Familiares de víctimas se enfrentan en los tribunales a Patrimonio Nacional
Acusan al ente de dilatar la aplicación del fallo que obliga a desenterrar restos
LUNES, 1 DE AGOSTO DEL 2016
Una imagen del Valle de los Caídos, durante la visita de un ciudadano.
Indignación entre los descendientes de las víctimas de la guerra civil que reclaman recuperar los restos de sus familiares enterrados en el Valle de los Caídos. Su petición ha topado con nuevos inconvenientes para recuperar los cuerpos. La primera sentencia firme hasta el momento, que obligaba a Patrimonio Nacional, organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno, a devolver los restos mortales de Manuel Lapeña y de su hermano Antonio, ambos fusilados en 1936, ha quedado en papel mojado. La petición de nuevos informes realizada por Patrimonio hace arreciar las acusaciones de dilacionismo por parte de los afectados a una entidad que ya intentó evitar la exhumación en su momento presentando un informe ante el juez.
Aunque Patrimonio afirma que cumplirá las resoluciones judiciales -exigió para ello sentencia firme-, ha solicitado un informe al Consejo Médico Forense, órgano consultivo del Ministerio de Justicia, y otro al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en Zaragoza, para estudiar el estado de las galerías y columbarios donde están los restos mortales de miembros de los dos bandos de la guerra. «No es abrir y entrar», afirman fuentes de Patrimonio, destacando las dificultades que conlleva «encontrar las vías para llegar a los cuerpos». El organismo mantiene que en cuanto tenga ambos informes, procederá a cumplir la sentencia: abrirá las puertas del mausoleo franquista.
Una opinión diferente tiene Eduardo Ranz, abogado de las víctimas afectadas. «Lo hacen ahora, cuando podían haberlo hecho antes», apunta. «Han tenido nueve años -como mínimo- para pedir esos informes», afirma Ranz, en referencia a los años transcurridos desde la aprobación de la ley de memoria histórica. En este sentido, considera fundadas las sospechas de una prolongación de los trámites por parte del ente. «Solo tienen que abrir la puerta desde dentro», destaca el abogado. Asimismo, afirman tener a un «equipo de forenses internacional» listo para realizar los trabajos de exhumación. Ante tales retrasos, han formalizado una demanda contencioso-administrativa ante el Supremo, al ser un ente perteneciente a Moncloa. «No voy a discutir con Patrimonio -afirma Ranz-. Será Patrimonio quien se encare a la ley».
EL SEGUNDO CON MÁS FOSAS COMUNES / España, que cuenta con el dudoso honor de ser el segundo país con más fosas comunes tras Camboya, tiene mucho trabajo pendiente. Cuando el PP llegó al poder en el 2011 cerró el grifo de los recursos de la ley de memoria histórica impulsada por el PSOE y aprobada en el 2007. A los populares esta ley, que establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, les incomodó desde el inicio. «Eliminaría todos aquellos artículos que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos», había advertido Mariano Rajoy en una entrevista en el 2008. A su llegada a la Moncloa cumplió su promesa, con la crisis económica como aval.
También en el espacio público hay disputas por elementos provenientes de la dictadura, sean calles, monumentos u otros elementos. Son ejemplo de ello la retirada de monumentos en Sa Feixina, en Mallorca o la reciente polémica en Tortosa sobre si suprimir o no el monumento del Ebro -se votó en referéndum y salió mantenerlo-. También en Madrid la retirada de tributos y cambios en el nomenclátor de calles de origen franquista han originado trifulcas políticas. El pasado pesa.
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