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Garzón NO ha deixat en llibertat ningú i ja està: estan en llibertat amb tots els càrrecs que els imputava!
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El Congreso investiga la incompatibilidad de dos letrados del despacho de Michavila
Los dos letrados han intervenido en procesos judiciales a favor de administraciones públicas como, por ejemplo, el ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid)
FERNANDO GAREA - Madrid - 03/03/2009
El secretario general del Congreso de los Diputados, Manuel Alba, ha informado hoy a la Mesa de la Cámara de su intención de abrir una investigación para determinar si dos abogados del despacho de José María Michavila , diputado del PP, incumplen la ley.
Garzón deja en libertad a otros seis imputados
El despacho de los milagros
José maría Michavila Núñez
Los abogados, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, compatibilizan esa actividad en el despacho Eius con su condición de letrados de las Cortes. Tienen concedida la compatibilidad, pero la ley impide que asesoren a ayuntamientos. Los dos letrados han intervenido en procesos judiciales a favor de administraciones públicas como, por ejemplo, el ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid).
El secretario general de la Cámara y letrado mayor del Congreso ha informado a la Mesa de que pedirá explicaciones en los próximos días a los dos letrados. Por su parte, la portavoz del grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que no actúa por informaciones de prensa, al ser preguntado por supuestas incompatibilidades del diputado Michavila.
Dorrego explicó recientemente a EL PAÍS que ha sido abogado de ayuntamientos como el de Boadilla. Además, Dorrego es secretario del consejo de Cabanyal 2010 y vicesecretario de Comunitat Valenciana d'Inversions, empresas públicas de Valencia
Garzón deja en libertad a otros seis imputados
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado hoy en libertad a los seis últimos imputados a los que ha tomado declaración en el llamado "caso Gürtel", entre ellos el director de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch. Con estos seis son ya 21 de los 37 imputados en esta causa los que han quedado en libertad y sólo tres han ido a prisión: el presunto líder de la trama de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.
Además de Martínez Lluch, también han comparecido hoy Javier Pérez Alonso ( miembro del consejo de Administración de Orange Market, filial valenciana de la empresa de Correa, Special Events; Manuel Delgado Solís (abogado); José Antonio López (Pepechu), empleado del despacho de Manuel Delgado; Juan Pérez Mora y Jesús Calvo Soria (empresario de la construcción en Madrid).
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El Consell desfila por las Cortes para negar papeles a la oposición
Camps calla y elude hablar del sumario que investiga Garzón
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Garzón deja en libertad a seis imputados en el 'caso Gürtel'
Entre ellos se encuentran el ex director de Bancaja en Miami y un miembro de los consejos de tres de las empresas implicadas en la trama.
OTR/PRESS - Madrid - 03/03/2009 19:41
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad sin medidas cautelares a otros seis imputados en la causa en la que investiga la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias desmantelada con la 'operación Gürtel', lo que eleva a 21 el número de acusados que han eludido la prisión después de comparecer ante el magistrado, informaron hoy fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que tomó declaración a los seis imputados durante casi dos horas y media, dictó la libertad sin comparecencias para todos ellos de acuerdo con la petición formulada por las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell. En todo caso, mantiene su imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y fraude fiscal.
El último en comparecer en la Audiencia Nacional fue Jesús Calvo Soria, profesor de Marketing en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
También testificó ante el juez Guillermo Martínez Lluch, que en el año 2000 era consejero de Bancaja Eurocapital Financia y fue director de esta entidad bancaria en su sucursal de Miami (Estados Unidos). Los otros cuatro imputados que comparecieron en el juzgado fueron Francisco Javier Pérez Alonso, miembro de los consejos de administración de las empresas de la trama Orange Market, Proyectos Financieros Fillmore y Caroki; el abogado Manuel Delgado Solís, el empleado de su bufete José Antonio López, 'Pepechu'; y Juan Pérez Mora.
Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones en administraciones del PP de Madrid y Valencia; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización. Otros 21 de los 37 imputados han quedado en libertad sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales, incluyendo los seis citados.
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El Congreso investiga a los dos letrados socios de Michavila
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De Rosa incumplió la ley si en sus reuniones con Camps lo asesoró sobre su implicación
El vicepresidente del gobierno de los jueces se vio al menos dos veces con el presidente. La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces aconsejar jurídicamente se cobre o no
Levante-EMV, Valencia
Ni cobrando, ni gratis. Ni en un despacho oficial ni en un domicilio particular, ni en el bar de la esquina. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por ejemplo Fernando de Rosa, como árbitros que son tienen la obligación legal de desarrollar su actividad con dedicación exclusiva y les está tajantemente prohibido desempeñar cualquier otra tarea, pública o privada, "por cuenta propia o ajena, retribuida o no", además de la propia de su cargo. Así de contundente es la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando, en el artículo 117, establece el régimen de incompatibilidades de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces. Para que no quede ninguna duda de que el asesoramiento en materia legal está claramente incluido entre las tareas proscritas, el apartado segundo del artículo 389 de la citada ley, lo subraya: "el cargo de juez o magistrado [incluye a los miembros del CGPJ] es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido". Así pues, con la ley en la mano, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, tendría un serio problema jurídico, al margen del político, si se demostrara que en las reuniones que mantuvo con el presidente Francisco Camps y varios consellers y altos cargos asesoró sobre el escenario judicial que podría plantearse si el jefe del Consell es implicado en la trama.
Esas citas en casa propia o en territorio institucional tendría al menos tanto recorrido que la rocambolesca estanmpa del juez, el ministro de justicia y toda la cornamenta de los muflones y venados abatidos en la cacería de Jaén que acabó costándole el cargo al ministro Fernández Bermejo. Aquello fue un desliz político en toda regla. De hecho, allí se especuló con el motivo de las conversaciones si las hubo. En los al menos dos encuentros mantenidos por De Rosa con Camps no hay, ni por la agenda ni por el escenario, orden del día lúdico que explique el encuentro entre dos amigos y unos cuantos agregados.
El primero de ellos, del que informó este diario, se produjo el 13 de febrero en el domicilio del magistrado y ex conseller de Justicia, en la Avenido Barón de Cárcer. El segundo tuvo lugar una semana después en el Palau de la Generalitat. Preguntado por este diario sobre el contenido de la reunión en su casa, De Rosa se limitó a contestar: "No voy a contar lo que hago en mi vida privada", tras señalar que ni confirmaba ni desmentía la reunión. Fuentes oficiales de Presidencia se instalaron en la misma versión, aunque destacaron que entre Camps y su ex subordinado De Rosa hay "una relación personal, que es muy conocida". No obstante, a esa reunión acudieron al menos dos consellers y algún otro alto cargo. El encuentro se celebró el día que los periódicos publicaron el auto del juez Baltasar Garzón en el que se desenmarañaba el entramado de 23 empresas montado por Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, entre otros, para, a través del presunto soborno a políticos y funcionarios, lograr contratos de la Administracion y desviar los fondos a paraísos fiscales.
Ese mismo día trascendió, además, que el magistrado apreciaba "serios indicios" de que aforados del PP podrían estar implicados. En ese contexto se habría convocado, según fuentes solventes, el improvisado gabinete de crisis para evaluar la situación jurídica y política en casa de Fernando de Rosa. En un edificio propiedad de la familia del ex conseller en el que hace años estaba la sede del PP valenciano, concretamente en la primera planta. El jueves 19 de febrero, de buena mañana, en la tertulia de Canal 9, De Rosa soltó la traca al afirmar que si Garzón no se inhibía en la causa a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación". "Puedo decir que si yo fuera juez y en un procedimiento hubiera la más mínima sospecha de que hubiera un aforado, la responsabilidad del juez es paralizar el procedimiento y remitirlo al órgano competente". "Al presidente de la Generalitat sólo lo puede investigar el TSJCV", concluyó.Al cabo de unas horas, De Rosa visitó el Palau. El número dos del CGPJ aseguró a este diario que había ido a recoger teletipos. Salió así al paso de las informaciones sobre una reunión, a la que también habría asistido el ex ministro Michavila, de un minigabinete de crisis. El vicepresidente Rambla también participó en el encuentro.
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La Sala del Tribunal Superior que investigaría al presidente Camps es de mayoría conservadora
Ecoembes ignoraba que Orange Market no hizo la campaña por la que pagó a Vaersa69.310euros
El PSPV cuestiona dos contratos de 600.000 euros y exige un registro de asesorías externas
El PP pedirá un mínimo de tres ofertas para adjudicar cada acto
Garzón interroga al director de la oficina de Bancaja en Miami por las cuentas de Correa
Los consellers incumplen la promesa de Camps de informar de los contratos con la trama
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Cervera obvia los contratos con el amigo del conseller Castellano
El conseller de Sanidad ha eludido contestar a las preguntas de la oposición sobre la contratación de los servicios de la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, cuyo propietario es "amigo íntimo" del conseller de Gobernación, Serafín Castellano
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Miró tampoco explica los contratos con la trama
Hernández asegura que ningún documento cuestiona su gestión
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Los escándalos impunes de la derecha: del caso Naseiro al tamayazo
¿Trata la Justicia con guante blanco los casos de corrupción en el PP?
N.T.
Los dirigentes populares han convertido en deporte nacional hablar de los escándalos ajenos –véase a Cospedal hablando del capitán Khan o a Aguirre llamando a consejeros de Leguina a la Asamblea- cuando se les pregunta por los propios, aunque para ello haya que volver 10 años atrás –o más-. La revista El Siglo les ha tomado la palabra y ha retrocedido con todas sus consecuencias. El balance es nefasto: los distintos escándalos de corrupción acontecidos en el seno del PP, a diferencia de los del PSOE, no se han saldado con consecuencias políticas o jurídicas. Desde el tamayazo de Aguirre hasta el salmón de Soria, pasando por Naseiro y Fabra, la historia demuestra que, aunque en el PP se promulguen “luces y taquígrafos” o “manos en el fuego”, a los de Rajoy en realidad les va el maquillaje.
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¿A quién se refería Doña Espe cuando afirmó "Soy una víctima, políticamente van a por mí"?
Seguramente el tamayazo sea el escándalo más recordado de la democracia reciente. Aunque ahora la presidenta madrileña, respaldada por la mayoría absoluta de su segunda legislatura, arremeta duramente contra los trásfugas que arrebataron la alcaldía de Pinto a la popular Miriam Rabaneda, otro gallo cantaba en 2003.
Tamayo y Sáez
Entonces, su liderazgo tambaleante se afianzó gracias a los dos trásfugas más tristemente célebres de la España moderna: Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que convirtieron la que debía ser la investidura de Rafael Simancas en la mayor crisis del Partido Socialista de Madrid –al punto que hubo que rebautizarle-. Ambos se ausentaron de la votación, asegurando que no estaban dispuestos a pactar con IU para que gobernara el socialista, pero aquel cambio súbito estuvo plagado de casualidades.
Muchas casualidades
Por ejemplo, que Juan José Expósito, un escolta que ahora trabaja a las órdenes del grupo Intereconomía, empezó a protegerles tan sólo dos días después de las elecciones. O que este mismo grupo realizó la publicidad del partido independiente fundado por Tamayo y Sáez tras su deserción. O que uno de los constructores favoritos del PP, Francisco Bravo, reservó el Hotel donde se refugiaron los trásfugas. O que el desertor llamó varias veces a este empresario.
El Fiscal obstaculiza
Tantos indicios no bastaron para que hubiera responsabilidades judiciales: el ex ministro de Justicia y entonces fiscal de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, tropezó con el Fiscal General del momento Jesús Cardenal, y sus denuncias de que estaba obstaculizando la investigación cayeron en saco roto. En la Asamblea ocurrió algo similar a lo que acontece actualmente con el espionaje: los tejemanejes de Aguirre hicieron de lo de “luz y taquígrafos” una utopía.
Caso Fabra
Y si el tamayazo hiere porque parece olvidado –la mayoría absoluta ha dado alas a la lideresa-, el caso Fabra lo hace porque el dirigente, a pesar de estar acusado de nueve delitos contra la Administración y Hacienda públicas, parece más fuerte que nunca. Tanto que se permite poner las manos en el fuego por el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Y aunque el PP haya cerrado filas con él continuamente, el presidente de Castellón tiene una investigación abierta desde 2003. Los ingresos injustificados Fabra ha movido en cinco años 15 millones de euros de los cuales seis no están justificados. Además, ha recibido múltiples ingresos en efectivo por cantidades que incluso superan los 100.000 euros, y una veintena de sus cuentas han sido intervenidas por la Fiscalía Anticorrupción. A pesar de esto, su caso se eterniza en el Juzgado número 1 de Nules, por el que ya han pasado siete jueces –nadie quiere instruirlo- y el popular, entre tanto, se da el lujo de descalificar a la oposición y la prensa.
El salmón de Soria
En 2008, también el presidente del PP canario –y ex vicepresidente de las islas- José Manuel Soria, fue imputado por un presunto delito de cohecho y prevaricación en el que se ha llamado Caso Salmón. Soria fue invitado por el empresario Björn Lyng a visitar Noruega y participar en la pesca de salmón. Sospechosamente, dos meses después, el millonario salió favorecido por un informe del popular que le autorizaba a construir 3.600 camas en su complejo turístico en Canarias. En el informe se han detectado “un gran número de anomalías” y la jueza instructora, Margarita Varona, mantiene la imputación.
Caso Naseiro
Más lejos en el tiempo queda el Caso Naseiro que pudo haberle costado la cabeza a Eduardo Zaplana, antiguo barón de Valencia. Y es que, en 1988, la Brigada de Estupefacientes comenzó a investigar un supuesto tráfico de drogas, y pinchó la línea del concejal del PP en Valencia, Salvador Palop –fallecido hace un año-. Una media de 40 conversaciones al día fueron intervenidas, pero las temáticas no sólo incluían las drogas: la mayoría se referían a negocios fraudulentos de carácter inmobiliario que, en muchos casos, se destinaban a financiar ilegalmente el partido.
Zaplana también
En el proceso fueron detenidos Rosendo Naseiro, entonces tesorero del grupo, y el mismo Palop. El fiscal solicitó para ellos nueve meses de prisión y una multa de 31,5 millones de pesetas pero el abogado defensor solicitó que se anularan las conversaciones como pruebas por vulnerar el derecho a la intimidad: sin esta prueba, fue imposible condenarles. Para la historia, sin embargo, han quedado las frases de Zaplana a Palop: “Me tengo que hacer rico porque estoy arruinado”. Cabe mencionar que la afición del PP a defenderse con ataques, no se detiene ni ante sus propias filas: a finales de enero, cuando el presidente fundador Manuel Fraga se refirió al Madridgate diciendo que en sus "tiempos estas cosas no pasaban", fue la misma Aguirre quien le echó en cara este escándalo.
El AVE de Yebes
En 1998, el organismo Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, decidió que la primera parada del AVE Madrid-Barcelona fuese Yebes, una minúscula localidad a ocho kilómetros de Guadalajara. La idea fue tan sorprende como absurda: la misma Guadalajara contaba con 67.000 habitantes, mientras Yebes tenía apenas 217 vecinos -actualmente tiene unos 525-.
Aguirre, otra vez
En esta trama otra vez sale el nombre de Esperanza Aguirre, si bien aflora indirectamente. Y es que su marido, Fernando Ramírez de Haro, era el sobrino de Teresa Micaela Valdés, la propietaria el enclave en el que desembocaría el AVE. Ramírez de Haro también salía favorecido por el trato: las 1610 hectáreas que él y sus hermanos tenían en la zona se revalorizaron.
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