dilluns, 8 de setembre de 2014

Andalucía toma el testigo de la memoria histórica.


http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/08/01/ley_memoria_democratica_mas_avanzada_que_ley_memoria_historica_20217_1012.html


  • El propio Baltasar Garzón ha señalado en varias ocasiones la necesidad de "reforzar la normativa estatal"
  • "La urgencia debería formar parte de esa ley como algo irrenunciable" ha criticado Emilio Silva, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Actualizada 07/09/2014 a las 23:02  
Restos localizados durante una exhumación.  ARMH
Restos localizados durante una exhumación. ARMH
Si todo va según lo previsto, el texto de la futura Ley de Memoria Democrática, que comenzó a tramitar el pasado marzo el Consejo de Gobierno andaluz, entrará en el Parlamento a comienzos de octubre, de modo que pueda estar aprobada a finales de año.

El objetivo, en palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es que Andalucía marque "la dirección” en materia de memoria histórica , al igual que “marcó la dirección en la lucha contra la violencia de género”. Durante la sesión inaugural de los IX Cursos de Verano de la Universidad de Jaén, la propia presidenta subrayó queque la futura norma “será la más avanzada, más incluso que la nacional”.

De hecho, el texto que ha preparado el Gobierno andaluz busca reforzar la Ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada durante la última legislatura socialista con el apoyo de PSOE, IU-ICV, CiU, PNV, BNG, CC, CHA y NaBai (ERC votó en contra y el PP también, salvo en lo referente al capítulo de indemnizaciones ya reconocidas).
En el mismo curso de verano en el que Diaz presumió de proyecto, el exjuez Baltasar Garzón enfatizó la necesidad de actuar. “Resulta absolutamente necesario reforzar la normativa estatal” porque la vigente ley “ni siquiera fue votada por todos los parlamentarios españoles”.

Desde el título preliminar, la futura normativa andaluza introduce los conceptos de memoria democrática y memoria histórica, este último sin mención alguna a lo largo de todo el texto estatal en la que no se incluyó el derecho colectivo de la ciudadanía a conocer la verdad, limitándose a reconocer “un derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano”.

La norma andaluza vincula la recuperación de la memoria histórica a laSegunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia “hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía”. Un marco temporal que amplía el fijado por la ley estatal, que incluye, exclusivamente,  la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Y si la ley estatal reconoce como víctimas “a todos los que directamente padecieron las injusticias en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia”, así como a sus “familias, a quienes perdieron su libertad, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo exilio y a quienes en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos”, la futura Ley de Memoria Democrática incluye como víctimas, también, a las “personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”.

La futura norma andaluza, a diferencia del texto estatal, parte de un extenso concepto de víctima, en el que se incluyen desde los “guerrilleros antifranquistas” a “los niños y niñas recién nacidos sustraídos y los adoptados sin autorización de los progenitores”.

Otro de los términos novedosos que incluye la ley andaluza, y que forma parte de la terminología utilizada por Nacones Unidas, es el de ladesaparición forzada, algo que no menciona la Ley de Memoria Histórica pero que sí es de aplicación en España en virtud de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas.

El proyecto andaluz también presta especial atención a la “represión ejercida exclusivamente sobre las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra, ultrajadas, a veces, únicamente por ser mujeres”. Un enfoque de género brilla por su ausencia en el texto estatal.

Educación y símbolos 

Y si la Ley 52/2007 de memoria histórica pasa por alto el ámbito educativo, una de las novedades y puntos clave del proyecto andaluz se encuentra en la introducción de la memoria democrática en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. Los contenidos deberán, según recoge la norma, basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica. “Con esto evitaremos casos como la polémica suscitada por el libro de Anaya”, aseguran a infoLibre fuentes de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía, haciendo referencia a los ejemplares del libro de Lengua de Primero de Primaria distribuidos por la editorial Anaya en los que se relataba que “Lorca murió cerca de su pueblo durante la guerra de España” y que Antonio Machado “se fue a vivir a Francia con su familia”.

Además, el proyecto de ley prevé la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía, que dependerá del gobierno autonómico, para el “estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la Ley”. No obstante, y a la espera de que se defina su estructura y competencias en el correspondiente decreto de creación, dicho centro deberíagarantizar la participación de las víctimas en su composición y funciones.

Otro de los puntos clave, y también uno de los más polémicos, se sitúa en los símbolos contrarios a la memoria democrática. Si bien la norma estatal establece que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”, el texto andaluz matiza y perfila lo recogido en el estatal. Para ello se establece todo un articulado que facilita la retirada de estos símbolos.

El proyecto andaluz establece un plazo de tiempo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, a los diferentes ayuntamientos para quitarlos, además de sanciones, en caso de no hacerlo, que oscilan entre 2.001 y 10.000 euros. Toda esta simbología estará recogida en un catálogo que elaborará la Dirección General de Memoria Democrática.

El texto, además, rechaza que se utilicen como excusa las “razones artísticas” para mantener todos estos elementos de exaltación, algo que se recogía en la norma estatal bajo la categoría de “razones artístico-religiosas”.

Exhumaciones y lugares protegidos

Las exhumaciones tendrán carácter público, a diferencia de la norma nacional, que “privatiza esta recuperación”, según la Vicepresidencia de la Junta. “En el presupuesto, las exhumaciones y las pruebas de ADN correrán a cargo de la Junta”, sostienen fuentes del Gobierno andaluz.

En caso de que una fosa se encuentre en una propiedad privada y el dueño se niegue a que se realicen dichas exhumaciones, la futura ley establece “expropiaciones temporales de conformidad con la normativa sobre expropiación forzosa”. Según fuentes institucionales, “no hay que alarmarse. Esto también se hace con los yacimientos arqueológicos”.

La Junta de Andalucía ve necesario que todos los espacios ligados a la memoria democrática andaluza “estén eficazmente protegidos”. Por ello, el proyecto de ley prohíbe tajantemente, y bajo infracción muy grave, la edificación sobre lugares donde se tenga constancia de la existencia de restos sin una autorización previa. “Con ello queremos evitar sucesos como el de Palma del Condado, donde se pretendía construir un bloque de edificios sobre fosas”, explican fuentes de la Vicepresidencia de la Junta.

Además, a fin de garantizar la protección de todas estas zonas, la futura ley propone la creación de “lugares de memoria democrática” y “senderos de la memoria”, que serán inscritos en el Catálogo de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía.

Una memoria sin memoria

El entusiasmo de la Junta de Andalucía por su propia propuesta sin embaego, no es compartido por todos. Algunos colectivos lo consideran ineficaz e insuficiente. Uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, critica que no se abra “un proceso participativo en el Parlamento andaluz, inclusivo y que conceda la palabra a todas las víctimas del franquismo”.

Además, recuerda que “una ley sin memoria económica es una declaración de intenciones”, haciendo referencia a la falta de concrección en los fondos que va a utilizar la Junta para que se cumplan todas estas exhumaciones y pruebas. También apuntó que es necesario elaborar una ley para que se “sigan haciendo cosas a pesar del cambio de Gobierno”.

“El objetivo me parece flojo” lamenta Silva, contestando a las declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía. “Echo en falta una mínima mención a la Iglesia católica y su papel en la represión. Es un tema fundamental que deben abordar estas normas, porque fue uno de los grandes poderes del franquismo".

La asociación pide a la Dirección General de Memoria Democrática celeridad en todos los procesos de localización y exhumación de restos. “Pude ver que la Dirección pensaba hacer seis exhumaciones en todo el año. En Andalucía hay más de 600 fosas, y no podemos esperar 100 años", se lamenta. "La urgencia debería formar parte de esa ley como algo irrenunciable”.