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Escolar.net
Cuatro denuncias por el caso Fundescam
« Pío está que trina, Granados también
Tomás Gómez, el líder del PSOE en Madrid, ha anunciado no una sino cuatro acciones judiciales ante el escándalo de la financiación irregular de las campañas de Esperanza Aguirre. La primera, que denunciará al PP de Madrid por posible delito fiscal ante la inspección de Hacienda. La segunda, que llevará a Fundescam ante el Tribunal de Cuentas por no haber presentado sus datos desde el 2002, entre otras irregularidades. La tercera, que presentará una denuncia ante la Junta Electoral por presunto delito en los gastos de la campaña de Aguirre. La cuarta, que denunciará el presunto cohecho ante la Fiscalía Anticorrupción.
Izquierda Unida ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio.
Esperanza Aguirre sigue sin decir ni pío.
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Artículo del director
Parad la porcina campaña contra Camps
Hay que acabar con esto. No son de recibo ni los que gritan “We Camps” ni los que piensan “Mein Camps”. Se empieza incubando la crispación… Es que este país no aprende nunca. Tiene razón ese que habla tan bien, pongamos Pons, cuando asegura que esta “porcina” estratagema de la izquierda fue una campaña de algo inexistente para que el PP no ganara las elecciones de Galicia y ahora que la cosa está ya en los juzgados vuelve a ser una campaña para que no gane las europeas.
Por supuesto que lo de Bermejo fue muy distinto. Un fiscal bravo, que debía haber seguido su vocación de músico en grupo pop en lugar de meterse en Derecho, y que cuando se le pararon los pies rebrotó como político para poner reglamento y orden en los juzgados. ¿Qué hacía él, fines de semana y fiestas de guardar, chaquetón verde y botas camperas, pegando tiros, invitado a veces, si decía que era rojo? Tenía toda la razón el aluvión de medios que exigió su cabeza, porque, ¿cómo un ministro de Justicia va a disparar el ocio sin permiso? Ahí está ahora el ex ministro, calladito en el escaño.
Ni comparar con lo de Trillo, uno de los más vociferantes a la hora de exigir la dimisión del otro. ¿Responsabilidad política por lo del Yak-42? Pero, hombre, si las elecciones en lista única lo condonan todo. ¿Responsabilidad moral? ¿En qué país estamos? Los confesionarios están abiertos para todos y los pecados se perdonan. El que no quiera usarlos, allá él. ¿Que los militares viajaban como ganado? ¿Es que vamos a estar toda la vida poniendo en riesgo la estabilidad con los aliados y tenemos que sacar a colación las comisiones de altos mandos de la OTAN? Las 62 bajas fueron de hombres que juraron entregar su vida por la patria, así que debían saber que se la jugaban.
¿Y lo del presidente de la Generalitat valenciana? ¡Ah!, afecta a la privacidad, afirman reputados analistas con experiencia en situaciones desairadas. Es que el sastre acusica ese no es de fiar, escriben otros. Lo que pasa en este país es que hay mucho hijo y nieto de gente que nunca levantó la cabeza, preocupada toda la vida de no clavarse la azada en los pies, que no quiere comprender. Muchos de ellos estudiamos, sí, pero no supimos elegir colegio y ahora nos dedicamos a embrollar.
Estamos obligados a saber que hay un grupo de emprendedores, da igual en tiempo de crisis o expansión, que son los que mueven la economía. Hijos de buena familia o asimilados con contactos que tapan problemas, resuelven urgencias. Son indispensables, aunque eso suponga contratas con sobreprecio pagado con el dinero de todos. ¿Y dónde, si no, quedaría el derecho al legítimo beneficio? Criticar el enriquecimiento fácil es pura envidia. Además, ¿cuándo el dinero de los impuestos se ha empleado al gusto de todos?
Camps, ahora lo hemos sabido, feliz él de haberlo podido explicar a su señoría, es un político sin dinero ni para gastos personales. Se lo tiene que dar su señora de lo que saca en la botica. Además, lo de “amiguito del alma” en privado se quedó en mero conocimiento en el camino entre el Palau de la Generalitat y el de Justicia. ¿Que además hubo regalos “inaceptables” para el imputado, su mujer y su hija? Tranquilos, ya se ha aclarado. Se devolvieron en la trastienda de esa farmacia solidaria. Pero cómo se va a apuntar fecha y detalle de esas cosas. El Bigotes, el donante, es uno de esos seres con almacén de presentes para amigos, simples detalles. No hay piedad para un político elegante, llamado en privado El Curita, que gana elecciones y al que aclaman como “tío Paco” dos pelotones de humildes, congregados por los patriarcas. Cómo no lo vamos a defender si es un valor sin cargos de la Justicia, razona Rajoy. Algún rival debería usar esa cola que asegura sonrisa perenne, blindada ante las situaciones más tensas.
El delito de cohecho está muy claro en el Código Penal, aunque conviene matizar. Por supuesto que es corrupción cuando el arribista de la izquierda, que los hay, llega a un cargo y acepta un reloj de marca rebozado en oro. ¿Pero cómo va a ser lo mismo para alguien que ha nacido con estas cosas por encima de las mesitas de casa? Y parad ya con los trajes. Debería ser público que los comerciantes se pelean por prestar atuendos. Los llevan y los recogen sin precio alguno porque luego los colocan arrugados con ganancia extra a gente que sabe valorar la distinción de arrugas y el sudor original de seres con la capacidad histórica de gobernar. Por encima de eternas rencillas, hay algo indiscutible: estamos en una democracia, pero aún hay clases.
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Enric Sopena
Cabos sueltos
Rajoy miente: la trama que financia al PP existe
Los voceros/as de Mariano Rajoy han repetido hasta la saciedad -desde que estalló el escándalo Correa- que no podía afirmarse, porque no era verdad, que estuviéramos ahora ante una trama organizada para financiar al PP. “Esto no es Filesa”, han advertido no sé cuántas veces María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y el resto de palmeros genoveses, olvidándose, por cierto, del caso Naseiro, que estuvo en un tris de llevarse por delante a la plana mayor de la derecha.
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El jefe de la patronal financió las campañas de Aguirre con 192.200 euros
Empresarios afines al PP donaron casi 800.000 euros a Aguirre
Pero resulta que, de nuevo, Rajoy y sus colaboradores más cercanos mienten. El diario Público ha demostrado que esa trama existe en el PP y que viene de bastante lejos. ¿O no es parte de esa trama Fundescam, una fundación fantasmagórica, dedicada, en la práctica, a recaudar dinero con el fin de hacer frente así a campañas electorales, como por ejemplo las dos protagonizadas por Esperanza Aguirre el año 2003 y, como mínimo, también las generales del 2004? Tales fondos, además, fueron a parar parcialmente al bucanero Francisco Correa.
Suculentos contratos
Los generosos mecenas del PP depositan sus donaciones con la intención de recuperar el dinero entregado y, por supuesto, para multiplicarlo más tarde gracias a suculentos contratos, teledirigidos desde la cúpula del poder político. De modo que hemos conocido cómo un selecto grupo de empresarios de postín inyectaban dinero a las arcas populares.
A primera vista
Todo este tinglado es a primera vista ilegal y probablemente delictivo. Han participado en semejante mercadeo nombres y apellidos de multimillonarios emergentes, como Gerardo Díaz Ferrán; su cuñado, Arturo Fernández y otros empresarios, entre los que figura Antonio Basagoiti, padre, siendo presidente de Unión Fenosa. Díaz Ferrán es en la actualidad presidente de la CEOE. Fernández, de la CEIM.
El empresario aguerrista
Díaz Ferrán es aguerrista desde hace años. Sabemos -merced a una indiscreción suya- que con singular énfasis califica de “cojonuda” a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque en ocasiones le haya bailado el agua a José Luis Rodríguez Zapatero, urgido quizás por la endeblez de algunos de sus negocios transoceánicos, sabemos asimismo que él culpa al presidente del Gobierno de la situación económica, según aseguró ante un micrófono que, ay, estaba abierto.
El catering que crece y crece
Tanto Díaz Ferrán como Fernández comparten con Aguirre su fiebre ultraliberal. Adoran al mercado y denigran al Estado. Pero ocurre que sin el Estado estos liberales no habrían amasado una fortuna como la que han llegado a tener. ¿Cuántas concesiones procedentes del ámbito político ha obtenido Fernández, que le permiten que su ya inmenso catering, siga creciendo y creciendo sin parar? Su Grupo Cantoblanco es omnipresente, en buena parte gracias a la sombra de las administraciones públicas.
El deterioro
Continúa imparable el deterioro del PP. Continúa su vinculación con numerosos sucesos de corrupción y sin que Rajoy dé un puñetazo encima de la mesa y diga rotundamente basta, caiga quien caiga. Rajoy empieza a ser cómplice –al menos por pasividad- de una situación insoportable. Es una situación, por lo demás, que contribuye eficazmente a que se visualice con nitidez cómo la mayoría del empresariado apoya a la derecha. Por algo será. A la hora de votar, pues, que nadie se equivoque. Faltan pocos días.
Enric Sopena es director de El Plural .
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El PP se defiende atacando
Estudia demandar al socialista Tomás Gómez por "injurias y calumnias" y asegura que la noticia sobre la financiación irregular es "falsa".
EUROPA PRESS - Madrid - 23/05/2009 19:22
El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, anunció hoy que el Partido Popular está estudiando presentar una querella contra el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, por un delito de "injurias y calumnias".
Este último aseguró esta mañana que cada día hay más sospechas de "posibles cohechos en la Comunidad de Madrid" y que existen sospechas "para relacionar la financiación del PP con la concesión de contratos a empresas que financiaron la campaña electoral de 2003", entre otras acusaciones.
Güemes afirmó que la noticia sobre la posible financiación irregular publicada por Público es, a su juicio, "falsa".
"La actividad de la Fundación Fundescam es y ha sido siempre absolutamente legal, las aportaciones que se realizan se han hecho y se han gestionado de acuerdo con la Ley de Fundaciones y los fondos siempre se han dedicado a los fines de la fundación", explicó el secretario de Comunicación, que añadió que éstos "nunca se han dedicado a la financiación de campañas electorales".
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El PSM denunciará al PP de Madrid
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IU pide a la fiscalía que actúe de oficio
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Se reavivan las sospechas del 'tamayazo'
"Con esta información se abre el caso Aguirre de financiación ilegal del PP y posible trato de favor", resumió el líder socialista de Madrid
La noticia con la que ayer desveló Público cómo el actual presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, financió al PP de Madrid a través de la desconocida fundación Fundescam en 2003, el año del tamayazo, cayó ayer como un mazazo en las filas de la izquierda, que exigió una investigación inmediata y anunció acciones legales: "Con esta información se abre el caso Aguirre de financiación ilegal del PP y posible trato de favor", resumió el líder socialista de Madrid, Tomás Gómez, quien observa indicios de "cohecho" en el caso Fundescam y lanza un aviso:
"Si se demuestra que hay empresas amigas de Esperanza Aguirre que financian al PP para que luego la Comunidad de Madrid les adjudique obras y servicios, será motivo suficiente para que la presidenta se largue a su casa". Desde el PP, fuentes muy próximas a su presidente aseguraron que Mariano Rajoy "ni siquiera conocía la existencia de Fundescam", informa María Jesús Güemes.
Gómez aseguró que su partido actuará en los tribunales contra los conservadores por presunta financiación ilegal a través de Fundescam, que depende orgánicamente del PP madrileño. "Hoy tengo más sospechas que nunca", dijo en referencia al ascenso de Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid tras el tamayazo, la traición protagonizada por los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que el 10 de junio de 2003 impidieron con su voto la proclamación de Rafael Simancas como presidente y forzaron así la convocatoria de unas segundas elecciones autonómicas que ganó el PP. Los socialistas madrileños precisarán esta mañana qué tipo de acciones acometerán contra el PP.
Desde IU, la portavoz de la federación en Madrid, Tania Sánchez, exigió la dimisión de Aguirre y anticipó que su organización estudiará hoy si acude a la Fiscalía. El portavoz parlamentario de la formación, Gaspar Llamazares, se preguntó "a qué espera la Fiscalía Anticorrupción" para actuar de oficio y acusó al PP de haber incurrido en "flagrante ilegalidad".
"Hoy tengo más sospechas que nunca", dijo Gómez en referencia a Aguirre
Llamazares no cree que los 790.000 euros recaudados por Fundescam entre una docena de empresas con Díaz Ferrán a la cabeza fueran fruto de donaciones "gratis et amore" [por amor], sino que los donantes "pagaban favores" y recibían luego "trato de favor". Varios de los empresarios que donaron dinero a Fundescam tenían adjudicados en 2003 y 2004 contratos públicos de la Comunidad de Madrid. La ley de financiación prohíbe a los partidos recibir "directa o indirectamente" donaciones de personas físicas o jurídicas con adjudicaciones de cualquier Administración pública. Gerardo Díaz Ferrán tenía contratos públicos en 2003. Luego, obtuvo más de la Comunidad de Madrid.
Preguntada en un acto oficial, Esperanza Aguirre se negó a responder sobre Fundescam, fundación que ella misma preside y que depende orgánicamente del PP de Madrid. También la dirección estatal del partido calló oficialmente. Pero al subrayar que Rajoy ignoraba la propia existencia de Fundescam, la cúpula conservadora remarca su doble estrategia sobre la corrupción: mientras que en Valencia mantiene un apoyo cerrado al imputado Francisco Camps, en Madrid Rajoy parece haber abandonado a su suerte a su viaje enemiga Esperanza Aguirre.
CCOO pide "limpiar Madrid"
El caso de Fundescam, que no presenta cuentas desde 2002, "es la gota que ha colmado el vaso", apostilló Tomás Gómez. Lo hizo durante la clausura del congreso regional de UGT. Al cierre del cónclave sindical no acudió Arturo Fernández, que donó 57.000 euros a Fundescam en cuatro entregas.
Frente a la beligerancia del líder socialista madrileño, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se atrincheró en la cautela. De la Vega se limitó a expresar su confianza en que todos los partidos se sitúen "en el marco de la ley", y declinó pronunciarse sobre la información difundida por Público.
El secretario regional de CCOO, Javier López, tildó de "extremadamente grave" lo ocurrido
No sólo PSOE e IU exigieron responsabilidades. El secretario regional de CCOO, Javier López, tildó de "extremadamente grave" lo ocurrido, reclamó la unidad de los partidos para "limpiar" Madrid de sospechas y expresó su preocupación por "esa mezcolanza de la economía y la política, ese doy para que me des".
Como informó Público el martes, Special Events, pieza clave en la trama del caso Gürtel, endosó en 2003 y 2004 a Fundescam facturas de las campañas del PP madrileño por valor de 300.000 euros.
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El sastre ratifica ante el juez que Camps no pagó los trajes
El testigo repasó decenas de facturas y tiques en el tribunal - Tomás declara que sólo Costa preguntó cómo abonar la ropa
. G. G. / J. M. L. / Madrid - Valencia - 22/05/2009
Francisco Camps no pagó los trajes. Así lo dijo ayer José Tomás, ex responsable de tienda en Milano y Forever Young, ante el juez instructor del caso Gürtel en Valencia. Los trajes, que el propio Camps encargaba, según Tomás, los pagó siempre, entre 2006 y 2008, Pablo Crespo, hombre de Francisco Correa, en efectivo o a través de sociedades de Álvaro Pérez. Lo repitió varias veces a lo largo de un interrogatorio que duró más de cinco horas entre mañana y tarde.
La oposición pide la dimisión del presidente "por mentir"
Empresas de la red corrupta saldaron las facturas del presidente valenciano
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Tomás ratificó la declaración que realizó en marzo ante el juez Garzón en la Audiencia Nacional y ante la Fiscalía Anticorrupción. En síntesis, que en las tiendas "jamás" pagaron en metálico ninguno de los políticos imputados en la investigación, ni el presidente de la Generalitat; ni Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano; ni Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; ni Rafael Betoret, ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo. Añadió que sólo Costa, en una ocasión, pagó con Visa un par de vaqueros y que la secretaria de Costa se había interesado por la manera de hacer frente a los pagos.
Buena parte de la comparecencia se centró en el reconocimiento de facturas y tiques de caja aportadas al proceso por el propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, que Tomás tuvo que identificar y relacionar con los artículos adquiridos para regalo por parte de los miembros de la trama. Se mostró muy prolijo en la descripción de las prendas adquiridos por la trama y pagados en efectivo por Crespo, y en alguna ocasión por transferencias de Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, también imputado.
El interrogatorio recayó preferentemente sobre el presidente, especialmente en las fechas de sus compras. Y los intentos de precisión provocaron la protesta del testigo. En un momento determinado, Tomás alegó que hacía casi cuatro años de los hechos y pidió que se hicieran cargo: "Yo intento recordar lo más que puedo...". De nada sirvió a las defensas de los imputados tratar de presionar al testigo sobre imprecisiones entre la declaración que realizara ante la policía primero y ante Garzón después. Tomás se mantuvo en que ni Camps ni los demás imputados pagaron los trajes. También fue interrogado por alguna de las conversaciones telefónicas aportadas por la policía al sumario, entre ellas la que mantuvo con Pablo Crespo para comentarle que le habían llamado declarar de la Fiscalía Anticorrupción. Además, confirmó que el presidente Camps le había estado llamando al móvil en reiteradas ocasiones en las fechas en que fue llamado a declarar por Anticorrupción, José Tomás aseguró estar contento y tranquilo, afirmó que no había recibido amenazas, que Camps había sido siempre muy correcto con él, que sabía hace cinco días -por razones que no explicó- lo que el presidente iba a declarar ante el juez y que aún así, sabiendo que Camps trataría de desacreditar su versión, él se había mantenido en "la verdad".
A unos metros de donde el sastre declaró, dos miembros del Gobierno de Camps salieron para denunciar "un montaje mediático". Rafael Blasco, consejero de Inmigración, calificó a Tomás de "auténtico desastre" porque además de ser el eje de "una calumniosa campaña de difamación contra el presidente Camps", llega a la declaración "acusado de haber falsificado facturas". Tomás, por su parte, aseguró que estudiará las querellas oportunas y que no está imputado en ninguna causa.
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El fiscal pide para Fabra dos años de prisión por falsear documentos
El ministerio público constata la falsificación hasta en seis ocasiones
MARÍA FABRA - Castellón - 23/05/2009
La Fiscalía Anticorrupción considera al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que reclama dos años de prisión y una multa de 6.000 euros. Según el escrito de acusación del fiscal, en el que solicita la apertura de juicio oral, Fabra acordó manipular documentación con el fin de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones para la producción de productos fitosanitarios", plaguicidas y herbicidas. Una de las empresas beneficiarias de las autorizaciones era Artemis 2000, de la que era socia su entonces esposa, María Amparo Fernández.
Carlos Fabra Carreras
A FONDO
La juez de Nules debe decidir si abre juicio al presidente de Castellón
Anticorrupción considera también autores de este delito al entonces amigo de Fabra, el empresario Vicente Vilar, y a la ex esposa de éste, Monserrat Vives. Y dice de los tres que "llegaron al acuerdo de que, si era preciso, presentarían documentación manipulada". Vives era, entonces, socia de la ex esposa de Fabra, a la que, sin embargo, el fiscal excluye de su escrito de acusación al considerar que "no constan indicios de los que pueda desprenderse su participación". De la misma manera, considera que no debe ser juzgado ni el ex director general del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía, ni una de las personas que trabajaba para el laboratorio de la fábrica de Vilar. Sin embargo, sí pide un año de cárcel para el impresor Manuel Martínez, al que acusa de proporcionar sellos y cuños para elaborar los documentos falsos.
Según el fiscal, "consta que hasta en seis ocasiones fueron falsificados los sellos y firmas en la documentación" presentada ante el Ministerio de Agricultura entre diciembre de 2001 y agosto de 2002.
Ayer, tras celebrar la festividad de Santa Rita con los funcionarios de la Diputación, Carlos Fabra cargó contra la Fiscalía y, además de aludir al inicio de la campaña de las elecciones europeas, sostuvo que "la Fiscalía es una institución jerarquizada y se nota que está a las órdenes del Gobierno".
En el escrito de acusación, el fiscal apunta que la manipulación consistía en la "simulación" de informes técnicos y la "imitación" de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China. Para ello utilizaban tampones falsos que, según el escrito, "en principio fueron proporcionados por Fabra". Después, los encargos se realizaron al impresor Martínez.
Ésta es una de las causas por las que se investiga a Carlos Fabra. En el Juzgado número 1 de Nules, desde hace cinco años, el presidente de la Diputación de Castellón está imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, después de que Vicente Vilar le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.
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Alarte: "Nunca dejo que ningún delincuente me pague los trajes"
Camps pide en un mitin que "nada interfiera en el voto"
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Las amistades peligrosas de Camps
J. FERRANDIS - Valencia - 23/05/2009
Cuando a Francisco Camps le preguntaron el pasado mes de febrero en las Cortes por su relación con Álvaro Pérez, El Bigotes, y el empresario José Luis Ulibarri, ambos imputados en el caso Gürtel, el presidente valenciano contestó: "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat. Y la verdad es que no tengo muchas personas definidas por su fisonomía". Pero lo cierto es que distintas circunstancias han hecho que Camps se haya rodeado de amistades tan peculiares como comprometedoras para su carrera política. Así, Camps no ha dudado, desde que llegó a la presidencia de la Generalitat en 2003, en contar con el afecto y la complicidad de Carlos Fabra. Un "ciudadano ejemplar", en palabras del propio Mariano Rajoy, capaz de "poner la mano en el fuego" por Camps tras ser imputado de un delito de cohecho por el Tribunal Superior valenciano.
Pero si Camps ha buscado en Castellón el respaldo de Fabra, en Alicante no ha dudado en apoyarse en el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, imputado por tráfico de influencias y uso privilegiado de información en un pelotazo urbanístico que le ha reportado ganancias millonarias.
Aunque la amistad que peores réditos le ha dado ha sido la de Álvaro Pérez, imputado por cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
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El fiscal pide 2 años de cárcel para Carlos Fabra por falsificar documentos y cuños de pesticidas
El presidente de la Diputación dice que la Fiscalía es una "institución jerarquizada que depende del Gobierno"
. Antequera, Castelló
El fiscal anticorrupción Luis Pastor ha pedido dos años de prisión y multa de 6.000 euros para el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por participar en la falsificación de cuños y documentos oficiales del Ministerio de Agricultura con el fin de lograr la aprobación de seis plaguicidas fabricados por Naranjax con sustancias ilegales importadas de China e India. El escrito de anticorrupción supone que Carlos Fabra se enfrenta por primera vez en cinco años de investigación judicial a una petición formal de penas de cárcel. Fabra recibió la noticia de su nuevo varapalo judicial en Cabanes, donde estaba celebrando la festividad de Santa Rita junto a los funcionarios de la institución provincial. El presidente de Castelló aseguró que "se nota que estamos en elecciones" y que "la Fiscalía Anticorrupción es una institución jerarquizada que depende del Gobierno". Además, se quejó de que los medios de comunicación han tenido acceso a la petición del fiscal antes que las partes.En su escrito, Pastor considera que los acusados -Vicente Vilar, gerente de Naranjax, su ex mujer Montserrat Vives, y Carlos Fabra-, "llegaron al acuerdo de que, si era preciso, presentarían documentación manipulada" para conseguir del Ministerio de Agricultura el "mayor número posible" de autorizaciones de productos plaguicidas para las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000, esta última administrada al 50% por Amparo Fernández, ex mujer del presidente de la Diputación, y por la ex esposa del industrial. El representante del Ministerio Público pide la misma pena de 2 años de prisión para Vilar y su ex pareja, mientras que para Manuel Martínez Martí, comercial jubilado de una imprenta, solicita un año. A su vez, Pastor interesa el archivo de la causa para Amparo Fernández; Domingo Cadahía, ex director general de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura; y Mohamed Chakir, un químico de Naranjax. El fiscal cree que no "constan indicios de los que pueda desprenderse la participación de estas personas en los hechos relatados". Fabra, su socio Vilar y Vives llevaron a cabo esta supuesta manipulación "simulando" informes técnicos e imitando documentos de laboratorios de India y China. Para dar una apariencia de autenticidad a los expedientes de las empresas asiáticas, los imputados llegaron incluso a fabricar sellos y cuños de caucho que, en un primer momento, "fueron proporcionados por el acusado Carlos Fabra Carreras para, posteriormente, ser proporcionados por el acusado Manuel Martínez Martí", según el ministerio público. Todas las solicitudes que se presentaban en las ventanillas del Gobierno central para su aprobación "fueron firmadas por la acusada Montserrat Vives". En la elaboración de estos documentos intervino también Hamdi el Azouzi, empleado de Naranjax, que actualmente se halla en paradero desconocido. El fiscal solicita a la juez de Nules que se mantengan las órdenes de averiguación de paradero de esta persona y que se abra un proceso separado contra él.
Pastor hace constar además que los cuños y papeles presentados ante el Registro Fitosanitario por Comercial de Industrias Químicas Arcavi fueron falsificados hasta en seis expedientes distintos. Con esta decisión, Pastor se suma al auto emitido por María José Calvo, sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de Nules, quien la semana pasada dio un impulso decisivo a la investigación del caso Fabra al convertir las diligencias previas en procedimiento abreviado, preparando de esta manera la apertura de juicio oral contra todos los imputados tras "apreciar indicios de delito". El fiscal hace constar que Montserrat Vives, Carlos Fabra y Manuel Martínez Martí carecen de antecedentes penales, mientras que Vicente Vilar los posee por estar actualmente encarcelado por la violación de Vives, aunque "no son computables en la presente causa".
Para la Fiscalía Anticorrupción, Vilar, Vives y Fabra son autores de un delito continuado de falsedad en documento oficial de los artículos 390.2º, 392 y 74 del Código Penal, mientras que Manuel Martínez lo sería del delito de fabricación o tenencia de útiles para cometer la falsificación.
De cara al juicio oral, Pastor pide el interrogatorio de los acusados y varias pruebas documentales. Además, reclama al Ministerio de Agricultura los seis expedientes de productos insecticidas supuestamente falsificados.Los sustancias que Artemis 2000 sacó al mercado con documentación falsa estuvieron circulando por los campos del país durante dos años. El Ministerio de Agricultura abrió una investigación en 2005 -dos años después de que Vilar destapara el escándalo con la presentación de dos querellas en Nules- y terminó prohibiéndolas en 2006 "por resultar peligrosas", tal y como informó Levante de Castelló en aquellas fechas.
La acusación de Anticorrupción coincide en sus argumentos con el auto dictado hace una semana por la juez de Nules. Según Calvo, existen indicios de que los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían participado en la falsificación de "análisis químicos, sellos y firmas de productos fitosanitarios" no autorizados en España.
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F. Arabí, Valencia
Ni siquiera las conspiraciones escapan al darwinismo. El conseller de Inmigración y estratega de cabecera del PP valenciano, Rafael Blasco, aportó el jueves las muestras de campo que corroboran la capacidad de mutación de los montajes y tramas que pueblan la escena política para adaptarse a las circunstancias ambientales. Blasco y el vicepresidente Juan Cotino -ángeles de la guarda de Camps en el escándalo Gürtel- denunciaron la existencia de un "montaje" político y mediático" en una "trama" orquestada por el Gobierno socialista con apoyo de infantería en algunos medios de comunicación y con el sastre José Tomás como punta de lanza de esa "maquiavélica" estrategia de acoso al Consell. La prueba del algodón, el símbolo de esa alianza sería, para el Consell, la llegada de Tomás en un taxi acompañado por un periodista y un cámara de la televisión Cuatro. Resulta que estos informadores aguardaron, junto a otros de La Sexta, en la Estación del Norte la llegada de quien acudía a declarar al TSJ valenciano como testigo. Una vez pisó suelo valenciano, los de Cuatro se montaron en el vehículo con el sastre a la caza de la exclusiva. Fue "una muestra de audacia por parte del medio", admitió Blasco. Pero acto seguido usó el hecho como una especie de prueba de cargo de la conspiración que está en "fase avanzada", según explicó. El sastre con el taxi acompañado de los informadores sustituye así como icono al juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Filtraciones desde las alturas
Atrás han quedado los tiempos en que el magistrado cazador de venados junto con el ex ministro Bermejo era el estilete de una estrategia de acoso al PP con apoyo del Gobierno. Lo explicó Cotino antes que Blasco en esa misma rueda de prensa montada para desacreditar las declaraciones de José Tomás en las que reiteraba que Pablo Crespo, a través de Orange Market y otras empresas de la trama, pagó los trajes de Camps. "Hay personas que desde puntos muy altos del Gobierno están filtrando partes interesadas", dijo Cotino.
Otro de los vicepresidentes, Vicente Rambla, interpretó la llegada del sastre con los periodistas en el taxi como un prueba de que José Tomás está "tutelado por un grupo de comunicación".
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