diumenge, 2 de novembre de 2008

El negoci de la rajola al PV.

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C9 Corrupció F1 Fabra PPilotades Terra Mítica Urbanisme depredador. Zaplana

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Marina d'Or, Marina d'Or, vacaciones todo el año..
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Marina d'Or naufraga en su 'lujo' vacacional

MARÍA FABRA

Jesús Ger, fundador de la Ciudad de Vacaciones, pasó de vender colchones a levantar 20.000 viviendas en la costa virgen de Castellón

En tiempos de crisis, los más grandes pueden ser los que más sufren. No corren buenos tiempos para Marina d'Or. En menos de un año, el grupo ha prescindido de más de mil trabajadores, un tercio de su plantilla. Los últimos, más de doscientos empleados de administración, hotelería y construcción, están en el paro desde hace una semana. Mientras la empresa enfoca su atención en el exterior, las promociones de Oropesa del Mar (Castellón) están prácticamente paralizadas y sobrevuela el miedo de que la Ciudad de Vacaciones acabe convirtiéndose en una ciudad fantasma.

En menos de un año, el grupo ha prescindido de mil trabajadores, un tercio de su plantilla

Un destartalado puente sobre un canal de agua daba acceso a Marina d'Or, cuando no era más que unos pequeños edificios de apartamentos y un hotel, que hoy quedan prácticamente al margen del complejo.

El presidente del grupo, Jesús Ger, se inició vendiendo colchones y, a finales de los ochenta, se fijó en esta porción de Oropesa, en el único pedazo de litoral virgen que quedaba en la provincia de Castellón. Comenzó a construir. Tras el poblado Ciudad de Vacaciones se han ejecutado cerca de 40 promociones, con más de 12.000 apartamentos, además de una docena que aún están activas. Servicios de ocio familiar, comercios, oficinas bancarias, correos, restaurantes e incluso una gasolinera, hacen que la salida de este entorno no sea imprescindible.

Por cada promoción, el Ayuntamiento se queda una porción de suelo destinado a dotaciones. Estas parcelas también han sido ocupadas por supermercados, minigolf o parques infantiles. La Ciudad de Vacaciones se asienta en un espacio de apenas un millón de metros cuadrados, a los que se unirán otros tantos cuando se desarrolle la zona contigua, conocida como Torre la Sal. En cualquier caso, serán la hermana pequeña de la macrourbanización prevista, aunque aún no aprobada, que se extenderá sobre 180 hectáreas para acoger más de 20.000 viviendas unifamiliares y apartamentos, 6 hoteles diseñados para concentrar más de 7.000 plazas (el de Los Alpes prevé una pista de esquí artificial y el de París tendrá reproducciones de la Torre Eiffel, del Arco del Triunfo y de los jardines de Versalles), 34 locales, 6 discotecas con diferentes ambientes, pubs y restaurantes. Todo ello alrededor de tres campos de golf, tres parques infantiles y uno temático, impulsado por la Generalitat Valenciana. Pero no son buenos tiempos para la construcción, y el grupo ya ha admitido que, cuando llegué la aprobación definitiva, comenzará por los campos de golf y dejará el resto, apartamentos, hoteles, servicios y ocio, para cuando vuelvan los tiempos de bonanza.

Socializar el lujo
"Nosotros socializamos el lujo", argumenta uno de sus directivos, mientras Ger, en sus iniciativas de expansión internacional, es recibido por dirigentes y embajadores ante los que exhibe en la solapa un barco de oro y brillantes con el logotipo de la empresa.

El complejo vacacional se ha hecho a su imagen y semejanza. La calle de los hoteles de mayor categoría parece la feria de abril, con miles de bombillas que simulan un arco y pasillo de luz. Sus empleados van uniformados de un amarillo chillón que los identifica desde lejos y algunos de sus establecimientos están saturados de detalles dorados y mármol falso. En la publicidad el grupo echa el resto, con campañas que bombardean al espectador y un centenar de teleoperadoras que atienden las llamadas a la Ciudad de Vacaciones. Los datos no sirven sino para calibrar el impacto que este boom urbanístico ha tenido en dos pueblos en los que un gran número de personas dedicadas hasta hace poco a la agricultura han pasado de preocuparse por la climatología a decidir adónde van de viaje o la decoración de su nueva casa con lo que les ha reportado la venta de sus huertos.

Los vecinos de Marina d'Or, los habitantes de los pequeños pueblos de Cabanes y Oropesa que vendieron a Ger su suelo para que construyera su imperio, reciben, en muchos casos, cajas de Navidad y regalos para los niños. El grupo patrocina las fiestas patronales y ofrece visitas gratuitas al balneario con meriendas de canapés.

Viajes pagados a China
La mayoría de ellos defienden los proyectos ante lo que consideran la llegada del progreso a sus pueblos. Miss España y Míster Mundo se han paseado por los pueblos y los cachés de personajes del papel cuché como Sofía Loren, Naomi Campbell, Mark van der Loo, Mar Flores o Ana Obregón no han sido impedimento para que Marina d'Or consiguiera fotografiarlos en las instalaciones del complejo vacacional.

Los concejales de los ayuntamientos han viajado a París y Londres y, en el caso del alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), también a China, donde logró una concentración de famosos a golpe de talón. Mientras, el grupo empresarial y el propio Jesús Ger se enfrentan a decenas de contenciosos por las expropiaciones de terrenos en favor de Marina d'Or a través de Programas de Acción Integrada (PAI), e incluso ante la posible comisión de un presunto delito de tráfico de influencias.
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Alborch pide la suspensión de planes urbanos en la huerta


EL PAÍS - Valencia - 31/10/2008

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Resultado 7 votos

El grupo municipal socialista presentará hoy al pleno de Valencia una moción que pide la suspensión de licencias y programas urbanísticos que pongan en peligro el paisaje de mayor valor que pretende proteger el Plan de Acción Territorial de la Huerta. La portavoz, Carmen Alborch, y el concejal Vicente González Móstoles instaron al gobierno local del PP a dar ejemplo con la suspensión de las reclasificaciones de huerta del nuevo plan general de Valencia y a que se coordine con el plan de protección que tramita la Generalitat. La paralización de actuaciones urbanísticas, según los socialistas, debería extenderse al resto de municipios del plan, "que será papel mojado para los paisajes más valiosos si no se actúa pronto", según Alborch.

González Móstoles advirtió también de la "contradicción severa" entre la intención de proteger la huerta y la red viaria prevista en el área metropolitana de Valencia, o la reclasificación de suelo agrícola que pretende la ciudad. Los socialistas piden también la implicación de Agricultura y Cultura para coordinar estrategias agrarias y de protección patrimonial.

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El nuevo alcalde de Calp permite construir hoteles sin límite de altura

ARTURO RUIZ

La primera consecuencia urbanística de la moción de censura que este mes le dio la alcaldía de Calp al nacionalista Ximo Tur con el apoyo de PP y el PSD se hizo realidad ayer. Los tres partidos aprobaron en el pleno una modificación del Plan General que elimina cualquier límite de edificabilidad en los hoteles de cuatro y cinco estrellas que vayan a construirse a partir de ahora en esta localidad turística. Para sacar adelante esta medida, Tur se vio obligado a imponer su voto de calidad, ya que el nuevo concejal popular Pedro Jaime, que ayer tomó posesión de su acta, se abstuvo con el argumento de que no conocía toda la documentación. Una prueba de las discrepancias internas que la cuestión suscita en el PP.

Con la modificación, calificada por Tur como un modo de "potenciar los establecimientos hoteleros y no causar perjuicios a los inversores" y por el portavoz del PSPV, Joan Morató, como "una aberración urbanística", a partir de ahora no computará como edificable el suelo destinado a elementos comunes y servicios (o zonas comerciales) de los hoteles, lo que supone liberalizar tanto las alturas como la anchura de los complejos.

Esta medida tendrá una consecuencia directa y permitirá rescatar un proyecto paralizado por el anterior gobierno municipal socialista: la construcción de un hotel de lujo de 50 metros de altura y 17 pisos, que se ubicará en una zona urbanizable del Plan Parcial número 4, en primera línea junto al paraje protegido del humedal de las Salinas. El plan número 4 tiene prevista una cota máxima de altura de 50 metros, que se mantiene, por el momento.La licencia para edificar junto a las Salinas, impulsada por el Grupo Esmeralda y con un total de 640 habitaciones, fue denegada en 2007 por el anterior gobierno del socialista Luis Serna, al entender que incumplía la normativa que precisamente ahora ha sido derogada y que prohibía que las zonas comunes de los hoteles superaran el 20% de la edificabilidad de la parcela donde se construyeran. La mercantil denunció esa decisión ante los juzgados y ahora el nuevo tripartito de Calp ha dado luz verde a los planes de la empresa. Según el PSPV, lo hace vulnerando un dictamen emitido hace diez años por la Consejería de Territorio, que exigió que se limitase la edificabilidad de los hoteles en Calp para aprobar la homologación de su PGOU.

Por ese motivo, el socialista Joan Morató advirtió de que los concejales que votaron ayer a favor de esa medida podrían estar incurriendo en tres delitos: fraude de ley, desviación de poder y prevaricación. Morató aseguró que el PSPV "apoya la construcción de hoteles de lujo en Calp pero no un retorno al urbanismo salvaje del PP reforzado además por Ximo Tur, quien parece haber olvidado su programa electoral".

El debate urbanístico amplificó aún más las divergencias en el Bloc Nacionalista Valencià. La otra concejal nacionalista, Antonia Avargues, que no apoyó el voto de censura que hizo alcalde a su compañero de grupo, se opuso al nuevo hotel, cuyas dimensiones tildó de "aberrantes". "Sobre una parcela de 15.000 metros cuadrados se va a construir una mole de hormigón de más de 40.000 metros cuadrados, lo que equivale a edificar 420 viviendas", añadió.

En cambio, el alcalde dijo que fueron posturas como las mantenidas ayer por el PSPV las que le decidieron a romper su pacto con los socialistas y aliarse con el PP: "Tenemos que apoyar nuevos hoteles para reactivar la economía, no tenerla paralizada 16 meses como hizo el gobierno de Serna". El edil de Urbanismo, el popular José Perles, esgrimió que la modificación "viene avalada por dos catedráticos de gran prestigio" y elogió al Grupo Esmeralda, "que en Calp siempre ha funcionado muy bien".

Por otra parte, ayer, el secretario local del PP de La Vila Joiosa, Jerónimo Lloret, anunció que ha iniciado contactos para presentar una moción de censura contra el alcalde socialista, que gobierna con siete concejales más uno de Iniciativa Independiente, uno del Bloc y uno no adscrito, que se escindió de los independientes. Los populares tienen 10 concejales.
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El TSJ pone en jaque el urbanismo de Castellón

MIGUEL Á. CAMPOS

Anulado el plan que incluye la VIU y el centro de Calatrava

El Tribunal Superior de Justicia ha declarado "nulo y contrario a derecho" el Programa de Actuación Integrada (PAI) Mestrets de Castellón. Se trata de un desarrollo urbanístico de un millón de metros cuadrados en el que el alcalde del PP, Alberto Fabra, depositó todas sus esperanzas para cumplir con sus compromisos electorales aun a costa de la legalidad, como ha apuntado la sala. El Ayuntamiento, con el beneplácito del Consell, que aprobó definitivamente el proyecto, intentó repercutir en este PAI el suelo dotacional de otros aprovechamientos urbanos de la ciudad, de forma que "más del 50% del suelo de la zona" recibió esta carga urbanística en perjuicio de los propietarios, lo que ha llevado al tribunal a asegurar que el Ayuntamiento y la Generalitat "infringieron los artículos 9, 62 y 66 entre otros" de la LRAU por vulnerar el principio de distribución de beneficios y cargas urbanísticas.

Alberto Fabra convirtió el suelo del Plan dels Mestrets en una especie de cajón de sastre, donde cabían el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el rectorado de la VIU, la ronda de circunvalación o más de 3.000 viviendas protegidas. Ahora, con la anulación del PAI, todos estos proyectos carecen de suelo que los acoja.

Por otra parte, el Ayuntamiento y el Consell se comprometieron a "ejecutar las medidas correctoras establecidas en el estudio de inundabilidad" y "someter el plan director a la Confederación Hidrográfica del Júcar". En su sentencia, los magistrados recuerdan que ese informe "fue desfavorable". Por otra parte, el tribunal reprocha al Ayuntamiento de Castellón que no contestase "a ninguno de los argumentos de la demanda" en lo referente a las competencias locales "haciendo expresa dejación de sus derechos procesales".

El conflicto se inició en 2003, cuando el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde, Alberto Fabra, anunció la urbanización de Els Mestrets, con la construcción de 6.300 viviendas, de las que la mitad serían de VPO. Los vecinos de Mestrets-Borriolenc denunciaron que el Ayuntamiento les dejaba literalmente en la calle, dadas las mínimas compensaciones y las cargas excesivas. El TSJ les ha dado la razón.
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La corrupción política anida en la Vega Baja

SANTIAGO NAVARRO

Las tramas político-empresariales se suceden con el urbanismo de fondo


SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/11/2008

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Resultado 12 votos

La honestidad de la clase política en La Vega Baja está tocando fondo. Los cargos públicos de esa comarca, habituados a sobrevivir en el filo de la navaja, han recibido en menos de una semana dos varapalos judiciales que, de golpe, han puesto sobre el tapete las oscuras e ilícitas relaciones entre política y negocio tejidas en las tres últimas décadas en algunos municipios.

La comarca ha experimentado un brutal crecimiento inmobiliario
Cartagena, ex alcalde de Orihuela, ya ha pasado por la cárcel
Orihuela y San Fulgencio tienen un nexo en común: las grabaciones


El epicentro del obsceno escenario se sitúa en el urbanismo salvaje. La comarca ha experimentado un brutal crecimiento inmobiliario, cuyas jugosas plusvalías han llevado a políticos, empresarios y profesionales liberales a rebasar la línea de la legalidad. Y todo ello ante la pasiva mirada del Consell, cuya función supervisora del urbanismo ha sido prácticamente nula. Las miles de viviendas ilegales que pueblan ahora la otrora huerta de la comarca y los centenares de urbanizaciones del litoral carentes de infraestructuras y dotaciones no han aparecido por arte de magia de la noche a la mañana.

Las últimas víctimas del acoso policial y judicial a la corrupción han sido la alcaldesa de San Fulgencio, Trinidad Martínez, y el alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, ambos socialistas. La primera está en libertad con cargos; el segundo, se ha convertido en el primer regidor valenciano preso preventivo de la democracia por delincuencia urbanística. Además de los dos alcaldes, el saldo de la última acometida de los jueces y la policía a las tramas de corrupción se completa con el arresto de cinco concejales, un abogado un ingeniero, un secretario municipal, un jefe de policía local y dos constructores. Todos han quedado en libertad con cargos.

La abultada lista se refiere únicamente a los pequeños municipios de San Fulgencio (12.800 vecinos) y Bigastro (7.000 habitantes). Sin embargo, el tufo de la corrupción en La Vega Baja es añejo y se remonta a la etapa del ex consejero de Obras Públicas, el popular Luis Fernando Cartagena, en la alcaldía de Orihuela desde 1987 a 1996. Cartagena ha experimentado el ambiente de una celda, aunque de manera breve, por una condena a cuatro años por quedarse con 49.000 euros de unas monjas. Y todavía tiene pendiente otra causa por fraude a Hacienda. Por estos hechos se enfrenta a tres años de prisión.

Con el cambio de siglo, los focos de la corrupción apuntaron directamente a los dos grandes núcleos urbanos de la comarca: Orihuela y Torrevieja, feudos del PP desde mediados de los ochenta. Sobre el Consistorio oriolano, con su ex alcalde José Manuel Medina a la cabeza, pesan 16 sumarios por otros tantos supuestos delitos derivados de la gestión urbanística y contable. Los jueces ya han decretado el archivo de tres de las causas secundarias. La principal, dirigida contra Medina, sigue en vía muerta, después de que el ex alcalde admitiera ante el juez que usaba un Rolls Royce y vivía en un chalé propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. La imputación le cerró el paso a la reelección en 2007, aunque su partido volvió a ganar en Orihuela.

El número de escándalos ha sido menor en el otro gran ayuntamiento de la comarca. Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, se mantiene en el cargo pese a su imputación por una plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compraventa de una finca supuestamente con información privilegiada. Hernández Mateo revalidó el cargo de alcalde en mayo de 2007 y, además, se blindó con el acta de diputado autonómico. Todo ello con el beneplácito de su máximo valedor, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no se cansa de elogiar la honestidad de la figura de Hernández Mateo y que pone como modelo de sostenibilidad su propuesta de crecimiento urbano. Modelo que, según expertos urbanistas, es el más depredador del territorio de la comarca y da cobijo, según la policía, a grupos mafiosos por su laberíntica trama.

Entre los casos de Orihuela y Torrevieja y los dos últimos de San Fulgencio y Bigastro, otro formidable ejemplo de urbanismo descontrolado polarizó la atención de los medios: los 1.200 chalés construidos en plena huerta de Catral, la mayoría en suelo no urbanizable y con licencia menor para vallados o viviendas de labranza. Por estos hechos están imputados el ex alcalde de la localidad, el socialista Rodríguez Leal, y cuatro concejales. El Consell reaccionó interviniendo el PGOU del municipio, pero justamente dos años después no ha aportado una solución definitiva.
La estadística de damnificados, en función del color político, es por ahora claramente desfavorable a las filas socialistas. Desde esta formación se aplaude la acción de la justicia. "Hay que actuar con contundencia contra este tipo de comportamiento", afirma un líder comarcal del PSPV. "Pero contundencia para todos", precisa.

En apariencia, según los socialistas, la Fiscalía Anticorrupción ha actuado con distinto rasero. ¿Por qué en el caso Orihuela, con una grabación también sobre un supuesto soborno por la basura, no hubo arrestos ni registros de despachos oficiales? ¿Por qué el caso de la finca de Hernández Mateo se ha sustanciado hasta ahora con la simple declaración del alcalde como imputado? Son las preguntas que flotan en el ambiente interno del PSPV.

Los casos de Orihuela y San Fulgencio, en las formas, tienen un nexo en común: grabaciones (dos en caso de Orihuela) que revelan supuestas irregularidades y un posible soborno. Como consecuencia del primero está pendiente el arsenal de cintas incautadas al empresario Ángel Fenoll, encarcelado y puesto en libertad con fianza por extorsión. Este sumario, bajo secreto desde hace año y medio, está a punto de empezar a caminar y seguro que engordará la lista de arrestados e imputados.
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· Un pueblo escindido
· De alcalde a preso preventivo
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Libres con cargos tres ediles por el soborno de San Fulgencio
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