dilluns, 24 de juny del 2019

MASACRE EN ZUFRE. Próximo inicio dee los trabajos en la fosa común en Higuera de la Sierra.


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El inicio, proximamente, de los trabajos en la fosa común del franquismo en Higuera de la Sierra, solicitado por el grupo RMHSA_CGT.A en 2018, es un buen momento para divulgar este trabajo de los compañeros y amigos José María García Márquez y Francisco Espinosa Maestre.
MASACRE EN ZUFRE
La brutalidad represiva que siguió a la publicación del bando del 6 de agosto de 1937 reprodujo en toda su intensidad la violencia desatada en el verano y otoño del año anterior. En algunos pueblos, sobre todo en la Sierra y en la cuenca minera, revistió un auténtico carácter de masacre que, unas veces por el procedimiento sumarísimo y otras mediante asesinatos sin trámite alguno, buscaba acabar definitivamente con la más mínima resistencia al golpe militar. En la mayoría de las ocasiones no es fácil documentar la aplicación de los bandos de guerra, pero, a veces, se instruyeron procedimientos sumarísimos a personas a las que posteriormente se decidió eliminar sin trámite alguno. En estos casos quedó constancia escrita de las detenciones de esas personas, de sus declaraciones, de las acusaciones que les hicieron y de su asesinato. Un pequeño pueblo de la sierra onubense, Zufre, que contaba con algo más de dos mil setecientos habitantes por entonces, ofrece un buen ejemplo.
En agosto, septiembre y octubre de 1936 fueron asesinadas al menos 36 personas, que dejaron cerca de treinta viudas y más de un centenar de huérfanos. Y hablamos solamente de personas cuya muerte fue inscrita en el registro civil. La puesta en marcha del Consejo de Guerra Permanente, en marzo de 1937, acarrearía de nuevo, como en los demás pueblos, la necesidad de redondear la cuota represiva. El 24 de julio de 1937 treinta y tres vecinos del pueblo, algunos de los cuales ya habían estado presos con anterioridad, fueron detenidos en una gran redada y procesados en consejo de guerra en Aracena el 13 de septiembre siguiente. Veintidós fueron condenados a reclusión perpetua, dos a 20 años de prisión, siete a 12 años y 1 día y dos más fueron absueltos, aunque permanecieron varios meses en prisión. Diecinueve de ellos habían estado afiliados a la UGT y dos habían sido miembros de Izquierda Republicana. Pero lo peor estaba por llegar.
El 22 de septiembre de 1937, en consonancia con las detenciones masivas que se venían produciendo y siguiendo las indicaciones del teniente coronel Fermín Hidalgo Ambrosy, el comandante Militar de Zufre, el cabo de la Guardia Civil Eduardo Novoa Viadero, llevó a cabo una nueva redada entre los cada vez más escasos vecinos del pueblo. No había entonces prácticamente ningún hombre joven, ya que entre los asesinados, los encarcelados, los huidos y los que habían sido movilizados por el ejército o las milicias de Falange y el Requeté, se habían marchado ya casi todos. Además no parecía posible que pudieran quedar aún “rojos” que detener y “delitos” que castigar. Pero no era ésa la opinión del cabo Novoa y los derechistas del pueblo. Había llegado el momento de ajustar todas las cuentas pasadas.
El primer detenido fue José Mayofret Domínguez, juez municipal durante la República y que, además, llevaba el casino de Unión Republicana, clausurado por cierto en 1934 cuando alguien gritó “Viva Cataluña Libre, Viva la República Libre” y fue aplaudido. Entonces Mayofret fue encarcelado. No tuvo participación alguna en los “días rojos”, no huyó y se puso a disposición de las nuevas autoridades. Con él fueron detenidos cuatro hombres más, Francisco Martín Acemel, industrial de 71 años, que tenía dos primos fugitivos; no estuvo afiliado a ninguna organización, no huyó tampoco cuando fue ocupado el pueblo y colaboró como cívico con los golpistas; Francisco Cercas Rodríguez, de 42 años, que tenía un pequeño establecimiento y estaba afiliado a la UGT; había estado detenido en 1918 por una huelga. Al detenerlo le incautaron 875 pesetas que le había prestado Dominica Rodríguez, viuda del que fue agente ejecutivo del Ayuntamiento, Francisco Romero Rodríguez, asesinado en agosto de 1936; Marcelo Brito Cortés, trabajador del campo del 55 años, también afiliado a la UGT e igualmente detenido en la huelga de 1918; Manuel Muñoz Navarro, de 71 años, que en su juventud fue condenado a 20 años, de los que cumplió doce, por matar a un hombre. También tenía 71 años otro detenido, Alejandro Suárez Durán, de filiación conservadora y con antecedentes por agresión y violación, habiendo estado hacía muchos años detenido por ello; y, por último, fue detenido Manuel Suárez Durán, de 58 años, propietario y también conservador.
Junto a estos siete hombres el cabo Novoa detuvo a quince mujeres. Estas mujeres habrían participado en un hecho que se produjo poco después de las elecciones de febrero de 1936, cuando un grupo de ellas, algunas afiliadas al grupo femenino socialista, quiso darle “un susto” a Rosario Expósito Parra “por haberle quitado el pan a los pobres” y haber votado a la derecha. Se abalanzaron sobre ella cuando se dirigía en una caballería hacia la finca donde se encontraba su marido y la dejaron desnuda. Según algunas declaraciones le quitaron algunos comestibles que llevaba.
Los interrogatorios de todas ellas fueron perfilando quienes habían sido las más destacadas en la agresión y “martirio” de la derechista. Y aunque la propia agredida identificó al grupo y a las que más se destacaron, el comandante militar y las autoridades del pueblo siguieron su propio camino. Se separó a seis del grupo: Dominica Rodríguez Ruiz, socialista de 42 años, viuda y autora del préstamo de las 875 pesetas; Felipa Rufo Alcaide, de 39 años, casada y cuyo cuñado y dos primos estaban fugitivos; Antonia Blanca Prieto, de 51 años, casada y con dos hijos fugitivos; Josefa Labrador Arroyo, de 40 años, casada y a la que encontraron en un registro una caja de juguetes y un par de zapatos fruto de “saqueos” y que, al parecer, había llevado a su casa el novio de su hija, que se encontraba huido; Faustina Ventura Sánchez, de 62 años, casada y con dos sobrinos fugitivos, y Carlota Garzón Núñez, de 47 años, casada y afiliada al PSOE.
Actuaron y declararon como personas de “orden” los propietarios Carpóforo Duque Labrador y Manuel Duque Domínguez, el farmacéutico Víctor Macías Bejarano, jefe de Falange, y el alcalde Gregorio Labrador Garzón. El que no existieran pruebas de la participación en “delitos” de los detenidos no planteó problema alguno. Las acusaciones, similares en todos los casos, fueron de este tipo:
...no salió de su casa, por si venían mal dadas, pero tiene la seguridad de que no solo los apoyó moralmente [a los marxistas] sino con todas sus fuerzas (...) al cual considera como un dirigente marxista solapado que ha llevado a la ruina a muchos infelices obreros, considerándole peligroso y capaz de haber auxiliado a los fugitivos. (Declaración contra José Mayofret Domínguez).
...que ignora su participación en el movimiento rojo, pero está seguro le prestó su apoyo moral y material, que alternaba con ellos bebiendo y gastándose el dinero. (Declaración contra Manuel Suárez Durán).
...favoreciendo al Frente Popular con consejos y quizás con artículos de su establecimiento. (Declaración contra Francisco Cercas Rodríguez).
...en el movimiento rojo debido a su edad no hacía servicios, pero le cree capaz de haber excitado a las masas para que cometieran todo lo malo. (Declaración contra Marcelo Brito Cortés).
... durante el período rojo nada pudo hacer debido a su avanzada edad, pero cree que les induciría a toda clase de desmanes. (Declaración contra Manuel Muñoz Navarro).
Con las mujeres los acusadores utilizaron siempre las mismas expresiones:
Marxista destacada, provocadora, que excitaba a las masas e insultaba constantemente a las personas de derecha.
El informe del comandante militar añadía además el calificativo de “fieras humanas” y, como pruebas, presentaba las declaraciones de las cuatro personas de “solvencia moral”. Así el 26 de septiembre de 1937 remitió el atestado al teniente coronel Hidalgo, y éste, al día siguiente, lo pasó al presidente del consejo de guerra para la instrucción de un procedimiento sumarísimo. Se nombró juez instructor al alférez José Antonio Seijas Martínez, que se trasladó al depósito municipal para tomar declaración indagatoria a los detenidos. Mientras tanto, el 2 de octubre de 1937, el cabo Novoa detuvo a un nuevo grupo de diez mujeres del pueblo, todas ellas “destacadas antes y durante el movimiento, como propagandistas y dirigentes y con respecto a las cuales existe el convencimiento de que facilitan víveres a los fugitivos”:
Remedios Gil Cortés, de 56 años y casada, admitió haber pertenecido al Partido Socialista y tener tres hijos fugitivos, sin que supiera nada de ellos hasta la fecha.
Mariana Sánchez Vázquez, de 51 años y casada, que había pertenecido a la UGT, tenía tres sobrinos fugitivos a los que ni había socorrido ni sabía nada de ellos.
Amadora Sánchez González, de 52 años y casada, Encarnación Méndez Díaz, de 56 años y casada, y Elena Ramos Navarro, de 55 años y casada, habían pertenecido a la UGT, manifestando que no habían socorrido a los huidos ni tenían familiares fugitivos.
Bernabela Rodríguez Ruiz, de 40 años y casada, reconoció su pertenencia al Partido Socialista y declaró que, varias veces, en la finca “El Cabezo”, que llevaba en arriendo, dio de comer a grupos de fugitivos que se aproximaron a la finca y entre los que, según indicó, no iban vecinos del pueblo.
Amadora Domínguez Labrador, conocida por “La Pasionaria”, de 48 años y casada, negó haber pertenecido a ningún partido ni sindicato, así como haber ayudado a los huidos o tener algún familiar fugitivo.
Alejandra Garzón Acemel, de 62 años, casada, que tampoco había pertenecido a ninguna organización obrera, tenía dos hijos y un yerno fugitivos, de los que no tenía noticia alguna desde su huida del pueblo en 1936.
Teodora Garzón Núñez, de 45 años, casada, reconoció haber asistido a mítines en el pueblo, aunque no estuviese afiliada a partido o sindicato alguno. Igualmente, manifestó no tener familiares huidos ni haber socorrido a fugitivos.
Modesta Huerta Santos era la más joven del grupo, con 29 años de edad y viuda, había estado afiliada a la UGT y tenía un cuñado fugitivo, sin que conociese su paradero.
En siete páginas y media quedaron recogidas sus declaraciones. Como testigos acudieron nuevamente el alcalde Gregorio Garzón Labrador y el jefe local de Falange Víctor Macías Bejarano. El alcalde acusó a cinco de ellas de “marxistas”, “propagandistas” y “provocadoras”, considerándolas capaces de dar víveres a los fugitivos; de las cinco restantes “desconocía su conducta y actuación”. Por su parte el falangista no hizo distinción alguna entre las detenidas:
A todas ellas las conoce como marxistas destacadas, propagandistas y excitadoras; creyéndolas muy capaces de haber facilitado víveres a los fugitivos; añadiendo que según rumores en la casa de Remedios Gil Cortés era donde se ensallaban (sic) las coplas marxistas que cantaban las Juventudes Socialistas.
El colofón lo pondría el comandante militar Eduardo Novoa:
En vista de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que estas mujeres han sido todas dirigentes del marxismo, al que aún adoran con toda su alma; que excitaron a los hombres para que cometieran tantos y tantos delitos; que cometieron toda clase de injurias y vejámenes con infelices personas de orden, que han proporcionado víveres a los fugitivos; que ensueñan, es decir, que sueñan con el triunfo del maldito marxismo; que en suma son fieras humanas sin Dios, sin Patria, sin Ley, sin familia, porque ni a ella la quieren, el que suscribe, considerándolas autoras de delito tan gravísimo, procedió a su detención para ser puesta a disposición del Señor Teniente Coronel Don Fermín Hidalgo.
Cuando el atestado llegó al teniente coronel Fermín Hidalgo, éste dio orden al Presidente del Consejo de Guerra para que se iniciara el procedimiento sumarísimo de las detenidas, y ese mismo día, 14 de octubre, se nombró también en los Servicios de Justicia de Huelva al alférez José Antonio Seijas Martínez para la instrucción del sumario. Un mes tardó el alférez Seijas en designar secretario y trasladarse al depósito municipal para tomar declaración a los treinta y dos detenidos de los dos procedimientos. Pero ocurrió que cuando llegó sólo encontró once. ¿Y los demás? El teniente coronel Hidalgo Ambrosy, como en tantas otras ocasiones, había cambiado de opinión. El 13 de noviembre se dirigió al cabo Eduardo Novoa, comandante militar de Zufre, para que le indicara dónde se encontraban los detenidos, a lo que éste contestó que por orden de la Superioridad les fueron aplicados los preceptos de los bandos de S. E. el General Jefe del Ejército del Sur de 8 de febrero y 6 de agosto del año actual, el día cuatro del corriente. Dios guarde a Vd. muchos años. Zufre, 15 de noviembre de 1937.
El juez militar, al enterarse de que dieciséis procesadas y cinco procesados habían sido asesinados en un pueblo cercano, Higuera de la Sierra, se limitó a dar por cerrado el caso y remitió los dos sumarios al presidente del Consejo de Guerra Permanente, el teniente coronel José Gómez Sánchez. Sin embargo no pudo enviarle los certificados de fallecimiento “por no haberse inscrito dichas defunciones”. El Consejo se reunió en Huelva el 17 de diciembre de 1937 para examinar el primer procedimiento y para absolver a los once supervivientes (dos hombres y nueve mujeres), a los que pusieron en libertad el 6 de marzo de 1938, una vez que el auditor Bohórquez ratificó la sentencia.
El segundo procedimiento, con las diez procesadas ya asesinadas, se vio más tarde, el 10 de marzo de 1938. En este caso por haberse comprobado que no solo suministraban víveres a los fugitivos marxistas sino que eran enlaces de ellos a los que también facilitaron noticias sobre la situación y movimientos de las fuerzas, en cumplimiento de órdenes dadas por la Superioridad, se verificó la ejecución (...) Considerando que la muerte extingue la acción del mal y que por lo tanto es procedente el sobreseimiento definitivo...
Así redactaba el auto el ponente, el capitán Pedro Bellón Uriarte, que sustituyó a Pedro Bugallal del Olmo como jefe de los Servicios de Justicia de Huelva. Junto al capitán de Infantería Ramón Galdón Campos y el capitán de Carabineros Fidel Collar González estamparon su firma y enviaron el acuerdo al auditor Bohórquez, quién, como siempre, tras acreditar que “la prueba ha sido debidamente apreciada”, aprobó la propuesta por no observarse “vicios de nulidad en las actuaciones”.
Sin certificados de defunción y con veintiún asesinatos se llevó a cabo la segunda “pacificación de la retaguardia” en Zufre. Estos crímenes, repetidos una y otra vez, conformaron la “brillante” biografía del teniente coronel Fermín Hidalgo Ambrosy y la “abnegada” tarea “jurídica” del Consejo de Guerra Permanente de Huelva.
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De las personas asesinadas siete fueron inscritas en noviembre de 1937, tres en 1938 y cuatro en los años 80. Las siete restantes nunca fueron registradas (véase Espinosa, F., La guerra civil en Huelva, Diputación, 2005, p. 598).
NOSA MAESRE, Francisco y
GARCÍA MÁRQUEZ, José María,
"La desinfección del solar patrio",
en NÚÑEZ DÍAZ BALART, Mirta, Coord.
La gran represión, Barcelona,
Flor del Viento ediciones, 2009, pp. 368-376.
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