Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Tinc una sèrie de papers fotocopiats sobre la vaga de la mineria asturiana del 63.
Aquests fets van provocar tortures, detencions i vexacions vàries.
Un grup de poc més de 100 intel.lectuals va publicar i firmar una carta que va fer arribar al ministre Fraga.
Entre ells hi havia ma tia, l'escriptora Angelina Gatell, que és qui m'ho ha fet arribar per correu. Ho trobà amb sorpresa fa uns dies en els baixos d'una prestatgeria perquè ho suposava perdut.
Tengo una serie de papeles fotocopiados sobre la huelga de la minería asturiana del 63. Estos hechos provocaron torturas, detenciones y vejaciones varias. Un grupo de poco más de 100 intelectuales publicó y firmó una carta que hizo llegar al ministro Fraga. Entre ellos estaba mi tía, la escritora Angelina Gatell, que es quien me lo hizo llegar por correo. Lo encontró con sorpresa hace unos días en los bajos de una estantería porque lo suponía perdido.
Fotocòpia d'un diari espanyol on hi ha el manifest, els firmants i la resposta de Fraga. No hubo torturas, ni mutilaciones ni muertos por malos tratos en Asturias Fraga Iribarne rebate las falsas acusaciones de un grupo de intelectuales El escrito fue difundido por las emisoras comunistas antes de ser enviado al ministro
Notícia de "L'Humanité" del 25-09-63. La répression franquiste dans les Asturies
Notícia de "L'Unità" - 09-63 Selvaggiamente torturat ... minatori delle Asturies Drammatica testimonianza dalla Spagna franchista
Crònica dels fets de la revista "Ibérica por la Libertad", dirigida per Victoria Kent, Volum 11 de 15-Novembre-1963.
Este viaje de descubrimientos, que a través de las vivencias del protagonista nos muestra la conflictividad social en los años de la II República y la Guerra Civil Española, está contextualizado para el espectador mediante documentos e imágenes de archivo (algunas inéditas) y de otras fuentes en un "ir y venir en el tiempo".
En los meses de reclusión en la Prisión Provincial de Málaga hasta su fusilamiento, Antonio, un conductor de taxi de adscripción anarquista escribió de forma clandestina un Libro de Poemas con 67 páginas, pidiendo como última voluntad en una carta de despedida, que se publicasen esos poemas.
Antonio fue ejecutado el 4 de octubre de 1940. Seis meses después llegaría a la prisión un indulto por el que se le conmutaba la pena de muerte por la de prisión atenuada. Ya fue demasiado tarde.
Ese Libro de Poemas estuvo oculto durante décadas en el fondo de un armario en casa de unos familiares. Sus páginas liberadas son un vehículo de reflexión, pero hay más. Ni buscado desde el punto de vista cinematográfico hubiéramos encontrado el motor de esa escritura en prisión: una historia de amor. Todo está escrito para alguien, una mujer llamada “María Roa Jiménez”. La Historia, está en sus versos.
El documental se narra en primera persona por José Enrique Sánchez, uno de los autores de la película, y el familiar del protagonista que terminó con el libro de poemas de Antonio en sus manos de la manera más inesperada. Quedó tan fascinado por su contenido que se generó en su interior la pasión de reconstruir la historia de aquel hombre del que supo que era su tío-abuelo. Sánchez se convierte en el hilo conductor de un documental de investigación que a veces parece un thriller policial.
Este viaje de descubrimientos, que a través de las vivencias del protagonista nos muestra la conflictividad social en los años de la II República y la Guerra Civil Española, está contextualizado para el espectador mediante documentos e imágenes de archivo (algunas inéditas) y de otras fuentes en un "ir y venir en el tiempo".
Intensa será para el espectador la búsqueda de María Roa, el gran amor de Antonio durante su permanencia con el ejército republicano en la Sierra Morena Cordobesa, a la que dedicaba sus poemas escritos en la Prisión de Málaga. De ella sólo se conocen su nombre y apellidos y probablemente fue uno de los 32.500 refugiados en Villanueva de Córdoba empujados por el frente de guerra.
Encontrarla o encontrar su tumba para cumplir la última voluntad de Antonio de hacerle llegar sus poemas, expresada en la carta de despedida a su hermana Mariana, se convierte en objetivo esencial en la narración. Ítaca es el camino, sí. Pero también la llegada a la isla, en este caso. Y sólo al final el espectador descubrirá el desenlace.
El título del documental viene de la inscripción “L.N.” escrito en lápiz rojo en la portada del expediente penitenciario, pues “L.N.” era la abreviatura de Libertad Negra, un eufemismo creado en la prisión para señalar a quienes habían sido entregados al pelotón de fusilamiento para la ejecución de la sentencia de muerte. Los funcionarios de prisiones, se mofaban de esta macabra forma de los que iban a fusilar.
El documental ha sido dirigido por Jorge Peña y José Enrique Sánchez. Produce Video Sur TV.
El Ministerio de Defensa no cree prioritaria una desclasificación que prometió Carme Chacón
Secreto nacional. Parte de los 10.000 documentos que Chacón quiso desclasificar pero el PP mantiene secretos afectan a la investigación de la Guerra Civil. En la foto, nacionales entrando en una población extremeña (TV3)
La historia de España no avanza. Los profesionales de su estudio y difusión llevan más de cinco años clamando contra sucesivos obstáculos a su acceso a papeles oficiales sobre episodios clave para el conocimiento del pasado –sobre todo, los acaecidos entre la Segunda República y el final de la transición– y la comprensión del presente. Según denuncian a La Vanguardia, el Gobierno mantiene bloqueadas dos iniciativas relevantes para acabar con un oscurantismo impropio de un país democrático: la desclasificación de los 10.000 documentos de DefensaqueCarme Chacónprometió desvelar al términos de su etapa como ministra del ramo y, más recientemente, a través del PP y con ayuda de Ciudadanos, la reforma de la ley de Secretos Oficiales planteada por el PNV en noviembre del 2016.
Informes sobre “detención de extranjeros, censura, destierros, claves, cifrados” o nombres de “protegidos y agentes franceses” en la Guerra Civil; datos sobre “campos de trabajo, batallones de soldados trabajadores, arrestos, denuncias, deserciones, sospechos y sabotajes” antes de 1968, o notas acerca de “desembarcos alemanes, memorias de la defensa de Melilla y contabilidad del servicio secreto” con anterioridad a 1939 son algunos de los asuntos clasificados de interés histórico que, dentro de un listado de 41 materias, Chacón y sus asesores dejaron a punto de desclasificación al entender que “ya no suponen una afectación a la seguridad del Estado” y los motivos de su ocultación “hace tiempo que desaparecieron”.
Por algo será que el Gobierno del PP no desclasifica unos documentos de Defensa que, según quedó claro, no implican riesgo para la seguridad ni para la intimidad de nadie”
ÁNGEL VIÑAS
Historiador y economista
La decisión quedó lista para su aprobación por el Consejo de Ministros cuando el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba ya en funciones. Entonces llegó el PP y, como dice la canción, mandó a parar. Primero el ministro Pedro Morenés y después su sucesora, María Dolores de Cospedal, evitaron dar curso a la desclasificación. “Por algo será”, declaraba hace unos días el historiador Ángel Viñas en una entrevista con este diario por su libro sobre la muerte del general Balmes, El primer asesinato de Franco (Crítica). “Lo vengo denunciando desde hace años”, dijo, y recordó que la medida obtuvo el plácet de “una comisión de historiadores, militares y archiveros”.
Este diario se dirigió a Defensa para actualizar su postura. Un portavoz del departamento indicó que la posición no ha variado desde que la ministra respondió en el Senado, el 27 de junio pasado, a la pregunta que sobre el tema le hizo la senadora de En Comú Podem Sara Vilà; en la respuesta, Cospedal señaló que la desclasificación “no es prioritaria” y sólo se hará efectiva “cuando se tengan los medios necesarios para el estudio en profundidad de los documentos clasificados”.
Informes de destierros, espionaje o campos de trabajo del franquismo siguen secretos
Meses antes de la decisión fallida de Chacón, en octubre del 2010, el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos forzó una decisión del gobierno en sentido diametralmente opuesto. En el contexto de los entonces recientes casos de las filtraciones de Wikileaks y las publicaciones sobre las escalas de vuelos de la CIA con presos de Guantánamo, el ejecutivo clasificó como secretas 14 amplísimas materias sobre las relaciones del país con el exterior: “Información de posiciones en conflictos internacionales o internos que puedan comprometer los intereses españoles”, información relativa al despliegue de unidades del ejército y la policía “tanto en España como en misiones internacionales”, contactos de España con otras naciones para facilitar procesos de paz, datos sobre acuerdos bilaterales o multilaterales sobre seguridad y defensa... Casi todo, en suma.
Lo peor de tan sorprendente acuerdo del gobierno es que, por su redacción, daba (y da) a entender que la declaración de secreto de tan amplias cuestiones concierne a los archivos de toda nuestra historia, y no a lo que ocurriera a partir de la fecha de la decisión. Fue una resolución tan drástica que, según ha constatado este diario, el propio Moratinos se lamentó de ella hace unos meses y dijo que “hay que verla y corregirla, hay que cambiarla”.
Tantas trabas han traído consigo un atraso de más de cinco años en la historiografía española con respecto a la de los países con los que deberíamos compararnos”
CARLOS SANZ
Profesor de Historia en la UCM
Las dificultades para los investigadores llegaron al extremo a mediados del 2012, cuando el gobierno del PP decretó el cierre temporal y a cal y canto de los fondos históricos de Exteriores con ocasión de su transferencia y reparto entre el Archivo Histórico Nacional (lo anterior a 1931) y el Archivo General de la Administración. A esta última entidad, con sede en Alcalá de Henares, llegaron 60.000 legajos con cientos de miles de documentos posteriores a 1931. Como los papeles estaban sin ordenar, describir y tratar con criterios adecuados, y como el archivo estaba (y sigue) mal dotado, en la práctica los estudiosos tardaron años en acceder al grueso de la documentación. Y aún hoy las restricciones continúan, según es queja generalizada en la profesión.
“A la hora de la verdad, desde hace más de cinco años no podemos acceder a casi ningún documento nuevo y no citado de Exteriores”, protesta el profesor de Historia Contemporánea de la Complutense (UCM) Carlos Sanz: uno de los promotores de los comunicados que cientos de profesionales y todas las asociaciones importantes de historiadores firmaron en el 2014 y en mayo del 2017 para exigir, respectivamente, la rectificación de las medidas de Moratinos del 2010 y la aplicación de la desclasificación encarrilada por Chacón en el 2011 y, de otro lado, la aprobación definitiva de la reforma de la ley de Secretos Oficiales promovida por el PNV en el 2016. Mientras dicha reforma no se aplique, el levantamiento de los secretos del franquismo requiere autorizaciones explícitas de desclasificación por parte del Gobierno. Los diputados del PP y Cs en la Mesa del Congreso vienen frenando desde hace más de un año la modificación que levantaría esos velos; lo hacen mediante sistemáticas solicitudes de prórroga en el plazo de enmiendas, semana a semana. Y eso que la proposición de ley para la reforma ya fue aceptada a trámite y no prevé otra cosa que unos plazos máximos para el mantenimiento de la clasificación de secreto (25 años) y de materia reservada (10 años).
El veto afecta a papeles de Defensa y Exteriores, pero también de Interior
Tantas trabas conforman un veto a la historia –a una historia completa– que implica “un atraso de más de cinco años en la historiografía española” con respecto a la del resto de los países comparables, señala Sanz. “Nos quedamos atrás y a veces tenemos que irnos fuera –si podemos– a investigar nuestra historia. Nos hacemos cada vez más irrelevantes a escala internacional”. El problema tiene una incidencia enorme sobre toda la producción de libros, tesis y estudios, así como en la organización de conferencias.
La profesora de la Carlos III Matilde Eiroa corrobora y va más allá: “No sólo no se avanza sino que se favorece la repetición de los temas, sobre todo después de los años cuarenta”. Y pone ejemplos de lo que no se puede averiguar: “¿Con qué países firmamos pactos? ¿Cómo se formaron las redes de influencia que beneficiaron a los empresarios adictos al régimen franquista? ¿Qué pasó en la descolonización de Marruecos y el Sáhara?
Nos centramos en Defensa y Exteriores, pero los problemas de acceso también afectan a los archivos de Interior, por ejemplo en lo referido a la represión franquista”
MATILDE EIROA
Profesora de Historia, Carlos III
Eiroa subraya que el secretismo no se limita a Defensa y Exteriores. Pues ella misma pudo comprobar cómo, durante el segundo ejecutivo de Zapatero, Interior se negaba a informar sobre la Brigada Político Social de la policía franquista, la del torturador Billy el Niño, para un estudio concertado entre la Complutense y Presidencia del Gobierno. “Hasta en Rumanía pueden acceder a los papeles de la Stasi. Pero aquí...”.
Otra profesora e investigadora de la UCM, Mirta Núñez Díaz-Balart, pone el acento en la imposibilidad de saber siquiera “dónde hay que buscar cada papel” y qué es exactamente lo que está clasificado. “La situación es tremenda”, afirma. Y se confiesa admirada por la agilidad y frecuencia con que Estados Unidos desclasifica información delicada “relativamente reciente”. Su ejemplo para España, lo que llama “los muertos providenciales”: los generales Sanjurjo y Mola, más Ramón Franco, los tres, muertos en accidentes aéreos. “¿Es casualidad que desaparecieran así los principales competidores de Franco? No podemos investigarlo, no podemos saberlo”, dice.
Tras el acuerdo por parte del Ayuntamiento de Madrid de erigir un Memorial en el Cementerio del Este en recuerdo de las casi 3000 Víctimas del franquismo ejecutas en las tapias de este cementerio por la dictadura franquista entre abril de 1939 y enero de 1944, el grupo municipal del Partido Popular ha relazado la siguiente contrapropuesta (se adjunta) que
se debatirá en el Pleno Municipal del próximo 28 de febrero en la que insta al Ayuntamiento a:
1º.- Excluir del Memorial del cementerio de La Almudena la mención de todas las personas que participaron en crímenes de retaguardia entre 1936 y 1939, con su participación en los asesinatos de las checas de la capital o las matanzas de Paracuellos.
2º.- Que el Memorial en el camposanto municipal recuerde a todas las personas que sufrieron violencia o persecución por sus ideas, su compromiso político, sus creencias religiosas o cualquiera de sus actitudes vitales durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Frente a esta propuesta, diversos colectivos antifascistas, de memoria histórica y de víctimas del Franquismo de Madrid, dirigimos a la Alcaldesa de Madrid y Grupos Municipales del Ayuntamiento, la siguiente CARTA abierta (adjunta), en la que se les exige que voten en contra de la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular por las razones que se indican en la misma.
Por ello, se ruega a aquellos colectivos y ciudadanos que hagan suya esta iniciativa, que se sumen a su apoyo y la difundan, de cara que sea conocida por toda la ciudadanía y a que el Ayuntamiento de Madrid no aprueb
e
la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular en el próximo pleno del Ayuntamiento.
Según el proyecto Nomes e voces, casi un centenar de cargos públicos republicanos, gobernadores civiles y alcaldes, sufrieron represión, asesinato, prisión, exilio. Además fueron ejecutados docenas de concejales y funcionarios municipales. Eliminaron a personas con autoridad y reconocimiento público, liberales, activos, progresistas, cultos, peligrosos para los reaccionarios.
GOBERNADORES CIVILES de las 4 provincias ASESINADOS:
– Francisco Pérez Carballo, nació en Madrid en 1911, gobernador civil de La Coruña, marido de Juana Maria Capdevielle Sanmartín igualmente asesinada por los fascistas, Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, dirigente de la Federación Universitaria Española, de la Asociación Internacional de Estudiantes y de Izquierda Republicana. Asesinado en A Coruña el 25 de Julio de 1936. – Gonzalo Acosta Pan, Natural de A Coruña, gobernador civil de Vizcaya en 1933 y de Pontevedra en 1936. Miembro de Izquierda Republicana, condenado a muerte en consejo de guerra, tenía 53 años cuando fue ejecutado en Caeira-Poio, el 12 de septiembre de 1936. – Ramón García Núñez, natural de Vilagarcía de Arosa (Pontevedra), gobernador Civil de Lugo. Funcionario del Banco de España, condenado en juicio a multa mancomunada de 1’5 millones de ptas y asesinado en Lugo el 21 de Octubre de 1936, – Gonzalo Martín March. Nació en Orense en 1897, gobernador civil de Orense en 1936. Profesor de Instituto en Pontevedra, gallegista, militó en Izquierda Republicana. Alcalde de Marín en 1931. Juzgado y fusilado el 17 de septiembre de 1936.
ALCALDES de muchas poblaciones importantes ASESINADOS:
– Alfredo Suárez Ferrín. Alcalde de A Coruña. Natural de A Coruña, Industrial, casado con 3 hijos. Juzgado por un tribunal militar, fusilado con 54 años el 31 de Agosto en el campo da Rata (A Coruña). La familia quedo embargada y arruinada. – Emilio Martínez Garrido. Alcalde y natural de Vigo entre 1932 y 1934 y desde febrero de 1936, militante socialista. Tras la sublevación militar fue detenido, juzgado y fusilado contra las tapias del cementerio de Pereiró de Vigo el 27 de agosto de 1936. Tenía 51 años. – Ánxel Casal Gosende. Alcalde de Santiago de Compostela. Natural de A Coruña, industrial, miembro de la Gestora Provincial, propietario de la Imprenta Nós, promotor de la Asociación de Escritores de Galicia. Tenía 41 años cuando fue asesinado extrajudicialmente por una partida de franquistas el 19 de agosto de 1936 en Ribeira-Cacheiras-Teo(A Coruña). – Jaime Quintanilla Martínez. Alcalde de Ferrol entre 1931 y 1934. Nació en A Coruña en 1891. Era médico, militante del PSOE, presidente de la Asamblea de Ayuntamientos de Galicia, participó activamente en la campaña para el referéndum de aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia. Fusilado en Ferrol el 17 de agosto de 1936. – Manuel Suárez Castro. Alcalde y natural (1889) de Orense. Cantero y maestro de obras. Militante socialista, presidente de la Casa del Pueblo y de la AS de Orense. Impulsor de la construcción de la Plaza de Abastos de Orense y fundador de la Caja de Ahorros Provincial (1932). Ejecutado el 27 de Julio de 1937 en el Campo de Aragón, Orense. – Manuel Noya Gil. Alcalde y natural (1897) de Guarda (Pontevedra). Era sastre, miembro de la Federación Obrera de Guarda adscrita a la CNT. Después de la revuelta del 18 de julio de 1936 se ocultó, pero fue descubierto y asesinado sin juicio en Xián-Oia (Pontevedra) el 25 de agosto de 1936 – Brasilino Álvarez Sobrino. Alcalde y natural de Guarda (Pontevedra). Casado y con dos hijos. Militante de Izquierda Republicana y fundador de la Agrupación Republicana y del Partido Galeguista de Guarda. El 18 de julio presidió el Comité de Defensa de la República. Acusado de rebelión militar, fue fusilado en la Alameda de Tui con 40 años. – Castor Sánchez Martínez. Alcalde y natural de Amoeiro (Orense ). Cantero. Organizó los sindicatos campesinos y de varios oficios que en 1927 unirá a la UGT. Colaborador en los periódicos La Zarpa y La República, fue víctima de represión paralegal apareciendo su cadáver el 25 de Agosto de 1936 en la carretera de Berán (Beade), Orense con varios disparos. Tenía 43 años. – Juan Manuel Vidal. Alcalde de Arzúa (A Coruña). Nacido en Baión, Villanueva de Arosa (Pontevedra), en 1886. Comerciante. Emigrado a Argentina, remitía dinero para la construcción de escuelas en localidades gallegas. Declarado en rebeldía, fue detenido y paseado en Compostela en septiembre de 1936. Su familia quedó sin licencia para comercializar aperos. – Rudesildo Fernández Vilor. Alcalde y natural de Becerreá (Lugo). Militante de Izquierda Republicana. Con la sublevación del 18 de julio de 1936, fue arrestado en el embalse de Becerreá el 5 de septiembre. Fue paseado el 20 de septiembre de 1936 cuando intentaba escapar de la falange. – Tomás López de la Torre. Alcalde de Betanzos (A Coruña) donde nació en 1900. Abogado de profesión y miembro de UGT y PSOE. Tras el golpe de Estado, columnas de blindados franquistas acabaron con los defensores Republicanos de Betanzos. Tomás fue acusado de “rebeldía” por resistir a los sublevados y ejecutado en el Campo de la Rata (A Coruña) el 1 de Octubre de 1936. – José Gómez de la Cueva. Alcalde de Bueu (Pontevedra), natural de Vigo (Pontevedra). era conocido por su seudónimo Xohan Carballeira. Galleguista y periodista en las páginas literarias de Faro de Vigo. Fue detenido y asesinado por los franquistas en Poyo (Pontevedra) el 17 de abril de 1937 con 34 años. – Pablo Rico Couceiro. Alcalde y natural de Monfero. Durante la dictadura de Primo de Rivera fue concejal de Monfero. Militante de Izquierda Republicana. Tras el 18 de julio fue arrestado y paseado el 19 de agosto de 1936, tenía 63 años. – Álvaro Puentes Antón. Alcalde y natural de Cabañas (A Coruña). Militante de Unión Republicana, el 18 de julio escapó a un refugio en Couce, en el bosque de Eume (A Coruña). Fue asesinado en San Pedro de Eume el 27 de septiembre de 1940 por un infiltrado de la Guardia Civil en su escondite junto con su compañero Eduardo Prieto Alvariño. – Severino Rivas Barja. Alcalde y natural (1875) de Castro de Rei (Lugo). Labriego, hombre de extensa cultura y vinculado al PSOE. El 29 de octubre fue asesinado en Portomarín (Lugo), junto con un combatiente de las guerrillas republicanas. – Manuel Fernández Freijeiro. Alcalde de Cedeira (A Coruña), natural de Pontedeume (A Coruña). Asistente Militar de Intendencia retirado. Juzgado en Ferrol por rebelión militar y sentenciado a muerte. Ejecutado en el castillo de San Felipe del Ferrol el 18 de Diciembre de 1936, con 60 años. – Manuel Rodríguez Sangiao. Alcalde y natural (1901) de Cuntis (Pontevedra). Casado con 5 hijos. Participó en las obras de construcción del Capitolio Nacional de La Habana entre 1926 y 1929. Fue asesinado por los fascistas el 16 de septiembre de 1936. – Ramón Souto González. Alcalde de Fene (A Coruña). Natural de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Carpintero, fue asesinado el 16 de agosto de 1936 en la escollera del arsenal de Ferrol con otras 15 personas en aplicación de la ley de fugas. Tenía 36 años. – Cipriano Fernandez Brage. Alcalde de Finisterre (A Coruña). Nació en Serantes (A Coruña). Radiotelegrafista, militante de Izquierda Republicana. Promovió la construcción de fuentes, lavaderos , alumbrado eléctrico. A raíz del golpe del 18 de julio de 1936 fue arrestado por falangistas en Finisterre, y apareció muerto el 5 de noviembre de 1936 en Vilarraso, Aranga (A Coruña). – Celso Pérez Enríquez. Alcalde y natural de Gomesende (Orense). Industrial, instaló la tienda “El Recreo Obrero”. Miembro del Partido Galeguista, diputado, representante de la Junta de Transporte. Los franquistas lo arrestaron y fusilaron sin proceso en Monte Furriolo, Berredo (Pontevedra) el 18 de agosto de 1936 y enterrado en una fosa común. Tenía 51 años. – José Antela Conde. Alcalde de Lavadores (Pontevedra) donde hubo resistencia contra el golpe. Nació en Teis (Pontevedra) en 1900, era camarero, militante de UGT y del PSOE. Juzgado en Vigo por traición fue ejecutado en el Cementerio de Pereiró (Vigo) el 27 de agosto de 1936. Su hermano, Luis Antela, también residente en Lavadores, fue asesinado en una saca. – Antonio Blanco Solla. Alcalde y natural (1987) de Marín (Pontevedra). Cantero, miembro del PSOE, compromisario para la elección del Presidente de la República por las Cortes. Detenido por los sublevados el 20 de julio con otros 5 vecinos, juzgado en consejo de guerra en Pontevedra y ejecutado, como los demás, por un delito de rebelión el 31 de diciembre de 1936. – José Fandiño Pidre. Alcalde y natural (1902) de Moaña (Pontevedra). Industrial, volvió de Nueva York para establecer un café económico en su casa de Seara. Tras la sublevación fue arrestado y procesado por ayudar a la rebelión. Fue fusilado el 31 de diciembre de 1936 y su casa fue confiscada. – Juan Prieto Balsa. Alcalde y natural de Mugardos (A Coruña). Originalmente sindicalista de la Industria Pesquera en Cuba, después de CNT, finalmente del PCE, secretario del radio comunista de Mugardos. Los fascistas le fusilaron en Ombre el 24 de Julio de 1936 según bando de guerra. Tenía 33 años. Su hermano Arturo, cenetista de Industrias Pesqueras, fue fusilado en Vigo el 25 de Enero de 1938. – Abdón Blanco García. Alcalde y natural (1899) de O Barco de Valdeorras (Orense). Agente comercial, concejal del Barco durante la dictadura de Primo de Rivera. Secretario de Izquierda Republicana. Fue juzgado y ejecutado en el Campo de Aragón (Orense) el 11 de octubre de 1936. – Aquilino Sánchez Rodríguez. Alcalde y natural (1874) de O Carballiño (Orense). Experto agrícola, director del diario La Torre de Maside, miembro de la Izquierda Republicana. Juzgado en Orense por rebelión y absuelto, posteriormente asesinado en Arca Aberta, Vilariño Frío, Montederramo (Orense) el 1 de noviembre de 1936 junto a Jacinto Santiago, Fructuoso Manrique Martín y Eligio Núñez Muñoz. – Manuel Díaz González. Alcalde de O Incio (Lugo), nació en Sirgeiros (O incio). Médico, había sido informante de Gregorio Marañón, llamado “O pequeniño, o médico dos pobres” por no cobrar a los necesitados. Miembro de Izquierda Republicana, asesinado en el 11 de Septiembre de 1936 por pistoleros falangistas en la carretera de Bóveda a O Incio, arrastrado 5 kilómetros de la cola de un caballo antes de ser rematado, sus restos nunca aparecieron. Tenía 50 años. – Telmo Bernárdez Santomé. Alcalde (1923) y natural (1885) de Redondela (Pontevedra). Vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, delegado gubernativo de la República en Redondela, y de la Confederación Hidrográfica del Miño, comisario para la elección del Presidente de la República, líder provincial de Izquierda Republicana. Juzgado, condenado por traición y ejecutado en Pontevedra el 12 de Noviembre de 1936 – Benito Gallego Montero. Alcalde y natural (1900) de Ribadavia (Orense). Militante de Izquierda Republicana. Arrestado y juzgado en Orense por rebelión, condenado a muerte y ejecutado en el Campo de Aragón (Orense) con otros 3 residentes de Ribadavia el 9 de febrero de 1937. – Antonio Fernández Pita. Alcalde y natural de Sada (A Coruña). Emigró muy joven a Nueva York participando en asociaciones culturales y políticas de la colectividad sadense. De vuelta a España fue marinero. Sada fue tomado por los falangistas, y Pita fue apresado, sometido a consejo de guerra y fusilado el 27 de noviembre de 1936. – Alejandro Porto Leis. Alcalde y natural (1887) de Serantes (A Coruña). Electricista en la Bazán, militante gallegista. Con la sublevación se refugió en el monte, en Santa Marina, Cobas, San Xurxo. Salió de su refugio por enfermedad y el médico le delató, y a sus compañeros Modesto del Río y Jesús Miño, labradores, y Avelino Landeira, carpintero. Todos fueron ejecutados por falangistas, sin juicio, en la playa de Frouxeira, Valdoviño, A Coruña, el 3 de febrero 1938. – Emilio Alonso Paz. Alcalde y natural (1878) de Silleda (Pontevedra). Miembro de Izquierda Republicana. Tras la sublevación se exilió en Portugal, pero fue delatado y apresado. Juzgado en Pontevedra por rebelión militar fue fusilado en Monte Porreiro el16 de marzo de 1937. – Daniel Álvarez Carnero. Alcalde de Sober (Lugo), natural de Lugo. Conocido como Pepe de Villastrille, tras la sublevación, fue detenido en agosto, juzgado por rebelión militar y organizar partidas armadas, ejecutado en Lugo el 29 de diciembre de 1936, tenía 33 años. – Celestino Carbia Campaña. Alcalde y natural de Valga (Pontevedra). Fundador de la Unión Agraria de Cordeiro, promotor del cooperativismo y defensor de los derechos ciudadanos. Miembro de Izquierda Republicana, reconocido, por “ayudar a los pobres”, modernizar el campo. Detenido por los franquistas tras el golpe, juzgado en Pontevedra por rebelión, y fusilado en Monteporreiro (Pontevedra), tenía 39 años de edad. – Carlos Reino Caamaño. Alcalde de Verín (Orense). Natural de Coruña (1889). Médico, inspector Municipal de Sanidad en Cartelle, Celanova y Poio. Médico de la Beneficencia municipal de Verín. Miembro de Izquierda Republicana. Los golpistas le juzgaron y ejecutaron por rebelión en el Campo de Aragón (Orense) el 17 de Junio de 1937 con otras 5 personas. – Antonio Iglesias Corral. Alcalde y natural de Vilasantar (A Coruña). Fue asesinado con 38 años el 15 de agosto de 1938 en Portoscarros-Miraz-Friol por fuerzas franquistas. Su muerte fue inscrita en el registro civil 5 meses después de ocurrida. – Balbino Cerdeiras Rey. Alcalde y natural (1903) de Viveiro (Lugo). Médico emigrado a Cuba, regresó a Viveiro, donde formó parte del Partido Gallego. Tras el golpe fue detenido junto a algunos concejales en julio, en agosto fueron juzgados por rebelión militar, siendo fusilado en Lugo el 12 de mayo de 1937.
Mientras el franquismo siga sin ser ilegalizado, este país, nuestra patria, la actual España, sigue cerrilmente condenada a ser traicionada por su pasado, y su futuro comprometido a seguir siendo un régimen carente de higiene democrática, debido a los intereses económicos y políticos, a la perversión ideológica e intelectual, y a la falta de sentido del Estado, y de valor, de algunos de sus políticos.
FIRMA por el reconocimiento de los Soldados Republicanos Españoles, que sufrieron ejecuciones y exterminio tras su heroico combate contra el franquismo. En Europa se les honra por su lucha contra el nazismo, pero en España siguen olvidados, FIRMA Y COMPARTE AQUÍ