dimarts, 19 de maig del 2009

PP Vice 19/05/2009. 2. El PP usó una red de financiación paralela en las elecciones del 'tamayazo'.


"Público", 19/05/2009, portada i pàgina 1.

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Una fundación del PP de Madrid recaudó casi un millón de euros entre empresarios y pagó las campañas que dieron el Gobierno a Aguirre.

IGNACIO ESCOLAR ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 19/05/2009 07:30

El PP de Madrid creó un sistema de financiación paralelo con el que recaudó cerca de un millón de euros de algunos importantes empresarios durante los años 2003 y 2004. Con esos fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso Público, se pagaron facturas de las campañas para las dos elecciones autonómicas del año 2003 en Madrid: la del 25 de mayo y después, tras el tamayazo, la del 26 de octubre. El sistema con el que el PP de Madrid obtuvo este dinero, que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la empresa de Francisco Correa Special Events, funcionaba a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam): una fundación del PP sin apenas actividad pública conocida que fue creada en el año 2000. Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones privadas de los empresarios con los que después abonó parte de las facturas de los actos de campaña.

Algunos de estos empresarios, que participan de sectores tan dispares como la energía, la hostelería, la construcción o los seguros, fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid

Entre los proveedores que facturaron actos de la campaña electoral a Fundescam está Special Events, una de las empresas de Francisco Correa que está siendo investigada dentro del caso Gürtel. A finales de 2005, Special Events demandó al PP de Madrid porque parte de las facturas aún no habían sido abonadas. Antes de la primera audiencia del juicio, el ex secretario de organización del PP de Galicia y administrador único de Special Events, Pablo Crespo, entregó a dirigentes del PP de Madrid un comprometedor documento al que ahora ha tenido acceso Público, que demuestra la existencia de ese canal paralelo de financiación.

Correa también facturó a FAES por la campaña de Esperanza Aguirre

Se trata de un listado de facturas emitidas por Special Events desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2004 a tres clientes: el PP nacional, el PP de Madrid y Fundescam. El listado distingue entre el "concepto real" de la factura elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004 y el congreso regional de 2004 y el "concepto factura", donde no se hace ninguna referencia a las elecciones. Según ese listado, Special Events cobró de Fundescam 258.253 euros en gastos electorales, aunque en las facturas aparecieron bajo otros conceptos como "montaje de cursos y seminarios" o "transporte, guía, manutención viajes".

Al pie del listado aparecen cuatro líneas más donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del juicio. El caso se cerró poco después de que Crespo hiciese llegar este documento al PP de Madrid: antes del juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo. Según el auto del juez con el que se cerró la demanda, dictado el 18 de mayo de 2006, el PP de Madrid se comprometió a pagar la mayoría de las facturas que Special Events reclamaba; todas salvo una.
FAES también pagó

Los empresarios que pagaron al PP ganaron después contratos públicos

En el listado que entregó Pablo Crespo al PP de Madrid no figuran todas las facturas emitidas por Special Events por servicios contratados por el PP de Madrid o por Fundescam, sino solamente aquellas con "cambio de entidades y/o conceptos". Los importes y facturas que cobró la empresa de Francisco Correa del PP madrileño son mucho mayores y Fundescam no fue la única fundación del PP que corrió con los gastos de parte de la campaña electoral. También FAES, la fundación que ahora preside José María Aznar, pagó a la empresa de Crespo y Correa por la campaña que llevó a Esperanza Aguirre al gobierno regional de Madrid, según otro documento de la tesorería regional al que ha tenido acceso Público. En él se detalla que Special Events cobró 201.441,66 euros del PP de Madrid y otros 55.679,52 euros de la FAES, la fundación que preside José María Aznar, a cuenta de distintos actos para las elecciones autonómicas de Madrid del 26 de octubre de 2003 las que siguieron al tamayazo.

El dinero que pagó el PP de Madrid llegó a Special Events a través de cuatro cheques con la numeración 3.552.434-BPE (4.756 euros), 3.552.435-BPE (354,96 euros), 3.552.441-BPE (4.176 euros) y 3.552.450-BPE (192.154,70 euros). Sin embargo, según los datos que aparecen en este documento de la tesorería regional del PP de Madrid, aún figuraban como "pendiente de pago" a Special Events 233.489,31 euros por distintos actos de campaña: 216.785,31 euros los adeudaba el PP de Madrid y 16.704 euros los debía la FAES.
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MARCO SCHWARTZ - 19/05/2009 08:02

Sólo la justicia puede dictaminar si un mecanismo de financiación política es ilegal. Lo que sí se puede afirmar sin necesidad del pronunciamiento de un tribunal, con la información que hoy aporta Público, es que el sistema de abastecimiento de fondos y pago de campañas electorales que montó el PP a través de la fundación Fundescam resulta, como mínimo, opaco e irregular.
Opaco, por cuanto Fundescam dejó de cumplir con su obligación de presentar las cuentas en el registro de fundaciones en el ejercicio del 2003, justo en el que sufragó las campañas electorales del PP correspondientes en el tiempo al escándalo del tamayazo.

Irregular, porque, entre otras cosas, Special Events -empresa que se encuentra en el corazón del escándalo de corrupción conocido como caso Gürtel- facturaba a Fundescam bajo dos ítems: el "concepto real" (las campañas electorales) y el "concepto factura", es decir, el ficticio; montaje de cursos, seminarios, etcétera.

Todo este entramado apesta. Y explica por qué el PP se mostró tan reticente para reformar la ley de financiación de partidos, que finalmente salió adelante en 2007. La nueva ley establece que las donaciones que reciban deben someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados y fija un límite de 150.000 euros por donante.

Fundescam -presidida por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuran destacados dirigentes del PP madrileño- recibió importantes aportaciones de empresarios madrileños, algunos de los cuales fueron después adjudicatarios de contratos con la Comunidad de Madrid. Resulta llamativo que en este engranaje, como se señalaba arriba, aparezca Special Events. No parece una mera casualidad.
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"¡Ladrón, trajes para todos!"

Declara el 'número dos' de Camps, imputado por recibir trajes por un importe de 7.325 euros de una de las empresas de la red de Correa


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Expertos penalistas creen que la clave para establecer el delito está en demostrar una relación entre la dádiva y las decisiones del funcionario
FERNANDO VARELA - PÚBLICO - 19/05/2009 08:11

El PP lleva semanas restando importancia a los trajes que Francisco Camps, el presidente de la Generalitat Valenciana, aceptó de Álvaro Perez, El Bigotes, uno de los principales implicados en el caso Gürtel. Pero aunque los conservadores lo consideren un asunto menor, basándose en que la factura suma apenas 12.000 euros, expertos en Derecho Penal consultados por Público sostienen que los trajes en cuestión suponen valor económico suficiente como para ser considerados cohecho, siempre que se establezca que el regalo tenía como objetivo influir en las decisiones de Camps.

¿Qué es el cohecho?
El delito de cohecho, precisa Jorge Vizueta, del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, trata de penalizar tanto al que solicita o recibe un regalo o una dádiva por hacer algo como al que lo ofrece. El regalo es, precisamente, lo más característico del cohecho. Puede ser dinero en metálico, pago de servicios, viajes y, por supuesto, prendas de vestir.

¿Importa el valor del regalo?
Todos los expertos consultados coinciden en señalar que no todos los regalos son iguales. "Un bolígrafo", señala Vizueta, "no tiene gran valor" a estos efectos, pero "trajes de 12.000 euros, sí". El límite de los correcto no está escrito en ninguna parte; depende de la jurisprudencia y tiene que ver con los usos "socialmente admisibles". María José Rodríguez Puerta, profesora de Derecho Penal de la Autónoma de Barcelona, asegura que "cualquier regalo desborda la ética" pública, pero sólo los que tienen valor económico pueden dar lugar a un delito. Un billete de lotería, argumenta, puede estar dentro de lo socialmente tolerado, pero no una suma en metálico, da igual que sean "1.000 euros o 40.000".

Según Inés Olaizola, profesora de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, lo importante no es la cuantía de la dádiva, sino el hecho de que se entregue para que un funcionario público cometa un delito. Por eso es irrelevante, subraya, cuando el regalo se entrega a alguien por "un acto propio de su cargo". Eso ocurre cuando "un médico opera a mi hijo y yo le hago un regalo", explica.

¿Qué hace falta para que un regalo sea cohecho?
En la medida en que el regalo se entrega para que el funcionario público cometa un acto constitutivo de delito, siempre será cohecho, argumenta Olaizola. En el caso de los trajes de Camps, razona, "hay que demostrar" que se recibieron a cambio de un compromiso para favorecer a alguien, se trate de una persona física, de una empresa o de un partido. Con todo, Olaizola no es tan pesimista como algunos de sus colegas, que confirman la dificultad de probar el cohecho. Demostrar la conexión "no es lo más dificil. Es cuestión de indagar", asegura.

"Cualquier regalo desborda la ética pública", asegura María José Rodríguez Puerta

La recepción de regalos está prohibida bajo determinadas circunstancias. Si el regalo se entrega "en consideración a la función" que desempeña quien lo recibe, explica Vizueta, sí se puede castigar; pero si se da alegando sólo amistad, no sería perseguible.

Para Inmaculada Valeije, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Vigo, regalar un jamón de jabugo, que puede tratar de "predisponer una decisión", "lamentablemente se considera un regalo sin más". En su opinión, la principal circunstancia para establecer que existe cohecho sería que "quien realiza el regalo tenga intereses que dependen de las competencias del funcionario público". El mero hecho de aceptar dádivas de quien solicita licencias o contratos ya "es sospechoso" y "pone en entredicho la ética" de quien lo hace.

Valeije llama la atención sobre la práctica de aceptar presentes de alguien, sean maletas de Vuitton o trajes de marca. "El que acepta regalos de los administrados, difícilmente permanece imparcial el día que tiene que tomar una decisión que les afecta", concluye.

¿El cohecho está bien regulado en España?
En este punto, la opinión de los expertos es muy crítica. Rodríguez Puerta explica que la regulación española del cohecho "es muy compleja, poco clara y hace muy difícil la tarea de los tribunales. Las pruebas son complicadas porque todos están interesados en ocultar". "Es muy difícil establecer una vinculación entre la decisión del funcionario y el pago recibido", confirma Valeije.

En cambio, Olaizola sostiene que, "en principio, el delito está bien regulado". Y sólo observa algunos defectos relacionados con la confusión derivada de la redacción de algunos artículos. "Un problema importante en el cohecho", subraya, es que aun "probando los hechos y castigando al funcionario, es mucho más difícil castigar a la empresa que soborna". "Es más una costumbre de los tribunales", señala, que tienen "la mentalidad de sancionar al funcionario corrupto" y no toman en consideración "que hay empresas con gran poder económico capaces de ejercer unas labor corruptora enorme".

Inmaculada Valeije afirma que quien "acepta dávidas, difícilmente permanecerá imparcial"

El vigente Código Penal, explica Valeije, "no responde a las formas refinadas que adopta la corrupción hoy en día". Las penas "son bajísimas" en relación con los tres delitos relacionados con este ámbito: las negociaciones prohibidas, los conflictos de intereses y el cohecho. Hoy en día, tiene más castigo robar 200 euros en la calle que aceptar un soborno desde un cargo público, asegura la profesora de la Universidad de Vigo.

Todos opinan que el proyecto de reforma del Código Penal, actualmente en preparación, no va a mejorar sustancialmente las cosas. "Algo se hace mal cuando el derecho penal no cumple su función y no ataja el delito", concluye Vizueta.

El penalista de Zaragoza es muy crítico con que en España se castigue más el cohecho, un "acto preparatorio" para la comisión de otro delito, normalmente de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), que ese delito mismo.

¿Deberían prohibirse los regalos a funcionarios?

De nuevo la mayoría de los expertos consultados están de acuerdo. Apuestan por la prohibición, porque la dificultad de probar el cohecho consagra una cierta impunidad de los funcionarios públicos que utilizan la administración al servicio de sus intereses personales. "Deberían prohibirse para evitar dudas" y poner fin la "tolerancia" que existe con las prácticas destinadas a "engrasar actos de la Administración", asegura Rodríguez Puerta.

La profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona sostiene además que sería muy conveniente "establecer un código ético y castigar como cohecho cualquier regalo con valoración económica". "Hay que atajar las prácticas corruptas" porque "el sistema no ha funcionado", afirma tajante.
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Cuando aparecieron las primeras noticias sobre los trajes del presidente Camps, el muy honorable (es un decir) aseguró que los trajes se los pagaba él. Y el ínclito Trillo, un tipo con una ética a prueba de caída de aviones en Trabzon, explicó que Camps tenía la curiosa costumbre de pagar sus compras en metálico. Pero ahora ya nadie en el PP sostiene que Camps se paga sus trajes. Esa línea de defensa ha muerto.

Cuando surgieron las primeras noticias sobre la amistad entre Camps y El Bigotes, el muy honorable (es un decir) afirmó que prácticamente no conocía a tal señor. Pero resulta que el pollo le hace regalos a la mujer y a la hija del presidente, que los dos machotes se quieren un huevo, que son amiguitos del alma y que les gusta mucho “hablar de lo nuestro”. O sea, de lo suyo. Así que ahora en el PP todos asumen que Camps siempre tendrá un Bigotes a su lado (sin que ello suponga eclipsar la relación entre Bush y El Bigote por excelencia, claro). Esa línea de defensa ha muerto.

Cuando quedó claro que Camps no tenía facturas y que la amistad con El Bigotes era sólida, el muy honorable (es un decir) esparció la especie de que un presidente no se corrompe “por tres trajes” y que en ningún caso lo iban a imputar; eso sí, sin aclarar cuántos trajes hacen falta para colgarle el cartel de “se vende”. Y, sin embargo, mañana tendrá que sentarse ante el juez imputado por un delito de cohecho, por la sencilla razón de que la cuantía del regalo recibido no es determinante para establecer la existencia del delito. Esa línea de defensa ha muerto.

Pero permanezcan atentos. Seguro que montarán nuevas líneas Maginot.

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