El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes, 14 de abril, cuando se conmemora el 95 aniversario de la proclamación de la II República, sendas iniciativas en las que se insta al Gobierno a reconocer a las mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer y a condenar el conocido como 'bibliocausto', la quema de libros llevada a cabo durante la Guerra Civil por ser considerados subversivos por los sublevados.
Estos debates llegarán de la mano por un lado de Esquerra Republicana, que volverá a reclamar la inclusión de las jóvenes que fueron internadas en los reformatorios del Patronato que funcionaron hasta 1985, y por otro del PSOE, autor de la proposición no de ley sobre la censura cultural.
En concreto, la formación independentista catalana demanda que se reforme la Ley de Memoria para reconocer en el ámbito jurídico y administrativo como víctimas de la represión, con las correspondientes indemnizaciones, a las mujeres que fueron internadas en centros del Patronato desde 1941 y hasta su desaparición, ya bajo el Gobierno del socialista Felipe González.
Su iniciativa, recogida por Europa Press, también persigue que se investigue y difunda la represión que se ejerció desde esta institución dependiente del Ministerio de Justicia pero gestionada por órdenes religiosas.
En este contexto, quieren que en un año se elabore un inventario de toda la documentación relativa al Patronato conservada en organismos públicos y que se cree un grupo de trabajo con expertos para analizar toda esa información y hacer recomendaciones sobre cómo avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en las políticas de verdad, justicia y reparación.
Y el PSOE defenderá otra proposición no de ley para que se investigue el 'bibliocausto' con el que durante la Guerra Civil en el bando franquista se imitaron las quemas de libros que habían llevado a cabo los nazis pocos años antes en Alemania. Los socialistas aspiran a que estos episodios se estudien en las escuelas y se reconozca el compromiso con la cultura de las personas responsables de librerías, bibliotecas y editoriales que fueron represaliadas.
Según explican en su iniciativa y recoge Europa Press, desde los primeros días del golpe militar los sublevados se centraron en la incautación y destrucción de libros y la depuración de bibliotecas públicas y privadas, y muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados.
PRIMERA GRAN QUEMA, EN A CORUÑA
Con el objetivo de "limpiar y purificar el país de las ideas subversivas", además de eliminar y recluir a quienes las publicaban o profesaban, la Falange y el ejército franquista, no solo protagonizaron acciones de quemas de libros, sino que alentaron a sus seguidores a que las hicieran, como queda plasmado en los periódicos franquistas.
La primera gran quema pública documentada se produjo en A Coruña, el 19 de agosto de 1936, donde ardieron más de 1.000 libros de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto a la biblioteca personal del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo, Santiago Casares Ouiroga. Además, se asaltó la editorial gallega Nós y su director, Anxel Gasol, fue fusilado.
A medida que avanzaba la guerra, se fueron dictando decretos y bandos que obligaban a entregar o requisar los libros considerados prohibidos. Así pasó en Sevilla, donde Queipo de Llano dio 48 horas a la población para que entregase sus libros y habilitó a falangistas para recorrer librerías y editoriales para requisar todo el material considerado "pornográfico, marxista, ácrata y disolvente".
También hubo hogueras en localidades pequeñas donde ardieron los fondos de bibliotecas municipales, de Casas del Pueblo, ateneos o sedes sindicales, mientras que la primera biblioteca universitaria purgada fue la de Valladolid en 1937 y luego la de Santiago de Compostela. Las últimas quemas se produjeron en 1939, tras la caída de Madrid, donde con motivo del Día del Libro el Sindicato Español Universitario (SEU) convocó un acto en el que jóvenes estudiantes, brazo en alto, quemaron distintos ejemplares.
MAESTRAS Y PEDAGOGAS
Además, las comisiones depuradoras clasificaban los fondos de bibliotecas y salas de lecturas y, los libros que no eran destruidos permanecerían guardados en espacios restringidos denominados "infiernos", que no fueron abiertos hasta 1975.
Entre los libreros y bibliotecarios que pagaron con la vida su compromiso con la cultura, el PSOE menciona a Miguel d'lom de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra de Zaragoza Pilar Salvo, responsable de una biblioteca infantil; la pedagoga y bibliotecaria, Juana María Capdeviele.
Los profesionales que habían permanecido en la zona gubernamental fueron sancionados a posteriori, como ocurrió con la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner; o con Carmen Caamaño, que fue separada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.
dilluns, 20 d’abril del 2026
La represión contra mujeres y la quema de libros en el franquismo, a debate en el Congreso el 14 de abril
Noticias y Actividades de Memoria Democrática. ARMHA Memoria Historica Aragon
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Noticia completa
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Justo acababa de saludar a su mujer embarazada y a sus tres hijos cuando se oyó un fuerte estrépito y ruido de botas en la casa situada en la calle Don Jaime, enfrente de la plaza de La Seo.. . .
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Madrid 15 de abril de 2026. . .
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Un hito judicial... . .
Presentación de la exposición «EnResistencia»
La contienda española causada por golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista fueron un problema que afectó a todo el país.
La posterior división autonómica ha propiciado una fragmentación, absolutamente innecesaria, que no ha sido paliada por ninguna ley estatal que haya tendido a la unificación de los trabajos de Memoria Histórica... . .
Borja rinde homenaje a sus víctimas y a la memoria democrática el próximo 26 de abril
Actos de Memoria:
Lunes 20 - Charla: «Escuela Republicana»: Las elecciones del 12 de abril de 1931
CALENDARIO DE NUESTRAS EXPOSICIONES
Sede ARMHA: Exilio, científico, político y cultural
ASOCIACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ARAGÓN
diumenge, 19 d’abril del 2026
Expertos ONU celebran la creación de una Comisión de la Verdad sobre abusos del franquismo
Ginebra, 10 abr (EFE).- Expertos de Naciones Unidas celebraron este viernes la reciente decisión de las autoridades españolas de establecer una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, algo que consideraron "un paso histórico".
La decisión era "largamente esperada" y "contribuirá a brindar reparación a las víctimas y a la sanación de la sociedad española", señalaron los expertos, entre ellos el relator de la ONU para la verdad, la justicia y la reparación, Bernard Duhaime.
ERC pedirá el martes en el Congreso cambiar la Ley de Memoria para incluir a víctimas del Patronato de la Mujer
ERC pedirá el martes en el Congreso cambiar la Ley de Memoria para incluir a víctimas del Patronato de la Mujer
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el martes una proposición no de ley de ERC por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Memoria Democrática para incluir a víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
Leer más: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-erc-pedira-martes-congreso-cambiar-ley-memoria-incluir-victimas-patronato-mujer-20260411123250.html
El Gobierno empieza por fin a tomar las 300 primeras muestras de ADN a familiares de víctimas del franquismo casi tres años después de comprar la base de datos ‘Bonaparte’
El software costó 289.000 euros en septiembre de 2023 para crear una base de datos nacional. Ahora se prevé gastar otros 350.000 euros para tomar las primeras muestras
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en septiembre de 2023 que había comprado el software ‘Bonaparte’, desarrollado por la empresa holandesa Smart Research y que, por ejemplo, ya usaba Interpol para gestionar la primera base de datos mundial que permite identificar a desaparecidos mediante el cotejo internacional de perfiles genéticos con muestras de ADN de personas emparentadas entre sí. El objetivo de España era usar esta herramienta para crear y gestionar su propio “banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”. La entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó que este sistema “permitirá integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos postmortem procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas, y ayudar así en la identificación genética de los restos”.
La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor de octubre de 2022, establecía la creación de ese banco estatal. Pero tras su compra (’Bonaparte’ costó 289.000 euros), este software durmió durante muchos meses en el cajón de los justos. De hecho, en febrero de 2025, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica preguntó el Ejecutivo la siguiente información: día exacto de comienzo de uso del software, el número de perfiles genéticos de las víctimas recuperadas en fosas comunes del franquismo incluidos y gestionados por dicho software, el número de perfiles genéticos de los potenciales familiares de las víctimas incluidos y gestionados por dicho software, el número de víctimas identificadas por dicho software, y el número de laboratorios genéticos que están participando en la aportación de perfiles genéticos a dicho software.
La asociación no obtuvo respuesta y tuvo que recurrir al Consejo de Transparencia, que estimó su reclamación. En octubre de 2025, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática dio los primeros datos oficiales: entre 2019 y 2025 se han recuperado 8.941 cuerpos de fosas comunes de represaliados por el franquismo. Sin embargo, en los registros oficiales solo constaban 70 identificaciones. Ante estos datos, la asociación que preside Emilio Silva lanzó una campaña desde sus redes sociales pidiendo explicaciones al Gobierno, recordándole que “el objetivo no es exhumar, es identificar desaparecidos”. El Gobierno se defendió diciendo que la baja tasa de identificación respondía a múltiples factores, como la degradación del ADN con el paso del tiempo o la dificultad de localizar descendientes directos.
Ahora, a mediados de marzo, la Secretaría de Estado ha iniciado una nueva licitación para dar un impulso a la base de datos y quiere contratar un servicio de “recogida y procesamiento de muestras bucales para la extracción de perfil genético de familiares de personas desaparecidas durante la guerra de España y la dictadura. Con un presupuesto de 350.000 euros, el objetivo es “la extracción del perfil genético de muestras salivares procedentes de 300 familiares de personas desaparecidas durante la Guerra de España (1936-1939) y la posterior dictadura”, señala la memoria justificativa del contrato. Un portavoz de Memoria Democrática confirma a Infobae que este trabajo “es para el banco de ADN, para que todos los descendientes puedan aportar sus muestras y poder cotejar con los restos exhumados en cualquier lugar de España”.
¿Por qué solo 300?
Son solo 300 perfiles. El mismo portavoz no aclara por qué solo este número, aunque la petición procede de la Dirección General de Atención a las Víctimas (DGAV). El contrato incluye las siguientes prestaciones por parte de la entidad contratista: gestiones para determinar en cada familia el donante genético óptimo; extracción de su perfil genético mediante muestra salival; registro del perfil extraído en el Banco Estatal; y la interpretación de resultados y elaboración de informes trimestrales de identificación.
Asturias avanza en la reparación a las víctimas del franquismo al identificar los restos de cinco personas de una fosa común
Asturias avanza en el proceso de reparación a las víctimas del franquismo al lograr la identificación de cinco de las seis personas exhumadas en la fosa común del cementerio de La Caridad/A Caridá, en el concejo asturiano de El Franco.
El tiempo transcurrido desde su fusilamiento hasta el pleno reconocimiento de su filiación ha impedido a muchos de sus familiares más directos llegar con vida a ver estos resultados, pero sus descendientes han conseguido al menos cerrar esa herida al recuperar sus restos para un enterramiento en condiciones más dignas.
Las víctimas
Los estudios genéticos han confirmado que dos de los restos corresponden a las hermanas Ferrer, desaparecidas tras el golpe de Estado de agosto de 1936, si bien la ausencia de muestras biológicas previas impide determinar con exactitud cuál de las tres no se encuentra en la fosa.
Las hermanas Luz, Mercedes y Maura Ferrer Díaz tenían entre 17 y 21 años en el momento de su desaparición. Junto a ellas, también han sido identificados los restos de Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena, víctimas de la represión franquista en los primeros meses de la Guerra Civil.
Reunión con los familiares
El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies, no ha podido disimular su emoción al anunciar la identificación de cinco de las seis personas exhumadas en la fosa común, ya que entre sus compromisos políticos se encuentra la culminación de estos procesos de identificación para avanzar en los principios de “verdad, justicia y reparación”.
Previamente a la confirmación oficial de esta identificación, el consejero se ha reunido con los familiares de las víctimas, en un encuentro en el que han participado también la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de El Franco, Victoria Zarcero.
Tras la reunión con los representantes políticos, dos familiares de las hermanas Ferrer y Lorenzo Solís han trasladado su agradecimiento a la Consejería de Derechos Ciudadanos y al equipo técnico implicado en el proceso y han resaltado la importancia de su trabajo para las familias tras décadas de incertidumbre.
Una deuda histórica
En su intervención, el consejero ha calificado este avance como “especialmente emotivo” y ha señalado que permite “cumplir una parte, pequeña pero muy significativa, de la deuda histórica que las administraciones tenemos con las víctimas del franquismo y sus familias”.
“Lo que no sabían los que les asesinaron y les enterraron en esa fosa, era que sembraban semillas y esas semillas germinan cada día y hoy germinan especialmente, y nos animan y empujan a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación”, ha afirmado el consejero.
Exhumaciones con fondos públicos
Zapico ha recordado que estas actuaciones forman parte de las primeras exhumaciones financiadas íntegramente con fondos públicos en Asturias y ha destacado que permitirán a las familias “cerrar un círculo tras décadas de dolor, dudas y estigmatización”.
Por su parte, la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, ha explicado que el proceso incluyó un primer análisis antropológico realizado en la Universidad de Oviedo, que determinó la existencia de dos mujeres y cuatro hombres entre los restos hallados. A esta fase le siguieron los estudios genéticos que han permitido confirmar la identidad de cinco de las víctimas.
La fiabilidad
Los trabajos de exhumación comenzaron en el mes de diciembre de 2024 y han permitido localizar seis cuerpos en una fosa en la que inicialmente se buscaba a tres personas.
Los análisis antropológicos y genéticos realizados posteriormente han hecho posible identificar con certeza a cinco de ellas, lo que supone un índice de efectividad del 83 %, muy por encima de la media habitual en este tipo de procesos, que según explican desde la consejería ronda el 10 %.
El consejero de Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha avanzado que la entrega oficial de los restos a las familias de estas cinco personas identificadas se prevé para el próximo mes de mayo
La recopilación de testimonios
Collado ha señalado además que la investigación se ha ido ampliando gracias a la colaboración de los familiares y a la recopilación de testimonios, lo que ha facilitado avances en la identificación de personas desaparecidas en el mismo periodo.
El consejero ha avanzado que la entrega oficial de los restos a las familias está prevista para el próximo mes de mayo en un acto que “permitirá culminar el proceso de identificación y avanzar en los principios de verdad, justicia y reparación”.