https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/08/25/x_medidas_que_congreso_exige_tomar_gobierno_ademas_exhumacion_franco_86092_1012.html
Daniel Ríos- La Cámara baja aprobó en 2017 una proposición no de ley en la que pedía retomar la localización de fosas, elaborar un censo de obras construidas con mano de obra esclava o excluir a la Fundación Franco del reparto de subvenciones
- La propuesta fue presentada por el PSOE y apoyada por Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, PDeCAT y EH Bildu, mientras el PP y ERC se abstuvieron
Daniel Ríos
Publicada el 25/08/2018 a las 06:00Actualizada el 24/08/2018 a las 21:25
Vista general del monumento del Valle de los Caídos.
Efe
El proceso para exhumar al dictador Francisco Franco y sacar sus restos del Valle de los Caídos ya ha comenzado. El Consejo de Ministros adoptó este viernes el decretopara dar soporte legal a la medida, y fue la vicepresidenta Carmen Calvo la encargada de defender una decisión que, aseguró, corrige una situación "inasumible para una democracia madura como la nuestra". Calvo afirmó que la exhumación se producirá "antes de final de año", y defendió lo "urgente" de la decisión, entre otros motivos, para "escuchar lo que han dicho las Cortes", que el año pasado instaron al Ejecutivo a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Pero eso no es lo único que la Cámara baja ha exigido al Gobierno a este respecto: la propuesta que se aprobó el año pasado pedía retomar la localización de fosas, impulsar la retirada de símbolos franquistas, elaborar un censo de obras llevadas a cabo con mano de obra esclava o excluir a la Fundación Nacional Francisco Franco de cualquier reparto de subvenciones, entre otras medidas.
Fue en mayo de 2017 cuando el pleno del Congreso se pronunció por última vezsobre la necesidad de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Lo hizo a través de una proposición no de ley, una iniciativa que no tiene efectos jurídicos pero que sí sirve para marcar posición política. La propuesta fue registrada por el PSOE, que no quiso incluir ninguna de las enmiendas que presentaron el resto de los grupos, y fue apoyada por Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, PDeCAT y EH Bildu. No hubo votos en contra, pero el PP y ERC se abstuvieron, estos últimos porque el PSOE no quiso incluir una enmienda en la que se planteaba la necesidad de reconocer a antifascistas como el expresidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por los franquistas.
Dicha proposición no de ley establecía la necesidad de "dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación –en su caso– en un sitio no preeminente del edificio". Pero no era la única recomendación que se planteaba en el texto, que constaba de un total de 16 puntospara instar al Gobierno a "revitalizar" la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
Con un Gobierno entonces liderado por el PP, que eliminó la dotación presupuestaria asignada a la Ley de Memoria Histórica en sus años en el Ejecutivo, la primera reclamación del Congreso era clara: "Reanudar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica con su correspondiente dotación de las necesarias partidas presupuestarias. Pero, además, la Cámara baja buscaba que el Ejecutivo volviese a expedir "declaraciones de reparación y reconocimiento personalpara todas aquellas personas que padecieron persecución y prisión o violencia por razones políticas o ideológicas".
En esta misma línea, el texto también planteaba la necesidad de que el Gobierno se comprometa a "constatar la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos", y por ende a estudiar "la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana". Para ello, entre otras tareas, tendría que ponerse en marcha "una comisión de la verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas". Y, en concepto de "homenaje" a las víctimas, se propone "establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo".
No es la única medida para restaurar el honor de las víctimas contenida en la proposición no de ley. El Congreso también instó al Gobierno a "elaborar el censo completo de las infraestructuras y obras realizadas con trabajos forzados de represaliados" para, entre otras cosas, colocar "placas o plafones informativos en memoria y homenaje" de estos trabajadores, "reconociendo además en los textos de historia sobre las mismas la existencia y el contenido de los trabajos de investigación que así lo avalan".
Por último, el Congreso también se acordó de los descendientes de españoles obligados a exiliarse tras la Guerra Civil y que, por ende, perdieron la nacionalidad española de sus padres. La Ley de Memoria Histórica dio un plazo de dos años desde su entrada en vigor para que aquellos "cuyo cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen", un derecho también extensible a los nietos de exiliados. Pero la proposición no de ley instó al Gobierno a extender este derecho a "los colectivos que no pudieron beneficiarse de él" con la redacción original de la norma: "descendientes de mujeres españolas, justificado por el hecho de que hasta 1978 las mujeres no transmitían la nacionalidad; los descendientes de varón que tuvo que renunciar a la nacionalidad con anterioridad al nacimiento de sus hijos" o los "hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad" en aplicación de esta ley.
La proposición no de ley hace asimismo referencia a las miles de personas ejecutadas durante la Guerra Civil y la dictadura y enterradas en lugares sin identificar y que sus familias, en ocasiones, desconocen. En mayo del año pasado, el Congreso exigió al Gobierno que asumiera "la realización de las actuaciones necesarias para la localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres", como un "ejercicio inexcusable de dignificación que dé por cerrada la herida de las desapariciones forzadas".
"Dar un entierro digno a los restos de quienes todavía yacen anónimamente en montes y cunetas debe ser un deber de los poderes públicos para con las víctimas y sus descendientes", señalaba el texto aprobado por la Cámara baja. Y, para ello, se exigía al Gobierno que el Estado se implicase activamente estudiando "la posibilidad de crear bancos de ADN con la urgencia y celeridad a la que obliga la avanzada edad de muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura". El órgano que debe coordinar estas actuaciones, según aprobó el Congreso, es la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, un ente que el PP se encargó de cerrar en marzo de 2012, durante los primeros meses de su mayoría absoluta.
La proposición no de ley aprobada por el Congreso hacía referencia a dos tipos de colectivos: las asociaciones memorialistas, como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica o la Federación Estatal de Foros por la Memoria, y las defensoras del régimen franquista, como es la Fundación Nacional Francisco Franco, que se encarga de defender y encumbrar la figura del dictador y que a lo largo de su historia ha llegado a recibir, en algunos años, fondos públicos para desarrollar su actividad.
En el caso de las primeras, la Cámara baja instó al Gobierno a proporcionarles "un mayor apoyo institucional, legal y financiero", para así caminar "hacia una mayor dignificación y reconocimiento de su trabajo". Por el contrario, en lo referente a los colectivos dedicados a ensalzar o defender "la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas", el Congreso era claro: el Ejecutivo debe excluirlos "de todo tipo de subvención o ayuda pública".
La cuestión de los monumentos y símbolos de exaltación de la dictadura todavía presentes en España también se abordó en la proposición no de ley. La primera medida a la que instó al Gobierno el Congreso fue la de "impulsar" la retirada de dichos símbolos, "aplicando de forma plena y no arbitraria la ley". "Museizar" los espacios que se conserven también fue una de las propuestas, mientras que, en el caso concreto del Valle de los Caídos, se exigía al Ejecutivo "resignificar" el complejo "para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura".
En lo relativo al estudio del pasado, la proposición no de ley incluía una segunda medida a llevar a cabo: la de "revisar, en su caso, la normativa en materia de archivos para garantizar el acceso a todos los fondos históricos" y, en el caso de los archivos dependientes de las instituciones públicas, abrir los que incluyan "información sobre la represión franquista" y respaldar las investigaciones sobre memoria histórica que se lleven a cabo a partir de ellos.
Fue en mayo de 2017 cuando el pleno del Congreso se pronunció por última vezsobre la necesidad de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Lo hizo a través de una proposición no de ley, una iniciativa que no tiene efectos jurídicos pero que sí sirve para marcar posición política. La propuesta fue registrada por el PSOE, que no quiso incluir ninguna de las enmiendas que presentaron el resto de los grupos, y fue apoyada por Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, PDeCAT y EH Bildu. No hubo votos en contra, pero el PP y ERC se abstuvieron, estos últimos porque el PSOE no quiso incluir una enmienda en la que se planteaba la necesidad de reconocer a antifascistas como el expresidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por los franquistas.
Dicha proposición no de ley establecía la necesidad de "dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, así como a la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera para su reubicación –en su caso– en un sitio no preeminente del edificio". Pero no era la única recomendación que se planteaba en el texto, que constaba de un total de 16 puntospara instar al Gobierno a "revitalizar" la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
LA RESTAURACIÓN DE LOS REPRESALIADOS Y SUS FAMILIAS
Con un Gobierno entonces liderado por el PP, que eliminó la dotación presupuestaria asignada a la Ley de Memoria Histórica en sus años en el Ejecutivo, la primera reclamación del Congreso era clara: "Reanudar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica con su correspondiente dotación de las necesarias partidas presupuestarias. Pero, además, la Cámara baja buscaba que el Ejecutivo volviese a expedir "declaraciones de reparación y reconocimiento personalpara todas aquellas personas que padecieron persecución y prisión o violencia por razones políticas o ideológicas".
En esta misma línea, el texto también planteaba la necesidad de que el Gobierno se comprometa a "constatar la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos", y por ende a estudiar "la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana". Para ello, entre otras tareas, tendría que ponerse en marcha "una comisión de la verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas". Y, en concepto de "homenaje" a las víctimas, se propone "establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo".
No es la única medida para restaurar el honor de las víctimas contenida en la proposición no de ley. El Congreso también instó al Gobierno a "elaborar el censo completo de las infraestructuras y obras realizadas con trabajos forzados de represaliados" para, entre otras cosas, colocar "placas o plafones informativos en memoria y homenaje" de estos trabajadores, "reconociendo además en los textos de historia sobre las mismas la existencia y el contenido de los trabajos de investigación que así lo avalan".
Por último, el Congreso también se acordó de los descendientes de españoles obligados a exiliarse tras la Guerra Civil y que, por ende, perdieron la nacionalidad española de sus padres. La Ley de Memoria Histórica dio un plazo de dos años desde su entrada en vigor para que aquellos "cuyo cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen", un derecho también extensible a los nietos de exiliados. Pero la proposición no de ley instó al Gobierno a extender este derecho a "los colectivos que no pudieron beneficiarse de él" con la redacción original de la norma: "descendientes de mujeres españolas, justificado por el hecho de que hasta 1978 las mujeres no transmitían la nacionalidad; los descendientes de varón que tuvo que renunciar a la nacionalidad con anterioridad al nacimiento de sus hijos" o los "hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad" en aplicación de esta ley.
LAS EXHUMACIONES DE VÍCTIMAS
La proposición no de ley hace asimismo referencia a las miles de personas ejecutadas durante la Guerra Civil y la dictadura y enterradas en lugares sin identificar y que sus familias, en ocasiones, desconocen. En mayo del año pasado, el Congreso exigió al Gobierno que asumiera "la realización de las actuaciones necesarias para la localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres", como un "ejercicio inexcusable de dignificación que dé por cerrada la herida de las desapariciones forzadas".
"Dar un entierro digno a los restos de quienes todavía yacen anónimamente en montes y cunetas debe ser un deber de los poderes públicos para con las víctimas y sus descendientes", señalaba el texto aprobado por la Cámara baja. Y, para ello, se exigía al Gobierno que el Estado se implicase activamente estudiando "la posibilidad de crear bancos de ADN con la urgencia y celeridad a la que obliga la avanzada edad de muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura". El órgano que debe coordinar estas actuaciones, según aprobó el Congreso, es la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, un ente que el PP se encargó de cerrar en marzo de 2012, durante los primeros meses de su mayoría absoluta.
LAS ASOCIACIONES
La proposición no de ley aprobada por el Congreso hacía referencia a dos tipos de colectivos: las asociaciones memorialistas, como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica o la Federación Estatal de Foros por la Memoria, y las defensoras del régimen franquista, como es la Fundación Nacional Francisco Franco, que se encarga de defender y encumbrar la figura del dictador y que a lo largo de su historia ha llegado a recibir, en algunos años, fondos públicos para desarrollar su actividad.
En el caso de las primeras, la Cámara baja instó al Gobierno a proporcionarles "un mayor apoyo institucional, legal y financiero", para así caminar "hacia una mayor dignificación y reconocimiento de su trabajo". Por el contrario, en lo referente a los colectivos dedicados a ensalzar o defender "la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas", el Congreso era claro: el Ejecutivo debe excluirlos "de todo tipo de subvención o ayuda pública".
LOS SÍMBOLOS Y LOS ARCHIVOS
La cuestión de los monumentos y símbolos de exaltación de la dictadura todavía presentes en España también se abordó en la proposición no de ley. La primera medida a la que instó al Gobierno el Congreso fue la de "impulsar" la retirada de dichos símbolos, "aplicando de forma plena y no arbitraria la ley". "Museizar" los espacios que se conserven también fue una de las propuestas, mientras que, en el caso concreto del Valle de los Caídos, se exigía al Ejecutivo "resignificar" el complejo "para que deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura".
En lo relativo al estudio del pasado, la proposición no de ley incluía una segunda medida a llevar a cabo: la de "revisar, en su caso, la normativa en materia de archivos para garantizar el acceso a todos los fondos históricos" y, en el caso de los archivos dependientes de las instituciones públicas, abrir los que incluyan "información sobre la represión franquista" y respaldar las investigaciones sobre memoria histórica que se lleven a cabo a partir de ellos.
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