divendres, 24 d’agost de 2018

Juicios del franquismo, Valle de los Caídos, Familia Franco, Iglesia y los hombres de Paco.




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El PSOE ha anunciado este miércoles que el Gobierno está dispuesto a declarar la nulidad de los juicios del franquismo. La portavoz de los socialistas, Adriana Lastra, ha asegurado desde Almería que se decretará en breve esa nulidad, la principal exigencia de ERC para apoyar el decreto-ley con el que se modificará la Ley de Memoria Histórica para exhumar los restos de Francisco Franco.
Lastra ha apuntado que además de los juicios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anulará los fallos y las sentencias de los tribunales franquistas: "No solamente la nulidad de los tribunales franquistas, sino de los fallos, de las sentencias". Con esta iniciativa, el Gobierno sumaría los votos de Esquerra Republicana para la aprobación del decreto-ley que se presentará este viernes en el Consejo de Ministros.
ERC anunció que su apoyo al decreto dependería de que el Gobierno se comprometiera a anular las sentencias del franquismo, especialmente la condena a muerte dictada contra el expresident catalán Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940. 
Aunque desde Esquerra consideran "simbólicamente importante" la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, recuerdan que sus reivindicaciones en materia de memoria histórica "van mucho más allá". Para ellos, pasarían por "la reparación a todas las víctimas del franquismo, en España y en Catalunya, que el Estado español nunca hasta ahora ha tenido el coraje de asumir".
"En eso hay plena sintonía", ha aseverado Adriana Lastra sobre la nulidad de estos juicios. Además, la portavoz socialista ha recordado que la principal exigencia del partido catalán es una petición que ya incluyó el PSOE en su proyecto de Ley de Memoria Histórica "que el Partido Popular en el Gobierno vetó".
El Gobierno de Pedro Sánchez confirmó este martes que la fórmula "más adecuada" para hacer efectiva la exhumación de Franco pasaría por presentar este viernes ese decreto-ley para reformar la Ley de Memoria Histórica. En este sentido, Adriana Lastra ha asegurado que espera recabar el apoyo de la "mayoría absoluta" del Congreso de los Diputados "para sacar al dictador del mausoleo, para que deje de ser el mausoleo de un dictador".





El Gobierno ha dado el paso para que "el franquismo sea pasado". El Consejo de Ministras ha aprobado este viernes el real decreto ley que modificará la Ley de Memoria Histórica y que permitirá exhumar los restos de Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos "antes de fin de año", según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta, Carmen Calvo. El Ejecutivo pone en marcha así el proceso legal que permitirá al presidente, Pedro Sánchez, cumplir con el compromiso que adquirió el pasado mes de junio.
Calvo, que ha comparecido ante los medios en solitario, ha asegurado que la modificación permite "cumplir con la ley y con los pronunciamientos del Congreso de los Diputados para proceder a uno de los contenidos preferentes de la Ley de Memoria Histórica, que es exhumar los restos del dictador del lugar donde están las víctimas de la contienda".
"No podemos perder ni un solo instante, no lo va a hacer este Gobierno, en cumplir el informe de los expertos que indicaban que la acción más rápida que había que acometerse para la paz de las víctimas que están allí enterradas era la exhumación de los restos de Franco", ha apuntado Calvo. La vicepresidenta ha explicado que el real decreto justifica las causas de "urgencia" y señala cómo debe ejecutarse la medida. El próximo 31 de agosto, el Consejo de Ministros incoará el proceso. A partir de entonces se abre un plazo de 15 días para que los afectados por el real decreto presenten alegaciones.
15 días será también el plazo que el Gobierno dará a la familia del dictador para que se haga cargo de los restos de Franco. Si no se pronuncian, el Ejecutivo elegirá un "lugar digno y respetuoso" para enterrar de nuevo al dictador. Y después, el Consejo de Ministros resolverá si procede la exhumación y el traslado, con indicación del destino que vaya a darse a los restos mortales. El desentierro no se hará por tanto antes del mes de octubre si la familia se hace responsable de los restos, y más allá de noviembre en caso contrario.  "Antes de final de año habremos culminado todo el procedimiento administrativo. Trataremos de hacerlo lo antes posible", ha apuntado Calvo.
"A partir de ese momento el Valle de los Caídos cumplirá con la función de respeto de las víctimas que ahí están de ambos bandos", ha considerado. "Es urgente hacerlo porque vamos tarde, es urgente escuchar lo que han dicho las Cortes y lo que ha ordenado la ONU", ha insistido. El Gobierno adopta esta decisión "pensando en el futuro de la gente más joven, que aprende de las consecuencias trágicas de la historia de nuestro país y necesita estar en las mejores condiciones éticas y morales".
Calvo ha asegurado que su intención es que el real decreto sea tramitado como proyecto de ley en el Congreso, lo que permitirá el debate en comisión y que los grupos parlamentarios puedan aportar enmiendas al articulado.
El PSOE y sus principales aliados en el Congreso ya votaron a favor de esta exhumación en una proposición no de ley que se presentó en la Cámara Baja. Ahora, el Ejecutivo ha convertido aquella petición al Gobierno que entonces comandaba Mariano Rajoy en una iniciativa legislativa que deberá ser convalidada por la mayoría de los diputados y que se enfrentará al probable recurso que va a presentar el PP ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido algunos problemas para desarrollar su promesa. Primero, aseguró que lo iba a hacer con el consentimiento de la familia o sin él. Pero la Iglesia Católica, que custodia la basílica donde está enterrado el dictador, aseguró que sin el permiso de los descendientes de Franco no iba a dar permiso para entrar en el recinto sagrado.
Sánchez, además, se comprometió a acometer la salida durante julio o agosto. Pero, finalmente, será mínimo en septiembre, tal y como aseguró el jueves 







La Iglesia católica "acatará el mandato legal" para la exhumación de Franco "una vez sea firme y ejecutivo". Esta ha sido la reacción oficial del Arzobispado de Madrid a través de una nota  tras la aprobación este viernes por parte del Consejo de Ministras del decreto que permitirá el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
En línea con la posición que venía manteniendo desde que el presidente del Gobierno anunciara su intención de exhumar a Franco, la diócesis dirigida por el cardenal Carlos Osoro, no pone objeción a la decisión, aunque mantiene la solicitud esgrimida durante las conversaciones con los responsables gubernamentales de que se cuente con la familia del dictador. 
Así lo admite también el comunicado, en el que subraya que la diócesis ha "insistido en que un eventual traslado de los restos mortales de D. Francisco Franco Bahamonde se debería hacer con el mayor consenso posible, particularmente entre el Gobierno y la familia del difunto". Esta misma mañana, el mayor de los nietos varones de Franco, Francisco Franco Martínez Bordiú,  aseguraba que la familia se hará cargo de los restos.
"Como Iglesia no nos compete valorar la conveniencia ni la urgencia de la modificación legal; sí mostrar nuestra efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado", prosigue la nota del Arzobispado de Madrid, que también subraya "la oportunidad de un acuerdo" entre el Gobierno, el resto de partidos y la familia del dictador. Eso sí: "sin perjuicio de lo anterior, la Iglesia acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo".

Apela al "espíritu de concordia"

La nota concluye afirmando que "la Iglesia católica en Madrid quiere preservar su independencia política, fomentando el espíritu de concordia entre todos los españoles y cultivando la oración para el logro de una convivencia en paz, justicia y libertad".
El comunicado de Osoro se produce después de que, en su intervención, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, omitiera cualquier vinculación de la Iglesia en la toma de decisiones sabedora de que la institución no pondrá ninguna pega a la exhumación del dictador, como adelantó este diario.
Tras varias preguntas sobre el particular, Calvo aseguró que "el Gobierno dispone de instrumentos, en el marco de los acuerdos con la Iglesia católica, para proceder en estricta legalidad a la exhumación de los restos". Tal y como se había acordado con el cardenal Osoro, la Iglesia no quiere ser protagonista de una cuestión que, entienden, sólo atañe a Gobierno y familia.
La noticia ha sido bien acogida  entre los mediadores de la negociación Iglesia-Gobierno. Así, desde Cristianos Socialistas quisieron reivindicar su papel en el acuerdo, que "impulsa un diálogo muy necesario". Carlos García de Andoin, uno de los fundadores y una de las piezas clave en la búsqueda del consenso estas últimas semanas, subrayaba en declaraciones a La Sexta "el paso que da la Iglesia católica, que inicialmente se mostró reticente incluso a participar".
Se refería al cambio producido respecto a 2011, cuando Rouco Varela impuso la salida del sacerdote Fernando Sebastián de la Comisión de Expertos para encontrar una salida al Valle y a los restos de Franco, creada por José Luis Rodríguez Zapatero. 
Por su parte, desde la Abadía del Valle de los Caídos se continúa el silencio autoimpuesto el pasado 8 de agosto,  después de que este diario publicara que el prior Santiago Cantera admitía por primera vez ante los monjes que no podría negarse a una orden sancionada por el Jefe de Estado para devolver los restos que le fueron entregados en 1975 por la misma autoridad. Sobre esto, la vicepresidenta Calvo se limitó a reconocer que "me consta, a través de la abadía, de los benedictinos, que hay una posición de la familia. Nada más, es lo único que nos consta".
Desde la Conferencia Episcopal no se ha querido emitir opinión alguna, aduciendo que se trata de una cuestión que compete a la diócesis de Madrid.