PP Vice. 04/03/2009.

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Insisteixo: no estan en llibertat; estan en llibertat provisional sense fiança, que ni és igual ni s'hi assembla: segueixen tan imputats com abans d'entrar a declarar. Jo no sé si periodistes no saben titular bé o no volen fer-ho.
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Granados adquirió motos y cámaras para el área de los espías

El consejero de Interior de Aguirre afirma que los coches se compraron para el traslado de cartas
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 04/03/2009

El ex director general de Seguridad de la Consejería de Interior de Madrid, Sergio Gamón, bajo cuyo mandato algunos de sus subordinados espiaron a políticos del PP, según los partes de seguimiento publicados por este periódico, abordó a finales de 2007 diversas compras de material para sus hombres de confianza: cuatro cámaras fotográficas, dos potentes motos capaces de sobrepasar los 238 kilómetros por hora, y una amplia flota de vehículos. En los partes de seguimiento al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, se relatan entre marzo y mayo de 2008 seguimientos con motos y el uso de cámaras para fotografiar a acompañantes de los dos políticos espiados.

Arranca la comisión de investigación: 12 días para 29 comparecientes
El segundo de Gallardón activa el caso al denunciar ante el juez que fue espiado
Un ex consejero de Gobernación de Leguina niega que se espiara en su etapa

Manuel Cobo Vega
Francisco Granados
Alfredo Prada Presa
Espionaje político en la Comunidad de Madrid

El consejero afirma que las motos se compraron para repartir correo
Interior asegura que las cámaras eran para hacer fotos desde helicópteros

El material adquirido por Gamón, según fuentes sindicales, salvo dos Citroën C4, nunca ha sido usado por los 40 funcionarios en los que descansan las labores legales que tiene por competencia la Consejería de Interior: el control administrativo del juego y la vigilancia de edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid.

A la sombra del consejero de Interior, Francisco Granados, el entonces director general Sergio Gamón no escatimó recursos públicos para sus agentes de confianza, en su mayoría procedentes, como él, de labores de escolta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en La Moncloa. De entrada, les dotó de dos poderosas motos Honda VFR 800, de 108 caballos, cuyo precio superaría los 14.000 euros cada una.

Una de esas motos, según fuentes sindicales, se la autoasignó el propio Gamón: de color rojo con matrícula 5320 FYM. Asimismo, en abril de 2008, por un monto de 254.000 euros se alquilaron 10 vehículos (cinco de tipo medio, cuatro ligeros y un todoterreno) a la firma Finanzia Autorenting. Dos de ellos son de uso habitual de Gamón, un Toyota Land Cruiser y un Peugeot 207, matrícula 1462 GFT. Previamente, en noviembre de 2007, Gamón había logrado para sus chicos de la calle Gobelas 33 la compra de cinco C4 por un monto de más de 65.000 euros. Dos de estos vehículos acabaron siendo usados por la plantilla de Seguridad y otros dos cayeron en manos de Miguel Castaño, ex subdirector de seguridad, y de Marcos Peña, asesor de Granados.
Ese mismo mes se produce una nueva compra con destino a Gobelas 33, cuartel general de Gamón: cuatro cámaras de fotos. Dos Canon Ixus Wireless por 898 euros, y dos Canon EOS 300D por un monto de 2.076 euros.

Interior pagó por las cámaras el doble de lo que costaban entonces estos aparatos en el mercado, alguno de ellos ya por entonces descatalogado. ¿Para qué necesitaban los hombres de confianza de Gamón dos discretas cámaras de fotos de bolsillo y dos de tipo aficionado medio? El consejero Granados da una respuesta: "Se compraron para aplicarlas a los helicópteros de la Bescam". Pero, ¿cómo puede usarse una cámara diminuta como la Ixus, sin apenas teleobjetivo, apenas 105 milímetros, y escasa definición, para hacer fotos desde el aire? Esto no lo aclara Granados.
El consejero de Interior añade una respuesta singular sobre el uso dado por los agentes de su departamento a las motos Honda VFR 800: "Las usan para el traslado de correspondencia". ¿Traslado de correspondencia oficial en motos de 14.000 euros capaces de alcanzar los 238 por hora?

Si tales motos se reservaron para Gamón y su equipo de confianza, significaría que asesores con nivel 28 o 29, cobraban una de las más altas remuneraciones funcionariales por repartir correo en motos de lujo.

La Consejería de Interior no da respuesta oficial al supuesto despropósito: asesores motorizados en tareas de cartero. De puertas para adentro, hay versiones que dan luz: "Ninguno de los elementos de la plantilla oficial de la dirección de Seguridad [que hoy dirige Enrique Barón] hemos usado nunca tales vehículos, cámaras y motos. Tal material ha estado adscrito al equipo de Gamón. Y, después, lo repartió con el equipo de Marcos Peña", plantean veteranos de Interior. De hecho, desde el aterrizaje de Barón ya no se usan las motos. ¿Ya no hay correo para repartir?

Gamón nunca compró cámaras de fotos ni motos para su equipo de seguridad cuando tuvo como jefe a Prada, según los ex colaboradores del consejero. Su sucesor, Granados, sí le dio luz verde.
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En libertad el empresario Ulibarri

Garzón interroga también a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda por la operación Gürtel

ELPAÍS.com - Madrid - 04/03/2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad al empresario de la comunicación en Castilla y León José Luis Ulibarri y al ex alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda, Guillermo Ortega, informa Manuel Altozano. Según la información que han facilitado los abogados de los dos imputados por la trama de corrupción que dirige Francisco Correa y salpica al PP, el magistrado no ha solicitado medidas cautelares para ninguno de los dos. Tras comparecer Ulibarri y Ortega, Garzón interroga al ex primer edil de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero.

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El ex alcalde de Majadahonda ha permanecido cerca de una hora en el despacho de Garzón, que anteriormente ha tomado declaración al también imputado Pablo Ignacio Gallo Alcántara, puesto en libertad posteriormente. Una vez acabe con González Panero, Después del ex regidor, el juez interrogará a Carlos Ignacio Hernández Montiel y Juan Antonio, empleado del despacho R.Blanco-Guillamot, con lo que finalizarán la tanda de interrogatorios previstos para hoy.
El alcalde de Boadilla, que abandonó su militancia en el partido el pasado viernes, dimitió de su cargo el 9 de febrero tras aparecer su nombre entre los implicados en la investigación. Ese día González Panero acudió por la mañana a la Audiencia para declarar voluntariamente e intentar aclarar las informaciones que le relacionaban con la trama y en la puerta el tribunal aseguró a los medios que no había renunciado a la alcaldía, pese a que casi en el mismo momento, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguraba en la sede del partido que ya había cesado. Posteriormente, el alcalde presentó públicamente su dimisión durante un pleno extraordinario.

Entre las grabaciones de las conversaciones de Correa que relacionan a cargos del PP en la trama hay una que apunta directamente al alcalde de Boadilla. "Si entrego la cinta que tengo del albondiguilla -apodo que le da a González Panero- se caga, pero voy también al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla".

Respuesta de Rajoy
Reforzado tras los resultados electorales del pasado domingo en Galicia y País Vasco, Rajoy se refirió ayer al caso Gürtel ante el presidente valenciano, Francisco Camps, y el tesorero del PP, Luis Bárcenas, ambos implicados en la investigación, y aseguró que actuará contra quienes hayan "hecho algo" aunque defenderá a todos los militantes. Por otro lado, el mismo 9 de febrero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, informó de la dimisión de Guillermo Ortega -otro de los comparecientes de hoy- como gerente del Mercado Puerta de Toledo, junto a la del consejero de Deportes Alberto López Viejo. Ortega abandonó la alcaldía de Majadahonda en 2005.

Desde que comenzó la instrucción, el juez ha enviado a prisión a los tres supuestos cabecillas: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización. De los 37 imputados han declarado ya 24 ante Garzón y han quedado en libertad 21.
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El Congreso investiga si abogados del despacho de Michavila violan la ley al asesorar a la Administración

El director de Eius no puede elaborar informes para instituciones ni tener cargos en contratistas o concesionarias públicas, al ser letrado de las Cortes. Dorrego es secretario de Mediamed, lo fue de Cabanyal 2010 y está en VCI

Francesc Arabí, Valencia

El letrado mayor y secretario general del Congreso, Manuel Alba, trasladó ayer a la Mesa, el órgano del gobierno de la Cámara, su decisión de escrutar al milímetro si dos de los letrados de las Cortes adscritos al despacho Eius, del ex ministro José María Michavila, han cruzado la barrera de la legalidad en su fértil actividad de asesoramiento de administraciones públicas y empresas vinculadas, como contratistas o concesionarias, a instituciones gobernadas por el PP.

Los dos letrados que Alba ha colocado en el punto de mira para dilucidar si han incurrido en incompatibilidad y, por tanto, han infringido el estatuto de funcionarios de las Cortes, son Alberto Dorrego de Carlos y Andrés Jiménez Díaz. El primero es socio director y administrador único de Eius. Esto es, el jefe. El segundo es uno más de la media docena de abogados de un despacho con presencia de políticos -empezando por Michavila, hermano de la jefa de gabinete de Francisco Camps- con mucho ascendente en la esfera pública popular, según ha ido contando Levante-EMV desde que estalló el escándalo Gürtel. Los dos han trabajado en una docena de pleitos defendiendo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del que era alcalde Arturo González Panero (PP) hasta que dimitió hace unos días al verse implicado en la trama de presunta corrupción que investiga Garzón y que tiene en ese consistorio uno de sus dos puntos calientes. El otro está aquí en Valencia.

En la lista de Manos Limpias
Como juristas del Congreso, les está prohibido por ley elaborar informes para las administraciones públicas. Pero los letrados Dorrego y Jiménez Díaz asesoraban a Boadilla. De hecho, Eius llegó a suplantar como asesoría externa los servicios jurídicos consistoriales, según denunció el sindicato Manos Limpias cuando puso en manos de Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero, quien viajó a Miami con Francisco Correa, cabecilla de la trama. El bufete de Michavila asesoró al consistorio en el conflicto en torno a una polémica concesión administrativa por 75 años de un palacete a la Sociedad General de Autores (SGAE), que premió Michavila. El partido local Alternativa por Boadilla fue a los tribunales. Los informes los firmó Dorrego, junto a Alfredo Dagnino, según contó El Periódico. Dagnino es el presidente del CEU San Pablo, cuya fundación forma parte del consejo de Mediamed, adjudicataria de 13 TDT y presidida por el imputado José Luis Ulibarri, quien hoy declara ante Garzón. En las diligencias abiertas por el secretario general del Congreso se esclarecerá también, según explicaron fuentes socialistas, la presencia de Dorrego en consejos de administración. La ley le prohíbe "desempeñar cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros..". Dorrego de Carlos es secretario de Mediamed, sociedad que cuando se repartieron las TDT tenía el 51% de las ajudicatarias. El administrador único de Eius es sobre el papel jefe de Michavila. Hace años, era el ministro quien, instalado en el organigrama público, miraba hacia abajo a Dorrego, entonces director general para la Modernización de la Administración de Justicia. El despacho de los dos cobra una minuta mensual a la citada Mediamed, a la que, en el proceso de presentación de sus propuestas al concurso de la digital terrestre pasó una factura de 150.000 euros por asesoramiento. Una tarifa que fue muy discutida por algunos de los accionistas.

El socio director de Eius participa directamente en empresas públicas. Es vicesecretario del consejo de VCI, la empresa creada para captar inversiones en la Comunitat Valenciana. En Cabanyal 2010, nacida para desarrollar la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez, Dorrego ha sido hasta hace poco secretario, aunque no fuese consejero, según él mismo se ha encargado de subrayar. Eius también ha recibido el encargo de defender a la Televisión Municipal de Valencia (TMV) en el recurso planteado por el PSPV, que ha impugnado la compra por parte de Mediamed del 80% de las acciones de Ondas 13, la gestora de ese canal público.

En esta ensalada de intereses públicos y privados, se plantean dudas en torno a la actividad de políticos del despacho como el propio Michavila o José Marí Olano, también colaborador externo. Como diputados, no pueden facturar a la Administración. Marí Olano asesora, por ejemplo, al constructor Andrés Selma, socio de Ulibarri en el PAI de Xilxes o en Mediamed, donde es vicepresidente. Selma también ha formado parte del consejo de Cabanyal 2010.
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El sospechoso Ayuntamiento de Boadilla, refugio de numerosos castellano-leoneses vinculados al PP

Un familiar de Acebes fue contratado a dedo por el dimitido alcalde Panero

Según ha podido saber El Plural, Alejandro Tomás Marín Paniagua, familiar del ex secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, fue contratado en 2007 como “personal eventual” del consistorio de Boadilla. Su nombramiento como “director técnico de Juventud e Infancia” se produjo cuando todavía era alcalde de esta localidad madrileña, Arturo González Panero (alias El Albondiguilla), que se vio obligado a dimitir tras ser imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.
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El Ayuntamiento de Boadilla fijó en cerca de 45.000 euros la retribución anual que percibiría Alejando Tomás Marín (sus padres son primos de Angel Ácebes) como “personal eventual” (es decir, como cargo de confianza) del Ejecutivo local que presidía Panero. Tomás Marín Paniagua es afiliado al Partido Popular y a Nuevas Generaciones. Su vida laboral ha estado muy vinculada a temas relacionados con la juventud. El bufete de Michavila Pero Alejandro Martín Paniagua no es el único asesor del Gobierno popular de Boadilla que tiene vínculos familiares o laborales con un dirigente del Partido Popular. Elplural.com adelantó la semana pasada que Francisco Javier González Sánchez, uno de los socios del bufete de abogados en el que trabaja el ex ministro José María Michavila, fue contratado como “director técnico jurídico”.

Diputados populares
En concreto, el Ayuntamiento de Boadilla contrató hasta en 10 ocasiones al despacho EIUS Abogados, bufete en el que además de González Sánchez y José María Michavila, también trabajaban los diputados populares Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz. EIUS Abogados habría recibido 120.000 euros del consistorio de Boadilla (12.000 euros por pleito).

Desde Castilla y León
Al igual que Alejandro Tomás Marín Paniagua, otros muchos colaboradores de González Panero procedían de Castilla y León. Ciertamente, las conexiones entre el ayuntamiento madrileño y la comunicad castellano-leonesa son asombrosas. Por ejemplo, Miguel Ignacio González Sánchez- Zorita, ex concejal de Salamanca, aterrizó en 2002 como numero dos de Panero en Boadilla. Desempeñó el cargo de teniente alcalde y concejal de obras. En 2005 Zorita abandonó Boadilla para asumir la secretaría general de Deportes de la Junta. De asesor a alcalde Juan Carlos Martín Fernández, también aterrizó en Boadilla desde Castilla y León. En principio, fue contratado para trabajar en el área de Medio Ambiente, pero al final consiguió convertirse en concejal del Partido Popular en esta localidad madrileña.

La mujer de Pérez
Otra relación llamativa es la de Elena Cerezo Rodero, ex jefa del gabinete de Panero, que está casada con David Pérez, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y persona muy cercana a Esperanza Aguirre. Por su cargo, Elena Cerezo recibía una retribución anual de más de 40.000 euros y tenía acceso a la agenda del alcalde.

La prima de su mujer
Panero también decidió nombrar en 2007 a la prima de su mujer, Laura Samaniego Muñoz, asesora de Turismo del Ayuntamiento de Boadilla. El consistorio fijó en 45.053 euros la retribución anual que percibiría como “personal eventual” del Ayuntamiento. Siguen trabajando En la actualidad, Alejandro Tomás Martín Paniagua, Francisco Javier González Sánchez, Elena Cerezo Rodero y Laura Samaniego Muñoz siguen trabajando en el Ayuntamiento de Boadilla. Juan Siguero, el sustituto de Arturo González Panero, les confirmó en su puesto el pasado 20 de febrero.
jmgarrido@elplural.com

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Beatriz Gimeno
¿Aplauden los votantes del PP la corrupción?

Cuando el otro día llegué a la oficina y comenté que había escuchado en la radio que Francisco Camps podía estar implicado en la trama de corrupción del PP, un compañero, que leía distraídamente el periódico dijo casi sin pensar: “Vaya, ya le han asegurado otra mayoría absoluta”. Después de pensarlo, creo que tiene razón. Es inútil tratar de desgastar a la derecha con acusaciones de corrupción económica porque, no nos engañemos, enriquecerse lo más posible es la base ideológica de la derecha, de sus votantes y de todos sus simpatizantes. Quizá no al precio que sea (al menos quizá no para todos) pero desde luego sí al precio de edificar unos cuantos pisos, o de contratar a unos primos o compañeros de colegio; eso ¿quién no lo haría? Las corrupciones económicas o el nepotismo pueden aun hacer mella en los votantes de la izquierda -aunque no nos engañemos, cada vez menos-.

Algunos medios nos informan de que algunos altos cargos del PP nombran a dedo, falsifican informes y contratos, trafican con influencias por valor de cientos o miles de millones…¿y? El votante del PP debe pensar que, al fin y al cabo, eso es tener iniciativa empresarial. Y me temo también que casi todos piensan que ya les gustaría a ellos poder hacer lo mismo. Si enriquecerse es triunfar en el capitalismo, la derecha lo hace mejor que nadie. Véase Fabra, con esa pinta de mafioso que ni siquiera se ha molestado en mostrarse ofendido por esa grabación en la que se enorgullece de colocar a todo el mundo a dedo. Y ahí está, tan campante y arrollando en las urnas. Véase Camps, que ni siquiera se ha molestado en explicar para qué llamaba histéricamente a su sastre mientras éste declaraba ante el juez, o Zaplana con Terra Mítica o todos esos alcaldes que después de ser detenidos e imputados sacan, como dice mi compañero, mayoría absoluta de nuevo o salen de la cárcel entre el clamor admirativo de sus vecinos. Así que, desengañémonos, la corrupción no hará mella electoral en el PP. Claro que también andan algunos alcaldes del PSOE pringados y, la verdad es que en este país empezamos a estar blindados ante estos asuntos. ¿Alguien puede explicarme por qué en España cualquiera que llegue a alcalde, incluso de la aldea más pequeña, se puede hacer rico y por qué parece que no hay manera de detener esto? El problema es que la política municipal parece haberse convertido en una fábrica de hacer millonarios a unos cuantos indeseables, pero el problema es también –y nadie dice nada- la banalización de este delito: el delito urbanístico. La razón de que la ciudadanía asista impávida a todo esto es que parece que el delito urbanístico, es decir, urbanizar lo no urbanizable, es algo sin importancia. “Total”, piensa la gente “si lo único que hacen es construir unas casitas en terrenos no urbanizables…

¿Quién no lo haría?”
El PSOE y su relajamiento de la ley de costas, la permisividad de los jueces, las nulas consecuencias sobre lo robado o lo esquilmado, sobre lo construido, hacen que el delito urbanístico nos parezca casi normal. Pero alguien debería empeñarse en explicar que se trata, no sólo de una ilegalidad y una inmoralidad, sino de un robo que se nos hace a todos; que en este país se nos está robando el paisaje, que nos están robando las costas, que nos roban los bosques y los montes, que lo llenan de adosados, que destrozan de manera irremediable el territorio que es de todos, aunque parezca ser, sobre todo, de los alcaldes corruptos. Ese dinero no sale del aire, no; es un robo del patrimonio de todos, de nuestro patrimonio. Lo malo es que no le veo mucho remedio; es el capitalismo que, por cierto ¿no nos habían dicho que iba a reformarse?Beatriz Gimeno es escritora y ex presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
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El ex alcalde de Boadilla se presenta ante Garzón con cuatro archivadores repletos de documentos

Toma declaración, entre otros, a los ex alcaldes de Boadilla del Monte y Majadahonda

EUROPA PRESS - 04/03/2009 07:24

Cargado con cuatro archivadores atestados de documentación. Así se ha presentado, poco antes de la diez de la mañana, el ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, citado para declarar hoy en la Audiencia Nacional ante el juez Baltasar Garzón como imputado en el caso Gürtel.

Por su parte, el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso y el empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri -también imputados- lo han hecho sobre las 9:30 horas, acompañados por sus abogados, Luis Rodríguez Ramos y el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, respectivamente.

El magistrado tiene previsto concluir los interrogatorios mañana

Garzón ha comenzado la tanda de interrogatorios prevista para hoy con la toma de declaración del también imputado Pablo Ignacio Gallo Alcántara, a quien seguirán Ulibarri, González Panero y Ortega Alonso, y tras ellos el juez interrogará a Carlos Ignacio Hernández Montiel y Juan Antonio, empleado del despacho R.Blanco-Gullamot.

El magistrado tiene previsto concluir estos interrogatorios mañana con las declaraciones de los imputados Juan Manuel Jiménez Bravo (gerente de la empresa de materiales de construcción Puertonacea) y Carmen, empleada del bufete ya citado, a los que se unirán otros cinco imputados cuya comparecencia, prevista para la semana pasada, quedó aplazada para ese día.

Hasta el momento ha tomado declaración a 24 de los 37 imputados en esta supuesta trama de corrupción, aunque el juez sólo ha enviado a tres de ellos a prisión: el presunto líder de la red de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.

Entretanto, Garzón sigue esperando el informe que reclamó la pasada semana a la Fiscalía Anticorrupción (a la que dio un plazo de 48 horas que ésta ha obviado) para que responda si debe inhibirse ante el Tribunal Supremo, al haber encontrado el juez indicios contra al menos dos diputados, senadores o eurodiputados del PP.

Tres prisiones y 15 libertades (con cargos)
Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.

Otros 15 imputados han quedado en libertad (seis de ellos, ayer mismo ) sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales, incluyendo los seis citados hoy. Las tres primeras fueron la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; y Carmen Luis Cerezo.

El juez también dejó en libertad al presidente de Orange Market, Alvaro Pérez, 'el Bigotes'; el consejero delegado de esta empresa, Cándido Herrero; el financiero de Correa, José Luis Izquierdo; su chófer, Andrés Bernabé; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.
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