divendres, 7 de novembre de 2008

Uno de los nuestros: ¡El juez archiva la denuncia del abogado del caso Fabra contra los falsos empresarios!

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El juez archiva la denuncia del abogado del caso Fabra contra los falsos empresarios

Vera denunció a dos personas que contactaron con él asegurando ser empresarios, a los que se les encontró material para grabar y acreditaciones como periodistas de Intereconomía

EUROPA PRESS

El titular del juzgado de instrucción número 14 de Valencia ha archivado la denuncia interpuesta por el abogado José Luis Vera, que trabaja en un despacho que ejerce, entre otros casos, como acusación popular en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra dos personas que simularon ser empresarias. El magistrado adoptó esta decisión al no hallar ningún indicio de delito, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Vera denunció el día 5 de noviembre a dos personas que supuestamente contactaron con él asegurando ser empresarios, lo que llevó a la Policía a montar una operación que se saldó con la intervención de los agentes y la identificación de los dos hombres a los que se les encontró material para grabar y acreditaciones de un grupo de comunicación.

La policía remitió al juzgado encargo del caso el informe que había realizado al respecto, y el magistrado, tras estudiarlo, dictó un auto de sobreseimiento al no hallar ningún ilícito penal. Al día siguiente, el letrado Vera presentó una denuncia en este juzgado, y el juez ha dictado una providencia confirmando el auto de sobreseimiento al considerar que no existe ningún delito penal.
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Uno de los falsos empresarios del montaje contra el letrado que acusa a Fabra fue escolta de Tamayo

José Antonio Expósito usa carné de prensa de Intereconomía, cuyo presidente lo contrató de asesor de seguridad. La emisora colaboró con un partido creado por los tránsfugas que ayudaron al PP en Madrid

Francesc Arabí, Valencia

Tiene un amplio y polémico currículum aunque no precisamente en el ejercicio del periodismo. Se llama José Antonio Expósito y se hizo pasar supuestamente por un fabricante de maquinaría de serigrafía interesado en trasladar las oficinas a Valencia y en contratar como asesor jurídico a José Luis Vera, el abogado de la Unión de Consumidores que ejerce la acusación en el caso Fabra. La policía judicial desbarató un montaje con el que intentaron tenderle una trampa a Vera y que incluía el ofrecimiento de una sortija de diamantes como regalo, según la denuncia. La policía, alertada por el letrado, desbarató el presunto intento de grabar el soborno. En la declaración posterior en comisaría, resultó que la identidad real de uno de los dos industriales era la de Expósito, según fuentes de la investigación. Pese a que llevaba un carné de prensa, no fue fichado por el presidente de este grupo de comunicación, Julio Ariza -ex diputado del PP en Cataluña- por ser reputado reportero, sino por su condición de escolta. Entre sus actuaciones más sonadas está el haber ejercido de guardaespaldas de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, cuando estos dos diputados socialistas tuvieron una crisis de fe y dieron la espantada el 10 de junio de 2003 para no votar la investidura del socialista Rafael Simancas como presidente de la Asamblea de Madrid. En los días de máxima tensión, Tamayo y Sáez y algún colaborador se hospedaron en el hotel Los Vascos y en el AC Cartagena de Madrid. Según varios medios de comunicación -la Ser contó apuntes de un diario personal de Expósito- empresarios de la construcción contactaron con este escolta para recabar sus servicios para los tránsfugas. Sólo dos días después de aquellas elecciones del 25 de mayo, lo llamaron por teléfono para contratar a alguien que estaba muy puesto en labores de seguridad. La revista Interviú contó que entre sus clientes estuvo el Banco de Santander. Trabajó a las órdenes del ejecutivo Rodrigo Echenique, de quien fue hasta conductor personal, según la revista.

Llega al mundo de la comunicación
Al cabo de dos años de uno de los más espectaculares escándalos de la democracia, Expósito pasó a estar en nómina del ultraconservador grupo Intereconomía. La relación de Tamayo y Sáez con la empresa de Ariza no nacieron con ese fichaje. En plena tempestad política y en puertas de una inédita segunda fase electoral, los dos tránsfugas regresaron al mundo de los vivos y formaron un partido para arañar votos al PSOE. Se llamó Nuevo Socialismo y de las cuñas de propaganda y hasta las fotos de los carteles electorales se encargó Intereconomía, contó en su día la Ser. Ariza sostuvo que cobró los servicios. En cualquier caso, la colaboración fue total. Nuevo Socialismo fue una anécdota en el mapa electoral madrileño pero aquel remake del paso por las urnas fue una bendición para Esperanza Aguirre. En aquel episodio político que puso patas arriba la entonces llamada Federación Socialista Madrileña (FSM) -han tenido que rebautizarla como PSM a ver si el lifting mejora la imagen de marca- tuvo enorme protagonismo un ex compañero de Eduardo Zaplana en las juventudes de UCD llamado José Luis Balbás, quien militaba en el ala socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez. Esto es, la izquierda de la UCD, que después pasó a ser la derecha del PSOE. Balbás lideraba, cuando el tamayazo, la corriente de la FSM llamada «Renovadores por la base», toda una declaración de intenciones. Entre los ilustres adscritos a ese grupo, conocido en el partido como los balbases, estaban Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Meses después del escándalo, el entonces secretario de organización del PSOE, José Blanco, expulsó del partido a Balbás. La traición debió de ser, a buen seguro, dolorosa para Blanco, al tener que actuar contra quien era persona de su más estrecha confianza. Hasta el punto de ser el representante de José Luis Rodríguez Zapatero en el apretado recuento de votos que le dio la victoria frente a José Bono en el 35 congreso federal.

Hoy, José Luis Balbás es colaborador de Intereconomía TV en su programa estrella, la tertulia política El gato al agua. Desde allí critica duramente a su ex amigo Zapatero. Casi con tanto fervor como el que manifiesta Intereconomía en su defensa del presidente de la Diputación de Castelló, institución que contrata publirreportajes con revistas del grupo y tiene suscripciones a publicaciones como Época o Trámite parlamentario y municipal, que son enviadas a muchos pueblos de una provincia, que políticamente, es como el condado de Carlos Fabra Carreras. El mismo que está acusado de cohecho, prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y privado, delito fiscal y delito contra la salud pública.

La mano derecha de Aguirre es un yerno de Carlos FabraLa coronación de Aguirre no le vino nada mal a un prometedor diputado del PP por aquel entonces llamado Juan José Güemes. Pasó de portavoz adjunto del grupo a consejero de Empleo y Mujer de primer gobierno de quien se autoconsidera un verso suelto del partido. Hoy, Güemes es consejero de Sanidad. Y además de madrina, tiene padrino político. Se llama Carlos Fabra Carreras y es presidente de la Diputación de Castelló. Para Güemes es, simplemente, su suegro. Porque el consejero está casado con Andrea Fabra Fernández, una de las dos hijas del encausado por varios delitos contra la administración y fraude fiscal. En la investigación judicial que se sigue en el juzgado número 1 de Nules están repasando algunas cuentas a nombre de Andrea Fabra. De la fiscalización de los movimientos bancarios se están ocupando los peritos del Banco de España.
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Costa dice que el código ético del PP sigue vigente pero que no es aplicable a Fabra

El secretario general de los populares reta a Vera a denunciar al dirigente castellonense

Víctor Romero, Valencia

El secretario autonómico del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, aseguró ayer que el código ético que los populares suscribieron en los años noventa como mecanismo de control interno de irregularidades sigue vigente. No obstante, dijo desconocer si está incorporado a los estatutos nacionales del partido y aseguró que la potestad de suspender de militancia "corresponde a la dirección nacional". Costa cerró filas con la figura del presidente provincial del PP de Castelló y presidente de la diputación, Carlos Fabra, y manifestó que los límites éticos que figuran en el código popular no le afectan.

El PP aprobó en los años noventa, cuando los casos de corrupción arreciaban contra dirigentes del PSOE, un código ético en el que entre otras cuestiones se comprometía a crear comisiones de investigación interna y hacer pública sus conclusiones "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito" por parte de unos de sus cargos públicos. Fabra está imputado desde hace tres años por presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la Administración, además de por un supuesto delito de fraude a la Hacienda pública. El mismo código ético establece como motivo de expulsión del partido "la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros". Costa aseguró ayer en rueda de prensa que estas circunstancias no se dan en el caso de Carlos Fabra.

El número dos del PPCV se refirió también a las palabras del abogado de la acusación del caso Fabra quien ha denunciado un montaje de periodistas que se ha hecho pasar por falsos empresarios y ha apuntado la hipótesis de que Fabra esté detrás de la trampa. "Si ese abogado tiene pruebas de que está siendo presionado, chantajeado y coaccionado tiene que ir al juzgado y denunciarlo", dijo Costa. Vera ha presentad una denuncia por coacciones, amenazas y revelación de secretos de su intimidad contra los periodistas que se hicieron pasar por empresarios. La película de James BondSobre la acusación velada de Vela hacia Fabra, Costa volvió a cerrar filas con el dirigente castellonense y en tono retador dijo: "Si una persona quiere acusar al PP de determinadas actuaciones o al señor Fabra, que le lleve a los tribunales": Y añadió que si Fabra "quiere tomar actuaciones legales porque hay una persona que ha manchado su honor, como ha hecho en otras ocasiones, que lo haga, pro que asuman la consecuencias". Sobre la presunta trampa denunciada por Vera, Costa optó por mofarse de la situación al afirmar que lo había leído "de pasada" en un medio de comunicación y que iba a ver por la tarde la nueva película de James Bond.

"Cuando la vea podré contestar porque no entiendo muy bien cuál es la operación del abogado de la UCE o de no quien, con no se qué periodistas para no sé qué historia".
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El despacho de Vera dice que un ex empleado amenaza con ir a Intereconomía a atacarlos


Latorre Iuris denuncia que pretende vender información y sus acciones

F. A./Europa Press, Valencia

Un portavoz del despacho Latorre Iuris, en el que trabajan los abogados que se encargan de la acusación del caso Fabra y del caso IVEX, entre otros, denunció anoche que un ex empleado «que salió hace dos meses del despacho se ha puesto en contacto con Intereconomía con el fin de obtener rédito económico a costa de pasar información a la emisora». El mismo portavoz añadió que el ex letrado del despacho «se llama Julio Martínez Cusí y, aparentemente, le ofrecen un valor muy importante por sus acciones en la sociedad del despacho con la finalidad de obtener información y, al mismo tiempo, introducir un elemento ajeno al bufete a través de la sociedad Latorre Iuris S. L.».

Por otro lado, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró ayer que la Policía «por supuesto» seguirá las indicaciones e instrucciones que reciba de los órganos judiciales tras la denuncia presentada por el abogado Jose Luis Vera, quien trabaja en un despacho que ejerce, entre otros casos, la acusación popular en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. El delegado del Gobierno añadió que además seguirán atentos porque «si en algún momento se viola claramente la legalidad» actuarán «de inmediato». Preguntado por las últimas novedades tras la denuncia del letrado de la UCE José Luis Vera sobre la trampa que unos supuestos periodistas intentaron tenderle haciéndose pasar por empresarios aseguró que la Delegación del Gobierno «sigue muy de cerca esa o cualquier otro tipo de actuación».

Indicó que «estamos viendo a unos supuestos periodistas que pretenden defender a no sabemos a quién y en base a eso están haciendo actuaciones de detectives, haciéndose pasar por empresarios, para no sabemos qué exactamente. Eso habla muy poco de una ética, son actuaciones al margen de una ética y que entiendo que rozan la ilegalidad y la Delegación de Gobierno sigue muy de cerca esa o cualquier otro tipo de actuación».
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El letrado que acusa a Fabra pide amparo al Colegio de Abogados

M. FABRA

José Luis Vera denuncia el acoso al que le somete Intereconomía

José Luis Vera, el letrado que representa a la acusación popular en el caso Fabra ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Valencia, al que pertenece, ante el acoso al que está sometido por parte del grupo mediático Intereconomía. Dos falsos empresarios, que luego fueron identificados como empleados de este grupo, trataron de tenderle una trampa y le ofrecieron un anillo de diamantes mientras le grababan con una cámara oculta. El titular del juzgado de instrucción número 14 de Valencia decidirá hoy si admite la denuncia presentada por Vera por "amenazas y coacciones, chantaje, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia", a la que Vera sumó otro cargo de acoso después de que, al día siguiente del montaje, ambos individuos se presentaran en su domicilio y le siguieran por la calle.

José Luis Vera señaló tras el incidente que "lo fácil es pensar que han sido ellos" y apuntó al propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o a alguien "de su entorno" como inductores del montaje. Pero Ricardo Costa, secretario general del PPCV señaló que "el PP no coacciona a nadie" e incluso se permitió el sarcasmo de decir que opinaría tras ver la película de James Bond, cuyo preestreno tuvo lugar anoche en Valencia: "Porque no entiendo muy bien cuál es la operación del abogado, con no sé qué periodistas, para no sé qué historia".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, calificó lo ocurrido como "algo realmente sospechoso" e indicó que "alguien debería dar una explicación alguna vez de por qué pasan estas cosas en relación con este tema y en relación con una persona determinada".

Mientras, la Unió de Periodistes, en un comunicado, exigió que no se utilice el trabajo periodístico "como excusa para justificar comportamientos que puedan incumplir códigos deontológicos".
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