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Una juez investiga el uso de fondos públicos en el caso del espionaje
El titular del Juzgado número 5 de Madrid abre diligencias por supuesta "malversación de caudales públicos" por los seguimientos a dirigentes del PP
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/05/2009
El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha incoado diligencias previas por "un presunto delito de malversación de fondos públicos". Es la respuesta judicial a la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 20 de febrero. Cobo denunció tras destapar EL PAÍS el espionaje supuestamente cometido por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid en abril y mayo de 2008 contra el vicealcalde y contra Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez investigará también el seguimiento a Prada, quien presentó denuncia ante la fiscalía.
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
A FONDO
Con su decisión de abrir diligencias por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, el juez no sólo da paso a una investigación en toda regla sobre el espionaje a ambos políticos, sino que pone el foco de la sospecha en la posible procedencia pública de los fondos que sustentaron dicha actividad y su supuesta vinculación con la Comunidad de Madrid.
Los seguimientos a Cobo y Prada se desarrollaron en los meses previos al congreso del PP en Valencia de junio de 2008. En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó con disputar a Mariano Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno de Madrid y ahora es responsable del PP en el exterior.
Hay un segundo frente de la justicia en el caso del espionaje: el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. A lo largo de cinco meses ha impulsado una discreta investigación policial -tan sigilosa que ha sido malinterpretada como pasividad-, tras recibir las denuncias de Prada y de Cobo (quien luego acudió a los juzgados).
Moix, con una unidad de élite policial a sus órdenes, ha acumulado medio millar de folios de pesquisas. Lejos de pedir el archivo de la causa por no hallar verosímil o delictivo lo denunciado, lo ha indagado a fondo y ahora ha incorporado sus actuaciones al Juzgado número 5 de Madrid, dada la conexión de ambas causas. En estos meses de investigación policial han sido interrogados diversos funcionarios de la Consejería de Interior señalados como los presuntos autores materiales del espionaje. Todos lo han negado.
Como no es el espionaje en sí el delito de la causa actual, sino su financiación, el papel de los posibles ejecutores de los seguimientos no acarrearía, salvo sorpresa, problema legal. Ahora bien, si a lo largo del proceso que ahora se abre por supuesta malversación de fondos públicos se demostrase que esos ejecutores han mentido, su situación penal se agravaría. Y podrían incurrir en delito por su supuesta labor obstructiva. El abanico de minas es amplio: que el juez compruebe que sí recabaron unas matrículas que no tenían por qué identificar y que investigaron un día sí y otro también para saber quiénes eran interlocutores de Prada; que, en contra de su versión inicial, sí estuviesen en los escenarios donde fueron espiados Prada o Cobo; que documentación interna de la consejería acredite unos desplazamientos o gastos de tales funcionarios sólo explicables en función de tales actividades ilegales; o el relato como testigo protegido de otros funcionarios.
Y, por último, que se realice, como se prevé, un cotejo pericial de la grafía de los 35 partes de seguimiento con la letra de la media docena de funcionarios de la Consejería de Interior sospechosos de haber participado en el espionaje a cargos públicos. No en vano, la policía ya tiene en su poder los partes originales, imprescindibles para hacer una pericial caligráfica.
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El PP duda entre relevar a Camps o adelantar elecciones si el caso se agrava
Las miradas del partido se dirigen hacia Rita Barberá, que por ahora se niega
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 17/05/2009
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Elecciones anticipadas o el relevo del presidente valenciano. Destacados miembros del PP han empezado a evaluar cuál es la salida menos dañina para el partido si el caso Camps se agrava. O un relevo por dimisión -como ha hecho en circunstancias bien distintas Manuel Chaves en la Junta de Andalucía-, o la convocatoria anticipada de elecciones a las Cortes Valencianas, una posibilidad que permite el nuevo Estatuto de Autonomía. Aunque el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un presunto delito de cohecho, está convencido de que todo acabará en "nada de nada", en el PP ya hay quien piensa que se puede equivocar y que el asunto irá a peor. Como se equivocó cuando aseguraba que no lo iban a imputar.
El testigo no puede mentir; el imputado, sí
"Otros hacen de la insidia el único camino posible"
Francisco Camps Ortiz
Costa equipara su imputación a la de Campos, suspendido de militancia
El PP se ha esforzado estos días en evitar que se abra el debate sucesorio alrededor de Camps, justo en vísperas de la campaña electoral al Parlamento Europeo. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido tajante: "El relevo de Francisco Camps como presidente de la Generalitat ni se plantea, y estoy convencida de que el proceso acabará fenomenal". Pero pocos dudan de que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, recurrirá en primera instancia a la alcaldesa si la situación del caso Camps se complica todavía más.
Otros referentes del PP en la Comunidad Valenciana, como el presidente provincial de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, no dan por cerrada ninguna posibilidad y sólo se limitan a afirmar: "Camps siempre tomará las decisiones que sean mejores para el partido".
A alimentar el escenario de una posible sustitución ha dado pábulo el propio presidente valenciano, que estuvo a punto de poner en marcha, hace sólo dos semanas, una crisis de gobierno con la inclusión de la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez, en la candidatura europea del PP. La operación, abortada finalmente, reforzaba el papel del vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, otro de los nombres que suenan como posible relevo de Camps.
Frente a la situación de incertidumbre política creada por las imputaciones de cohecho, el presidente valenciano ha vuelto a convocar para mañana a los principales cargos del partido a un acto institucional en el Palau de la Generalitat. Un acto que está previsto que se convierta en una muestra de adhesión a Camps en vísperas de que declare como imputado por un delito de cohecho en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Camps ha insistido, desde que estalló en febrero el caso Gürtel, en que todo era un montaje, sin lograr rebatir el contenido del sumario y su estrecha relación con el jefe de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. Por ahora, sólo ha apelado a creer en su honradez. Situación que no le ha impedido ser el primer presidente valenciano que resulta imputado.
Rajoy se pronunció ayer por primera vez tras conocerse la condición de imputados de Camps y Costa. En una entrevista en la cadena Cope, el presidente del PP se mostró "absolutamente convencido de que esta situación se va aclarar", aunque no explicó en qué elementos basa su convicción. "Tengo la total certeza de que Camps dice la verdad", remachó.
El secretario general del PP y portavoz en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, optó ayer por copiar el discurso de Camps. Aunque, sorprendentemente, Costa no hizo distinción entre ninguno de los cuatro imputados en la causa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. "Tengo ganas de poder ir a contar la verdad y aclarar que las acusaciones que se vierten sobre Camps, sobre mí, sobre [el ex vicepresidente Víctor] Campos y [el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael] Betoret son absolutamente falsas e infundadas", dijo Ricardo Costa, pese a que la dirección nacional del PP sólo ha suspendido de militancia a Campos. Betoret no es militante.
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Indicios de cohecho
Grabaciones y facturas sustentan la investigación a Camps
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 17/05/2009
Francisco Correa era un empresario con muchos contactos. Sus años de organizador de eventos para el PP de José María Aznar le habían regalado amigos en los confines más poderosos del partido. Correa llegó a ser uno de los testigos con frac en la boda de la hija de Aznar. Con esas conexiones era fácil hacer negocios: en muchos casos los amigos manejaban presupuestos multimillonarios y en otros mandaban sobre quienes tenían la caja del dinero público. ¿Quién se iba a fijar en unos pocos millones de euros en una Administración que adjudicaba cada año miles de millones?
La llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP, a finales de 2003, amenazó de muerte el negocio de Correa, que terminó perdiendo los contratos para organizar los eventos del partido. Así que en 2004 planeó su expansión a otros territorios, aunque siempre relacionados con los resortes de poder del PP. Echó raíces en la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, y en Valencia, presidida por Francisco Camps. Fue colocando a sus hombres en empresas que se dedicaban a arañar concesiones municipales para montar oficinas públicas, pabellones de turismo o campañas de imagen. Y de aquellos negocios surgieron otros más tentadores: Correa se convirtió en intermediario para cobrar comisiones de adjudicaciones supuestamente amañadas de suelo.
Toda esa estructura empezó a desmoronarse entre los disgustos o el arrepentimiento de quienes habían sido amigos de Correa. Uno de ellos, José Luis Peñas, ex edil del PP en Majadahonda (Madrid), libró una batalla silenciosa grabando conversaciones de los jefes de la trama. Así comenzó la crónica de una corrupción masiva. Y la crónica de un supuesto cohecho: el del presidente valenciano, Francisco Camps.
- "Los trajes los pagué yo". El 15 de octubre de 2007, Isabel Jordan, directiva de Easy Concept, una de las empresas de la red, se lamenta en una conversación de las dificultades que atraviesa pese a su ingente trabajo. "Incluso he pagado", cuenta a otros miembros de la trama, "una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Yo tengo la factura y yo la he pagado". La grabación llegó a manos de la Fiscalía Anticorrupción.
- Consulta a la Agencia Tributaria. El 17 de junio de 2008, la Agencia Tributaria envía a Anticorrupción un informe sobre Easy Concept. Es la primera evidencia de que la frase grabada sobre los trajes para Camps tenía base: en los archivos de Hacienda figuraba un pago de Easy Concept a Milano por 34.336 euros.
- Preguntas a la tienda. A finales de año, la fiscalía pregunta a los responsables de Milano por esa factura que había declarado a Hacienda la empresa de Isabel Jordan. Los auditores de Milano no encuentran la factura por ningún lado, así que escriben a los directores de todas las tiendas preguntando por la factura. Dos de ellos identifican ese gasto con las ventas que hacía José Tomás -director de la tienda de Serrano en Madrid- a Álvaro Pérez, El Bigotes, para cargos del PP.
- "Lo que te debo". Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, Álvaro Pérez, que ya está siendo investigado por Baltasar Garzón y tiene pinchados los teléfonos, habla en dos ocasiones con Camps. De las conversaciones se deduce una estrecha amistad. Pérez ha enviado a la familia de Camps regalos supuestamente muy cuantiosos y le comenta al presidente: "Para que sepas lo que te debo".
- Habla el sastre. En febrero, la declaración de José Tomás ante el fiscal, la policía y Garzón va haciendo encajar las piezas. Camps telefonea repetidamente a Tomás mientras éste está declarando, y ahí se produce una confusión: Tomás le tranquiliza: "No se preocupe, usted devolvió los trajes de Milano". Camps entiende que tiene coartada y la difunde; pero olvida que hay otros trajes que le sirvieron, por mediación de Pérez, desde la tienda Forever Young.
Papeles en un sótano
- El dueño de la tienda de ropa Forever Young colaboró con la justicia y un día se presentó en el juzgado con las facturas de los trajes de Francisco Camps que había encontrado en el sótano de la tienda. Esas facturas, según la documentación aportada, habían sido pagadas por tres empresas de la trama corrupta. Una de ellas, Orange Market, la dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, amigo íntimo de Camps.
- El Bigotes ha logrado para su empresa contratos por más de seis millones de euros en los cuatro años que lleva instalado en la Comunidad Valenciana.
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Espacio para la teoría de la conspiración
Pedro Muelas
En el entorno de Francisco Camps y, por supuesto, en el mismísimo presidente tienen ya la teoría de la conspiración. No llega al nivel del 11-M y la mochila y la furgoneta Kangoo, pero está rayana. Y es, con sus correspondientes lagunas, la siguiente: gracias a sus contactos y a su cargo como ministro del Interior, a Alfredo Pérez Rubalcaba le llega información en el marco del conflicto laboral entre el contradictorio sastre José Tomás y Eduardo Hinojosa, administrador único de Castellana Inmuebles y Locales, S A, sociedad propietaria de la tienda Forever Young.
Se trataba de unas facturas en las que aparecían nombres tan suculentos políticamente hablando como Francisco Camps y Ricardo Costa. Es Rubalcaba quien —según esta teoría de la conspiración— lleva el asunto hasta las puertas mismas de Baltasar Garzón, ante el cual vienen a coincidir las grabaciones a Francisco Correa y compañía en las que se señalaban posibles pagos de comisiones a altos cargos del PP y en las que aparecía Camps de rebote. Es Rubalcaba quien —según esta teoría— mueve los hilos de la policía para que todo parezca lo mismo y se pueda implicar al presidente valenciano, eso sí, con las precisas filtraciones de frases, facturas y demás pruebas concurrentes como para llevar ante la opinión pública el«montaje» del que nos habló el presidente Camps, por primera vez después de que aparecieran publicadas las conversaciones navideñas y familiares del año pasado. De ahí también que desde la Presidencia se insistiera tanto en la anomalía de que un policía le llamara a Camps, a su móvil personal, para comunicarle el auto. El Titadyn. El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, anunció que lo investigaría pero, luego, —conspiratio est— Rubalcaba le paró en seco los pies. En este espacio para la teoría de la conspiración ha encontrado un hueco perfecto, el regreso a la prelatura, Juan Cotino, por sus vastos conocimientos en el seno de la policía, de cuando su dirección general, gracias a los cuales se ha podido establecer que todo es una operación perfectamente meditada y organizada para acabar con la hegemonía del PP en la Comunitat Valenciana y con el líder que, hasta ahora, le asegura al partido nuevos mandatos.
Así se ha llegado hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, donde se ha retrasado hasta el último minuto-segundo la posibilidad de que apareciera por ningún sitio la palabra imputado, y hasta el despacho del juez José Flors, quien se ha tomado el asunto como se merece —como ya anunció el doctor Gregorio Martín— y ha terminado llamando a declarar como imputado, por primera vez en la historia, al presidente de la Generalitat Valenciana por un posible cohecho por aceptar regalos de Alvaro Pérez, el amigo contratista de la administración que él preside. Están ahora, según el entorno de Camps, en el mejor de los escenarios posibles al acelerarse el caso y, convencidos como están de su archivo, al hacerse pública la resolución antes de las elecciones europeas, con lo cual obtendrían dos victorias seguidas: en los tribunales y en las urnas. La estrategia de defensa habría triunfado ante la opinión pública. Nunca aparecerá, no obstante, una grabación telefónica en la que alguien diga a Alvaro Pérez: sigue mandándome regalos y financiando al partido que yo seguiré dándote contratos. Habría que ser muy tontos y con entrar en el caldo de los trajes ya hay suficiente.?
Pero, si quieren otra teoría de la conspiración al revés, ha quedado demostrado, desde el primer día —«Orange Market sólo tiene pequeños contratos»— que no se respondió con la verdad, que se ocultaron datos y que, siguiendo unas directrices, que nadie debió escribir en un papel pero que muchos debieron entender, a Alvarito lo cuidó la administración de Francisco Camps —«te lo debo todo»— de forma sistemática y con contratos al menudeo — «lo más grande ha sido el stand de Fitur» se replicó inmediatamente— algo así como el preciso ir y venir de los centenares de talones de Carlos Fabra con la intención de esconder, evitar números escandalosos a primera vista. Pero han salido muchas cifras a las que se suman los trabajos que ha ido desvelando hasta ahora Levante-EMV y la cosa ya asciende a 8,2 millones — y lo que te rondaré morena— debidamente distribuidos entre ocho conselleries. Eso y lo que pueda venir es el gran escándalo.
El «amiguito» se ha puesto las botas con una discreta mecánica. Sólo llamaban la atención sus bigotes, no lo que estaba acumulando. La justicia no ha sancionado todavía que Alvarito le regaló trajes, ni lo contrario, pero ya está claro lo mucho, que no todo, que le consiguió con el Consell.
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Una empresa contrató a Orange Market en una obra millonaria que le dio el alcalde campsista de la Nucia
Cano, amigo de Álvaro Pérez, adjudicó a Altius Levante la construcción de la piscina por 2 millones y su gestión durante 25 años. La contratista pagó a la firma de la trama Gürtel 41.811 euros por una campaña
Francesc Arabí, Valencia
La empresa adjudicataria de la segunda fase de las obras de la piscina municipal de la Nucia (Marina Baixa), por dos millones de euros, y de la gestión de esas instalaciones durante 25 años tenía centenares de firmas del terciario avanzado donde elegir a la hora de contratar el plan de marketing del proyecto. Casualidades de la vida, Altius Levante, la beneficiaria de la concesión municipal, optó por hacerle el encargo a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, según revela la documentación en poder de Levante-EMV. El presidente de la firma fundada por Pablo Crespo, número dos de Francisco Correa, es amigo del alcalde Bernabé Cano, un político que ha sido punta de lanza del campsismo en las comarcas de Alicante y es persona de confianza del jefe del Consell. La franquicia valenciana de la trama Gürtel cobró 41.811 euros por unos servicios que fueron pagados por Altius Levante apenas dos meses después de que el 10 de febrero de 2006 se firmó el contrato de obras de la piscina y la gestión de las instalaciones. El compromiso mercantil fue rubricado por el propio primer edil, Bernabé Cano, y el administrador único de Altius Levante S. L., Carlos Enrique Picó. Esta empresa se constituyó el 31 de julio de 2004, está domiciliada en Valencia y pertenece al Grupo Sorolla, que gestiona piscinas y complejos deportivos en municipios como Sedaví o Carlet.
Una verdad cogida con alfileres
El pasado 20 de febrero, el alcalde de la Nucia clonó el estilo del presidente Camps al comparecer ante los medios arropado por sus concejales (el PP tiene 14 de 17) para decir lo mismo que 24 horas antes había expresado su amigo el presidente de los populares valencianos y de la Generalitat, cuando convocó a la prensa rodeado de todo el Consell el día que fue implicado por primera vez en el caso. Cano proclamó que no tenía nada que ver con la trama Gürtel y que ni él ni el Ayuntamiento contrató con Orange Market. El consistorio no, pero, según ha podido saber este diario, la citada concesionaria sí ha alimentado la economía de una de las tres empresas acusadas de regalarles al jefe del Consell, al número dos del partido, al ex vicepresidente Campos y al ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, 34.908 euros en ropa, 12.783 de ellos, a Camps. Motivo por el que los cuatro declararán ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, como imputados por cohecho. El Bigotes visitará el miércoles las dependencias judiciales, un día después que su "amiguito del alma". Si hay un detalle simbólico revelador del triángulo amistoso existente entre Camps, Álvaro Pérez y Bernabé Cano ese es la presentación de las campanadas de Nochevieja en Canal 9, que en 2007 se emitieron desde la Plaça Major de la Nucia y, como en otras ediciones, fueron concelebradas por el incombustible Paco Nadal y Noemí Ramal, actriz, ex mamachicho y esposa de El Bigotes. Para el matrimonio que forman el emprendedor y la ex mamachicho, la Nucia no es un lugar extraño. Allí tienen un chalet en el que pasan las vacaciones.
Quizás por esa amistad que le une a Álvaro Pérez -como reconoció públicamente el alcalde- o porque supo de la profesionalidad de Orange Market a raíz de aquel encargó de la concesionaria de la piscina, el caso es que dos años después Cano echó el resto para que la Diputación de Alicante confiara a Álvaro Pérez la organización de la gala provincial del deporte. El alcalde afín a Camps perdió ese pulso con el zaplanista Ripoll, igual que otro alcalde campsista, el del vecino Benidorm, Manuel Pérez Fenolll, se estrelló contra el presidente de la corporación provincial en su intento de liderar el PP de Alicante. La piscina cubierta es la joya de la corona del complejo polideportivo que lleva el nombre de Camilo Cano -que fue alcalde, como su hijo- y la inauguró el conseller Alejandro Font de Mora en enero de 2007, en precampaña electoral, en un acto que tuvo como estrellas invitadas al nadador superhombre David Meca y a la selección española de natación sincronizada. La piscina son tres piscinas (la convencional, la de iniciación y otra de aquafitness), dos jacuzzis o una zona de spa como parte de una amplia carta hídrica sobre 4.500 metros cuadrados, dentro del complejo de 100.000 metros. Cano comparte con su valedor, predecesor en la alcaldía y después enemigo del alma, Diego Such, esa querencia por hacer las cosas a lo grande. En total, las obras de la piscina cubierta costaron 4.808.096 euros.
Aquel viaje llamando al sastre
La última incorporación a esas infraestructuras deportivas fue el pabellón de deportes estrenado el pasado 9 de febrero. No fue un día de esos tontos, perdidos en el calendario. Justo ese lunes, el juez Garzón había detenido a Álvaro Pérez, dos días después de que el contratista de cabecera del PP y la Generalitat bautizó a su hija en Barcelona, apadrinada por el director general de RTVV, Pedro García, tras la incomparecencia por encarcelamiento de Francisco Correa, el padrino titular. Ese lunes, tres días después de que las dos sedes de Orange Market en Valencia fueron registradas por la policía, Camps quiso aparentar normalidad acudiendo al estreno del citado pabellón con un España-Bélgica de fútbol sala, su primer acto público en plena efervescencia del caso. Estuvo acompañado por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y por la consellera de Cultura y Deporte, Trini Miró. De camino hacia la Nucia, Camps hizo varias llamadas al sastre de Milano y Forever Young José Tomás. Los pinchazos telefónicos dejaron constancia de las insistentes llamadas del presidente al sastre en esos primeros compases del escándalo, diez días antes de que un informe de la Fiscalía Anticorrupción implicó al jefe del Consell en el caso y cuando ni siquiera la ex directiva de Easy Concept Felisa Isabel Jordán había hecho la primera alusión a la ropa de Milano y a los "30.000 euros" supuestamente pagados en esa tienda. Nada más ser detenido José Tomás explicó en su declaración ante el juez Baltasar Garzón que Francisco Camps le había dicho que Álvaro Pérez era "un bocazas".
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Tres firmas Gürtel engordaron en la Nucia
Teatro de un escándalo con dinero público y cemento
Oposición y sindicatos harán el vacío a Camps
Rajoy otorga al jefe del Consell su "total confianza"
Camps ante su encrucijada
Alarte dice que Rajoy es el responsable del futuro político del jefe del Consell
El presidente va por sorpresa a un mitin y se da un baño de masas
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El PP valenciano dice ahora que ha sido respetuoso con la justicia
¿Nepotismo de Costa, secretario general de los populares, con motivo del Congreso que ratificó a Rajoy?
Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, mano derecha del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputados ambos por el caso Gürtel, se nos ha vuelto, de pronto, un ángel o -si se prefiere en cuanto a rango celestial- un arcángel. Declaró ayer: “El PP desde el primer momento lo que ha mostrado es claramente su respeto al proceso judicial, su voluntad de colaborar a todos los niveles con la justicia (…) Tengo ganas de ir a contar la verdad. Tengo ganas de aclarar que las acusaciones que se vierten contra mí son absolutamente falsas”.
Pero, hombre, Sr. Costa, qué cosas dice usted, qué capacidad la suya para embaucar a cándidos, a ingenuos o a los más fanáticos populares. ¿Quiénes pueden creer eso tan bonito de que “el PP desde el primer momento (…) ha mostrado (…) claramente su respeto al proceso judicial?”. Pero si la realidad ha sido exactamente la contraria. Han denunciado los dirigentes populares -sin pausa alguna- que se trataba de una persecución contra su partido, maquinada por los socialistas para acabar con ustedes. Camps advirtió de que se estaba violando el Estado de Derecho y pronunció un discurso infecto en el que equiparaba, o casi, la situación de la España democrátrica con la de la Alemania nazi.
Montaje sin tapujos
Esperanza Aguirre habló de montaje sin tapujos. Esteban González Pons se refirió a una especie de conspiración, teledirigida por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Mariano Rajoy pronunció un discurso incendiario, rebosante de victimismo demagógico. Ha habido una avalancha de insultos dirigidos al juez Garzón, que ante la opinión pública fue presentado -desde Génova 13 y desde los medios afines a la derechona-, cual si fuera un monstruo, un canalla o un prevaricador. ¿Es ése el respeto de los populares al “proceso judicial”, Sr. Costa?
Decir la verdad
Como ha venido repitiendo su jefe, el presidente Camps, usted argumenta que, por fin, podrán decir la verdad y “aclarar las acusaciones”. ¿Es que no han podido decir “la verdad” a lo largo de este tiempo? ¿Qué les ha impedido hacerlo? Camps, en cuanto a los trajes –al margen de los millones de euros obtenidos por su amigo Pérez, El Bigotes, al que el presidente valenciano, según sabemos, quiere “un huevo”-, hubiera debido enseñar las facturas o sus movimientos bancarios. Y aquí paz y después gloria. Algo más sencillo, imposible. “Claro que me pago mis trajes”, manifestó Camps el 9 de marzo del año en curso. Pues con eso y las facturas impolutas, asunto terminado.
Una rueda de prensa
Respecto a usted, le hubiera bastado con convocar una rueda de prensa para explicar punto por punto, con documentos y papeles contrastados, y después de haber sido objeto de una auditoría impecable, lo ocurrido. Hubiera tenido que responder, claro esta, a todas las preguntas, exhibiendo pruebas inequívocas y demostrando que su comportamiento había sido intachable y que usted se halla en las antípodas de la corrupción diseñada por Correa y por Pérez, el bigotudo del huevo. Pero nada de esto ha hecho usted. Y, por cierto, ¿por qué el Gobierno valenciano se ha negado, en estos últimos años, a contestar a los cientos y cientos de preguntas, formuladas por la oposición, respecto a muchos aspectos sospechosos, relacionados con la gestión del dinero público? ¿Por qué, Sr. Costa, por qué?
Free handicap
Incluso hubiera podido aprovechar la ocasión para puntualizar por qué su cuñada, Elena María Sánchez Álvarez, titular de la empresa denominada Free Handicap, especializada en eventos, consiguió la concesión para organizar el XVI Congreso del PP, celebrado en la ciudad de Valencia y que ratificó a Rajoy como líder. Sánchez Álvarez está casada con Juan Costa, el frustrado candidato a presidente del partido, al que Pedro J. Ramírez apoyaba resaltando su “atractivo neokennediano”. No afirmo, ni mucho menos, que esa concesión fuera ilegal o fraudulenta. No obstante, convendrá conmigo, Sr. Costa, don Ricardo, que no parece políticamente ético todo aquello que pueda asemejarse al nepotismo.
Favores en Boadilla del Monte
Curiosamente, Sánchez Álvarez también obtuvo algunos favores del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) –epicentro del caso Gürtel, no lo olvide, Sr. Costa- para montar el conocido festival de música techno. Esos favores fueron denunciados ante el alcalde Arturo González Panero –caído como consecuencia de supuesta corrupción vinculada al Gürtel- por el concejal de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo. En juego, muchos miles de euros, de acuerdo con la ordenanza municipal por ocupación de espacios públicos.
El Ayuntamiento no pudo acreditar los pagos de la empresa Free Handicap por ese concepto. Como en el affaire de los trajes, ¿volaron las facturas cual gaviotas? ¿Casualidades de la vida, Sr. Costa, don Ricardo? Enric Sopena es director de El Plural
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