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http://www.elpais.com/articulo/espana/PP/reitera/acusaciones/persecucion/politica/desvelarse/financiacion/ilegal/Valencia/elpepuesp/20090925elpepunac_2/Tes
El PP reitera sus acusaciones de persecución política tras desvelarse la financiación ilegal en Valencia
González Pons califica el informe policial de "montaje" y apunta a Interior como instigador.- Arenas: el partido "no tiene ni ha tenido ningún tipo de operación que conduzca a la financiación ilegal"
ELPAÍS.com 25/09/2009
Huida hacia delante y defensa de Camps. Esa parece ser la consigna en el Partido Popular tras la publicación del informe policial que pone sobre la mesa la existencia de una trama de financiación irregular en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana no ha supuesto que la línea de defensa de Génova se mueva ni un ápice: teoría de la persecución política.
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El vicepresidente de Camps y la cúpula del PP valenciano dirigían la financiación ilegal
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AUDIO - Cadena Ser - 25-09-2009
Desde el Partido Popular se afirma que quiere quitar credibilidad al informe de la policía que señala que los contactos de Correa y el Bigotes eran el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y la tesorera del partido -
Uno de los principales implicados en la trama que revela el informe, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha comparecido ante los medios de comunicación para culpar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de su confección y ha asegurado que cuando al político socialista "no le dan la razón, utiliza a la policía y a los medios en su beneficio".
Costa, además, ha asegurado que el PP va a presentar una denuncia por el informe; en concreto, a quien mandó confeccionarlo y al que efectivamente lo redactó, informa Joaquín Ferrandis. Sí ha asegurado que tratará sobre el "objeto", es decir, sobre el contenido. Y es que, en opinión de Costa, de las conversaciones grabadas no es posible inferir ningún delito, pese a que el propio secretario general dice en un momento determinado al líder de la trama corrupta en Valencia, El Bigotes: "Te doy lo que te falta pero que el presidente no lo sepa".
El líder del PP, Mariano Rajoy, también ha expresado su apoyo inquebrantable al presidente de la Generalitat, al que ha llamado personalmente para expresarle su respaldo y el de la Ejecutiva que dirige, informa la Cadena SER.
No ha sido el único que ha salido a negar la mayor. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha manifestado hoy su sospecha de que el ya famoso informe es un "montaje", ha afirmado que su partido lo estudiará "detenidamente" y denunciarán "la persecución" que están sufriendo "con todas sus consecuencias" y ha apuntado la posibilidad de que haya una "mano política" detrás ya que la Policía Judicial no actúa por iniciativa propia, en clara alusión al Ministerio del Interior, ya que en este caso, "ni jueces ni fiscales han pedido este informe", como, en su opinión, lo demuestra que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo desechara porque "no ha sido solicitado".
En términos similares se ha pronunciado el vicesecretario de Política Autonómica del PP y líder del partido en Andalucía, Javier Arenas, quien no se ha movido ni un ápice de la de línea de defensa, teoría de la persecución política, al asegurar que "nunca en los 30 años de democracia se ha hecho un uso político de algunos fiscales y algunos policías. Hay una doble vara de medir".
En una entrevista concedida a RNE Arenas ha reiterado que su formación es víctima de una persecución política en la que están implicados "algunos policías y fiscales" que utilizan "una doble vara de medir" a la hora de investigar a los distintos partidos.
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Á. V. - Madrid - 24/09/2009 20:37
El informe policial que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) no quiso revisar, alegando haber archivado ya la parte del caso Gürtel relativa a los trajes recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es todo lo jugoso que se esperaba. O más. Apunta directamente como responsables de la presunta financiación irregular del PP a la cúpula del partido en Valencia y al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla.
Junto a Rambla, la Unidad de Delincuencia Económica sitúa no sólo como conocedores sino ejecutores de la situación irregular al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al vicesecretario, David Serra, y a la tesorera del partido, Yolanda García Santos. Ninguno de ellos está todavía imputado, aunque a la vista del informe no parece que pueda ser otra la condición en la que acabarán en un futuro próximo.
El informe es contundente. Detalla que la trama Gürtel negociaba el pago de la deuda con los responsables políticos del PP en Valencia siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la red corrupta, confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes. David Serra participaba eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de pago. Y Yolanda García libraba los fondos por indicación de Ricardo Costa a sabiendas de que las facturas reflejaban conceptos ficticios.
En resumen, Pablo Crespo, uno de los tres imputados en el caso que se encuentra en prisión, es el que daba las instrucciones pertinentes para confeccionar las facturas a Costa y a El Bigotes. Serra se ocupaba de los talones y García de emitir las facturas falsas.
Experiencia previa
Costa, del que el informe dice que actuaba como "canalizador de los pagos ajenos al sistema financiero", es el único de los cuatro a los que se acusa ahora que ya tiene experiencia como imputado. Tuvo que declarar en el TSJCV con Camps y otros dos dirigentes del PP valenciano (el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe del gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret) por haber recibido trajes de Milano y Forever Young que no pagaban ellos, sino Orange Market.
El pasado 3 de agosto, el TSJCV archivó el caso de los trajes, al no apreciar delito. La última palabra sobre si recibir dádivas es cohecho o no la tendrá el Tribunal Supremo.
Pero mientras el Alto Tribunal se pronuncia, el TSJCV no perdió el tiempo en relación a este informe sobre la financiación irregular del PP, pese a que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, ya apuntaba esta práctica delictiva en el auto en el que acordó inhibirse a favor de los tribunales valenciano y madrileño. Primero procedió a rechazar el informe, pero incorporándolo a la causa, y después, a petición de Camps, Costa y Campos, acordó devolverlo al órgano remitente. En este caso, con esa expresión se refería a la Policía, que el pasado 31 de julio, tres días antes de que se archivara la rama valenciana de la Gürtel, se lo remitió al Tribunal Supremo y los dos tribunales superiores que tenían abiertas actuaciones sobre la trama.
Pagaban los empresarios
El informe policial detalla cómo el entramado utilizaba una doble contabilidad para encubrir los pagos al PP valenciano: una en dinero limpio, denominada A o "Alicante", y otra en dinero B o "Barcelona". Con los datos recabados el informe llega a la conclusión de que "no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana".
Mientras que el PP valenciano pagaba su deuda con Orange Market a través de contratos que no salían a concurso, la filial en Valencia de Special Events abonaba cantidades al partido gracias a pagos de diversos empresarios valencianos.
El informe cita a Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agrícola Castellonense); Enrique Tomás Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo Lubasa; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, por el grupo Sedesa.
El sistema, que destaca por su persistencia en el tiempo, se articulaba de la siguiente forma: la factura por un acto organizado por el PP de Valencia se sustituía por otra a cargo de una de las empresas implicadas cambiando el concepto.
Costa: "Es un montaje instigado desde Interior"
El dirigente popular asegura que no ha pensado dimitir y ha admitido que el PPCV se equivocó al trabajar con Orange Market
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CADENA SER 25-09-2009
La red de Francisco Correa y Álvaro Pérez 'el Bigotes' financió al PP de Valencia durante años con una doble contabilidad, una parte en dinero negro, y una trama de facturas falsas hechas en el propio PP valenciano. Así se recoge en un detallado y amplio informe policial que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se negó investigar y al que ha tenido acceso esta redacción. Los contactos de la red Gürtel en el PP eran el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el secretario general Ricardo Costa, el vicesecretario y la tesorera del partido.
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El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, ha señalado que el informe policial sobre una presunta financiación ilegal del partido es un "claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior", y ha anunciado la presentación de una denuncia contra sus autores.
El dirigente popular ha asegurado que no ha pensado dimitir y ha admitido que el PPCV se equivocó al trabajar con Orange Market, firma relacionada con la trama empresarial del caso Gürtel.
El Partido Popular cuestiona la credibilidad del informe policial que apunta a una trama de financiación ilegal del PP en la comunidad valenciana a través de las empresas de la trama Gurtel. El vicesecretario de comunicación popular, Esteban Gonzalez Pons, ha hablado en Canal 9 incluso de un posible montaje detras del que se essconde una mano política.
La red de Correa y el Bigotes financió al PP de Valencia con dinero negro a través de una doble contabilidad
Según esa investigación policial, de los actos que el Partido Popular valenciano encargaba a la trama de Correa el PP sólo pagaba una pequeña parte. El resto era abonado por una red de empresas afines al gobierno de Francisco Camps que recibían, en contraprestación, contratos públicos de esa administración.
Por lo tanto el dinero aportado por estos empresarios tenía como destinatario al Partido Popular pero nunca llegó a entrar en ninguna cuenta corriente del partido liderado por Rajoy.
En los libros de contabilidad incautados al administrador de Correa figuran dos contabilidades: una Caja A, bajo el nombre Alicante y otra caja B, bajo la denominación Barcelona. En esta segunda caja, Correa apuntaba todas las cantidades cobradas y aquellas que se le adeudaban por los trabajos realizados para el PP de Valencia.
El uso de este doble sistema de facturación y financiación irregular del Partido Popular en Valencia tiene una persistencia en el tiempo lo que, según la investigación, denota que se trata de una actuación sistemática en las relaciones que mantiene la organización de Correa con la formación liderada por Camps en Valencia.
La cúpula de Camps, señalada
La investigación a la que ha tenido acceso la Cadena SER señala a Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, como el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero.
La policía señala también a Vicente Rambla, vicepresidente del gobierno de Valencia. Su nombre sale a colación en una conversación intervenida por la policía en la que Álvaro Pérez el bigotes le cuenta a Pablo Crespo cómo le ha pedido a 'Vicente' que le asegure un porcentaje de las adjudicaciones que realice, que le permita presentarse y que controle la ejecución.
La trama liderada por Correa negociaba los pagos no con la red de empresas que abonan las facturas sino con los responsables políticos valencianos. Según la policía, en el PP valenciano se confeccionaron facturas 'ad hoc' con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, 'el bigotes'. El vicesecretario general del PPCV, "David Serra, participaba eliminando determinados conceptos, preparando talones y fijando con 'el bigotes' las cifras totales de abono".
La tesorera del partido popular de Valencia, Yolanda García, era quien libraba los fondos por indicación de Ricardo Costa "con conocimiento de estar emitiendo facturas por conceptos ficticios".
Las cinco empresas que presuntamente financiaban al PP
Son cinco de las principales empresas constructoras que trabajan en la Comunidad Valenciana. El Grupo Ortiz -que preside Enrique Ortiz y con sede en Alicante-, Facsa, Lubasa, Piaf y Sedesa.
Su papel en la trama Gürtel es fundamental, según la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía. La investigación sostiene que el dinero de la caja B de Orange Market procedía de estas empresas y servía para sufragar una parte de los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Los pagos de estas empresas se camuflaban con facturas falsas que emitía Orange Market.
Facturas falsas en las que se manipulaba la base imponible e incluso el cliente. Por ejemplo, según la UDEF una factura original que tiene al PP de Valencia como cliente se convierte en una manipulada con el Grupo Ortiz como cliente.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con estas cinco empresas. Sólo Lubasa ha contestado a esta redacción negando que haya participado en ninguna trama de facturas falsas.
Costa: "El informe es un montaje de Interior"
El secretario general del PP dice que el informe policial sobre una presunta financiación ilegal del partido es un "montaje instigado desde el Ministerio del Interior" y presentará una denuncia - Admite que se equivocaron al trabajar con Orange Market y se reconoce en las trascripciones
EPLEVANTE-EMV.COM
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, anunció hoy que el PPCV interpondrá una denuncia contra quien ha firmado y ordenado el informe policial que apunta a una financiación irregular del partido, que calificó hoy de "un montaje instigado por el Ministerio del Interior" para que "el PSOE pueda ganar Valencia".
Costa ofreció hoy una rueda de prensa para analizar el contenido de este informe flanqueado por el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra, cuyo nombre también figura en el informe de la Brigada Policial de Blanqueo de capitales.
El dirigente popular admitió que el Partido Popular "se ha equivocado" al trabajar con Orage Market, se reconoció como interlocutor en la trascripción de las conversaciones públicas e incidió en que no piensa dimitir.
Al respecto, ahondó en que se trata de un informe que "no es nuevo", sino que "una recopilación y un montaje de varios informes" incorporados en la causa que se sigue en Madrid y aseguró que ha sido "instigado" directamente por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para "desprestigiar" al PP. Asimismo, subrayó en varias ocasiones que sus cuentas son "claras, fiscalizadas y auditadas".
Costa y Rambla dirigían la ´caja B´ del PP
El informe de la Brigada Policial de Blanqueo apunta a que el vicepresidente del Consell, el secretario general del PP, el vicesecretario David Serra, y la tesorera, Yolanda García Santos, organizaron una doble facturación a través de Orange Market, que pagaba una parte de sus actos, mientras distintas empresas
Álvaro Pérez, Ricardo Costa y Vicente Rambla, en los preparativos del mitin de Rajoy en la plaza de toros en 2007. Jesús Blesa
Opine: ¿Deberían dimitir los implicados? Fotos: Los imputados, ante el TSJ
AGENCIAS/LEVANTE-EMV.COM
La dirección del PP valenciano organizó una financiación ilegal del partido a través de la empresa Orange Market, según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía que hoy publican los diarios "El País" y "El Mundo".
Este informe fue rechazado en su día por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa contra el presidente de esta comunidad, Francisco Camps, por un supuesto delito de "cohecho impropio" en el caso Gürtel.La investigación policial, resumida en 89 folios y cinco anexos, describe con detalle los mecanismos para la financiación ilegal del PP valenciano.
Según la Policía, el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular.
Estos cuatro dirigentes del PP arreglaron los problemas financieros de Orange Market, la empresa valenciana de la trama Gürtel, abonando supuestas deudas con dinero de procedencia desconocida o con facturas por servicios no prestados endosadas a empresas constructoras que han recibido múltiples contratos de la Generalitat.
El informe policial revela la existencia de una facturación doble de Orange Market al PP valenciano, que era conocida por su secretario general, Ricardo Costa, y por toda la cúpula del partido.Así, la contabilidad de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'-, ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra "en negro".
La denominada "caja A" aparece denominada como "Alicante" y la "B" como 'Barcelona'."En consecuencia no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al PP de la Comunidad Valenciana", dice textualmente el informe que publica "El Mundo".
En los pagos "en dinero B" por actos del PP, la Policía ha recabado numerosos indicios de que en ocasiones se sufragaba con "aportaciones diversas de empresarios de la Comunidad Valenciana como Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Tomás Ortiz (Ortiz e Hijos); Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Vicente Cotino, del grupo empresarial Sedesa, y Luis Batalla (Lubasa), enmascarando estas aportaciones mediante la emisión de facturas por parte de Orange Market para justificar el pago realizado".
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