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La semana pasada hubo una reunión entre las cuatro asociaciones de Memoria de Cantabria (Archivo Guerra y Exilio AGE, Colectivo Memoria de Laredo, Desmemoriados y Héroes de la República y la Libertad) con el nuevo fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Carlos Yañez, que depende de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Cantabria.
La reunión fue muy cordial y satisfactoria, según las asociaciones memorialistas, mostrando en todo momento el fiscal su disposición a colaborar con ellas en cuantas cuestiones puedan surgir referentes a la vulneración de la ley de Memoria Democrática estatal, en la que pueden ampararse las víctimas del franquismo, una vez que en Cantabria ha sido derogada con los votos de PP y Vox la Ley autonómica de Memoria Democrática.
Como ejemplo se habló de la denuncia presentada a finales de noviembre por un ciudadano (precisamente un socio de AGE) contra la Asociación Alfonso I por considerar que los carteles aparecidos en las marquesinas de las paradas de autobús de Santander con una foto y frase de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, vulneran lo dispuesto en el art. 15 de la Ley de Memoria Democrática, ya que ensalzan y glorifican a una figura asociada a la dictadura franquista y copartícipe de sus crímenes.
Tienen confianza en esta nueva etapa que se abre de colaboración entre la Fiscalía y las asociaciones de Memoria y esperan que se vayan viendo sus frutos.
La denuncia
El ciudadano que ha decidido actuar relata en la denuncia que observó que se habían colocado carteles por parte de la Asociación Alfonso I. En ellos se ensalza la figura de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española y figura emblemática del régimen franquista. Dice que esta actividad se ha llevado a cabo en diversas localizaciones de Santander, y ha documentado esta situación con fotografías y publicaciones en redes sociales de la citada asociación.
Los carteles, prosigue en su denuncia, muestran un claro intento de glorificar a una figura asociada con un régimen que cometió graves violaciones a los derechos humanos y que ha sido objeto de condena por parte del ordenamiento jurídico español a través de la Ley de Memoria Democrática.
El denunciante argumenta que la Ley de Memoria Democrática, en su artículo 15, prohíbe la exaltación de la dictadura franquista y sus símbolos. La exaltación de José Antonio Primo de Rivera no solo vulneraría esta prohibición, sino que también atentaría contra el derecho a la memoria de las víctimas del franquismo, así como el derecho a una sociedad que reconozca su historia y respete la dignidad de quienes sufrieron bajo dicho régimen.
Aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, este ciudadano explica que este derecho tiene límites, especialmente en el contexto de discursos que pueden incitar al odio o promover la violencia. La exaltación de un régimen que causó tanto sufrimiento no debería ser tolerada en una sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, el denunciante solicita que se inicien las investigaciones pertinentes en virtud de la Ley de Memoria Democrática y se tomen las medidas adecuadas para garantizar que no se repita esta actividad que vulnera la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo.
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