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Camps y el juez que preside el tribunal que lo juzgará son íntimos amigos
El jefe del Ejecutivo alardea de su relación con el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa.
BELÉN TOLEDO - VALENCIA - 07/03/2009 009:10
El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.
La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.
Las pruebas de la amistad
Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.
Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".
La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.
También De Rosa
Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.
La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.
En el TSJ argumentaron ayer que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.
Crónica
Zaplanistas y campistas marcan distancias
Las implicaciones del caso Gürtel en Valencia han reavivado la guerra entre los partidarios de Eduardo Zaplana y los de su sucesor, Francisco Camps. Ante las informaciones que atribuían el inicio de las supuestas irregularidades en el período en el que Zaplana dirigía los destinos del PP de Valencia, su entorno ha comenzado a marcar distancias. Así, desde ese círculo se aclararó ayer que la relación entre la presunta trama de corrupción y el PP valenciano comenzó después de que Camps asumiera el control de las finanzas del partido. En concreto, recuerdan que el actual presidente valenciano fue nombrado secretario general en julio de 2002, un cargo entre cuyas competencias están las responsabilidades económicas, cuentas bancarias del partido y custodia de los pagos y recibos.
El primer congreso regional del PP en el que Garzón detectó irregularidades se celebró en septiembre de 2002. Zaplana era todavía en aquel momento presidente del PP regional. Pero desde el entorno del ex presidente recuerdan que “Camps, reunido con Olivas, asume directiva y personalmente la preparación del congreso regional”.
Las mismas fuentes recuerdan que no fue hasta julio de 2003 cuando se constituyó Orange Market. Y recalcan que ninguna de las sociedades y empresas que aparecen en el auto de Garzón trabajó para el PP ni la Generalitat antes de septiembre de 2002. Zaplana dirigió el PP hasta 2002.
Camps asumió el cargo en 2003. Desde entonces, el actual presidente se ha esforzado por modelar el partido a su medida y por sustituir a los leales a Zaplana por personas afines a él. Camps ha conseguido su objetivo en la mayor parte del País Valenciano. Sólo el PP de Alicante continúa gobernado por los zaplanistas.
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Uno de los imputados fue asesor de Michavila
Alarte pide a Rajoy que limpie la cúpula del PP Valenciano
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Sin ofender, por favor, por Jesús Maraña 06 Mar 2009
No sé a ustedes, pero al arriba firmante se le queda cara de gilipollas (más aún de la que naturalmente porta) cuando lee y escucha las reacciones del Partido Popular y de su coro mediático sobre la trama de corrupción investigada por la justicia. Basta leer los últimos autos de Baltasar Garzón, en los que da traslado de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, para alucinar en mil colores. Conviene explicar que dichos autos son un resumen de los indicios de delitos que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han acumulado desde hace años. Van acompañados de unos cuantos kilos de documentos, grabaciones y testimonios que pertenecen todavía al secreto del sumario. Vamos, que no es que Garzón se despertara una mañana y, entre tiro y tiro en una montería acompañado del inefable Bermejo, sufriera un ataque de ira antipopular. La perplejidad se produce con el simple repaso de algunos hechos no presuntos ni supuestos, sino ya documentados.
Presunción de inocencia
El dúo “trigo limpio”, formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez El bigotes, miembros del círculo íntimo de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, actuó como mínimo entre 1996 y 2004 en connivencia con dirigentes de la sede nacional del PP. Controlaban la organización de eventos del partido y hasta la despedida de soltero del propio Agag, a cuyo bodorrio en El Escorial asistieron puro en mano.
En esa época pasaron por la secretaría general del PP Álvarez Cascos, Javier Arenas y Rajoy. ¿Ni ellos ni el tesorero Álvaro Lapuerta se enteraron del tinglado de “trigo limpio”? Entraban y salían de la sede nacional de la calle Génova con el mismo desparpajo que desplegaban en los ayuntamientos más ricos de Madrid y en las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla y León. Según la contabilidad intervenida, sus empresas recibían adjudicaciones sin las incomodidades de competir en concursos públicos. Luego pagaban a ciertos alcaldes, diputados o consejeros comisiones millonarias.
¿Ni Alberto Ruiz-Gallardón ni Pío García Escudero ni la propia Esperanza Aguirre, responsables de la Comunidad o del PP de Madrid en las sucesivas etapas, se enteraron de nada? La respuesta es no, puesto que hay que aplicar el sagrado principio de la presunción de inocencia, al que viene agarrándose el PP cada diez minutos desde que estalló el escándalo.
Por supuesto, ese principio sólo cabe aplicarlo a quienes le plazca a la dirección del PP. No tiene ese derecho, por ejemplo, el juez. No sólo le han acusado reiteradamente de prevaricador, sino que, ayer mismo, Esperanza Aguirre aseveró lo siguiente en una entrevista con su predicador favorito, Federico Jiménez Losantos, ilustre receptor de licencias de televisión digital en la comunidad madrileña: “De lo que se acusa a Camps es inferior a los regalos que ha recibido Garzón”. ¿Tiene pruebas de eso la lideresa? A lo peor los magistrados reciben dádivas “por convenio”, o sea, por la misma exótica razón que en el Gobierno madrileño se espiaban unos a otros.
Trajes y finanzas
La presunción de inocencia es para el PP flexible como el plexiglás. Ayer fueron expulsados del partido los alcaldes y militantes salpicados por la trama en Madrid, al tiempo que defendía la honorabilidad absoluta de Francisco Camps y de su número dos, Ricardo Costa. Uno de los argumentos de Rajoy, Cospedal y los editorialistas que les inspiran es otra patada a la inteligencia media: “Existen tantos indicios de delito en los trajes de Camps como en las cacerías de Garzón” (con Bermejo). Vale. Pues son las once de la noche del viernes y todavía no han dimitido el señor Camps ni el señor Costa; ni un solo dirigente o tertuliano de los que argumentan tal cosa se lo han exigido, como hicieron (con razón) en el caso de Bermejo. Para estos señores y señoras no tiene importancia que Camps y el vicepresidente del Poder Judicial se reúnan largamente y luego salgan disparando contra Garzón. Ni que Camps y el presidente del Tribunal Superior de Valencia que ahora decidirá si le imputa hayan presumido públicamente de su amistad. Ni que el PP pagara en dinero negro parte de la organización del congreso valenciano de 2002. Ni que el partido recibiera más de 420.000 euros de las empresas del dúo “trigo limpio”. ¿Indicios de financiación ilegal? ¿O de fraude fiscal? No, gilipollas, esto es una conspiración siniestra en la que participan jueces, fiscales, policías y periodistas (pocos).
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Oda a la Separación de poderes, por Ignacio Escolar Mar 06
Lo suyo es de verdad, lo suyo es más que amistad. Lo suyo es tan intenso, tan íntimo y tan sentido, que se acaban los nombres, los verbos, los adjetivos. “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina esta íntima y sentida colaboración”, decía hace unos meses el acusado almibarado, Francisco Camps, del presidente del tribunal que le juzgará, Juan Luis de la Rúa. “Me siento feliz de esta relación”, le respondía el juez al acusado.
Lo suyo no sabe de Montesquieu, pa qué. Y por eso De la Rúa acompañaba a Camps hasta en los mítines. En Valencia, la separación de poderes funciona así, como el barco de Chanquete: no les moverán. Y con la sentida y leal camaradería como principio rector de su economía, a los jueces los promueve el partido en tan íntima y rentable colaboración que después se pasan la toga por el forro de la política. El camino es de ida y vuelta, como bien ha demostrado otro reconocible jurista, Fernando de Rosa: antes consejero de Justicia de Valencia, ahora vicepresidente del Poder Judicial y siempre tan leal a su señor, el acusado Camps.
El president está tranquilo. Confía en que su íntimo colaborador le corte una sentencia a medida, como sus trajes. Por eso ni dimite ni se inmuta, ni se nota ni traspasa. Lo suyo no tiene nombre, ni horario, ni fecha en el calendario; de la Justicia un sayo. Lo suyo es suyo y de todo lo demás vamos a medias, como diría su amigo el bigotes, como diría su amigo Correa.
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La inmobiliaria Martinsa se lucró con el suelo que adjudicó Arganda
Los 'espías' dan cuenta del caos en la seguridad en Madrid
Ana Mato: "No aceptaremos lecciones de honradez del PSOE"
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Enric Sopena
Cabos sueltos
El Estado de Derecho no se está pudriendo en España, señora alcaldesa de Valencia
¿A qué ni Rajoy ni Cospedal ni Sáenz de Santamaría ni el coro mediático del PP levantan la voz ahora para exigir que los casos de presunta corrupción en los que están imputados el presidente de la Generalitat Valenciana, Camps, y el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, no sean juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV)?
¿A qué quienes han puesto a caer de un burro al juez Garzón, acusándolo de parcial, socialista y perseguidor del PP, entre otras lindezas infames, les parece bien que el presidente del TSJV, José Luís de la Rúa, intervenga -de modo activo o aparentemente pasivo- en el proceso judicial que se avecina, a pesar de los vínculos de estrecha amistad existentes entre él y Camps?
“Íntima y sentida relación”
Camps, en un acto oficial celebrado el mes de septiembre de 2008, se dirigió públicamente a De la Rúa y dijo: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”, según recordaba ayer El País en su edición valenciana. Por su parte, Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se pronunció sobre la operación Gürtel en estos términos: “El Estado de Derecho se está pudriendo en España”.
“Árbitro comprado”
El citado Ricardo Costa –cuya cuñada obtuvo para su empresa el montaje del Congreso de Valencia, cuando Rajoy subió a los altares-, imputado por Garzón, se permitió referirse al fiscal jefe del TSJV, Ricard Cabedo describiéndolo como un “árbitro comprado del Gobierno Zapatero”.
A Cabedo se la tienen jurada
Al fiscal Cabedo los populares valencianos se la tienen jurada. En octubre de 2006 llegaron a promover una “comisión para evaluar la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del TSJV”. Esta especie de peculiar Tribunal del Santo Oficio procuró así deslegitimar las investigaciones de Cabedo en torno al cacique Fabra –uno de los iconos más sospechosos del PP-, los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela, así como Terra Mítica, el parque de atracciones impulsado por la Generalitat presidida por Eduardo Zaplana. La leyenda de Terra Mítica no puede ser –en orden a la transparencia económica- más negra.
Actitud montaraz
La actitud de la derecha respecto a la justicia está siendo peligrosamente predemocrática o, simplemente, montaraz. La frase de Barberá –“el Estado de Derecho se está pudriendo en España”- no es digna de una alcaldesa democrática. En España lo que se está pudriendo, según todos los indicios, señor alcaldesa, es este PP, reo de los escándalos y de los negocios que se gestaron –conforme sostiene Garzón en su auto- en la “calle Génova” de Madrid.
De acuerdo con la tradición
¿Sirvieron tales negocios para financiar al PP, de acuerdo con la tradición avalada por el caso Naseiro, hace cerca de veinte años? ¿Participó en la trama el mismísimo Aznar? ¿Por qué Rajoy asegura que, a partir de 2004, se cortaron los lazos con el clan Correa -también conocido como clan de Becerril o el clan de Agag-, si los presuntos cerebros siguieron actuando en la Comunidad de Valencia y en la de Madrid, como mínimo? Ahí están, por cierto, las imágenes de la boda imperial de El Escorial y las imágenes de mítines de Rajoy -con Correa bien visible- en las elecciones generales del 9-M. De 2002 a 2009.
Enric Sopena es director de El Plural
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El doble rasero del PP para expulsar a sus 'ovejas negras'
La dirección popular aplica de forma arbitraria su código ético en los casos de corrupción
N. J. - Madrid - 07/03/2009
Todos los partidos políticos tienen un código ético en el que establecen, entre otras cosas, los motivos para expulsar a un miembro de sus filas. Por ejemplo, que un juez le impute un delito. El PP también tiene el suyo, aunque a la vista de los últimos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto, y de cómo ha respondido, ese código no es dogma de fe.
El partido sostiene que muchos de los imputados sufren una persecución
El artículo ocho del código ético del PP establece que sus miembros deberán "poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". El artículo nueve dice que el partido asumirá "el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una investigación interna" y el diez, que constituirá "motivo de expulsión inmediata" la utilización "del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o terceros".
La jurisprudencia de los populares en la aplicación de ese código, sin embargo, mantiene que Carlos Fabra, investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un presunto fraude fiscal, debe seguir, como sigue, en su doble cargo de presidente de la Diputación de Castellón y del PP en la provincia, al igual que el vicepresidente canario y presidente del partido en la comunidad, José Manuel Soria, imputado por un delito de prevaricación. En ningún caso el PP abrió una investigación interna.
Mientras, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, anunció ayer la suspensión de militancia de todos los cargos del PP implicados en la Operación Gürtel por el juez Baltasar Garzón. Todos, excepto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario del partido en Valencia, Ricardo Costa, y los tres diputados autonómicos de Esperanza Aguirre señalados en la trama: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. El PP, no obstante, mantiene la querella por prevaricación que ha presentado contra Garzón.
En el Ayuntamiento malagueño de Alhaurín el Grande, sin embargo, la imputación del alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, por cohecho, prevaricación y blanqueo tampoco ha sido motivo de expulsión o investigación interna, sino todo lo contrario: el PP mantiene que son víctimas de una persecución del Gobierno, la fiscalía y la policía. Otros, como el ex teniente de alcalde de Palma de Mallorca Rodrigo de Santos, fueron obligados a renunciar a su cargo después de que el juez le imputara un delito de malversación de fondos.
En Galicia, Alberto Núñez Feijóo no quiso esperar a la justicia y retiró fulminantemente a su cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera, cuando supo que podía haber cobrado 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán.
Isabel Pedrote y Juan Manuel Pardellas.
Con información de Joaquín Ferrandis, Andreu Manresa,
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Verdades y mentiras del entramado
Los autos de Garzón desmienten a destacados dirigentes populares
E. G. - Madrid - 07/03/2009
Los autos del juez Garzón han destapado la relación de destacados miembros del PP con la trama de corrupción vinculada al partido. Los documentos han desmentido rotundas afirmaciones de dirigentes y varios imputados.
ESPERANZA AGUIRRE "Sin relación con la actividad de la Comunidad"
"Los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no pueden relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". (...) "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular".
Estas declaraciones de la presidenta Esperanza Aguirre son desmentidas en varios pasajes del auto, que incluso detalla entregas de dinero con el entrecomillado: "Pago Comunidad de Madrid". El juez señala: "El Sr. López Viejo [diputado autonómico, ex consejero de Deportes y ex viceconsejero de Presidencia] estaría vinculado con la organización investigada a la que habría beneficiado desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid". Servimadrid Integral, una de las compañías de Correa "trabajaba con la Comunidad de Madrid, concretamente con las consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia, y otras con las que hacían eventos sueltos", explica el auto.
ALBERTO LÓPEZ VIEJO "Rotundamente falso que haya recibido dinero"
"Es rotundamente falso que haya recibido dinero alguno de los investigados", declaró el ex consejero Alberto López Viejo. El juez considera que tres de los aforados implicados en la trama -el propio López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, falsedad y asociación ilícita, al haber cobrado presuntamente 1,2 millones en sobornos. Según la resolución judicial, "en la contabilidad B que se llevaba por el Sr. [José Luis] Izquierdo, siguiendo las instrucciones de Correa y Pablo Crespo [uno de los cabecillas de la trama], aparecen anotaciones que explican movimientos concretados en entregas de dinero como incentivo y pagos en favor de ALV (Alberto López Viejo) y a [Alberto] Bosch". El escrito del juez añade que "Pablo Crespo se habría reunido en diferentes ocasiones con López Viejo para darle sobres con dinero".
BENJAMÍN MARTÍN VASCO "Ninguna actuación irregular"
"No he tenido conocimiento de ninguna actuación irregular en Arganda. He decidido iniciar acciones judiciales contra Isabel Jordán, persona que, según informaciones periodísticas, me ha acusado de acordar un pacto de silencio ante actividades irregulares", explicó el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco.
El parlamentario cobró presuntamente 437.000 euros por favorecer los intereses de Correa. El auto explica que mientras Martín Vasco estuvo al frente de la empresa pública Fomento y Desarrollo de Arganda "se produjo la entrada de las empresas de Correa mediante la adjudicación de contratos públicos a la empresa Easy Concept". En la cuenta B de la trama figuran, entre otras, anotaciones "por billetes de avión, estancia en hoteles, alquiler de coches, organización de la boda, viaje de novios, compras en joyería Suárez y tres entregas en efectivo de 30.000, 50.000 y 150.000 euros (230.000 euros), ascendiendo el montante total a 345.166" euros.
FRANCISCO CAMPS "Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje"
El presidente valenciano se presentó como "una víctima" y anunció una querella contra quienes vinculasen a altos cargos de la Generalitat o del partido con la trama. Sobre el presunto cobro de comisiones en especie dijo: "Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje". El secretario general del PP en Valencia dijo: "El PP de la Comunidad Valenciana nada tiene que ver con la investigación".
Garzón considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP en esa comunidad, entre ellos el presidente Camps, que recibieron según el juez, más de 30.000 euros en ropa a cambio de adjudicaciones. El juez señala: "Álvaro Pérez encargó para el Sr. Camps un esmoquin para ir a Nueva York, y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano".
MARIANO RAJOY "Indefensión"
"El juez quiere convertir el sumario en una causa general contra un partido, se filtran un sinfín de informaciones sobre personas a las que se les deja en la indefensión". El PP anunció ayer que suspende de militancia a todos los implicados, salvo a Camps, Costa y los tres diputados madrileños.
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Rajoy protege a Camps y suelta lastre con los demás implicados en la trama
Todos, menos el líder valenciano y su mano derecha, piden la suspensión de militancia
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 07/03/2009
El PP dejó ayer muy claro que está dispuesto a soltar todo el lastre necesario con tal de proteger al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, uno de los barones más poderosos del partido y el gran apoyo, junto a Javier Arenas y Alberto Núñez Feijóo, con el que contó Mariano Rajoy para ganar el congreso de Valencia hace menos de un año. En una decisión sin precedentes, el partido forzó la suspensión temporal de militancia -presentada como voluntaria- de todos los imputados en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, y los dos que eran alcaldes dimitieron fulminantemente.
Mariano Rajoy Brey
Francisco Camps Ortiz
La llegada de la red corrupta a Valencia coincide con el ascenso de Camps
Entre los ediles dimitidos está el de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda, un personaje clave en el PP por su amistad personal con José María Aznar. Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, vicesecretaria de Organización y reconocida aznarista, forma parte del corazón del partido y también participó en el montaje de actos de los populares antes de llegar a alcalde, en los años 90. El asunto afecta de lleno al PP de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre, que ya ha visto caer a cuatro alcaldes (Majadahonda, Boadilla del Monte, Arganda y Pozuelo de Alarcón) y tiene a seis miembros de su dirección regional implicados.
Hasta los tres diputados autonómicos madrileños que aún no han sido imputados, porque son aforados, ofrecieron esa suspensión de militancia, aunque la dirección del PP de Madrid no se la ha aceptado a la espera de que sean oficialmente imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, de los 15 dirigentes del PP implicados en la red, todos han puesto su carné a disposición del partido menos dos: Francisco Camps y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano.
Rajoy no ha dicho aún ni palabra del caso, pero en su nombre habló ayer María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, que dejó muy claras las evidentes diferencias que la dirección establece entre Camps y el resto de los implicados. Cospedal atacó al juez, insistió en la idea de que no hay financiación ilegal del PP y, sobre todo, defendió a Camps por encima de todos los demás implicados. "Queremos reiterar el apoyo de la dirección del PP a Camps. Se han producido gravísimas acusaciones con el fin de menoscabar su imagen", aseguró Cospedal. Cuando se le preguntó si aceptar que un empresario regale trajes a un presidente autonómico no es violar el código ético del PP, la secretaria general volvió a defender al barón valenciano. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá". Para Cospedal, las facturas y las declaraciones del sastre no son prueba suficiente. Los populares confían en que el tribunal autonómico, presidido por un magistrado nombrado cuando el PP controlaba el Poder Judicial y al que Camps considera mucho más que amigo, será magnánimo.
En el PP preocupa especialmente la acusación de financiación ilegal del partido. Cospedal insistió una y otra vez en que no hay nada que lleve a esa idea, y recordó que, al menos de momento, el juez no ha implicado a Luis Bárcenas, tesorero del PP. Pero la secretaria general fue más lejos y aseguró que tampoco hay financiación ilegal en el PP de Valencia. Garzón sí aprecia indicios de supuesta financiación ilegal por un pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 y porque se abonaron con dinero negro parte de los gastos del congreso regional de septiembre de 2002.
Fuentes de la dirección nacional y de la Comunidad Valenciana relacionaron este asunto con Eduardo Zaplana, presidente del PP en esa época. Sin embargo, el escándalo, también aquí, apunta a Camps. En julio de 2002, Zaplana dejó Valencia porque José María Aznar lo nombró ministro. Y Camps fue nombrado secretario general del PP de la Comunidad Valenciana y candidato para las elecciones de 2003 (Zaplana se quedó de presidente del partido hasta 2004).
Como secretario general, el presidente de Valencia fue el encargado de organizar el congreso regional de septiembre y de firmar todas las facturas. Y fue él quien decidió encargar el trabajo al entramado de Francisco Correa a través de Álvaro Pérez, amigo personal de Camps. Las empresas de Correa habían trabajado en actos del PP valenciano desde mediados de los noventa. En 2003, el actual líder valenciano logró la presidencia de la Generalitat y empezó a ganar peso en el partido, desplazando poco a poco a Zaplana hasta que lo echó en 2004. Entonces, Álvaro Pérez, que residía en Madrid, instaló su vivienda y su empresa, Orange Market, en Valencia. Desde entonces, esta empresa de la trama, que se constituyó formalmente en julio de 2003, empezó a trabajar casi en exclusiva para el PP valenciano tras la pérdida de las elecciones generales de 2004. Pérez, que conservó hasta el último día la amistad con Camps -el presidente había acudido a sus segundas nupcias y estaba invitado al bautizo de su hija- obtenía múltiples adjudicaciones públicas, como el stand de la Generalitat en Fitur.
Un juez muy amigo
- Elogios a un magistrado: "Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta [a la de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", dijo Camps en 2007 al hablar del presidente del Tribunal Superior de Valencia, órgano que deberá decidir si resulta imputado por corrupción.
- La fuerza de un implicado: "Estoy más fuerte, más ilusionado y más convencido que nunca de mi trabajo, lealtad y servicio a los ciudadanos. Continuaré con toda la fuerza del mundo, convencido de que la Justicia hará justicia. Con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas instancias", declaró ayer Camps.
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PSPV-PSOE pide a De La Rúa que se abstenga de la causa que implica a Camps
Ha hecho esta petición por la amistad que mantienen Juan Luis de la Rúa con el presidente autonómico, Francisco Camps, que es uno de los implicados
EFE 07-03-2009
La portavoz de Justicia del grupo socialista en les Corts, Josefa Andrés, ha manifestado hoy que confía en que "el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, actuará con imparcialidad y se abstendrá por iniciativa propia en todo lo concerniente al caso Correa remitido por la Audiencia Nacional".
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Cospedal anuncia la baja del PP de todos los implicados, excepto Camps y Costa
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En un comunicado, Andrés ha explicado que, dada la relación de amistad manifiesta que existe entre Camps y De la Rúa, "presupone que la honorabilidad del presidente del TSJCV le llevará a no pronunciarse en todo lo referente a esta causa, una vez que el juez Baltasar Garzón ha remitido el auto al Alto Tribunal".
Según Andrés, "De la Rúa es un magistrado reconocido en el mundo de la judicatura y con gran prestigio profesional, por lo que no debería haber ninguna duda de su abstención y de que actuará con el debido respeto y de forma exquisita a lo largo de todo el proceso".
Acerca de la acreditada amistad manifestada por ambas partes (entre Camps y de la Rúa) en multitud de ocasiones, la diputada en Corts se ha mostrado convencida de que "el magistrado se apartará del caso para no ir en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Andrés ha concluido que "la máxima autoridad judicial de la Comunitat Valenciana deberá ser respetuosa con las leyes y su contrastada relación con el president de la Generalitat afectaría a las decisiones que pudieran adoptarse en el caso".
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Un cargo de González Panero recibió 660.000 € tras adjudicar una obra
La Cadena SER ha tenido acceso a más información sobre cómo operaba la trama de corrupción de Francisco Correa en los ayuntamientos que controlaba del Partido Popular
Los socialistas también denuncian que tan sólo seis meses después de aquella operación, el cargo de confianza del alcalde consiguió una plaza de funcionario en el consistorio de Boadilla
JAVIER BAÑUELOS / CADENA SER 07-03-2009
La Cadena SER ha tenido acceso a más información sobre como operaba la trama de corrupción de Francisco Correa en los ayuntamientos que controlaba del Partido Popular. En este caso hablamos del Consistorio de Boadilla, donde un cargo de confianza del ex alcalde, hoy imputado, recibió 660.000 euros de la red de Correa, según consta en el auto de Garzón, tan sólo 15 días después de que cerrase una adjudicación para una obra faraónica de casi 30 millones de euros.
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Estamos hablando de un macroproyecto que el Ayuntamiento de Boadilla diseñó para su municipio, el llamado 'Parque del Deporte y la Salud' que ha costado al consistorio de casi 30 millones de euros.
Nos remontamos al 10 de mayo de 2007, fecha en la que se adjudicó esa obra a la constructora 'Hispánica'. Para ello se realizaron dos informes, uno elaborado por un equipo de técnicos del consistorio, y un segundo realizado por un cargo de confianza del alcalde González Panero.
Pues bien, al final pudo más la opinión de ese cargo de confianza que la opinión de los técnicos, que apostaban por dar la obra a otra empresa mejor valorada.
Pagos a posteriori
De hecho, tan sólo 15 días después de que 'Hispánica' se llevase esa adjudicación, Tomás Martín Morales, también cargo de confianza del ex alcalde de Panero, y también imputado por el juez Garzón, recibió 660.000 euros en tres pagos de la red de Correa, según consta en el auto de la Audiencia Nacional.
Los socialistas también denuncian que tan sólo seis meses después de aquella operación, el cargo de confianza del alcalde, que realizó el informe que primó en la adjudicación, consiguió una plaza de funcionario en el consistorio de Boadilla.
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Cinco conselleries y el partido han adjudicado contratos a dedo a la trama sin que nadie haya asumido responsabilidades
Francesc Arabí/Juanjo García, Valencia
Sin novedad en el frente valenciano de la trama de presunta corrupción montada por Francisco Correa. Un periodista preguntó ayer al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, si desde el pasado 6 de febrero, cuando el juez Baltasar Garzón adelantó la ejecución de la operación Gürtel, en la Generalitat «se han planteado la posibilidad de alguna dimisión». Más aún, tras el auto del juez Garzón avalado por los informes de la unidad policial delitos económicos y fiscales y Anticorrupción. Rambla siguió todo el razonamiento de la pregunta y zanjó de cuajo: «Su plantamiento parte de un presupuesto incorrecto, por lo que el resto de la formulación también lo es». Puede que sin saberlo, el vicepresidente estaba dictando sentencia de muerte a la responsabilidad política. No hay más asunción de culpas que la que se deriva de una sentencia judicial firme. Por eso, a estas horas no ha dimitido ni ha sido destituido un solo responsable de ninguna de las empresas públicas (Vaersa, la Sociedad de Promoción Estratégica de la Comunitat Valenciana...) o conselleries que han adjudicado estos años contratos a Orange Market y filiales, la mayoría a dedo, y algunos con escandaloso amaño incluido. Empezando por las adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) a la firma de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano de Fitur desde 2005.
En Valencia hay dos imputados: el ex vicepresidente Víctor Campos, por haber recibido presuntamente regalos en ropa por 4.850 euros, y el ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret. En el PP de Madrid, en cambio, el asunto ya se ha cobrado hasta siete dimisiones forzadas, más una en Estepona.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado desde el primer día bastante enérgica en su afán de limpiar la organización para que este asunto no acabe manchando su expediente en la toma de posiciones para en un futuro aspirar a suceder a Mariano Rajoy. Aguirre, según algunos, se ha esforzado en dejar en evidencia a su competidor en esa carrera Francisco Camps, En Valencia, la respuesta ha sido atacar al juez instructor.
«Pondría la mano en el fuego por Camps, pero no por Garzón», soltó Carlos Fabra. Rambla habló de proceso sumarísimo a las «más altas instituciones valencianas» y la diputada Mercedes Alonso remató el argumento hablando de «atentado a los valencianos». La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, calificó el auto de «ridículo, desproporcionado y contradictorio».
Mano dura de Aguirre y GallardónAguirre forzó la renuncia del que era su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, uno de los señalados directamente desde el principio. Según documentos en poder del juez, López Viejo recibió al menos 238.000 euros de empresas de Correa a cambio de adjudicaciones de contratos. En un apunte contable de la caja «B» se incluye una anotación que reza: «Pablo Crespo. Entregado a ALV». Iniciales que se corresponden con las de Alberto López Viejo. Por si no quedaba claro el motivo de la dádiva, se anota: «Veréis como ahora nos da más contratos. Ya le he dado lo que me pedía y se ha quedado contento».
Otro al que pronto le pasaron factura desde Génova y la dirección regional fue el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Aquel que, minutos después de anunciar Rajoy que dejaba el cargo, hizo un conato de resistencia. González Panero viajó a Miami con el mismísimo Correa para, siempre según la investigación judicial, tantear inversiones inmobiliarias en el paraíso en el que el cabecilla era el rey.
El ex alcalde de Majadahonda y ex responsable de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega, siguió el mismo camino que su colega de Boadilla. En otros casos, no tuvieron tiempo de renunciar. Por ejemplo, Javier Nombela, asesor en el grupo municipal del PP de Madrid. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, lo destituyó sin piedad para que nadie pensara que iba medio centímetro por detrás de su eterna rival Aguirre en la depuración de responsabilidades. Nombela fue apoderado de Special Events y de Easy Concept. Esta última firma es la que realmente montaba los pabellones valencianos en Fitur. Lo desveló la que fue contable de Easy Concept, Isabel Jordán. Una de las que, a tenor de las declaraciones que han trascendido, más está colaborando en la investigación. En el PP valenciano sospechan que Álvaro Pérez tampoco ha ofrecido mucha resistencia a contar lo que sabe. Ayer, tras conocerse el auto de Garzón correspondiente a Madrid, cayeron cuatro alcaldes y dirigentes del PP, de los seis nuevos imputados en esa comunidad autónoma. El alcalde de Arganda de Rey, Ginés López (que habría percibido 1,3 millones de euros en sobornos) y el director general de gestión urbanística de Boadilla Tomás Martín, por aceptar 510.000 euros de regalo, dejaron sus cargos.
Dos diputados resistenTambién el ya ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, por 422.992 euros en obsequios y Ricardo Galeote, ex edil de Estepona, que cobró de Correa y Crespo 42.469 euros en efectivo, según la investigación judicial. Otros cuatro imputados se resisten en sus puestos, pero, vistos los precedentes, tienen muchos puntos para ser forzados a renunciar.Es el caso de los diputados de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que habrían percibido de la trama investigada 437.166 euros y 255.562 euros, respectivamente. Otros, como el ex viceconsejero de Inmigración de Madrid Carlos Clemente está acusado de cobrar 16.000 euros. Pero como ya es ex no tiene que dimitir. Lo mismo ocurre con el ex concejal de Boadilla José Galeote, imputado por haber cobrado, según el auto, 612.506 euros en comisiones. Paralelamente a la presión de la dirección del PP de Madrid sobre estos imputados, se les ha suspendido de militancia. En el caso de Valencia, el ex vicepresidente Víctor Campos sigue siendo un afiliado y uno de los vocales de la dirección provincial de Castelló. Rafael Betoret no milita en el partido, según fuentes de la formación popular. Pescar contratos con sobornos y diseño mafioso El cabecilla, Francisco Correa, daba las instrucciones. El número dos, Pablo Crespo «ejecutaba sus órdenes» y la «estrategia de ocultación de fondos». Y los fondos los lograba el conglomerado de empresas de «publicidad, organización de eventos y diseño de campañas». ¿Cómo? Pues «la organización» era una maquinaria de obtener contratos públicos comprando favores a base de sobornos y regalos a funcionarios y políticos. En ese contexto, se refiere el auto de Garzón a la presunta comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias por parte del ex vicepresidente Víctor Campos y el ex director del gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, que recibieron regalos en especie en forma de trajes por 4.850 y 9.950 euros, respectivamente. En esa misma onda sitúa los pagos, también por parte de Orange Market, del vestuario adquirido por Camps y Costa en Milano y Forever Young. Orange Market y antes Special Events -la piedra sobre la que se edificó la trama- han logrado estos años contratos de cinco conselleries por al menos 6 millones de euros. Entre las adjudicaciones está la que obtuvo la firma de Álvaro Pérez de Vaersa en un paripé resuelto a dedo tras consultar tres firmas de la trama. Se ajusta a las palabras de Garzón cuando dice que se «amañaban concursos». La estructura de todo el conglomerado tenía tintes mafiosos. «La organización ha evolucionado alcanzando un elevado nivel de especialización, basado en el reparto de tareas en cascada de tal forma que sólo el que se encuentra a la cabeza tiene una visión del conjunto». Como la Cosa Nostra.
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