiográfico en calificarlos como tributos de excepción, intervenidos desde 1937 por el Gobierno General de Valladolid.[5]Las suscripciones movilizaban recursos para el frente. Contribuir al esfuerzo bélico era su principal intención. Eran muy variadas y cubrían la amplia gama de diversas necesidades recaudatorias que iban surgiendo a medida que la guerra se desarrollaba: Aguinaldo del Combatiente, suscripciones para comprar un avión por provincia, “ Suscripción a favor del Ejercito Salvador de España”, «Suscripción para vestuario del ejército”, “Suscripción pro aviones y armamento”, “Subsidio Pro Combatientes,” Auxilio a Poblaciones Liberadas” y las diversas recogidas de fondos para cubrir las necesidades de financiación de la organización de beneficencia falangista, llamada primero Auxilio de Invierno y después Auxilio Social.[6]
Aunque las colectas y las suscripciones organizadas por distintas instituciones fuesen en realidad exacciones y las razones de su puesta en marcha pretendiesen objetivos específicos y diferenciados, acabaron conformando de hecho un sistema de fiscalidad extraordinario, no reconocido legalmente como tal. Fueron realizadas en un contexto de “guerra total” y estimuladas por la creación de un relato propagandístico que alentaba la vinculación emocional de la retaguardia con el frente y la sociedad civil con las fuerzas militares.[7] En este hecho insistía frecuentemente la propaganda que no ahorra explicaciones para presentar la guerra como fenómeno de psicología colectiva en cuya resolución exitosa se precisaba la conjunción de los dos brazos de la nación; el civil y el militar.
A mediados de agosto de 1936, la Junta de Defensa Nacional- buscando fijar una organización que pusiese un poco de orden a las constantes peticiones de dinero, oro, joyas, ropa y comida- puso en marcha la “Suscripción Nacional”. La Suscripción se abrió en todas las capitales provinciales. Regularmente la prensa publicaba las listas de personas y entidades que hacían donativos con la cantidad aportada. Inicialmente la respuesta fue generosa entre los que se solidarizaron con los sublevados, pero también entre los antiguos republicanos que, por razón del miedo, veían en sus entregas de dinero una forma de protegerse ante las represalias que forman parte del día a día de aquellos momentos. Las contribuciones inicialmente se depositaban en las entidades bancarias locales o se entregaban a las autoridades civiles, pero rápidamente, ante la constancia de casos de corrupción, se estableció su ingreso en una cuenta que el ejército tenía abierta en cada oficina provincial del Banco de España. Las entregas de los “donativos” se realizaban en las sedes de los gobiernos civiles, delegaciones de orden público, sucursales bancarias, comandancias militares, sedes de milicias, es decir cualquier institución que la población identificase como representativa de los alzados.[8] Los depósitos posteriormente se remitían a la central del Banco de España en Burgos.[9]
La recogida de dinero en Galicia fue fuente de todo tipo de irregularidades contables y abusos. Incluso después de dictarse las primeras medidas reguladoras por parte de la Junta de Defensa Nacional en agosto (BOJDN de 21 de agosto) los grupos de milicianos que ejercían el poder, con el consentimiento de los militares solicitaban y a veces exigían sin ningún control y supervisión, dinero, joyas o todo aquello que en ese momento se considerara de su interés. Algunas veces se denunciaron desapariciones de fondos, o importantes irregularidades en la contabilidad, o acciones de recogidas de dinero para individuos particulares, extorsiones a fin de cuentas. Aunque las autoridades militares locales tenían suficiente información sobre estos atropellos y algunas comandancias locales dictasen órdenes para evitarlo, lo cierto es que esta situación de anomia efectiva no desapareció y se mantuvo al menos durante todo el verano. Para poner freno a este estado de cosas, que podía ser causa de desprestigio para los intereses de los golpistas, en noviembre se dispuso que todas las suscripciones fuesen autorizadas por el Gobierno Central, pero la escasa efectividad de esta disposición es reconocida posteriormente en una nueva Orden de julio de 1937 alusiva a la preocupación que creaba la proliferación de suscripciones que no se ajustaban a la legalidad[10]
A partir de la publicación en prensa de las cantidades recaudadas se hizo frecuente que las provincias rivalizaran y las ciudades observaban con preocupación los éxitos logrados en otras localidades. Se estimulaba así el entusiasmo cooperador y la competencia por ocupar los primeros puestos en el ranking geográfico del patriotismo. Los periódicos desempeñaron un papel fundamental a la hora de crear una competición entre las cuatro provincias por figurar a la cabeza de la competición recaudatoria. Tal circunstancia empezó a hacerse evidente a los pocos días del triunfo del Alzamiento en Galicia. En Ourense, en una única jornada- 24 de julio- se recaudan en la capital 25.000 pesetas. El 30 de julio la suscripción “en defensa de la patria” anunciaba que llevaba recaudadas en A Coruña 331.000 pesetas. Al día siguiente, en Vigo, se hacía pública que la suscripción” Pro Abastecimientos del Ejercito” había conseguido llegar a las 124.000 pesetas y 80 kilos de oro[11].
La Junta Pro Pazo
En marzo de 1938 se ponen los primeros medios para constituir la Junta Pro Pazo del Caudillo. La iniciativa es presentada en la comisión permanente del ayuntamiento coruñés. Para organizarla se constituye una Junta Local de Iniciativas presidida por el Gobernador Civil Julio Muñoz Aguilar,[12]en la que figuran el presidente de la Diputación, el Jefe Provincial de Falange, el presidente de la Cámara de comercio y los directores de los periódicos La Voz y el Ideal Gallego, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana y el Decano de la Banca Privada. La participación de las instituciones empresariales era una oportunidad para que la oligarquía empresarial coruñesa mostrase al Caudillo su competencia organizativa y económica y también su disposición a agradarle. La inclusión de las cámaras comerciales provinciales tenía una ventaja en términos recaudatorios, ya que permitía que la oligarquía económica se sintiera directamente interpelada para contribuir en los ingresos. La inclusión de los directores de periódicos garantizaba que la prensa se comprometiera en la cobertura propagandística de la suscripción. La inclusión en la junta que dirigía la suscripción era fundamental para su éxito, ya que desde la prensa se ejercía una presión de doble tenaza sobre la población. Desde los periódicos se extendían los eslóganes y artículos propagandísticos animando la participación entre la población, pero también se vehiculaban las amenazas y acusaciones que recaerían sobre los que no contribuyeran y los que no lo hicieran ajustándose al nivel de aportación calculado para sus posibilidades económicas. Las amenazas en la prensa no se dirigían hacia los participantes en una suscripción concreta- que nunca era citada por su nombre- sino contra aquellos que, mostrándose reacios a colaborar económicamente con cualquiera de las suscripciones, hacían demostración de anti-patriotismo.
La iniciativa para comenzar la suscripción se toma el 27 de abril de 1938. La suscripción económica empieza a funcionar a mediados del mes de mayo. Tras el paso inicial se pasa a una segunda y definitiva fase con la creación de la Junta Provincial Pro Pazo del Caudillo que toma posesión algunos meses más tarde, en diciembre de 1938.[13] Entre sus primeras acciones figura la petición de un préstamo al Banco Pastor de 500.000 pesetas.[14] La jugada financiera consistió en conseguir que el dinero solicitado en préstamo se amortizara con los fondos allegados mediante suscripción popular.
Al principio no se tenía claro si la iniciativa recaudatoria se iba a llevar a cabo únicamente en la capital, la provincia o en toda Galicia. En marzo ya se había cursado orden a la prensa de presentar la donación a Franco como residencia veraniega permanente y en abril, el mismo dictador contesta aceptando el generoso obsequio[15]. La ocasión de brindarle al Caudillo una atractiva residencia veraniega era vista como una oportunidad para hacer una demostración de generosidad a la que no querían mantenerse ajenas otras ciudades. Había cierta urgencia en ese sentido, ya que se tenía constancia de otras localidades- Burgos, San Sebastián- que pretendían llevar a cabo propuestas similares. Se trataba de evitar que estas ciudades se adelantaran en la competición por halagar al dictador.
El ensalzamiento del liderazgo carismático de Franco resultaba fundamental para estimular las aportaciones económicas en la suscripción. Pronto aparecieron en la prensa coruñesa los argumentos ligados a la propaganda del culto a la personalidad del líder, en este caso la figura del Caudillo- Héroe, que obligado por el cumplimiento de una misión transcendente y superior a sus intereses asume la tarea de salvar la patria en su momento de máximo peligro. El periódico El Compostelano apostaba para que la iniciativa de donación se hiciese al “Caudillo guerrero”, en su condición de “héroe máximo” de “esta Gloriosa Cruzada” para que descansase de su continuo batallar y “a este regalo debe estar vinculada Galicia entera (…) Debe ser Galicia, madre de España la que dé al Jefe del Estado este remanso de paz solariego (…) Debe ser Galicia la pródiga en oraciones y sacrificios, en dádivas, en aportaciones patrióticas (….) su entrega coincidirá, Dios mediante, con la total reconquista Patria»[16]. En la misma línea el escritor Wenceslao Fernández Flórez publica un artículo en el ABC, posteriormente repetido en varios diarios gallegos, poniendo la arquitectura del Pazo en relación con las virtudes guerreras del Caudillo, su futuro morador [17]
Propaganda y exclusión social
El miedo fue usado como un factor para obtener dinero para la causa. Las aportaciones “voluntarias” de donativos económicos, fueron presentadas por la propaganda rebelde como un uso” patriótico del dinero”, una obligación que la retaguardia adquiere con los que están dando su vida por la patria en el frente; unos contribuyen al éxito de la guerra en las trincheras, luchando con sus armas, otros con el arma de sus capitales:
los presentes momentos de lucha, exigen de todos los españoles el máximo rendimiento de esfuerzo y sacrificio. Nadie puede permanecer indiferente regateando un apoyo que ahora, más que nunca, se hace exigible. Todos están obligados a sentirse solidarios y partícipes en esta gran obra de reconstrucción nacional. Cada cual, desde su puesto, ha de contribuir al triunfo de España. Unos con las armas, otros con las herramientas de trabajo, otros con la inteligencia, otros con los capitales[18]
La falta de generosidad es presentada en esta propaganda como una conducta inmoral e inapropiada para alcanzar la victoria. Los soldados que estaban dando su vida por la patria tendrían que contar con el apoyo de una retaguardia dispuesta al sacrificio, había que “sincronizar espiritualmente el frente y la retaguardia”, y esta sincronía es la mejor garantía de victoria.[19] No contribuir económicamente al sostenimiento del esfuerzo bélico, se consideraba una manifestación de anti patriotismo:”
A vosotros los que nadáis en la opulencia,(…) España os llama con clamor bélico para que la ayudéis, ¿Cómo?, otorgando con largueza parte de lo que tenéis (…) sed patriotas, sede españoles, que desde ahora sea norma la generosidad.”[20] A la acusación de anti patriotismo se podía añadía la traición: “¿Qué pasa con los fariseos capitalistas?, los que ponían todo a nuestra disposición el 18 de julio, sepan que entonces les respetamos, pero que la falange no tolera que se traicione a España ocultando fortunas. Sepan que un día la falange sabrá exactamente la conducta de cada cual y no habrá perdón.21]
La entrega de dinero era una forma de demostrar la fidelidad a los rebeldes y una obligación moral. Es el propio Franco quien lo recordaba en la presentación en prensa de la “Suscripción Nacional” en agosto de 1936:
Apenas iniciado el movimiento liberador de España por el Ejército y las milicias de patriotas, han comenzado a afluir los donativos de entidades y particulares (…) por su cuantía y por el sacrificio personal que representan (…) las necesidades del Estado que se está organizando en plena guerra son muchas, y no serán excesivos cuantos recursos se procuren para acudir a ellas. El primero ha de ser el de las contribuciones voluntarias en forma de donativos, porque cada uno de ellos representara una adhesión explicita a lo que el nuevo estado representa (…) en este instante sería una torpeza y un crimen inhibirse de la participación en el sacrifico común (…) Bastara para que se comprenda así para que nadie se abstenga de acudir con su aportación a una obra patriótica, (…) el oro que cada español tenga en su poder deberá ser entregado sin demora para esta causa[22]
El campo de patriotismo belicista abierto y estimulado por el relato propagandístico no solo encontró eco en la prensa controlada por los militares golpistas, también estaba llamado a encontrar una ampliación en la prensa eclesiástica, que gustosamente puso sus medios de comunicación al servicio de la recogida de fondos. Una Iglesia que desde el principio de la contienda bélica mostró su completa disposición a ayudar a quienes con su triunfo les permitieran recuperar el poder y la capacidad de influencia perdidos durante la República.[23]
Desde el comienzo del Alzamiento el discurso religioso se convirtió en un recurso propagandístico para movilizar a la población. Había que reconfigurar un imaginario colectivo de exaltación patriótica religiosa, gravemente mermado durante los años de gobierno republicano y activar, de paso, los mecanismos de la religiosidad hacia la causa política legitimadora del Alzamiento. El fervor religioso contribuyó a potenciar el ánimo patriótico y éste a su vez ayudó a incrementar el primero, produciéndose una intensificación emocional mutua, sin la cual resultaba imposible imponer en la retaguardia una moral de victoria, moral en la que no cabían restricciones ni desacuerdos. El discurso religioso queda así convertido en un instrumento propagandístico para movilizar a la población.
Desde fechas tempranas, las «donaciones», contaron con la aprobación y estimulo de la iglesia diocesana gallega. Con ese objetivo desde los obispados se hizo una nada desdeñable labor en la promoción de la movilización económica a favor de la rebelión militar. Con frecuencia los boletines eclesiásticos llamaban a la entrega de capitales y joyas para las distintas suscripciones, empleándose su prensa como instrumento fundamental para estimular entre la población la aportación de dinero. La Iglesia contribuyó desarrollando un papel de primer orden en esta labor. En repetidas ocasiones se refieren las crónicas eclesiásticas provinciales a la recogida de fondos destinados a los militares rebeldes. En septiembre de 1936, apenas transcurrido un mes tras la publicación del contundente y amenazador texto de Franco, el boletín religioso de Tuy deja clara cuál es la postura de la institución: “(…) donativos, que espectáculo tan hermoso y consolador y reconfortante, ofrecen ciudades y pueblos y aldeas. Donativos para el ejército y la milicia, para todos los cuerpos armados, para España, donativos en dinero y en víveres y en ropas y medicamentos y oro (…) es algo extraordinario, que asombra y deslumbra.” En la exhortación pastoral realizada con motivo del adviento: “demos generosamente, con alegría, con abundancia, para España, para el Ejército”, y en diciembre del mismo año: “rotura de las compresas del Egoísmo y la Avaricia que han producido los ríos de donativos en dinero y en oro para el ejército” [24]
Pero los textos animando a la participación en la contribución económica también podían actuar en otra dirección, es decir, como señaladores de los comportamientos que podían ser merecedores de exclusión social. La propaganda señalaba a los remisos a colaborar acusándolos de mal patriota y esta categoría podía tener una amplitud muy grande y un significado muy abierto. La intimidación creada por la publicación de listas y textos periodísticos no afectó únicamente a quienes tenían un pasado de compromiso político que les hacía temer sobre su futuro. Fue un medio de control social- según señalan algunos historiadores que han investigado el fenómeno- de gran capacidad para permeabilizar el miedo entre amplias capas de la sociedad, incluso en aquellas personas consideradas indiferentes, que no habían manifestado ninguna preferencia política contraria a los intereses del bloque ideológico de apoyo el alzamiento y, en consecuencia, carecían de razones para pensar que los mecanismos represaliadores fuesen a proceder contra ellas. La doctrina del “enemigo interior” no era únicamente la “última ratio” empleada para legitimar todo el sistema represivo destinado a eliminar cualquier disidencia, también conformó uno de los soportes constructivos de la propaganda. La población civil, a la hora de valorar si participaban o no en las suscripciones, intuía que su ausencia en las listas de contribuyentes les colocaba en los “tablones públicos de la vergüenza”, especialmente en las pequeñas localidades donde la presión identificatoria ejercida por los mecanismos de inclusión/ exclusión social resultaban más intensos y concluyentes, y, en consecuencia: más amenazantes.
Ceremonias y cultura de la victoria.
El contexto bélico en el que se inicia la suscripción es fundamental para entender la presión propagandística ejercida sobre la población de la retaguardia. Las suscripciones se engranaban en un ámbito celebratorio y ritual construido para potenciar la entrega de dinero. El nacionalismo belicista movilizó voluntades, pero también su expresión material: los recursos económicos. Los días de celebración de las ceremonias patriótico religiosas, especialmente cuando se celebraba la entrada de las tropas franquistas y la ocupación militar de una localidad importante de la España” roja”, se activaba el sistema de recogida de varias suscripciones y las recaudaciones se disparaban. En las «manifestaciones patrióticas», principal elemento del repertorio de estos actos, plazas y calles céntricas se llenaban con desfiles, himnos patrióticos y acalorados discursos transmitidos por altavoces. El repertorio de actos patriótico religiosos abarcaba, además, cortejos fúnebres de «caídos»[25], misas de campaña, entronizaciones de crucifijos, bendiciones de banderas de combate y procesiones de antorchas. Arquitecturas efímeras, gigantescos retratos de Franco en las vías públicas, procesiones nocturnas con teas ardiendo, reflectores que rompían la noche y sirenas de barcos sonando, transformaron los entornos urbanos de las ciudades gallegas en espacios persuasivos tomados para el nacional catolicismo. La cooperación de la comunidad en estos actos se espoleaba con locuciones radiofónicas y artículos en prensa. La movilización precisaba del asentimiento y también de la fascinación. Las listas públicas de las colectas y suscripciones patrióticas realizadas con posterioridad nos permiten comprobar como las mejores recaudaciones se concentraban en las fechas de estas ceremonias. Se producía un “efecto aluvión”[26] consecuencia de la emocionalidad patriótico- belicista, desatado por la combinación de propaganda en prensa y radio, arquitecturas efímeras en las calles principales, desfiles militares, cánticos patriótico- guerreros y ceremonias de culto a los héroes caídos en el campo de batalla. En esta constante y ubicuitaria cultura de la victoria[27] la propaganda y las ceremonias operaban de forma entrelazada. Se precisaba activar la emocionalidad patriótica en la calle para traducirla posteriormente en dinero para la causa. El objetivo no se podía alcanzar sin impregnar el celo emotivo necesario para construir una vinculación psicológica y participativa con los esfuerzos que los militares exigían en la retaguardia. La llamada «tensión patriótica» fue la oportunidad para presentar las donaciones como una obligación transcendente, según la cual unos contribuyen al éxito de la guerra con sus armas en el frente y otros luchan con el arma de sus capitales desde la retaguardia:
Los presentes momentos de lucha, en los que se forja con dolor una nueva España, exigen de todos los españoles el máximo rendimiento de esfuerzo. Nadie puede permanecer indiferente regateando un apoyo que ahora, más que nunca, se hace exigible. Todos están obligados a sentirse solidarios y partícipes en esta gran obra de reconstrucción nacional. Cada cual, desde su puesto, ha de contribuir al triunfo de España. Unos con las armas, otros con los capitales. A estos últimos nos dirigimos especialmente para aconsejarles el empleo patriótico del dinero. El miedo es antipatriótico. No se puede privar al ejército, Falange y demás fuerzas que luchan por España, de un apoyo tan necesario, de un arma tan eficaz como el dinero.[28]
El conjunto de ceremonias que sirvieron como elementos constituyentes de la “cultura de la victoria” también tenía otras posibilidades además de la propagandística y la recaudatoria. La presencia de la población en estos actos era mostrada como evidencia legitimadora del nuevo poder, como indicador plebiscitario de apoyo y adhesión popular, pero también permitía establecer una clara línea divisoria entre colaboradores y adversarios, entre beneficiados y perjudicados. La concurrencia en las ceremonias político religiosas se empleó como inclusor/ exclusor social para discriminar entre población afecta y desafecta. Las ceremonias fueron una oportunidad para demostrar públicamente el compromiso con los alzados. Los expedientes de depuración muestran hasta qué extremo se vigiló el comportamiento en estos actos. La movilización en la calle se convirtió en el “el escenario principal de la sobreexcitación nacionalista en la que todo (…) miembro de la “comunidad nacional”, debía participar”[29]. De esta obligación nos informa el hecho de que en los pliegos de descargos de los acusados se hace frecuente referencia a la asistencia a las ceremonias como recurso para demostrar conformidad con el nuevo régimen. [30]
Amenazas.
En esas fechas en las que surge la iniciativa de la ofrenda del Pazo al Caudillo, la sociedad coruñesa ya había dado muestras de cansancio y su respuesta ente el turbión recaudatorio no se ajustaba a los resultados necesarios. La recaudación, que habría de ser, tal y como se decía en la propaganda, la expresión de agradecimiento de un pueblo hacia su Caudillo, pronto dejo de serlo y los argumentos de estímulo positivo fueron rápidamente desplazados por amenazas y presiones. La idea de que el pueblo manifestaba el amor y el reconocimiento a su Caudillo bajo la forma de una entrega de dinero libre y generosa no tardó mucho en dejar de funcionar.
Las primeras entregas de dinero se plantearon como voluntarias, pero ese carácter desapareció cuando empezaron a usarse las estrategias que algunos historiadores han calificado como «movilización culpable» Para este tipo de exacción se empleó un plan de coacciones articulado en tres ámbitos: ya hemos visto la primera de ellos, las campañas propagandísticas presentando las donaciones como obligación patriótica, pero también se recurrió a la obtención de información sobre la posición económica de las personas para calcular su compromiso recaudatorio y, por último: visitas, cartas amenazantes, publicitación en prensa de la identidad de los malos patriotas y multas ejemplarizantes. El espectro amenazante de la multa era muy extenso y estaba intensificado por su imprevisibilidad. La facultad de imponer multas por falta de cooperación en las suscripciones era muy amplia, abarcaba a gobernadores civiles y militares, delegados de orden público, comandantes militares de las plazas, alcaldes. A este temor producido por no estar restringida la autoridad competente en la imposición se añadía que los criterios de imposición resultaban cambiantes, propios de una inexistente distribución competencial. No estaban correctamente reguladas las respectivas jurisdicciones civiles y militares y los gobernadores militares imponían sanciones que eran competencia de los gobiernos civiles o las delegaciones de orden público, y al revés.[31]
Los métodos coercitivos no se crearon ex novo para esta suscripción, ya se venían practicando casi desde el mismo triunfo del golpe de estado militar en Galicia. Aunque no existiese norma alguna que convirtiese en obligación legal la participación económica en las suscripciones, existen suficientes fuentes documentales para deducir el tipo de presiones y problemas a los que habrían de enfrentarse quienes no cooperasen en la consecución de los objetivos recaudatorias que la junta se había fijado. Las presiones contra los que estando en buena situación económica no contribuían con donativos apropiados a su capacidad económica hizo que la prensa ourensana publicase en La Región del 30 de julio de 1936 una nota advirtiendo que se harían públicas las identidades de estas personas. En los mismos días las advertencias amenazantes se hicieron en la radio, e incluso se procedió a la detención de algunos comerciantes que no habían colaborado con las aportaciones que se esperaban. [32] Desde el verano de 1936 la población coruñesa que era objetivo de la suscripción Propazo tenía suficiente experiencia acumulada sobre el conocimiento de estas prácticas, sabían lo que se esperaba de ellos y lo que podría suceder si las expectativas de las autoridades se veían defraudadas.
El mecanismo de estructuración de la maquinaria coercitiva era simple, jerarquizado y eficaz. El gobernador presionaba los alcaldes, advirtiéndoles que sería entregada a Franco una lista con los ingresos realizados por cada municipio.[33] Y estos trasladaban la presión sobre la totalidad del vecindario. No resulta exagerado afirmar que la capacidad de presión de los gobernadores civiles en las provincias y sobre los municipios era casi omnímoda. Dentro de su jurisdicción territorial el uso de su poder era prácticamente irrestricto[34] y apenas estaba limitado en su acción. El gobernador de A Coruña que- recordémoslo- simultaneaba su cargo con la condición de presidente la Junta se dirigió en varias ocasiones en 1939 a los alcaldes que no habían alcanzado los objetivos recaudatorios marcados. Así lo hace con el regidor de Oleiros al que advierte de forma apremiante la necesidad de ingresar rápidamente las 9.036 pesetas que habían sido atribuidas como objetivo de recaudación al ayuntamiento. La orden desencadena el temor del alcalde que envía varios escritos a los vecinos[35] La tarea de obtención de fondos fue la ocasión para que los responsables municipales demostraban a sus superiores que el cargo para el que habían sido designados se ejercía eficazmente y las órdenes dictadas por los que tenían poder para premiar con la concesión de cargos de mayor interés, eran cumplidas. A los alcaldes se les remitieron desde la Junta instrucciones aconsejando que en cada municipio se formaran comisiones de dos o tres personas que visitaran casa por casa a todos los vecinos[36] Se fijó como objetivo un importe para cada localidad, de esta manera la responsabilidad sobre la recaudación se trasladaba a los regidores municipales dando por hecho que estos presionarían a todo el vecindario para alcanzar la cantidad fijada para su municipio. Los alcaldes fueron auxiliados en esta labor por los sacerdotes de las parroquias, los maestros de escuela y las jefaturas locales de falange[37] Si la actividad demostrada en estas contribuciones concluía exitosa podía ser mostrada como un servicio más para salir beneficiado en la política de recompensas activada por la dictadura mediante la concesión de cargos en ayuntamientos, diputaciones, gobiernos civiles, delegaciones y en la maraña de organismos vinculados a la administración del Estado tras la finalización de la guerra.
Comprobado que la campaña recaudatoria no daba los resultados deseados la Junta opta por reunirse para buscar otra forma de financiación. La solución encontrada fue solicitar crédito a los bancos locales que habrían de ser pagados mediante un reparto proporcional basado en la capacidad industrial y comercial de cada ayuntamiento. El ayuntamiento adelantaba el fondo a la Junta y si finalmente no lo cubría con la recaudación entre el vecindario tenía que completar el dinero que faltaba echando mano de su propios fondos públicos. La fórmula no funcionó y fue entonces cuando se recurrió al descuento sobre las nóminas de los trabajadores de empresas públicas y privadas[38]
Movilización culpable
La retaguardia fue empleada como un espacio propicio para la creación de un constructo propagandístico: el “enemigo emboscado”. Cualquier sospecha, cualquier detalle que podía parecer insignificante en época de paz, cobraba bajo la luz de esta machacona imagen una nueva dimensión. Ningún exceso informativo, ningún error a la hora de delatar iba a ser castigado ya que el delator- falso o no- podía ocultar la vileza de su acción bajo la cobertura justificativa de una cultura bélica que alimentaba la sospecha y la presentaba como una señal de patriotismo. Esta cultura hiperbólica de la sospecha eximia al acusador del suministro de pruebas: cualquier gesto se hacía indicio y cualquier indicio se transformaba en prueba.
Los republicanos tenían que evitar los propios vecinos los señalasen en cualquiera de los tribunales penales y administrativos bajo la acusación de “desafectos”.[39] Fueron bastantes los informes de las parroquias señalando la participación en las ceremonias patriótico religiosas y las suscripciones como estrategias para disimular “ izquierdismo” La delación fue estimulada públicamente como una obligación moral que la población de la retaguardia tenía para con los soldados que estaban luchando en los frentes de batalla contra los enemigos de la Patria. Los antipatriotas no combatían solo con fusiles. Algunos de esos enemigos estaban lejos de los campos de batalla, ocultos y resultaba imprescindible desenmascararlos para que la victoria en el frente no se transformase en una derrota en la retaguardia:
En estos momentos en que España despierta del letargo en que a viva fuerza la metieron las hordas marxistas todos tenemos el deber ineludible de colaborar con las fuerzas nacionales (…) esta colaboración no ha de consentir solamente en empuñar un arma, entregar un donativo o engalanar los balcones y gritar llenos de entusiasmo Viva España. Cuando hay una manifestación o un desfile. Todo esto es necesario (…) pero no es suficiente, porque la traición puede empujar a la patria al abismo. Para evitar esto tenemos la sana obligación de desenmascarar a todos los servidores de Rusia. ¡En la nueva España, no se consienten caretas![40]
Las denuncias no fueron únicamente fuente de información, sino también la forma más sencilla y rápida de implicar a la sociedad civil en la represión y, por lo tanto, de reforzar sus lazos con la dictadura. Como señala Prada Rodríguez, las delaciones fueron un instrumento de primer orden para extender el interés en la consolidación de un régimen entre los que habían cooperado con la represión,[41] se convirtieron para muchos en “el primer acto de compromiso con la dictadura.”[42] La denuncia se configuró como un inclusor social, pero también en elemento constitutivo del propio régimen. La delación se normalizó, transformándose en uno de los pilares sobre los que se asentaron las relaciones profesionales, económicas e incluso sentimentales[43]Los delatores eran perfectamente conscientes de que con su actitud fraguaban una relación de dependencia unida a la supervivencia del Nuevo Estado: denunciando a compañeros, vecinos o familiares, ligaban su futuro a la suerte del régimen. Los expedientes contenidos en los archivos están llenos de miles de estas denuncias.[44]
Mercado del Patriotismo
La adaptación de las conductas de la población a la presión producida por efecto del miedo político se extendió por un amplio ámbito que abarcaba los condicionantes a los que los sujetos estaban sometidos cuanto tenían que iniciar alguna acción en la defensa de sus intereses económicos, puestos de trabajo, permanencia en sus localidades en compañía de sus familiares, es decir afectaba al conjunto de iniciativas vitales necesarias para garantizar aspectos básicos de la supervivencia. La experiencia que la población fue acumulando sobre el funcionamiento de los aparatos represivos inhibió la desafección,[45] pero también sirvió para identificar todas las circunstancias que servían como inclusor social en la nueva comunidad política creada por el Nuevo Estado. En este ambiente dominado por el miedo político y el control social la permanente sensación de amenaza fue calificada por algunos historiadores -dedicados a el análisis de la sociedad del primer franquismo- como “efectos no contables de la represión” [46]. El temor creado por la posibilidad de ser incluido en los desafectos fue uno de los estímulos que motivaron la aportación económica de la población a las suscripciones. Esta presión se reforzaba con la generalización de una extendida cultura de la sospecha política que amenazaba tácitamente a todo aquel que no evidenciase con la suficiente claridad y compromiso público su posición favorable a la causa alzada. A tal fin se acuño- como señalábamos antes- la figura propagandística del “enemigo emboscado”.
Los expedientes de defensa de los acusados por los distintos tribunales especiales- penales o administrativos- nos permiten comprobar que las entregas de dinero realizadas por los acusados fueron presentadas a modo de prueba con la que demostrar su adhesión a la causa nacional. Esta práctica se empleó para hacer frente a la amenaza de castigos impuestos por las comisiones depuradoras de enseñanza, las comisiones de incautación de bienes, los tribunales de responsabilidades políticas (continuadores de las comisiones de incautación) y posteriormente los tribunales de represión de la masonería y el comunismo. Se creó de esta forma una extensa red punitiva[47] que proyectó un espectro de amenaza constante frente a la cual únicamente cabía como posibilidad de defensa ofrecerse voluntario para ir a combatir al frente o hacer periódicas aportaciones de dinero sostenidas a lo largo del tiempo. El miedo político fue el principal mecanismo activador de estas suscripciones, pero este no afectó únicamente a las personas con un pasado de compromiso republicano, también sirvió de acicate para estimular las aportaciones de esa parte de la población que- amenazada por los mensajes propagandísticos que se referían a ellos como “tibios” o “cínicos”- no deseaba verse incluida en el grupo de los indiferentes.
Debido al enorme volumen de expedientes, los plazos de actuación de las comisiones depuradoras de enseñanza fueron ampliamente desbordados. Primero se solventaron los expedientes de los maestros y profesores considerados afines, para evitarles trastornos y se dejaron para un segundo momento- que en muchas ocasiones fue de años- la depuración administrativa de los considerados adversarios. Este horizonte de precariedad producido por el desconocimiento del momento en que podía llevarse a cabo la expulsión del trabajo, hizo que las aportaciones a las suscripciones empezaran a hacerse antes de recibirse la notificación de la apertura del expediente de depuración. Algunas personas, amenazadas por estos “efectos no contables de la represión”, incluso optaron por participar de forma sostenida a lo largo del tiempo en varias suscripciones.
La población era consciente de que su participación en el «mercado del patriotismo» [48]podía usarse para demostrar «adhesión al movimiento». Los pliegos de descargo de sus expedientes incluyen recibos con entregas de dinero a Auxilio y al resto de las Suscripciones Patrióticas. Estos donativos servían para reducir el tiempo de encarcelamiento, aligerar las sanciones, y en bastantes casos, garantizaban el salvoconducto para exiliarse desde los puertos de A Coruña y Vigo al otro lado del Atlántico. En algunas sentencias dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de A Coruña se tenían en consideración de atenuante las donaciones en metálico y especias. Cuando se trataba de personas de gran capacidad económica, las aportaciones disminuían el castigo impuesto. La misma circunstancia se puede comprobar en los expedientes de depuración de docentes y en los pliegos de descargo redactados por los acusados ante el tribunal de represión de la masonería y el comunismo.
Buena parte de la población dio por hecho que sus aportaciones económicas serían pruebas suficientes para librarse de las sanciones. Algunos, en la búsqueda de este objetivo, realizaron un esfuerzo notable y sostenido a lo largo del tiempo, llegando incluso a programar todo un plan cronológico de aportaciones sucesivas y dosificadas. El control sobre la participación de la población en las cuestaciones de guerra fue exhaustivo. Los distintos servicios de información dejaban constancia en sus fichas, de las cantidades, fechas y nombres de los aportantes. Los “desafectos” eran perfectamente conscientes del valor de estas contribuciones para librarles de las represalias. De los muchos ejemplos posibles de esta práctica de supervivencia e inclusión social nos centramos en tres, elegidos por razón de la cuantía de las aportaciones y su extensión temporal. De la dimensión de las cantidades pagadas nos da cuenta lo sucedido con el empresario padronés, Estanislao Pérez Artime, presidente de la Diputación de A Coruña durante el gobierno de Portela Valladares. Durante los primeros meses de la guerra realiza cuantiosas contribuciones a las nuevas autoridades militares y entregas de oro, que sumadas ascendieron a 100.000 pesetas; a pesar de lo cual, el tribunal coruñés de Responsabilidades Políticas le impone en diciembre de 1939 una multa de 50.000 pesetas. Publio Mateo Rupérez, un industrial vigués, interventor electoral de Izquierda Republicana en las elecciones de 1936, contribuyó a la “causa nacional”, en enero de 1937 con 70.000 pesetas, en marzo con 5.000 pesetas, en mayo con 6.000 pesetas, en junio 15.000 pesetas, y además, ingresó para el ejercito 250.000 pesetas.” Emilio Fernández Vietez, un industrial vigués afiliado a Unión Republicana, en marzo de 1937 entregó 5.000 pesetas para la suscripción Pro abastecimiento del Ejercito y el 13 de noviembre del mismo año hacía “donación” de su automóvil para el Ejército Nacional. [49]
Después de la guerra.
Desde 1938 el desánimo comenzaba a extenderse en una población deseosa de ver el final de la guerra, atosigada por las abrumadoras campañas de recogidas de fondos. La disminución de ingresos se atribuía a un «vergonzoso descenso del patriotismo» y amenazaba con actuaciones enérgicas. Se atribuía la culpa al marxismo, a los «enemigos internos». La población empezaba a no querer verse conformada en la imagen ideal que el régimen estaba creando de la retaguardia. La retórica heroica de esfuerzo colectivo se revelaba ineficaz y los métodos de captación económica producían consecuencias contrarias a las buscadas. Algo estaba fallando en el relato maniqueo Patria/ anti-Patria y, la Cruzada empezaba a perder su impronta mediática para ser cada vez más percibida como una lamentable Guerra Civil desprendida de su inicial competencia para generar entusiasmo patriótico. Los criterios relativos a la supervivencia personal se imponen progresivamente y antes del final del conflicto bélico empiezan a formar parte de los comportamientos ajenos a los reclamos del patriotismo belicista. Las gamas de conductas intermedias entre la cooperación y el antagonismo, las llamadas «zonas grises» crecían y ello tuvo su lógico reflejo en la bajada de las aportaciones económicas. Ese hartazgo respecto al discurso propagandístico de autoafirmación patriótica se hizo muy evidente al final de la guerra. La propaganda, de efectos asfixiantes, canceló definitivamente el interés por la participación en las suscripciones. La guerra había terminado y con ella la eficacia de los mensajes que apuntaban a un solidario compromiso entre la población civil y los frentes de batalla.
Los datos sobre la suscripción del pazo y otras son similares: apuntan a una caída de ingresos coincidente en todos los casos con la finalización de la guerra. Terminada la guerra no quedaba más remedio que cancelar la suscripción.[50] La poca productividad de la misma no es la única razón que explica el final de sus funciones. Varias fueron las circunstancias que impidieron que el dinero recaudado resultase suficiente para afrontar el pago de los gastos de la propiedad. Las sucesivas peticiones de mejoras demandadas por los Franco fueron una razón que contribuyo a desbordar la cantidad que la Junta habría de recaudar. El precio de la compra fijado para que los últimos propietarios aceptasen vender la propiedad todavía sigue siendo desconocido, las cifras barajadas son diversas, oscilan entre las 80.000 pesetas que figuran en el Registro de la Propiedad a las 400.000 pesetas, según constan en la prensa del momento. Pero esta cifra se vio desbordada ampliamente en una cantidad muy difícil de determinar. La ampliación de gastos fue consecuencia del efecto combinado de varias razones: las reformas y obras y ampliación de terrenos mediante parcelas incautadas – cerca de 30.000 m2- los salarios de los más de 300 obreros que simultáneamente llegaron a estar trabajando en la propiedad realizando obras de reforma, acondicionamiento y ampliación. La presión ejercida por la esposa del dictador fue constante; así lo atestiguan las numerosas referencias a sus frecuentes visitas. Sus peticiones fueron muchas. La mujer del caudillo en los sucesivos viajes realizados a Coruña fue consiguiendo la construcción de un muro de piedra, la incorporación a la propiedad de terrenos limítrofes[51], mejoras que abarcaban canchas deportivas, una casita de ocio para los juegos infantiles, la red de abastecimiento de aguas e incluso hacerse con costosos elementos ornamentales para el jardín y las obras realizadas para facilitar el acceso por una carretera que acabo siendo privada. Todas sus apetencias y encaprichamientos personales fueron acrecentando el monto total y los gastos finalmente se vieron ampliados con el paso del tiempo, a medida que la finca era visitada por la esposa del caudillo.
A finales de 1939 se decide poner fin a la Junta y liquidar las deudas contraídas, para este cometido es elegido Barrié de la Maza. Además, hay que tener en cuenta que al final de la guerra la imposición de racionamiento de los productos alimentarios hizo necesario orientar la propaganda hacia la neutralización de los disgustos de la población que padecía la escasez del recién impuesto racionamiento, el aumento de precios y las dificultades de abastecimiento de los productos alimentarios. Según la idea central de la propaganda Dios se valía del sufrimiento para castigar a una nación que durante la etapa republicana se había desviado del recto camino de su historia cristiana. En este nuevo contexto de estímulo de la resignación cristiana y aceptación patriótica de las carencias no resultaba fácilmente encajable la petición de dinero para comprar una noble residencia veraniega para el caudillo, especialmente cuando desde las distintas instituciones se hacían frecuentes llamadas públicas para evitar las informaciones y noticias que tuvieran que ver con la vida lujosa y la ostentación.
[1] La inmobiliaria de lujo Mikeli- primer portal al que la familia Franco encarga la publicitación de la venta en la red-oculta en su información que la propiedad está sujeta desde el 2009 a la condición legal de Bien de Interés Cultural.
[2] O Pazo de Meirás Informe histórico e Informe xurídico (2018)
[3] Ferreira Fernández y Rodríguez Fernández ( 2018)
[4] Control social entendido como un sistema de coerción manejado desde el poder para lograr una conformidad sumisa con los valores ideológicos que sirven de justificación y sostén a ese poder. Dentro de las herramientas de control social se incluirían los refrendos positivos y negativos; los mecanismos que inducen las conductas de cumplimiento de los códigos que el poder establece como apropiados, pero también los castigos y penalizaciones producidos por su incumplimiento (J. Aróstegui, 2012:49; González Damián, 2007: 6).
[5] Cabanellas, 1975: 878-879; Velarde, 1999; Fernández Santander, 2000: 355-358; Prada, 2003: 157-170; Castro, 2006:166-178; Martorell y Comís, 2007: 3, 19; Sánchez Asiaín, 2012; De Prado, 2012; Barciela y López, 2014: Del Arco, 2015:111-133.
[6] Para el funcionamiento de los diferentes medios de financiación de Auxilio Social en Galicia: Martinez Pereda (2017)
[7] El primer estudio sobre el funcionamiento de los mecanismos de recaudación en una provincia se debe a De Prado Herrera para Salamanca. No hay datos totales sobre los ingresos económicos conseguidos por las Suscripciones, ni para Galicia, ni para el conjunto de territorios de la España franquistas. Las obras que contienen trabajos de investigación más amplios son la de José Ángel Asaian y Julio Prada Rodríguez, la primera para España, la segunda para Galicia. Los datos sobre Galicia sitúan las aportaciones al esfuerzo bélico hasta mediados de 1937 en más de 22 millones de pesetas (Prada Rodríguez, 2016: 623-655) aunque El Pueblo Gallego cifraba la cantidad recogida en Vigo durante toda la guerra en 25 millones de pesetas (Vega Sombrío, 2011:170; Giráldez Lomba, 1999: 138-179; Martínez Pereda, 2009: 185-214; De Prado Herrera, 2007: 190-214; Castro Berrojo, 2006; Sánchez Asiain, 2012: 161, 129-136)
[8] La cuantificación total de las suscripciones al final de la guerra ascendió a 2.338 kilos de oro y 230 millones de pesetas. A. Viñas estima un límite mínimo para el total en 410 millones de pesetas Viñas (1976: 414).
[9] La Suscripción Nacional no terminó con el fin de la guerra. Su cancelación se produce en diciembre de 1940, cuando el Ministerio de Hacienda autoriza la constitución de una Junta liquidadora. Desde su entrada en funcionamiento dinero y valores quedaron consignados en la cuenta del Tesoro del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. La moneda extranjera se puso a disposición del Ministerio de Hacienda y los activos que no fuesen dinero o valores deberían ser vendidos por la propia junta.
[10] Prada (2016: 27-30)
[11] Prada (2016: 23-24)
[12] Cuando Franco ya tiene la propiedad del Pazo, Julio Muñoz de Aguilar se encuentra con el premio por sus excelentes servicios prestados: a finales de 1939 es nombrado jefe de la recién creada Casa Civil del generalísimo (Babío Urkidi y Pérez Lorenzo BÍO URKIDI,2018:122)
[13] La composición de la Junta Provincial Pro Pazo del Caudillo apenas tiene variación respecto a la Junta Local. (Babío Urkidi y Pérez Lorenzo BÍO URKIDI,2018:122)
[14] La propiedad del Pazo de Meirás elegida para ser donada tenía unas cargas. La hipoteca sobre la finca estaba en manos del del Banco Pastor, entonces dirigido por Pedro Barrié de la Maza, que formaba parte de la Junta, y esta parece ser, según algunos testimonios, la principal razón de la elección. Ante la opinión pública, en cambio, la donación se presenta como iniciativa del artista Fernando Álvarez de Sotomayor ¿De quién es la iniciativa de elegir el Pazo como donación? La propaganda nos dice que fue una idea propuesta a la Junta por Álvarez de Sotomayor, pero el conocimiento de todo el proceso de ingeniería administrativa y jurídica montado para transformar la inicial donación al jefe del estado en donación a la persona particular Francisco Franco, indica que la atribución de la idea al pintor fue un recurso propagandístico para ocultar razones relacionadas con los intereses, no precisamente políticos ni patrióticos, de Barrie de la Maza La «transmisión formal» mediante “ escritura ficticia se produjo en el año 1941 (Informe histórico xurídico Pazo de Meirás
[15] Franco lleva a cabo su toma de posesión el 5 de diciembre de 1938 (Informe histórico xurídico Pazo de Meirás)
[16] (El compostelano, 12-04-1938) (Babío Urkidi y Pérez Lorenzo BÍO URKIDI,2018)
[17] La relación de hombres de cultura que colaboran en el proyecto propagandístico se extendió al rector de la Universidad de Santiago de Compostela Felipe Gil Casares, el dramaturgo Manuel Linares Riva y al presidente de la Real Academia Galega, Manuel Casás (Babío Urkidi y Pérez Lorenzo BÍO URKIDI,2018:122)
[18] Faro de Vigo, 13 de septiembre de 1936.
[19] La moral en la Guerra, Faro de Vigo, 2 de diciembre de 1936.
[20] El Pueblo Gallego, 13 de septiembre de 1936.
[21] El Pueblo Gallego, 10 de octubre de 1936.
[22] Diario de Burgos, 17 de agosto de 1936.
[23] Este aspecto- uno más del amplio abanico cooperador de la Iglesia con el alzamiento militar- aún no ha sido investigado con un mínimo de profundidad. Las dificultades para hacerlo se deben al cauteloso bloqueo selectivo con el que se frena la investigación de los archivos eclesiásticos, bloqueo que impide conocer con cierto grado de profundidad el apoyo propagandístico proporcionado por la iglesia en las recogidas de fondos.
[24] Oración, Trabajo y Sacrificio”, BOOT, 16 de septiembre de 1936; “Venga ya, Señor. Tráenos la Paz”, BOOT, 20 de noviembre de 1936; “Levantamiento Patriótico”, BOOT, 31 de diciembre de 1936.
[25] La figura de los Caídos fue uno de los núcleos fijos y constantes de la narrativa oficial sobre la guerra. Las festividades de su recuerdo- que continuaron celebrándose durante la década de los 40 y 50 reactualizaban para la comunidad nacional el valor del sacrificio realizado por los muertos en combate.
[26] Barragán Moriana (2009:30)
[27] Entendiendo por “cultura de la victoria” el conjunto de prácticas que permiten la inclusión social en el estado franquista, los beneficios derivados de la colaboración en su construcción y los discursos propagandísticos elaborados para proyectar sobre la sociedad la construcción identitaria de la figura del Enemigo y la anti España (Hernández Burgos, 2016;123-148; Del Arco Blanco, 2008: 245-268; y Hernández Burgos, 2011.)
[28] Faro de Vigo, 13 de septiembre de 1936.
[29] Hernández Burgos, 2016:123-148
[30] No hacer el saludo fascista, dejar de cantar el Cara al Sol en una manifestación patriótica o no colocar la bandera tricolor en el balcón de casa cuando se conmemora la “liberación” de una ciudad roja, fueron motivos suficientes para imponer sanciones.
[31] Prada, 2016: 58.
[32] Prada, 2016: 37-39.
[33] Estas misivas amenazantes se dirigieron a los municipios de Oleiros, Carballo, Culleredo, en los que los resultados no alcanzaban los objetivos marcados (Informe histórico xurídico Pazo de Meirás)
[34] La relación y pertenencia del gobernador a las elites económicas provinciales era una condición imprescindible para su nombramiento. Así se recogía en el Decreto de 5 de octubre de 1936 en el que se establecía que su nombramiento habría de realizarse entre” los mayores contribuyentes por rustica, industrial, pecuaria y utilidades” (Sánchez Recio, Glicerio (2019:21; 2008: 98)
[35] Babío Urkidi y Pérez Lorenzo,2018: 128
[36] Babío Urkidi y Pérez Lorenzo,2018: 122
[37] Babío Urkidi y Pérez Lorenzo,2018: 126
[38] Babío Urkidi y Pérez Lorenzo,2018: 137-142
[39]La potencialidad delatora del vecindario hace que el primer grupo de empleados municipales del ayuntamiento de Vigo en ser depurados en bloque en el verano de 1936 fueran los 60 Alcaldes de Barrio que en ese momento desempeñaban sus funciones en la ciudad (Martínez Pereda, 2009: 149-182)
[40] El artículo titulado “Algo muy necesario” fue escrito desde la Jefatura Provincial de Prensa y Propaganda de Falange Española, se publicó, cuando menos, en dos ocasiones distintas: el 11 de septiembre de 1936 en El Diario de Pontevedra y en Faro de Vigo del 15 de noviembre de 1936.
[41] Prada Rodríguez, 2010: 309-311
[42] Conxita Mir, 2004: 174
[43] Numerosos motivos están detrás de estas delaciones: pleitos antiguos por la posesión o arrendamientos de fincas y locales, la resolución de una rencilla laboral, el ansia de rapiña, satisfacer una venganza, garantizarse un currículo de fidelidad, pero también evitar que la depuración o cualquier otro mecanismo represivo acabara dirigiéndose contra uno mismo. La denuncia se transformó en un instrumento con el que resolver todo tipo de pasadas relaciones conflictivas: políticas, económicas, familiares e incluso sentimentales. Cualquier conflicto insatisfactoriamente resuelto se solucionaba rápidamente, sin tener que comprometerse prácticamente nada.
[44] Para la delación en la provincia de Ourense véase: Prada Rodríguez, 2006:217. El volumen de delaciones fue tan grande que se hizo necesario, para archivar las que se efectuaron la provincia de A Coruña, escribir un código de clasificación letra numérico de distribución por comarcas. Existieron personas encargadas de proporcionar información sobre la población total de algunas localidades como Malpica, o como la efectuada por un capitán de ingenieros santiagués sobre los habitantes de la Puebla del Caramiñal. Sobre Malpica (Redondo Abal, 2011: 14-21) sobre A pobra: Grandio Seoane, 2001: 61-62.
[45] Prada Rodríguez, 2019.
[46] Conxita Mir,1999: 115-145.
[47]Este sistema funcionaba a modo de red extensa que simultaneaba- para hacer recaer sobre la misma persona- castigos procedentes de varias jurisdicciones: militar, expedientes de depuración administrativa y las jurisdicciones especiales de Responsabilidades Políticas y Represión de la Masonería y el Comunismo.
[48] Calificativo usado por el general Cabanellas para referirse a las suscripciones patrióticas (Cabanellas, 1975: 878).
[49] Martínez Pereda (2015).
[50] La suscripción se prolonga hasta los inicios de 1940 (Informe histórico xurídico Pazo de Meirás).
[51] Informe histórico xurídico Pazo de Meirás.
(*) Lucio Martínez Pereda es autor de los siguientes libros: La depuración franquista del Magisterio Nacional en el norte de Zamora 1936-1943 (2008); Propaganda, mobilización e cerimonias político relixiosas en Vigo durante a Guerra Civil (2011); Medo político e control social na retagarda franquista (2015) finalista del Premio da Crítica Galicia 2016; El pan y la cruz. Hambre y Auxilio Social durante el primer franquismo en Galicia (2017)
Fuentes hemerográficas
Faro de Vigo
El Pueblo Gallego
Diario de Burgos
Boletín Oficial Obispado de Tuy
El Diario de Pontevedra
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