dissabte, 25 d’octubre de 2014

El gobierno de España niega que la amnistía de 1977 sea una ley de "punto final"


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COLPISA. MADRID  

  • El Gobierno contesta a las críticas del relator especial de la ONU sobre el trato a las víctimas de la dictadura

21/10/2014 a las 06:00

El Gobierno contesta a la ONU con la misma dureza que su relator especial criticó el pasado verano la supuesta pasividad de las autoridades españolas ante las demandas de los familiares de las víctimas del franquismo y su negativa a investigar los crímenes de la Guerra Civil y la represión durante la dictadura. En un documento de cuatro páginas remitido hace tres semanas a la Asamblea General de Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos, España defiende a capa y espada la amnistía de 1977, que Naciones Unidas pone en tela de juicio, y niega que sea una ley de "punto final" para exonerar a los responsables de la represión franquista, como arguye el organismo internacional.

La carta del Ejecutivo de Mariano Rajoy es la contestación al informe que en agosto publicó el relator especial de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, Pablo de Greiff, sobre su visita a España los pasados enero y febrero. De Greiff, entre otras cosas, denunció que las autoridades judiciales y políticas no hacen nada por buscar la verdad sobre los asesinatos del franquismo; que el Estado no colabora en las exhumaciones de las víctimas; o que tampoco presta ayuda a jueces extranjeros, como en Argentina, donde tratan de esclarecer aquellos hechos. Todo ello, según de Greiff, porque España hace una " interpretación restrictiva de la ley de amnistía" que "no solo niega el acceso a la justicia sino que también impide cualquier tipo de investigación".

El relator especial de la ONU, incluso, llegó a asegurar que los efectos de la ley de amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley.

"APOYOS"

El Gobierno pone ahí toda la carne en el asador. "El apoyo social y consenso político fueron los que ampararon la adopción de la ley de amnistía en 1977, que no es una ley de punto final otorgada por la dictadura para perdonarse a sí misma, sino una ley adoptada por los partidos parlamentarios democráticamente elegidos y plenamente conscientes de la importancia del paso que estaban dando, en todas sus dimensiones", se lee en el documento remitido por España.

Insiste el Gobierno en que la ley de 1977 no fue una imposición de los sectores franquistas, sino un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas mostrando su "voluntad de reconciliación" y con el "convencimiento de que solo a través del olvido, la amnesia y el perdón era posible esa reconciliación".

La carta del Ejecutivo de Rajoy califica de "errónea" la visión de la ONU de que no se investigan los crímenes del franquismo por una "interpretación formalista" de aquella ley. Recuerda que no es cuestión de interpretación, sino de "respeto a los principios de legalidad" y de"irretroactividad de la ley penal" fundamentales en un Estado de Derecho.

"No hay recetas mágicas ni fórmulas infalibles para garantizar el éxito de un proceso de transición. La transición española constituye un caso único de reconciliación nacional sin justicia penal, por decisión deliberada y consensuada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias de evitar la justicia transicional", recuerda el informe, que añade que "el equilibrio entre los distintos intereses, paz y democracia, justicia y reconciliación, se encontró en España a costa de renunciar a la justicia penal".

La carta se muestra muy dura con De Greiff, al que reprocha que solo haya escuchado a una parte de los familiares de las víctimas del franquismo, precisamente al sector que no apoya la amnistía de 1977 y sus virtudes para conseguir una transición pacífica. El alto cargo de la ONU "parece desconocer que una parte también significativa de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, aunque silenciosa y no agrupada ni activa, no comparte la apreciación de las asociaciones con las que el relator parece haber tenido contacto". "Esas víctimas -afirmó el Gobierno- consideran que el mayor triunfo de sus pretensiones frente a las violaciones de derechos humanos cometidos en dichos periodos lo constituye precisamente la consolidación de la democracia".

El Ejecutivo, por último, se queja de las palabras del relator cuando afirmaba que "los jueces españoles se limitan a archivar las demandas que solicitaban noticias sobre el paradero de sus seres queridos". La carta recuerda a Naciones Unidas que el proceso penal español "no tiene funciones de investigación de los hechos, sino de identificación de los responsables y su castigo". El Gobierno asegura que el procedimiento penal "no es la vía" para conseguir las exhumaciones, que deben pasar por los tribunales de lo contencioso-administrativo.

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