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DOCUMENTOS: Auto de inhibición en favor del Tribunal Superior de Valencia
Auto de inhibición en favor del Tribunal Superior de Madrid
Auto de ampliación con seis nuevos imputados
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El juez Garzón acusa al PP de Valencia de financiarse a través de la trama de Correa
El juez denuncia también que el partido de Francisco Camps pagó actos con dinero negro
Se espera ahora otro auto sobre Madrid
CADENA SER/EFE 05-03-2009
El juez Baltasar Garzón se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el caso "Gürtel" por haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el diputado de las Corts valencianas Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia. El magistrado acusa al PP valenciano de financiarse irregularmente a través de la trama de Correa.
Anticorrupción no ve indicios para imputar a aforados nacionales del PP
Camps llamó varias veces a su sastre mientras éste declaraba por el 'caso Gürtel'
El Consejo General del Poder Judicial rechaza los ataques contra Garzón
Todo sobre la trama de corrupción
El juez Garzón desvela en el auto que el Partido Popular valenciano se financió ilegalmente. Así consta en el auto en el que el magistrado se inhibe del caso Gürtel en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al considerar que podría haber indicios para imputar en la causa al presidente Francisco Camps y su número dos, el secretario general de los populares en Valencia, Ricardo Costa.
En la página 27 del auto, el juez Garzón desvela que el PP valenciano se financió irregularmente. En concreto, en tres partidas. En primer lugar, consta, dice el juez, una entrada de procedencia desconocida de 420.700 euros hacia el PP valenciano por adjudicaciones amañadas. Dinero que dice el juez, es de procedencia desconocida.
Aparece también un apunte de 15.000 euros procedende de la Caja B de Orange Market, una de las empresas investigadas. En tercer lugar, dice el juez que hay unos gastos de organización del décimo Congreso del PP en Valencia en el año 2002, que fue pagado en parte con dinero B, dinero negro, 150.000 euros que dice el magistrado estaban fuera de control fiscal y en efectivo.
En el auto también se desvela también cada una de las supuestas irregularidades cometidas en este caso por el presidente de la Comunidad Valenciana, Franscisco Camps. Se dice que fue destinatario, según las declaraciones de su sastre, de compras en 2008 por valor de unos 12.000 euros. Álvaro Pérez, uno de los implicados en este asunto, es según el juez, quien hace todas las gestiones. Y el propio sastre, José Tomás, recibió bastantes llamadas de Camps justo el día en que estaba declarando, algo que les contó la SER, y dijo que "Álvaro Pérez es un bocazas".
También el juez desvela cuáles son las supuestas implicaciones de Ricardo Costa, el otro aforado, diputado del PP y hermano de Juan Costa, que se hizo trajes a medida por un valor de 7.000 euros.
Se gestó a partir de Génova
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar de Garzón asegura que la organización dirigida por Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova".
El juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".
"Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto- Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban".
Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos".
La Fiscalía pide al juez que se inhiba
Este miércoles la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que rechazaba enviar el caso Correa al Tribunal Supremo al no apreciar indicios de la implicación en el mismo de diputados nacionales, senadores o eurodiputados del PP. Así, el Ministerio Público instaba a Garzón a remitir la investigación por la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP a los Tribunales Superiores de Madrid y de la Comunitat Valenciana.
El presidente Camps compareció ante la prensa el pasado 19 de febrero para negar cualquier implicación en la supuesta trama de corrupción. Enmarcó estas informaciones en una campaña que busca "la división del PP", y pidió "tranquilidad y paciencia" porque, a su juicio, el partido saldría "reforzado". "Se ha buscado un ataque, sembrar la incertidumbre entre nosotros, pero no lo han conseguido" señaló Camps.
Garzón inició el pasado 9 de febrero la ronda de declaraciones del ''caso Gürtel'' con los interrogatorios del presunto líder de la trama, Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. Los tres son los únicos de los 37 imputados que han sido enviados a prisión
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La sombra de la corrupción puede alcanzar a altos dirigentes del PP nacional
Garzón afirma que la red de Correa se gestó "en la calle Génova" en época de Aznar
ELPLURAL.COM
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar de Garzón asegura que la organización dirigida por Francisco Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle Génova".
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Garzón hace esta afirmación en el auto en el que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la Operación Gürtel al haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el diputado valenciano Ricardo Costa.Special EventsEl juez sostiene que cargos del PP nacional convirtieron a la empresa de Correa Special Events "en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".
Red de relaciones
"Durante ese tiempo, 1996 a 2004, -añade el auto- Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que, o bien le concedían la organización de eventos, merced a su posición dentro del partido, o bien una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada de las empresas de Correa en la administración que gobernaban".
Regalos varios
Según Garzón, "para ganarse el favor de los responsables políticos entregaba dádivas de todo tipo desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos".
Cambio de planes
No obstante, indica, los cambios en 2004-2005 "dentro de la dirección" del PP "provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces, y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas" de Correa, aunque éste "se adaptó a la nueva coyuntura mediante la creación de una sociedad que se traslada a Valencia (Orange Market), cuyo responsable era el imputado Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes.
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LA TRAMA CORRUPTA QUE SALPICA AL PP
Garzón se inhibe a favor del TSJ de Valencia por los indicios contra Camps y su número 2
Esta pendiente al menos otro auto en el que decida si se inhibe también en favor del TSJ de Madrid por existir aforados de dicha comunidad implicados en la causa de corrupción municipal
MANUEL ALTOZANO / JOSÉ YOLDI 05/03/2009
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia al encontrar indicios de criminalidad en las personas de Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, y su número dos, Ricardo Costa, secretario general del PP en Valencia. El auto del magistrado imputa en la trama de corrupción que salpica al PP a dos personas: José Víctor Campos Guinot, ex secretario de organización del PP valenciano, y Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo. Guinot, que fue secretario general del PP en Castellón, abandonó sorpresivamente la Ejecutiva del partido regional un mes antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2007.
En su auto, Garzón se ha inhibido sobre los aforados de la Comunidad Valenciana implicados en la operación Gürtel, que, según dijo la Fiscalía Anticorrupción, es una parte perfectamente escindible de toda la trama de corrupción, consistente en la obtención de adjudicaciones a cambio de comisiones. Queda pendiente el resto de la causa, donde previsiblemente esta tarde se dictará otro auto de inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y quizá también un tercero a favor del Tribunal Supremo.
Según explicaron ayer fuentes fiscales, Anticorrupción, que pidió a Garzón que se inhibiera a favor de los TSJ de Madrid y Valencia, no descarta la existencia de indicios contra aforados al Tribunal Supremo, es decir, diputados y senadores nacionales, pero no son "lo suficientemente relevantes" o están "lo suficientemente consolidados" para remitir la causa al alto tribunal. En cambio, los indicios contra los aforados a los tribunales superiores de Madrid y Valencia sí están lo suficientemente clarificados.
Las fuentes consultadas añadieron que "no se trata de que el juez Garzón haya querido elevar el sumario al Supremo sin base alguna, porque hay datos que apuntan que algún aforado podría estar afectado" -como Luis Bárcenas, tesorero del PP- sino que Anticorrupción considera que no hay base suficiente. No obstante, la causa puede ser elevada al Supremo "en cualquier momento" si las investigaciones en los tribunales superiores de Madrid y Valencia permiten consolidar estos indicios.
Fuentes de la investigación manifestaron ayer su asombro por el documento de la Fiscalía. Consideran que, del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se desprenden indicios contra Bárcenas -aforado nacional- muy similares a los que implican al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López viejo, implicado también en la trama.
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Garzón imputa a los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Arganda
Se inhibe a favor de los TSJ de Valencia y Madrid por existir aforados
Entre los implicados en Valencia, el presidente de la comunidad, Francisco Camps y el 'números dos' del partido, Ricardo Costa.- Los aforados de Madrid son López Viejo, Bosch y Martín Vasco.- Imputa a otras seis personas, entre ellas los dos ediles, en un tercer auto
MANUEL ALTOZANO / JOSÉ YOLDI - Madrid - 05/03/2009
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a dos nuevos alcaldes del PP en la trama de corrupción que salpica al partido: Ginés López Rodríguez, primer edil de Arganda del Rey, y Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón. Las otras cuatro personas a las que el magistrado ha imputado en un nuevo auto publicado esta tarde son Tomás Martín Morales (director general del Ayuntamiento de Boadilla), Clemente Aguado (ex viceconsejero de inmigración y ex diputado de la Asamblea), José Galeote Rodríguez (padre del eurodiputado Galeote y ex concejal del PP en Boadilla) y Ricardo Galeote (hermano de Gerarardo Galeote, ex concejal del PP en Estepona). Garzón les ha citado a declarar el próximo 18 de marzo.
El magistrado ha apuntado además directamente contra el Partido Popular valenciano en la trama de corrupción. En otros dos autos emitidos hoy, Garzón se ha inhibido a favor de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana y Madrid en la causa contra cinco de los implicados en la operación Gürtel, entre ellos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su número dos, Ricardo Costa. Garzón acusa a Camps de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor de unos cuatro millones de euros.
En el auto a favor del TSJ de Valencia, Garzón asegura que la organización corrupta de Francisco Correa nació de una "relación directa" con responsables nacionales del Partido Popular e imputa en la trama a otras dos personas: José Víctor Campos Guinot, ex secretario de organización del PP valenciano, y Rafael Betoret, director del gabinete de la Consejería de Turismo.
Con respecto a los aforados autonómicos madrileños, Garzón se ha inhibido en uno de los tres autos en la causa contra el ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo y los diputados regionales Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.
Según explicaron ayer fuentes fiscales, Anticorrupción, que pidió a Garzón que se inhibiera a favor de los TSJ de Madrid y Valencia, no descarta la existencia de indicios contra aforados al Tribunal Supremo, es decir, diputados y senadores nacionales, pero no son "lo suficientemente relevantes" o están "lo suficientemente consolidados" para remitir la causa al alto tribunal. En cambio, los indicios contra los aforados a los tribunales superiores de Madrid y Valencia sí están lo suficientemente clarificados.
Las fuentes consultadas añadieron que "no se trata de que el juez Garzón haya querido elevar el sumario al Supremo sin base alguna, porque hay datos que apuntan que algún aforado podría estar afectado" -como Luis Bárcenas, tesorero del PP- sino que Anticorrupción considera que no hay base suficiente. No obstante, la causa puede ser elevada al Supremo "en cualquier momento" si las investigaciones en los tribunales superiores de Madrid y Valencia permiten consolidar estos indicios.
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El fiscal no ve aún indicios "relevantes" contra diputados y senadores del PP
Anticorrupción cree que la causa de Garzón no está consolidada para ir al Supremo
JULIO M. LÁZARO / MANUEL ALTOZANO - Madrid - 05/03/2009
Aforados autonómicos, sí; diputados y senadores, no, al menos por ahora. Esa fue ayer la respuesta de la Fiscalía Anticorrupción a la pregunta que le hizo Baltasar Garzón sobre la presunta implicación de diputados o senadores del PP en la trama de corrupción vinculada a administraciones del PP que investiga. El Ministerio Público, a diferencia del juez de la Audiencia Nacional, no ha encontrado indicios suficientes "por ahora" para enviar la causa a la Sala de lo Penal del Supremo.
El ex alcalde de Boadilla rechaza ahora declarar ante el juez
LOS EX ALCALDES Y EL CONSTRUCTOR
Garzón se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia
Garzón no ha intentado elevar el caso al Supremo sin base alguna
Los indicios contra Camps y los diputados de Madrid están clarificados
Según fuentes fiscales, Anticorrupción explica en el informe enviado al juez que "no es que no pueda haber un elemento indiciario contra una persona aforada al Tribunal Supremo", sino que "en el momento actual", dichos indicios no son "lo suficientemente relevantes" o están "lo suficientemente consolidados" como para remitir la causa al alto tribunal.
Las fuentes consultadas añadieron que así como los indicios contra los aforados a los tribunales superiores de Madrid y Valencia están suficientemente clarificados, respecto al aforado o los aforados al Supremo hay unas referencias que exigirían la práctica de nuevas diligencias. "No se trata de que el juez Garzón haya querido elevar el sumario al Supremo sin base alguna, porque efectivamente hay datos que apuntan que algún aforado podría estar afectado, sino que Anticorrupción cree que aún no hay base como para que el asunto aguante la tramitación de un suplicatorio", señalaron esas mismas fuentes. El suplicatorio es el proceso por el que las Cámaras levantan la inmunidad a sus miembros.
Del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se desprenden algunas "deducciones" que Anticorrupción no ve suficientemente sólidas como para mantener una acusación. Sin embargo, la causa puede ser elevada al Supremo "en cualquier momento", a partir de que las investigaciones que se sigan en los tribunales superiores de Madrid o Valencia permitan consolidar esos indicios. De hecho, ante los respectivos tribunales superiores seguirá actuando la Fiscalía Anticorrupción. En suma, "no es definitivo" que la causa no pueda ir al Supremo pero, de momento, la fiscalía insiste en que Garzón debe inhibirse a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia.
Aunque el informe frena la investigación seguida por Garzón, ratifica sus últimas resoluciones que sugerían la implicación del ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo; el ex presidente de la comisión de investigación de los espías, Benjamín Martín Vasco; el diputado regional madrileño Alfonso Bosch y el presidente valenciano, Francisco Camps. Tampoco rechaza que haya indicios contra cargos estatales, como Luis Bárcenas, tesorero del PP. Fuentes de la investigación manifestaron su "asombro" por el documento. Consideran que, del informe de la UDEF, se desprenden indicios contra Bárcenas muy similares a los que implican al ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo.
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Víctor Romero, Valencia
El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dictó el pasado 24 de febrero una providencia en la que preguntaba a la Fiscalía Anticorrupción si mantenía su informe del 18 de febrero en relación a los aforados de Valencia implicados en la presunta trama de corrupción destapada tras la Operación Gürtel. Garzón aludía a la existencia de "nuevos datos" procedentes de las pesquisas realizadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. Ayer, la Fiscalía remitió un nuevo escrito al juez en el que, según la nota remitida a los medios de comunicación, "se ratifica en las conclusiones a que llegó en su anterior informe solicitándose, en consecuencia, la elevación de exposición razonada tanto al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid como al de la Comunidad Valenciana". Así pues, la Fiscalía mantiene la implicación de aforados valencianos y pide que sea el TSJ que preside Juan Luis de la Rúa el que decida ahora sobre su posible imputación.
En ese primer informe, fechado el 18 de febrero, se hace referencia a que existen hechos "perfectamente escindibles" que afectan a altos cargos valencianos, pese a que aconseja dejar en el TSJ de Madrid la instrucción del grueso de la causa, lo que implica que, además de los cargos públicos salpicados, sería la sala de lo penal de del tribunal madrileño el que juzgaría al cabecilla de la trama Francisco Correa y a sus compinches.
El presidente, salpicado
Pero la ramificación valenciana salpica también al jefe del Consell, Francisco Camps, y otros diputados o consellers valencianos, según informaciones no desmentidas. En el caso de Camps, la Fiscalía y la Policía han investigado el posible pago por parte de la trama de su vestuario, algo que niega el propio presidente de la Generalitat pese a reconocer que ha sido cliente de Milano y Forever Young, las dos tiendas con las que trabajaba el imputado y presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, mientras era encargado José Tomás. El jefe del Consell encargó trajes en Milano en 2006, se los probó pero los devolvió porque no le gustaban, según la explicación que ha dado. Durante la declaración de Tomás ante Garzón, Camps llamó insistentemente (hasta ocho veces) a su teléfono móvil, que estaba intervenido por la policía. Las conversaciones del sastre con otros implicados han servido para aportar más datos a la investigación. Cargos del PP temen que la policía tenga conversaciones grabadas de Camps con su sastre.
La policía registró el 6 de febrero la sede de Orange Market, firma que Garzón vincula a la trama de empresas de Correa y que ha suscrito contratos con la Generalitat por valor de seis millones de euros. Orange Market y otra de las firmas, Special Events, han hecho las campañas electorales del PPCV desde 1999, además de numerosos actos de partido. La policía también ha requisado el contrato de la Agencia Valenciana de Turismo con Orange Market para diseñar y montar el stand de Fitur y otras cinco ferias. La firma que preside Álvaro Pérez se ha adjudicado este contrato desde 2005 hasta 2009. Una de las imputadas, Isabel Jordán, declaró ante Garzón que otra de las sociedades de la trama, Easy Concept, era en realidad la que ejecutaba el encargo público a Orange Market.
La Generalitat insistía ayer en la inocencia de los cargos valencianos e interpretaba a partir del informe de fiscal, que exculpa también a aforados nacionales del PP, que el grueso de la trama está en Madrid y que "ya no se investiga la financiación" del partido.
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Garzón se inhibe a favor del TS de Valencia al hallar indicios contra el presidente Francisco Camps
ANGELES VÁZQUEZ / AGENCIAS
En su exposición razonada, el juez también aprecia indicios de delito contra el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa Climent.
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Las iniciales de Luis Bárcenas, tesorero y senador del PP, aparecen en los documentos sobre la presunta trama corrupta a los que ha tenido acceso la policía. Así consta en el informe que el cuerpo remitió a la Fiscalía Anticorrupción en el que, además, se sugiere que hay aforados nacionales implicados. Los agentes aseguran que las letras L.B. y el apodo El Cabrón aparecen en varios documentos y corresponden a Bárcenas. Su nombre también ha salido durante los interrogatorios del juez Baltasar Garzón. A pesar de ello, la Fiscalía ha rechazado “de momento” su imputación. “No es que no pueda haber un elemento indiciario contra una persona aforada” sino que “en el momento actual” no están “lo suficientemente consolidados”, aseguran fuentes del Ministerio consultadas por El País. Lo contrario ocurre en Madrid y en Valencia, donde los indicios de posibles delitos contra aforados sí están más claros. En este caso, podrían verse involucrados en la causa el propio presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, y los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
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La Fiscalía, que ayer rechazó elevar el asunto ante el Tribunal Supremo, ha aclarado a El País que no imputará a aforados nacionales ni enviará el caso al Supremo "por ahora", no porque Garzón se haya equivocado -el juez preguntó al Ministerio si debía inhibirse en favor del Alto Tribunal-, sino porque, “de momento” las pruebas no pesan lo suficiente.
Sí había base
“No se trata de que el juez Garzón haya querido elevar el sumario al Supremo sin base alguna, porque efectivamente hay datos que apuntan que algún aforado podría estar afectado, sino que Anticorrupción cree que aún no hay base como para que el asunto aguante la tramitación de un suplicatorio” explican fuentes de Anticorrupción del rotativo citado. El suplicatorio es el proceso por el que las Cámaras levantan la inmunidad a sus miembros.
Época de Aznar
La principal prueba contra el tesorero del PP sería un informe policial al que ha tenido acceso El País, y que se refiere a hechos de la época de José María Aznar. El nombre de Bárcenas también habría salido en los interrogatorios y declaraciones que, hasta ahora, ha practicado el juez Garzón, siempre según lo publicado hoy por el diario de Prisa. Por otra parte, también se le menciona en las grabaciones aportadas en la denuncia: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene" asegura en una el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Madrid y Valencia
Los mismos informantes aseguran que la negativa del fiscal “no es definitiva” y que “en cualquier momento” puede elevarse la causa al Alto Tribunal. Para ello serían claves las investigaciones en los Supremos de Madrid y Valencia, donde el Ministerio Público sí ha visto indicios suficientemente clarificados. La Fiscalía ha ratificado las últimas resoluciones de Garzón que sugerían la implicación del dimitido consejero de Deportes, Alberto López Viejo, del diputado regional madrileño, Alfonso Bosch, del ex presidente de la comisión de investigación del espionaje, Benjamín Martín Vasco y del presidente valenciano, Francisco Camps. Las fuentes del rotativo se han mostrado “asombradas” porque consideran que del informe policial se desprenden contra Bárcenas indicios muy similares a los que implican a López Viejo.
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V.V.
La Fiscalía Anticorrupción ratificó ayer el informe que ya había enviado al juez Baltasar Garzón manteniendo la implicación de aforados madrileños y valencianos en el seno de la Operación Gürtel. Entre los implicados está el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps que, de inhibirse Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano, sería investigado por el presidente de este tribunal, Juan Luis de la Rúa. El propio Camps ha reconocido y elogiado su amistad personal con el magistrado valenciano, y también mantiene relaciones con otros altos cargos de la judicatura, como el vicepresidente del CGPJ y anterior consejero de Justicia, Fernando de Rosa.
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Cuando, recién iniciada la investigación de la Operación Gürtel, el juez Baltasar Garzón y el ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, coincidieron en una cacería, el PP se echó las manos a la cabeza y comenzó una campaña de acoso y derribo contra magistrado y político, poniendo en cuestión la imparcialidad del primero. Sin embargo, los populares también guardan muy buenas relaciones con ciertos sectores de la Justicia. Que se lo pregunten a Francisco Camps y a los miembros de su equipo de Gobierno, que han desarrollado una política judicial de ataques a los fiscales que investigan casos de corrupción en sus filas, mientras que no ahorran en elogios hacia los jueces que deben tomar decisiones sobre ellos.
Amistad con el vicepresidente del CGPJ
Un día después de que la Fiscalía implicara al presidente valenciano en la trama de corrupción, Camps se reunió en el Palau de la Generalitat con Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, hasta hace cinco meses, conseller de Justicia de su Ejecutivo. De Rosa ya se había pronunciado en contra de Garzón, a quién acusaba de estar incurriendo en prevaricación, y había salido en defensa de su amigo el president. Antes de su implicación, cuando una de las imputadas mencionó ante el juez que había pagado facturas de 30.000 euros en trajes para Camps, De Rosa ya se reunió en su casa con el dirigente popular. De haberle estado asesorando, el vicepresidente del CGPJ podría estar incumpliendo la ley.
"Íntima y sentida relación" con De la Rúa
Pero Camps no solo tiene buenas relaciones con su ex conseller de Justicia. Si finalmente Garzón se inhibe en la Operación Gürtel y deja el caso en manos de los tribunales superiores de Justicia, el presidente de este órgano en Valencia, José Luis de la Rúa, será el encargado de investigar a Camps como implicado. Algo que, seguramente, alegra al president, ya que es amigo íntimo del magistrado. “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”, aseguraba el propio Camps en septiembre de 2008 en un acto oficial.
Pregunta de Compromís
Esta y otras muestras de afecto hacia el magistrado llevaron a la coalición izquierdista Compromís a preguntar a mediados de febrero en las Cortes si Camps pedirá a De la Rúa que se inhiba si Garzón le remite la investigación de la trama, debido a la poca imparcialidad que tendría el juez dada su amistad con el dirigente popular. El grupo, por su puesto, no obtuvo respuesta.
El fiscal jefe del TSJV, en el punto de mira
Pero si la amistad de los populares valencianos con los magistrados es manifiesta, también lo es su enemistad con los fiscales que abren investigaciones contra los numerosos casos de corrupción que salpican al partido en la región. Según informó El País, ya en octubre de 2006 la dirección regional del PP anunció la creación de una comisión para evaluar la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del TSJ, Ricard Cabedo, que había abierto diligencias contra los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela, contra las acciones en Terra Mítica, y contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entre otros casos de presunta corrupción.
El caso Fabra
Precisamente en relación con las múltiples imputaciones por la Justicia de Fabra se ha generado una fuerte controversia, ya que los juzgados se encuentran colapsados y no parece haber juez que se atreva a estudiar las acusaciones que pesan contra el dirigente. El propio CGPJ mantiene una discusión sobre si el presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, debe o no repetir en su cargo, debido a la estrecha relación de amistad que guarda con Fabra, a quien tendría que juzgar.
Advertencias de Conde-Pumpido
Estas relaciones de amistad en unos casos y de enemistad manifiesta en otros de la cúpula política valenciana con jueces y fiscales llevó en marzo de 2007 al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a alertar del riesgo de desprestigio que corren las instituciones a causa de “las conductas antijurídicas” que mantienen en la comunidad algunos dirigentes políticos, entre los que podría incluirse al propio presidente regional.
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La constructora que la edifica perdería dinero si la vende por un millón de euros
No salen las cuentas en la mansión de Granados
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Aunque no ha firmado un contrato de compra, la promotora Obras y Vías construye en el municipio madrileño de Valdemoro una mansión al gusto de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad. El palacete contará con más de mil metros cuadrados, sobre las parcelas que iban a alojar seis chalets. Granados reconoció que se había interesado en su momento por la vivienda de lujo, y afirmó que la promotora le pidió un millón de euros. Sin embargo, las cuentas no cuadran: por ese precio –inalcanzable para la mayoría- la constructora perdería dinero ya que los costes de la edificación superan, como mínimo, en 37.700 euros el precio que le ofrecieron al consejero.
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Se interesó por su precio y su mujer visita a menudo las obras e incluso le han permitido elegir los materiales, pero Francisco Granados asegura que no ha cerrado ninguna compra de la mansión de mil metros cuadrados que se construye en Valdemoro, donde él fue alcalde. Lo que sí reconoció es que había pedido, en su día, presupuesto: la promotora Obras y Vías, que ha obtenido numerosas concesiones urbanísticas en la localidad pidió al número tres de Aguirre un millón de euros por la vivienda. Granados asegura que no ha formalizado la compra porque para ello tendría que vender antes las otras fincas que posee.
Perdería dinero
Sin embargo, el diario Público ha hecho cuentas, y los números no le cuadran. Según el diario, incluso aplicando los costes mínimos, la construcción del chalet de lujo sería más cara que el millón de euros que se ha pedido, con lo que Obras y Vías perdería dinero con la transacción.
432.880 por el terreno
Vicfidem, la promotora que inicialmente adquirió los terrenos (unos 1.700 metros cuadrados) pagó por las primeras cuatro parcelas en mayo de 2003 288.480 euros. Un año después adquirió las dos restantes por 144.400 euros. Es decir, el suelo costó a la promotora 432.880 euros. A estos gastos habría qu sumar el coste el proyecto de ejecución, que se cuantificó, en 559.105 euros. El coste real de ese proyecto se habría elevado al incluir en la casa elementos y equipaciones de lujo, como la construcción de una piscina cubierta y un gimnasio en el sótano.
Incluso con los costes más bajos
La licencia de obras, que se cifra en un 4 por ciento del coste del proyecto, supondría 22.364 euros más. A ello hay que añadir aún los honorarios del arquitecto que redactó el proyecto y dirigió las obras. Estos honorarios suelen oscilar entre el 5 y el 10 por ciento del importe del proyecto (entre 27.955 y 55.910 euros más). Pero incluso en el supuesto de que esos honorarios fuesen más bajos, del 4 por ciento, por ejemplo, el coste total de la construcción alcanzaría los 1.036.713 euros.
Sin explicaciones de la constructora
Según la versión de Público, la constructora no ha dado ninguna explicación sobre esta operación que sería deficitaria para la empresa, como tampoco se pronunció sobre por qué se decidió por construir esta vivienda en lugar de los seis chalets previstos, mucho más fáciles de vender, pese a que el posible comprador, Francisco Granados, no ha formalizado el contrato.
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