Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
La mayor parte de los internos del centro cumple la última fase de su condena en tercer grado, lo que les permite salir fuera del recinto hasta 16 horas al día. Asociaciones memorialistas han pedido al Gobierno central que lo declare Lugar de Memoria, aunque han recibido silencio por parte del Ejecutivo
Cuando uno pasea por la calle Juan de Vera, en el madrileño barrio de Arganzuela, pocas cosas son las que le ayudan a conocer lo que sucedió, y todavía ocurre, tras esos muros. El actual centro de inserción social (CIS) Victoria Kent, antigua cárcel de Yeserías, alberga en su arquitectura neomudéjar casi un siglo de historia entre sus pabellones y antiguas celdas. De infraestructura algo deteriorada, a día de hoy los internos gozan de un régimen de semilibertad que les permite estar fuera del centro hasta 16 horas al día. A pesar de ser de los pocos enclaves utilizados por el franquismo para recluir a los y las disidentes que sigue en pie en la capital, desde el Gobierno central todavía no lo han declarado Lugar de Memoria Democrática.
Llamada así por ubicarse en una zona industrial en la que se trabajaba el yeso, la construcción erigida por el Ayuntamiento de Madrid en torno a 1928 tenía como destino ser un asilo de mendigos. De ella sobresalen seis pabellones en forma de ‘H’ con largos brazos dispuestos en parejas y paralelos a la calle Juana Doña que son de doble altura, con cubiertas inclinadas de teja curva. Entre los pabellones quedan espacios libres en forma de calle que se denominaban “patios”. En la segunda planta, los pabellones se conectan a través de un eje longitudinal, en forma de puente, sobre estos patios. Existe también un último pabellón, con un solo brazo, más corto que los anteriores.
Varios coches aparcados en el Centro de Inserción Social de Victoria Kent en una imagen de archivo Jesús Hellín / Europa Press
El comienzo de la Guerra Civil tras el fracaso del golpe de Estado de julio de 1936 hizo que el asilo tuviera diversas funciones, entre ellas centro de detención y hospital, esta última a partir de 1938. En 1941, el centro comenzó a llamarse prisión de Yeserías. A ella arribaban únicamente hombres hasta que se cerró la cárcel de Ventas, cuando también empezaron a entrar mujeres. Tendrían que pasar varias décadas hasta que en 1971 la prisión fuera considerada femenina en exclusiva. Justos 20 años después se cerró y, ya en 1994, volvió a abrir sus puertas como CIS Victoria Kent.
Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido
Rosa García Alcón— Detenida en 1975
Los recuerdos franquistas
Una vez que se abre la primera puerta, se cruza un pequeño aparcamiento y se supera el control de seguridad, un pequeño jardín con floridos arbustos y cuidado césped da la bienvenida al visitante. Lo primero que se observa, un cartel con el artículo de la Constitución Española que garantiza que las penas de prisión y las medidas de seguridad deben orientarse fundamentalmente hacia la reeducación y reinserción social.
El día en que Rosa García Alcón ingresó en Yeserías no existía ese jardín, y mucho menos ese precepto constitucional. Detenida el 24 de agosto de 1975 y trasladada a la prisión el 1 de septiembre, esta militante de la Federación Universitaria Democrática de España, ligada al FRAP, recuerda cómo empezaba a anochecer cuando ingresó en la cárcel. “Lo primero que me dijo un guardia civil es que menuda pinta traíamos las rojas. Yo había estado una semana en la Dirección General de Seguridad, torturada, sin poder lavarme, con el vestido descosido”, rememora.
El médico de la prisión se negó a poner en el informe que García Alcón presentaba numerosos hematomas en el cuerpo y un dislocamiento en el pie izquierdo. “Llegué a la sección de políticas y ahí estaban mis compañeras. Me recibieron, me apoyaron mucho, me dieron ropa y me escucharon. A partir de entonces, la estancia no fue tan dura, porque éramos muchas”, explica la actual militante de la asociación de presos y presas represaliadas por el franquismo La Comuna.
El nombre de esta organización no es baladí. Algunas presas crearon su propia comuna entre rejas, donde compartían todo lo que tenían. García Alcón recuerda con angustia el 27 de septiembre de aquel año, cuando el franquismo fusiló por última vez: “Estuvimos con las dos últimas condenadas a muerte de la dictadura, María Jesús Dasca y Concepción Tristán. Fueron unos momentos trágicos”.
Además de estos dos nombres, el de miles de mujeres también han quedado impregnados en la historia de Yeserías, como la escritora y abogada Lidia Falcón, la activista y escritora Eva Forest, la dirigente del PCE y diputada Pilar Brabo y la actriz antifranquista Mari Paz Ballesteros.
Puerta de entrada del Centro de Inserción Social de Victoria Kent, a 2 de septiembre de 2022, en Madrid Jesús Hellín / Europa Press
La nueva vida en la España democrática
Según Instituciones Penitenciarias, en la actualidad 291 internos cumplen su condena de forma presencial en el CIS Victoria Kent, donde hay hombres, mujeres y un pabellón para madres con hasta diez plazas. La mayor parte de ellos se han visto privados de libertad por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. En este sentido, acuden a formaciones para potenciar su reeducación y reinserción y así evitar la reincidencia. Su estancia obligatoria es de mínimo ocho horas al día. Es decir, tienen que estar presentes en uno de los tres recuentos que se realizan cada jornada. La mayoría pasa la noche en el CIS, por lo que el horario habitual de entrada es de 23.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente.
La prisión de Yeserías, recordada por muchos como set de rodaje de la película ‘Tacones lejanos’ de Pedro Almodóvar, no goza de cocinas propias. La comida llega desde la cárcel de Valdemoro, a las 13.00 horas y a las 19.00 horas. El desayuno se basa en algo de bollería y café. El comedor está en la planta baja del primer pabellón. Son mesas ancladas al suelo de ocho personas, con asientos sin respaldo y atornillados a las mismas mesas. Un sábado de mayo, los internos comieron pasta con pollo y patatas y cenaron verduras con hamburguesa y patatas. Al día siguiente, comieron cocido completo y pasta con carne de cerdo y cenaron verdura con pollo y patatas.
Esa planta la gobierna una gran sala de estar, rodeada de bancos incrustados a la pared, y en medio una pequeña televisión protegida por un cristal. Al lado está la biblioteca, cerrada con llave, también enrejada. La política marca que, si un usuario quiere algún libro, acuda a las bibliotecas municipales. Cerca pero ya en otro pabellón se ubica el archivo, con varias salas forradas de estanterías metálicas hasta el techo y donde pocas profesionales se afanan en digitalizar cientos de legajos amarilleados por el paso del tiempo. En ellos, miles de sentencias franquistas, entre las que se cuentan, por ejemplo, las de aquellos detenidos por luchar contra el régimen y las de aquellas presas por abortar, que motivan la consulta de historiadores.
Madres que cumplen prisión
La mayoría de los internos se encuentran en tercer grado. Es el estadio más avanzado de una condena hacia la libertad que llega cuando has cumplido la mayor parte de la pena. “Muchos lo piden porque tienen que cuidar de familiares o porque tienen un precontrato de trabajo que les vale como justificación de que quieren reinsertarse”, comenta una trabajadora que ha desempeñado sus funciones en el CIS durante unos meses.
En el centro hay trabajadora social, psicóloga, jurista y educadora, pero no equipo médico. Se entiende que, ante una necesidad sanitaria, el usuario acude al médico habitual del centro de salud. “Quienes están peor aquí son las madres porque la mayoría de presas que tienen hijos lo que intentan es que se quede algún familiar o allegado con ellos”, determina esta trabajadora que prefiere no dar su nombre.
En el caso concreto del CIS Victoria Kent, también se encargan de realizar el seguimiento a los liberados condicionales, aquellos que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad y quienes están en tercer grado telemático, con una pulsera en el tobillo, que alcanzan las 105 personas.
Desde La Comuna han pedido el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que declaren el CIS Victoria Kent como Lugar de Memoria Democrática. La propuesta decayó ante el silencio de la cartera liderada por Ángel Víctor Torres a principios de febrero. “Aquí no solo estuvimos políticas, también había mujeres presas por abortar o ayudar a hacerlo, o por adulterio, o por ejercer la prostitución. Eso tiene que explicarse, que la gente entienda lo que ocurrió aquí para que no se olvide”, reclama García Alcón, quien dejó Yeserías atrás el 3 de diciembre de 1975 en libertad condicional tras abonar sus padres 30.000 pesetas.
En lo alto del monte Ezkaba, a pocos kilómetros de Pamplona, se alza una fortaleza construida para la guerra que acabó convertida en uno de los principales penales del franquismo. Hoy, tras décadas de abandono, se prepara para abrir una nueva etapa como Lugar de Memoria Democrática
A simple vista, el Fuerte de San Cristóbal parece una vieja fortaleza militar más. Se alza en la cima del monte Ezkaba, a pocos kilómetros de Pamplona, dominando la cuenca desde una posición privilegiada. Construido entre finales del siglo XIX y comienzos del XX para defender la ciudad, nunca llegó a cumplir la función para la que fue concebido. Sin embargo, su historia acabaría tomando un rumbo muy distinto.
Durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista, este enorme complejo militar se convirtió en una prisión por la que pasaron miles de presos republicanos. Entre sus muros estuvieron recluidas más de 7.000 personas en unas condiciones especialmente duras, y fue allí donde tuvo lugar uno de los episodios más conocidos de la historia penitenciaria española: la fuga masiva del 22 de mayo de 1938, cuando 795 presos intentaron escapar en dirección a la frontera francesa.
Hoy, más de ocho décadas después, el fuerte sigue siendo uno de los lugares con más carga histórica de Navarra. Declarado Bien de Interés Cultural y convertido recientemente en Lugar de Memoria Democrática, se encuentra inmerso en un proceso que permitirá su apertura progresiva a la ciudadanía mediante visitas guiadas y la creación de un futuro centro de interpretación. Una oportunidad para acercarse a un espacio que durante décadas permaneció cerrado y que conserva algunas de las páginas más significativas de la historia contemporánea española.
Interior del Fuerte de San Cristóbal. Navarra Film Industry
Una gigantesca fortaleza construida para defender Pamplona
Para entender la historia del Fuerte de San Cristóbal hay que remontarse a las guerras carlistas. Tras el último conflicto, el ejército concluyó que Pamplona era especialmente vulnerable a los ataques de artillería desde el monte Ezkaba, la elevación que domina la ciudad por el norte. La respuesta fue levantar allí una gran fortaleza capaz de proteger la capital navarra.
Las obras comenzaron en 1878 y se prolongaron durante más de cuatro décadas. El resultado fue una construcción monumental conocida oficialmente como Fuerte de Alfonso XII, considerada una de las mayores fortalezas poligonales del Pirineo. Su posición estratégica permitía controlar visualmente toda la cuenca de Pamplona, una ventaja que sigue siendo evidente para cualquiera que ascienda hoy hasta la cima del Ezkaba.
Sin embargo, la fortificación nació prácticamente obsoleta. La rápida evolución de la artillería y el desarrollo de la aviación durante las primeras décadas del siglo XX hicieron que este tipo de construcciones perdieran buena parte de su utilidad militar. Cuando el fuerte estuvo terminado, ya había dejado de ser una pieza decisiva para la defensa de la ciudad. Paradójicamente, nunca sería recordado por la función para la que fue construido.
La prisión por la que pasaron miles de republicanos
La historia que convirtió al Fuerte de San Cristóbal en un lugar único comenzó en la década de 1930. En 1934, tras la Revolución de Asturias, empezó a utilizarse como prisión para prisioneros asturianos y eibarrenses. Después, durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista, se transformó en uno de los principales centros de reclusión de presos republicanos.
Interior del Fuerte de San Cristóbal. Nava
A lo largo de aquellos años pasaron por sus galerías más de 7.000 personas procedentes de distintos puntos de España. El hacinamiento, las enfermedades y las duras condiciones de vida marcaron el día a día de muchos de los internos, convirtiendo el antiguo complejo militar en un símbolo de la represión franquista.
La huella de aquella etapa sigue presente en distintos puntos del entorno. Uno de los más conocidos es el llamado Cementerio de las Botellas, situado junto al fuerte. Recibe ese nombre porque los presos fallecidos eran enterrados con una botella que contenía sus datos identificativos, una práctica que permitía registrar quién y por qué razón descansaba en cada sepultura.
Hoy, gran parte del valor histórico y patrimonial del recinto está ligado precisamente a esa memoria. Más allá de la arquitectura militar, el fuerte se ha convertido en un lugar asociado al recuerdo de las miles de personas que estuvieron encarceladas entre sus muros.
La fuga que convirtió San Cristóbal en un lugar histórico
Si hay un episodio que ha hecho mundialmente conocido al Fuerte de San Cristóbal es la fuga del 22 de mayo de 1938.
Interior del Fuerte de San Cristóbal. Navarra Film Industry
Aquel día, aprovechando una situación favorable dentro de la prisión, cientos de internos pusieron en marcha un plan de evasión que llevaba tiempo gestándose. La intención era escapar del fuerte y alcanzar la frontera francesa atravesando las montañas navarras.
La magnitud de la operación fue extraordinaria. Un total de 795 presos consiguieron abandonar el recinto, convirtiendo la evasión en una de las mayores fugas carcelarias registradas en Europa durante el siglo XX.
Sin embargo, la libertad estuvo muy lejos de convertirse en una realidad para la mayoría. Los fugados tuvieron que enfrentarse a un territorio que apenas conocían, sin apenas recursos y perseguidos por las fuerzas encargadas de su captura. La búsqueda se extendió por montes, bosques y pueblos de la zona.
Muchos fueron detenidos en los días posteriores. Más de 200 murieron durante la persecución. Y al final, solo tres hombres lograron alcanzar Francia.
Interior del Fuerte de San Cristóbal. Navarra Film Industry
La historia de aquella fuga sigue muy presente en Navarra. De hecho, existe una ruta senderista señalizada, el GR-225, que recuerda el recorrido realizado por los presos que intentaron alcanzar la frontera. Si te van las rutas por la naturaleza, es una buena forma de conectar el paisaje con uno de los episodios más impactantes ocurridos en este lugar.
Qué queda hoy del Fuerte de San Cristóbal
Tras dejar de funcionar como prisión en 1945, el recinto tuvo distintos usos militares hasta que fue abandonado definitivamente por el Ejército en 1987 y se mantuvo un pequeño retén de vigilancia hasta 1991. Desde entonces, el paso del tiempo ha dejado una huella evidente sobre muchas de sus estructuras.
Aun así, el conjunto conserva una enorme presencia. Su tamaño, su ubicación y las vistas sobre Pamplona siguen sorprendiendo a quienes llegan hasta la cima del monte Ezkaba. En 2001 fue declarado Bien de Interés Cultural, un reconocimiento que puso de relieve tanto su valor arquitectónico como su relevancia histórica.
Aunque el acceso al interior ha estado muy restringido durante años, teniendo que solicitar la visita al Gobierno Militar de Pamplona, los alrededores del fuerte son un destino habitual para senderistas y visitantes que buscan conocer uno de los lugares más singulares de la cuenca de Pamplona.
Del encierro a la memoria
Interior del Fuerte de San Cristóbal. Navarra Film Industry
La última gran transformación del Fuerte de San Cristóbal está ya en marcha. Recientemente, el Estado lo declaró oficialmente Lugar de Memoria Democrática, un reconocimiento que busca preservar y difundir la historia vinculada a la prisión y a las personas que pasaron por ella. La medida forma parte de un proyecto conjunto entre el Gobierno de Navarra y la Administración General del Estado para recuperar este espacio y hacerlo accesible a la ciudadanía.
El plan contempla la apertura progresiva del recinto mediante visitas guiadas y la creación de un centro de interpretación que permitirá conocer tanto la historia de la fortaleza como su etapa como prisión. Para ello todavía será necesario realizar trabajos de conservación y adecuación, pero el objetivo es transformar un espacio marcado durante décadas por el encierro en un lugar dedicado a la divulgación, el conocimiento y la memoria.
Más de un siglo después de que finalizara su construcción en 1919, el Fuerte de San Cristóbal se prepara así para una nueva etapa. Una en la que su historia dejará de permanecer tras los muros para poder ser conocida por quienes se acercan hasta el monte Ezkaba con la intención de comprender uno de los episodios más significativos de la historia reciente de España.
La ley balear de fosas, que fue aprobada por unanimidad en el Parlament y ha permitido la recuperación de más de 330 víctimas y la identificación de más de medio centenar, cumple diez años. PP y Vox han derogado otra norma, la de memoria democrática, que impulsaba homenajes y reconocimientos a los represaliados
Guillem Mir (izquierda), nieto de Joan Canyelles Capllonch, asesinado por el franquismo el 15 de enero de 1937 Francisco Ubilla
Aquel día, sin poder despedirse de su mujer, Francisca, con quien tenía dos hijas pequeñas, Catalina y Magdalena, se lo llevaron a la fuerza, lo ataron y lo arrastraron por la calle. Después lo trasladaron hasta un viejo almacén de maderas situado en el centro de Palma y reconvertido en una de las cárceles más oscuras y trágicas de la represión franquista en Mallorca: la prisión de Can Mir. Un mes después, los carceleros gritaron su nombre. Junto a otros doce presos, fue esposado y conducido en camión, a lo largo de más de 30 kilómetros, hasta el muro de la Cruz de Porreres, el lugar donde, noche tras noche, los escuadrones fascistas llevaban a cabo sus ejecuciones. Allí lo acribillaron a tiros. Las hipótesis apuntan a que fue el último en morir: lo sugieren los disparos hallados en sus piernas, quizás al intentar huir tras presenciar el asesinato de sus compañeros. Su familia tardó más de ocho décadas en recuperar sus restos.
“Yo sabía que tenía que encontrarlo”. Guillem Mir habla despacio y visiblemente emocionado. Han pasado ocho años desde que pudo enterrar por fin a su abuelo, pero todavía recuerda con precisión el momento en que dejó de ser un desaparecido para volver a tener un nombre, una historia y una tumba. Hasta entonces, su familia, como las de tantos otros desaparecidos por el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, convivió con una ausencia suspendida en el tiempo y un duelo imposible de cerrar. “Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convirtiéndose en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida”, confiesa Guillem a elDiario.es.
Guillem Mir señala la casa de la que los falangistas arrancaron a su abuelo Francisco Ubilla
Cuando vives continuamente con años de angustia, malestar y dolor, sin poder expresar ni purgar, acaba convertido en un trauma. A mi madre le pasó factura. Nunca te lo planteas, pero te va mermando toda la vida
Guillem Mir— Nieto de Joan Canyelles Capllonch, asesinado por el franquismo
La ausencia heredada
La historia de Joan Canyelles Capllonch condensa la búsqueda incesante de aquellos que durante generaciones ignoraron dónde estaban sus muertos. Mientras los franquistas habían podido recuperar a los suyos casi desde el final de la guerra -el régimen facilitó la localización, exhumación y traslado de quienes habían fallecido en la retaguardia republicana-, los vencidos fueron condenados al silencio y al miedo. Las viudas -estigmatizadas y sin derecho a ningún tipo de reconocimiento ni pensión- recorrían cementerios, preguntaban a enterradores y, de forma infructuosa, seguían cualquier rumor con la esperanza de encontrar una pista, un botón, una prenda de ropa o cualquier rastro que las condujera hasta sus maridos. Los hijos -a quienes después se unirían los nietos- crecieron escuchando relatos fragmentarios, conversaciones susurradas y referencias imprecisas a cunetas, simas y pozos. En paralelo, la dictadura erigía monumentos, concedía honores y construía una memoria oficial que glorificaba a los 'caídos por Dios y por España'.
Sin embargo, casi cuarenta años de régimen no lograron borrar la memoria de los desaparecidos. Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo -cuando gran parte del país había decidido olvidar-, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000 -más de 60 años después de los asesinatos-, a abrirse paso en el debate público. Paul Preston lo llamó “la anomalía de España”: mientras el resto de países condenaban sus dictaduras, afrontando de una u otra forma el legado de sus regímenes autoritarios, la Transición española, en aras a la “reconciliación” nacional, había cerrado la puerta a la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, había optado por mantener a miles de desaparecidos en fosas comunes y había relegado la búsqueda de las víctimas al empeño de sus familias.
Imagen real de una ejecución en el Fortí de Illetes (Mallorca), donde los fascistas asesinaron a unas sesenta personas Fuente: Bartomeu Seguí Salleras
Muerto Franco y encauzado el camino hacia la democracia, los descendientes republicanos se lanzaron a rastrear archivos y a recoger testimonios. Pero, sobre todo, comenzaron a arañar la tierra. Harían falta, con todo, otras tantas décadas para que aquella labor comenzara, a principios de los 2000, a abrirse paso en el debate público
“Era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'”, ilustra Miguel Rabal, nieto de otro de los represaliados del franquismo en Mallorca, Emilio García-Peñuela, al recordar los inicios de un movimiento memorialista que se enfrentaba a décadas de desinterés institucional, silencio social y ausencia de políticas públicas para localizar a los desaparecidos. En aquel momento, recuerda, no faltaban quienes los consideraban “cuatro viejos dando la paliza” con una guerra que para muchos pertenecía a un tiempo remoto y una historia que gran parte del país creía definitivamente cerrada.
Sin embargo, aquel empeño cristalizó en Balears con la creación de la asociación Memòria de Mallorca. Era el año 2006. La madre de Rabal asistió al acto fundacional, celebrado en el edificio de Sa Riera de Palma. Muchos de quienes acudieron eran ya ancianos que llevaban toda una vida esperando respuestas sobre el paradero de sus padres, hermanos o maridos. En una de las fotografías de aquel día aparecía una larga fila de hijos de represaliados. La reivindicación de todos ellos podía resumirse en una sola frase: “Queremos encontrarlos”.
Cementerio de Esporles, donde está enterrado Joan Canyelles Capllonch Francisco Ubilla
[La labor inicial del movimiento memorialista tras décadas de silencio] era como tener una pared de 20 metros de alto y decir: 'Vamos a saltar'
Miguel Rabal— Nieto de Emilio García-Peñuela, represaliado por el franquismo
La ley que cambió las reglas
Sant Joan (Mallorca), junio de 2014. Bajo el sol abrasador de aquel verano, arqueólogos, forenses y familiares asisten a una escena inédita en Balears: la apertura de la primera fosa común de la guerra civil excavada en las islas. En el pequeño cementerio de esta localidad de 2.300 habitantes, las palas retiran las primeras capas de tierra mientras decenas de ojos siguen cada movimiento con una mezcla de expectación y nerviosismo. Muchos de los presentes llevan toda una vida esperando aquel momento. La intervención no está exenta de dificultades: parte de las sepulturas se encuentran ocultas bajo construcciones de hormigón, lo que obliga a desarrollar una compleja labor previa de investigación histórica, prospección arqueológica y retirada controlada de estructuras.
Durante seis días, la excavación combina documentación de archivo, testimonios orales, arqueología y antropología forense. Coordinados por Memòria de Mallorca y gracias al trabajo voluntario de especialistas del Laboratori de Bioarqueologia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, los equipos avanzan centímetro a centímetro. El 20 de junio aparecen los primeros indicios inequívocos de la fosa. Dos días después, en presencia de los familiares, emergen a la luz los tres primeros cuerpos exhumados: corresponden a Jaume Gual Mas, Joan Gual Genovart y Miquel Salom Ribot, tres campesinos de Maria de la Salut asesinados por los fascistas en octubre de 1936. Un año después, en junio de 2015, los análisis genéticos permiten devolverlos a sus familias.
Fotografías de Joan Canyelles Capllonch, custodiadas por su nieto Francisco Ubilla
El investigador Manel Suárez, autor de numerosas investigaciones sobre la Segunda República y el movimiento obrero de Mallorca, recuerda que la elección de Sant Joan para acometer la primera exhumación de una fosa de la guerra civil en Balears no fue casual. La entonces alcaldesa del municipio, la ecosoberanista Catalina Gayà -quien gobernaba con el apoyo del PP-, respaldó desde el primer momento la intervención, lo que facilitó que el proyecto pudiera salir adelante pese a la ausencia de apoyo institucional. “No recibimos ninguna ayuda”, rememora Suárez. Recuerda, asimismo, que, pese a hallar tres cuerpos con evidentes impactos de bala, ni jueces ni fiscales acudieron al lugar para investigar los hechos.
Con todo, el resultado superó todas las expectativas. La exhumación despertó un enorme interés social y mediático y se convirtió en un acontecimiento sin precedentes en las islas. Ya no había vuelta atrás: la apertura de la fosa de Sant Joan demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, en junio de 2016, Balears daba el paso decisivo: la aprobación, por unanimidad, de la Ley de recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, una norma que convirtió en obligación pública lo que hasta entonces había sido una lucha sostenida en solitario por familiares y activistas.
“Con esta ley se pretende cumplir con las obligaciones que tiene España con las víctimas de las desapariciones de la Guerra Civil y del franquismo, y también con quienes son sus familiares”, reza la exposición de motivos del texto. El Govern, presidido entonces por la socialista Francina Armengol, pasaba a asumir la responsabilidad de localizar fosas, elaborar mapas de enterramientos, impulsar análisis genéticos y coordinar los trabajos arqueológicos. Esta semana, la 'ley de fosas', que marcó un antes y un después en esta historia de incertidumbre colectiva y cambió la relación de Balears con uno de los capítulos más oscuros de su pasado reciente, ha cumplido 10 años. En todo este tiempo, la norma ha permitido recuperar los restos de 334 víctimas e identificar a 68 mediante técnicas forenses y pruebas genéticas.
Placa con el nombre de Joan Canyelles Capllonch en el cementerio de Esporles Francisco Ubilla
La apertura de la fosa de Sant Joan, en 2014, demostró que los desaparecidos podían ser encontrados y que décadas de silencio no habían logrado borrar sus huellas. Dos años después, el Parlament aprobaba por unanimidad su 'ley de fosas', que ha permitido recuperar los restos de más de 280 víctimas e identificar a más de medio centenar
Su impacto resulta significativo en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Después de que, el 19 de julio de 1936, el recién proclamado comandante militar de Balears Manuel Goded declarase el estado de guerra y asumiera el control absoluto de Mallorca y Eivissa, se desató una intensa violencia que, como sostiene el historiador Bartomeu Garí Salleras, ya había sido planificada meses antes del conflicto y sería perfectamente ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes e, incluso, por familiares de las propias víctimas.
“Se inició una auténtica caza de sospechosos, que serían fusilados sin contemplaciones en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios, sin ningún tipo de juicio y sin ningún motivo o muchas veces por motivos inconfesables”, afirma Garí, autor de La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola, con base en lo arrojado en Guerra Civil i repressió a Mallorca, del historiador Josep Massot Muntaner, uno de los estudiosos que durante la Transición se volcó en esclarecer cómo se desarrolló el conflicto bélico en la isla. Cerca de 2.000 personas fueron asesinadas en las islas y más de 10.000 pasaron por prisión. A ellas se suman quienes sufrieron condenas consideradas injustas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre la mayor de las Balears y las Pitiüsas.
Excavación en una de las fosas del cementerio de Son Coletes (Mallorca) Memòria de Mallorca
Desde la aprobación de la 'ley de fosas', las exhumaciones se han llevado a cabo siguiendo protocolos arqueológicos y forenses homologados internacionalmente. Los equipos delimitan las áreas de búsqueda mediante el estudio de archivos, testimonios y planos históricos, excavando después de forma manual y estratigráfica para preservar cualquier evidencia. Una vez localizados los restos, los especialistas documentan la posición de cada individuo, recuperan objetos asociados y trasladan los huesos a laboratorios de antropología forense. Allí analizan lesiones compatibles con ejecuciones, determinan el perfil biológico de las víctimas y, cuando es posible, realizan pruebas de ADN para cotejarlas con las muestras aportadas por familiares.
La ley balear de fosas ha permitido recuperar los restos de más de 330 víctimas e identificar a más de medio centenar en un territorio donde la represión franquista fue especialmente cruenta. Más de 2.000 personas asesinadas. Se calcula que todavía existen 56 fosas repartidas entre Mallorca, Eivissa y Formentera
Mucho más que exhumar restos
Cada exhumación permite reconstruir biografías, documentar la represión y devolver historias al espacio público. Para Guillem Mir, la búsqueda de su abuelo acabó convirtiéndose en una parte inseparable de su propia vida. Cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos, Guillem sintió una punzada en el pecho. “Fue una emoción enorme”, rememora con lágrimas en los ojos. Durante años había perseguido documentos, testimonios y pistas dispersas para reconstruir la historia de su abuelo. De repente, aquella búsqueda dejaba de ser una hipótesis para convertirse en una certeza. “Lo encontramos”, resume. Por primera vez desde 1937, la familia sabía dónde había estado todo ese tiempo. Lo que comenzó como una inquietud familiar acabó transformándose en una necesidad íntima, casi en una obligación moral hacia un hombre al que nunca llegó a conocer, pero cuya ausencia marcó a varias generaciones.
Guillem reconoce que la desaparición de un familiar deja secuelas que atraviesan el tiempo. En su caso, el silencio heredado, las historias contadas a medias y la incertidumbre sobre el paradero de su abuelo acabaron formando parte de la identidad familiar. La identificación de los restos permitió poner fin a esa búsqueda.
Despacho en el que Guillem almacena gran parte de los documentos y recuerdos de su abuelo Francisco Ubilla
“El día de la entrega fue un día que tampoco olvidaré nunca”, recuerda. Los forenses preguntaron a la familia si quería abrir la caja que contenía los restos de Joan Canyelles. Aceptaron. “Lo primero que vi fue el cráneo. Era muy pequeño, cabía en una caja así. Y había un agujero muy grande”. La emoción pudo más que las palabras. “No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso”. Aquel gesto puso fin a más de ochenta años de incertidumbre y permitió que su abuelo dejara de ser un desaparecido para regresar definitivamente a su familia.
Guillem nunca conoció a su abuelo, asesinado por los franquistas, pero para él 'fue una emoción enorme' cuando le comunicaron que el ADN había confirmado la identidad de los restos. Recuerda, con lágrimas en los ojos, que sintió una punzada en el pecho: 'No lo pude evitar. Fui hacia él, lo abracé y le di un beso'
En conversación con elDiario.es, insiste en que la recuperación de los cuerpos va más allá del ámbito familiar. “La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar”, sostiene. Por eso considera que las exhumaciones no solo reparan a las víctimas y a sus descendientes, sino que ayudan a reconstruir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada. Desde entonces continúa investigando y recopilando documentación sobre otros represaliados de Esporles. “No paramos”, explica al hablar del archivo que ha construido junto a otros investigadores locales. Esa quizá sea la mayor herencia de la ley de fosas. No solo ha permitido recuperar cuerpos: ha contribuido a rescatar vidas enteras del olvido.
Documento de afiliación de Joan Canyelles a la Agrupación Socialista de Esporles Francisco Ubilla
La historia de mi abuelo es la historia de todos aquellos a quienes quisieron matar
Guillem Mir— Nieto de Joan Canyelles Capllonch, represaliado por el franquismo
El ordenanza detenido en la sucursal del Banco de España
A cientos de kilómetros de Madrid, donde había nacido en 1899, Emilio García-Peñuela construyó una nueva vida en Mallorca. Había llegado a Palma en 1929 tras obtener una plaza de ordenanza en la sucursal del Banco de España. Socialista, laico y comprometido políticamente, frecuentaba la Casa del Pueblo y colaboraba económicamente con iniciativas obreras, incluso a pesar de las limitaciones económicas de una familia trabajadora con dos hijas pequeñas. Diez días después del golpe de Estado, la policía acudió hasta la sucursal para detenerlo. Desde allí fue trasladado hasta el castillo de Bellver, convertido entonces en prisión para centenares de detenidos republicanos. Era el 28 de julio de 1936.
Su nieto, Miguel Rabal, ha dedicado años a reconstruir aquella historia. La familia sabía que Emilio había sido detenido, pero desconocía muchos detalles de lo ocurrido. La investigación permitió descubrir cómo había sido vigilado durante años por sus ideas políticas y cómo acabó convertido en objetivo prioritario de la represión. “No era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto”, recuerda.
Fotografía de Emilio García-Peñuela CAIB
Mi abuelo no era precisamente el 'Stalin' de Mallorca, pero sí lo suficientemente interesante como para no dejarlo suelto
Miguel Rabal— Nieto de Emilio García-Peñuela, asesinado por el franquismo
Mucho antes de que los análisis genéticos confirmaran la identidad de su abuelo, Miguel ya albergaba una esperanza. Cuando comenzaron las exhumaciones y la recogida de muestras de ADN, su madre y su tía aportaron las suyas convencidas de que algún día podrían encontrarlo. Aquella posibilidad dejó de parecer remota durante la segunda campaña de excavaciones en la fosa de Son Coletes, en la localidad de Manacor, cuando decenas de familiares pudieron contemplar por primera vez los restos que emergían de la tierra tras ocho décadas de silencio. A apenas unos metros de distancia, dentro de la misma fosa, habían sido localizados los restos de Aurora Picornell, bautizada como la 'Pasionaria balear' e icono del republicanismo en Mallorca. Formaba parte de las conocidas como 'Rojas del Molinar', asesinadas por el franquismo la noche de reyes de 1937.
Informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Balears, fechado en 1937, en el que Joan Canyelles Capllonch es descrito como un "socialista peligroso" tras su asesinato a manos de los franquistas Francisco Ubilla
“Parecía que nos gritaban: 'Por fin nos habéis encontrado'”
El nieto de García-Peñuela rememora especialmente un pequeño acto celebrado junto a la fosa, sin tribunas ni grandes discursos. Los familiares se encontraban a escasos metros de los esqueletos recién exhumados. “Podíamos casi tocarlos”, recuerda. Sonaban un violonchelo y una flauta mientras los asistentes observaban aquellos cuerpos que, durante décadas, habían permanecido ocultos bajo tierra. Fue entonces cuando sintió algo difícil de explicar. “Parecía que los oías”, dice. “Como si nos estuvieran gritando: 'Por fin nos habéis encontrado'”. La imagen continúa emocionándole años después. “Hasta entonces todos ellos eran desaparecidos”, reflexiona. Frente a la fosa abierta, rodeado de familiares que llevaban décadas esperando respuestas, tuvo la sensación de que quienes yacían allí abajo recuperaban por fin aquello que les había sido arrebatado: un nombre, una historia y el derecho a ser encontrados.
Trabajos de exhumación en el cementerio de Son Coletes CAIB
Al igual que Guillem y tantos otros familiares, tampoco olvida la llamada que recibió en noviembre de 2022. Estaba solo, caminando por la Comuna de Bunyola, cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, quien lleva décadas luchando por localizar a los desaparecidos del franquismo. Dos días antes le había enviado varias fotografías de su abuelo para una exposición sobre las víctimas de la represión. Al ver su nombre en la pantalla, intuyó que se trataba de aquel asunto. Sin embargo, bastaron apenas unas palabras para confirmar lo que llevaba años esperando: “Miguel, tu abuelo ha sido identificado”, recuerda que le dijo.
Guillem Mir, apoyado en uno de los muros de la vivienda donde se llevaron a su abuelo Francisco Ubilla
“Fue como si se hubiera roto un dique”
Miguel recuerda que intentó contenerse durante la conversación. Sabía que la activista había acompañado a decenas de familias en momentos similares -“tiene un hombro para eso y para todo lo que le echen”, subraya- y no quiso derrumbarse al teléfono. “Aguanté como pude”, rememora. Apenas recuerda qué le respondió. “Ya daba igual lo que dijera. Lo importante era otra cosa”. Fue después de colgar cuando la emoción acumulada durante años terminó por desbordarse. “Fue como si se hubiera roto un dique”, explica. De repente afloraron décadas de preguntas, de documentos consultados, de historias familiares reconstruidas y de incertidumbre. La llamada confirmaba que la búsqueda había terminado.
Se emociona de nuevo al recordar el día en que la familia recibió los restos de su abuelo. El acto se celebró en el cementerio de Son Valentí siguiendo un minucioso protocolo, diseñado para respetar los tiempos y los deseos de cada familia. Los forenses les preguntaron si querían abrir la caja que contenía los huesos recuperados de la fosa. También les consultaron si permitían la presencia de representantes institucionales y observadores internacionales. “Todo estaba hecho con una delicadeza extraordinaria. Entendían que cada familia vive esto de una manera distinta”, rememora.
Acto de homenaje a Emilio García-Peñuela y otros represaliados del franquismo en el cementerio de Son Valentí CAIB
Entre los asistentes se encontraba Favián Salvioli, relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, reparaciones y garantías de no repetición de la ONU. Lejos de percibirlo como una presencia ajena, Rabal lo interpretó como un reconocimiento a la dignidad de su abuelo. “Para mí fue un honor mayúsculo”, explica. “Era una persona que representaba a la humanidad acompañando a otra persona anónima y modesta en un momento tan importante”, añade. La imagen le sigue emocionando: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, Miguel vio por primera vez los restos de su abuelo. Se acercó al cráneo y lo tocó: “Lo conocí en aquel momento”.
Miguel Rabal continúa emocionándose al recordar el acto de homenaje a su abuelo: un trabajador del Banco de España, asesinado y desaparecido durante décadas, recibiendo finalmente el amparo y el reconocimiento que le habían sido negados. Cuando abrieron la caja, vio por primera al padre de su madre. Se acercó al cráneo y lo tocó: "Lo conocí en aquel momento"
Lejos de erigirse en protagonista, Miguel reivindica la perseverancia de activistas, historiadores y asociaciones memorialistas y cómo, con el paso de los años, demostraron que su empeño estaba lejos de ser una extravagancia. La aprobación de la ley balear de fosas en 2016 fue, para él, la prueba de que aquella obstinación había merecido la pena. Como Guillem, subraya que el verdadero alcance de las exhumaciones va mucho más allá de cada caso individual.
La arqueóloga Almudena García-Rubio, responsable de numerosas exhumaciones en las islas, explica que los planes de fosas impulsados en Balears fueron incorporando progresivamente nuevas disciplinas y herramientas para abordar las consecuencias de la represión. A la labor de arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores se sumaron especialistas en restauración, juristas, antropólogos sociales e, incluso, equipos de acompañamiento psicosocial para atender a los familiares durante todo el proceso. Durante la jornada organizada este viernes por la Universitat de les Illes Balears (UIB) para conmemorar los diez años de la ley de fosas, la investigadora subrayó que este enfoque multidisciplinar convirtió a las islas en una referencia dentro del Estado, al entender que la recuperación de los desaparecidos no consiste únicamente en localizar e identificar restos, sino también en acompañar a las familias y preservar la memoria de las víctimas.
Detrás de cada esqueleto hay una persona desaparecida y una familia que lleva décadas esperando respuesta
Almudena García-Rubio— Arqueóloga
La semilla del movimiento memorialista
Se trata de una idea que conecta directamente con el origen del propio movimiento memorialista. Porque para las asociaciones y los familiares nunca se trató únicamente de abrir una fosa o devolver unos huesos a sus descendientes. También implica reconstruir las historias que la represión intentó borrar, explicar quiénes fueron aquellas personas y reconocer públicamente las vulneraciones de derechos humanos que sufrieron. Maria Antònia Oliver recuerda, de hecho, que el origen de Memòria de Mallorca nació de una convicción profundamente arraigada. “Tenía claro que en democracia tenemos derechos”, explica. No podía entender que hubiera familias que desconocían dónde estaban sus padres, hermanos o maridos y que las instituciones permanecieran al margen. Mucho antes de familiarizarse con conceptos como verdad, justicia y reparación, asegura que ya los sentía como una necesidad vital.
“No los conocía teóricamente, pero los sentía”, rememora. Le resultaba incomprensible que hubiera personas buscando a sus desaparecidos mientras jueces, fiscales y administraciones miraban hacia otro lado. “Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí”, afirma, mientras observaba cómo en otros países las desapariciones forzadas eran abordadas desde la justicia y los derechos humanos. Aquella inquietud nació de una experiencia personal -la búsqueda de su abuelo, Andreu París- que pronto descubrió compartida por centenares de familias.
Protesta llevada a cabo en junio de 2024 después de que el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), rompiese en pleno hemiciclo la foto de varias víctimas del franquismo Miquel À. Borràs / EFE
Me preguntaba cómo era posible que hubiera gente exhumando y que todo quedara ahí
Maria Antònia Oliver— Presidenta de Memòria de Mallorca
En los primeros años de búsqueda, Oliver acudía a historiadores, archivos y testigos con una sensación incómoda. “A veces me sentía violenta pidiendo información. Pensaba que no debía ser yo quien lo hiciera; tenían que ser las instituciones o un juez quienes me lo dijeran”. Lo que había vivido en su propia familia lo encontraba repetido una y otra vez en los relatos de otros hijos y nietos de represaliados. Recuerda especialmente las historias de mujeres que habían pasado décadas preguntando por sus maridos desaparecidos y soportando burlas o insinuaciones. “Ni siquiera sabían si los habían matado porque no se lo decían”, lamenta.
Por eso insiste en que los avances logrados durante las últimas dos décadas no surgieron de la nada. Antes de las leyes, de los planes de fosas y de las exhumaciones institucionales hubo años de trabajo sigiloso de familiares y activistas recopilando testimonios, localizando enterramientos y elaborando los primeros listados de desaparecidos. “Si hoy tenemos un mapa de fosas es gracias a los familiares de las víctimas”, subraya. Aquella documentación permitió demostrar que las fosas existían y que podían abrirse. “Era importante demostrar que se podía exhumar, que los políticos no tuvieran miedo de hacerlo”.
En un contexto marcado por la reciente derogación de la ley balear de memoria democrática -la otra gran norma memorialista de las Islas- por parte de PP y Vox, las víctimas insisten en que la reparación no termina cuando se localiza un cuerpo. Sin políticas públicas de memoria, advierten, las exhumaciones corren el riesgo de convertirse en simples operaciones arqueológicas desprovistas de contexto. Por eso continúan reclamando verdad, justicia y reparación para devolver la dignidad a quienes fueron asesinados y restituir una parte de la historia colectiva que durante demasiado tiempo permaneció enterrada bajo la tierra y el silencio.
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