La Junta ha autorizado esta semana las exhumaciones en el camposanto de la Soledad, donde familiares de posibles niños robados intentarán descubrir la verdad
El 6 de enero de 1968 nació Rosa en el seno de una familia de Isla Cristina (Huelva). Unos padres primerizos y entusiasmados por ver entre sus brazos a quien fue la primera descendiente de aquella unión. Los sanitarios allí presentes también la sostuvieron para determinar que Rosa había llegado al mundo con un peso inferior a lo habitual, por lo que debía permanecer en observación dentro de una incubadora del hospital Manuel Lois de Huelva. Esa fue la última ocasión en la que sus progenitores pudieron verla con vida. Siete días más tarde, falleció repentinamente.
57 años después, su hermana Rosa, bautizada bajo el mismo nombre, recuerda el caso: “Al recibir la noticia, mi padre fue al hospital a pedir explicaciones y conocer el motivo de su muerte. No le dieron una causa concreta, ni tampoco le dejaron ver el cadáver. Finalmente, tras insistir, le permitieron bajar al mortuorio, donde lo único que pudo ver fue un cuerpo envuelto en vendas, pero en ningún momento el rostro de su hija fallecida. Nunca le dejaron”. Su hermana acabó enterrada en el Cementerio de la Soledad, en Huelva, a pesar de que su familia pidió hacerlo en Isla Cristina con el resto de su linaje. Tampoco se lo permitieron. Esta semana, la Junta de Andalucía ha aprobado la exhumación del camposanto, y allí, 200 familias que vivieron episodios trágicos como el de Rosa esperan conocer la verdad de un pasado manchado por la incertidumbre.
Décadas de silencio, de sospechas soterradas y de un dolor que ha atravesado generaciones. La reciente autorización del Ejecutivo andaluz para arrojar luz sobre los posibles casos de bebés robados supone un hito para las familias y la asociación SOS Bebés Robados. Una decisión administrativa que marca el inicio de una reparación histórica y una realidad que costará asumir.
“Durante años hemos hablado de engaño e injusticia, pero ahora será la propia tierra la que se pronuncie”, expresó la asociación en un comunicado. Desde 2011, han peleado por abrir estas fosas, reunir testimonios, documentar casos y enfrentar un sistema que, durante décadas, archivó causas por prescripción, colocando la venda sobre víctimas que han exigido conocer la verdad desde el principio.
Las exhumaciones, coordinadas por el Comisionado de la Concordia y el Ayuntamiento de Huelva, se centran inicialmente en ubicaciones concretas indicadas por los propios familiares. La fase actual implica excavaciones arqueológicas y forenses con rigor científico. Posteriormente, se evaluará la posibilidad de intervenir los laterales de las praderas donde, según documentación y testimonios, podrían haberse producido enterramientos irregulares: neonatos envueltos en gasas, sin identificar, sin consentimiento ni conocimiento real de sus padres. Los restos serán sometidos a pruebas genéticas en el laboratorio de la Universidad de Granada para confirmar o descartar las sospechas que llevan arrastrando, en algunos casos, más de medio siglo.
Heridas abiertas
Entre los relatos que han empujado esta causa está el de Rosa, que, tras revisar el certificado de defunción de su hermana, descubrió que estaba firmado por uno de los médicos más señalados por casos de bebés robados en la provincia. “En los registros aparece con otro nombre”, explica desde el cementerio donde se están llevando a cabo la exhumación. Hoy, su padre tiene 84 años y su salud es frágil, pero aún guarda la esperanza de saber si su hija sigue viva. “Si está viva, nos encantaría encontrarla y decirle que nunca la abandonamos, que la quisimos siempre, que fue robada”, añade con voz temblorosa.
Victoria también está presente junto a las excavaciones. Su hermano, Ramón, murió a los 18 días de nacer. Primero por otitis, más tarde por otro motivo; ninguna causa de fallecimiento fue sólida. Como otros muchos casos, eran padres muy jóvenes, de 17 años, y de la misma forma también sintieron la extrañeza de la situación. Sin embargo, no cuestionaron más allá de lo que los médicos les trasladaban. “Hoy tendría 54 años. Afortunadamente, sabemos dónde está su tumba”, explica Victoria, emocionada al recordar a sus progenitores.
“Ellos siempre tuvieron la inquietud por saber la verdad. Recopilaron documentos y colaboraron con la asociación, hasta que murieron hace cinco años, momento en el que decidimos continuar con su legado. Queremos demostrar que era un bebé sano. Si lo conseguimos, nuestros padres podrán descansar de verdad”, afirma. Como ellos, muchas otras familias han asumido el rol de portavoces de quienes ya no están para defender su verdad.
Una práctica común
Esperanza Ornedo, presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Huelva, también busca a su hermana. El día 23 de marzo de 1968, su madre, de 17 años, llegó al hospital junto a su marido. Nada más llegar, rompió aguas y una matrona le ofreció una camilla donde tuvo que esperar horas para ser atendida. Finalmente, la trasladaron a una habitación que nada tenía que ver con un paritorio, y allí acabó por dar a luz.
“Mi madre pudo ver cómo era, una niña grande y hermosa, pero las matronas la cogieron y se la llevaron envuelta en una sábana. Tiempo después vino un hombre y le dijo que había muerto, sin causa médica aparente. Tras mucho insistir en que quería verla, le enseñaron un paquete, pero no le dejaron despedirse de su hija”.
Años más tarde, Esperanza escuchó la historia que le contó su madre y decidió abrir su propia investigación. “La documentación sobre la muerte de mi hermana no tenía nada que ver con la realidad del caso. Recogía que mi madre sufrió un aborto prematuro, a un feto de seis meses, y que estuvo allí presente, cuando lo hizo en realidad sola, a los nueve meses de embarazo. Mi madre tiene a día de hoy esa duda, y tenemos la certeza de que mi hermana se crió en otra familia. Llegué a encontrar al médico, le pedí explicaciones, pero claro, hoy ya nadie se acuerda de nada”.
Con esfuerzo y persistencia, logró reabrir el caso por la vía administrativa. “El sistema judicial nos cerró las puertas por prescripción. Pero por humanidad, por memoria, decidimos seguir”, explica. Ocho exhumaciones han sido autorizadas, y ahora esperan el permiso para intervenir otros cementerios, como los de Ayamonte, Moguer y Trigueros.
Una realidad que volver a asimilar
Para muchas familias, confirmar una muerte o encontrar indicios de que fueron robados es un golpe y un alivio. “No se trata de aprender, sino de asumir. Si se encuentran, ellos deben decidir. Solo con saber que están bien, lo aceptaríamos”, resume Esperanza.
La lucha también es contra el olvido. Por eso, desde la asociación proponen la creación de un monumento en honor a las víctimas. “No está pagado. Hay padres y madres que murieron con un abrigo lleno de dolor e incertidumbre”, recuerdan.
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