La exhumación de la fosa de A Caridá permite identificar a cinco víctimas del franquismo
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado este domingo el valor de las políticas públicas de memoria democrática y el compromiso institucional con la verdad, la justicia y la reparación durante el acto de entrega a sus familias de los restos identificados tras la exhumación de la fosa común del cementerio de A Caridá, en El Franco.
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Fosa común de El Franco
La tierra devuelve la memoria en La Caridad
La entrega de los restos identificados en la fosa común de El Franco cierra décadas de búsqueda para varias familias y convierte el acto institucional en un homenaje íntimo a las víctimas de la represión franquista
Gijón
La emoción atravesó este domingo el salón de plenos del Ayuntamiento de El Franco. No era un acto institucional más. Frente a las autoridades, varias familias sostenían décadas de espera, silencio y ausencia. La entrega de los restos identificados tras la exhumación de la fosa común del cementerio de La Caridad puso fin a una búsqueda que, en algunos casos, había atravesado generaciones enteras.
En ese ambiente contenido y profundamente humano, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, reivindicó el papel de las políticas públicas de memoria democrática y el deber de las instituciones de garantizar «verdad, justicia y reparación» para las víctimas del franquismo.
Las palabras del consejero estuvieron marcadas por la autocrítica y el reconocimiento a quienes mantuvieron viva la memoria durante décadas. «Las administraciones hemos tardado, desgraciadamente, muchísimos años en impulsar políticas activas», admitió ante familiares y representantes memorialistas. Durante demasiado tiempo, recordó, fueron las asociaciones y los descendientes de las víctimas quienes sostuvieron casi en soledad la búsqueda de sus desaparecidos.
Y en La Caridad esa memoria tenía rostros concretos.
Los trabajos de exhumación comenzaron en diciembre de 2024 en una fosa donde inicialmente se buscaban tres cuerpos. Sin embargo, las excavaciones permitieron localizar seis restos humanos. El posterior análisis antropológico realizado por la Universidad de Oviedo confirmó la existencia de dos mujeres y cuatro hombres. Meses después, los estudios genéticos lograron poner nombre a cinco de ellos.
Entre las víctimas identificadas figuran dos de las tres hermanas Ferrer —Luz, Mercedes y Maura Ferrer Díaz—, desaparecidas tras el golpe de Estado de 1936 cuando apenas tenían entre 17 y 21 años. Las pruebas de ADN han confirmado que dos de los restos corresponden a las hermanas, aunque la falta de muestras biológicas previas impide determinar exactamente cuál de ellas sigue sin aparecer.
Junto a las hermanas Ferrer también fueron identificados Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena, desaparecidos durante los primeros meses de la Guerra Civil. El Ayuntamiento de El Franco custodia actualmente los restos de la sexta persona hallada mientras continúan las investigaciones para lograr su identificación.
Cada nombre pronunciado durante el acto encerraba una historia rota. Familias marcadas por décadas de incertidumbre, por relatos transmitidos en voz baja y por una ausencia que nunca pudo cerrarse del todo. Por eso la entrega de los restos tuvo algo más profundo que el simbolismo institucional: representó la posibilidad de cerrar, al menos parcialmente, heridas abiertas desde hace casi noventa años.
Zapico insistió en que Asturias ha dado un paso decisivo esta legislatura al dotarse de «un músculo administrativo en materia de memoria democrática» capaz de impulsar actuaciones como la de La Caridad. Un trabajo respaldado tanto por la Ley estatal de Memoria Democrática como por la normativa autonómica aprobada en el Principado.
El acto contó también con la participación de la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez; el fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Superior del Principado, Javier Marqués, y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, Marta Mateo.
La derecha «indiferente»
Durante su intervención, el consejero quiso destacar precisamente la importancia de esa colaboración entre administraciones, universidad y entidades memorialistas. Puso como ejemplo el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de El Franco, al que agradeció su implicación con las políticas de memoria democrática. Frente a ello, contrapuso la actitud de otros municipios asturianos como Gijón, donde acusó a Vox, Partido Popular y Foro de mostrarse «insumisos e indiferentes» respecto a la aplicación de la normativa memorialista.
«La ley de memoria democrática es una ley más y hay que cumplirla», afirmó con contundencia. Y añadió que su responsabilidad como consejero pasa por garantizar que se respete «en cada uno de los 78 concejos de Asturias, Gijón incluido».
Más allá del debate político, el acto dejó una imagen difícil de olvidar: la de las familias recibiendo, por fin, los restos de sus seres queridos. Algunas sostenían fotografías antiguas. Otras apenas podían contener las lágrimas. Después de décadas de silencio, las víctimas regresaban a casa con nombre, historia y reconocimiento público.
Las exhumaciones de La Caridad forman parte de las primeras actuaciones impulsadas íntegramente con financiación pública en Asturias. Un hecho que simboliza también un cambio de época: el paso de una memoria sostenida únicamente por familiares y asociaciones a una responsabilidad asumida desde las instituciones democráticas.
Porque durante demasiado tiempo muchas familias tuvieron que buscar solas. Y porque, en lugares como La Caridad, la memoria dejó de ser únicamente pasado para convertirse también en una forma de justicia.
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