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El procedimiento previsto en el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo llevará el desentierro como mínimo a octubre o noviembre
El Gobierno deberá celebrar otros tres Consejos de Ministras y solicitar un informe de sanidad mortuaria antes de exhumar al dictador
La Fundación Francisco Franco y la familia mantienen la amenaza de emprender acciones legales contra el Gobierno
El proceso para exhumar los restos de Franco será más complejo de lo que esperaba el Gobierno. Pedro Sánchez insinuó en junio que el desentierro se produciría antes de las vacaciones de verano. Y las fechas que han ido dando distintos cargos del Ejecutivo han ido variando desde entonces.
El blindaje legal con el que el Gobierno quiere impedir que la familia del dictador pueda paralizar el procedimiento ha obligado al Ejecutivo a rectificar sus planes iniciales y a asumir que la exhumación se retrasará "hasta finales de año".
El procedimiento previsto para ese traslado en el real decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministras llevará el desentierro a octubre o noviembre, siempre dependiendo de cuál sea la respuesta de la familia Franco, si decide asumir el traslado eligiendo el lugar al que se llevarán los restos del dictador o prefiere que sea el Gobierno el que lo determine.
El decreto ley entra en vigor este domingo, después de que el sábado se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A pesar de que el texto debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados antes de 30 días, el Gobierno pondrá en marcha el procedimiento de la exhumación a través de un acuerdo de incoación que se aprobará en el Consejo de Ministras del próximo día 31. Según explicó este viernes la vicepresidenta, Carmen Calvo, dicho acuerdo dará un plazo de 15 días "a los interesados" para que "se puedan personar en el procedimiento y realicen las alegaciones que consideren".
En esas dos semanas los familiares podrán comunicar el destino al que desean que se trasladen los restos de Franco y tendrán que aportar "dentro de ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias". Si no lo hacen "en tiempo y forma" o si hubiera "discrepancias" con la familia, otro Consejo de Ministras, probablemente el del 21 de septiembre, decidirá el lugar para volver a enterrar al dictador, "asegurando una digna sepultura", insistió Calvo. Para ello, el Gobierno explica que "podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación y realizar el resto de actuaciones que procedan".
Permisos e informes
En esa misma reunión el Ejecutivo ordenará la continuación del procedimiento que contempla que sea el Ministerio de Justicia el que remita al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial –término municipal en el que se encuentra el Valle de los Caídos– el correspondiente proyecto para llevar a cabo la exhumación y solicite un informe no vinculante a la Comunidad de Madrid en materia de sanidad mortuoria, "para que sea emitido en el plazo máximo de un mes".
Concluidas estas actuaciones, probablemente ya entrado el mes de octubre, el Gobierno volverá a ofrecer a la familia un plazo de alegaciones de diez días. Una vez transcurridos, un tercer Consejo de Ministras "resolverá sobre si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que vaya a darse" a los restos mortales de Franco.
Fuentes de Moncloa insisten en que el Gobierno sí informará del lugar al que se llevará al dictador antes de que se produzca el traslado, pero no prevé anunciar la fecha exacta. Desde el Ejecutivo se asegura que el principal objetivo del equipo de Sánchez es realizar el desplazamiento "con el mayor decoro posible" y de forma "discreta y digna". Descartan, por tanto, una exhumación televisada: "No podemos convertir esto en un espectáculo".
La incógnita sobre las demandas
Tras el anuncio del Consejo de Ministras, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, mantenía la amenaza de llevar a los tribunales esta decisión a pesar del blindaje legal del Ejecutivo. "Cuando se ejecute el real decreto veremos a ver", apuntaba. La organización envió el jueves al Gobierno un escrito advirtiendo de que se reservaban "el ejercicio de las acciones civiles y penales" y que la medida del Ejecutivo "podría ser constitutiva, entre otros, de un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en lugar de culto". El documento estaba firmado por José Cristóbal Martínez-Bordiú y Franco, vicepresidente de esta organización y nieto del dictador.
Chicharro deposita sus esperanzas en PP, Ciudadanos y la Iglesia. Por un lado, considera que los partidos de Pablo Casado y Albert Rivera tienen que estar "a la altura de las circunstancias y respetar la historia de España". Por otro, se dirige a los obispos: "Tenemos la esperanza de que la Iglesia se oponga a la exhumación en un lugar sagrado e inviolable", asegura.
El Arzobispado de Madrid, sin embargo, lleva semanas mostrando su posicionamiento de no intervención y tras la aprobación del decreto por parte del Consejo de Ministras reiteraba que "acatará el mandato legal" de la exhumación del dictador.
El cardenal Carlos Osoro, pieza clave en las negociaciones entre la Iglesia y el Gobierno, también ha allanado el camino para convencer al prior de la Abadía, Santiago Cantera, que en un principio se mostró beligerante y amenazó al Ejecutivo con una denuncia por profanación de tumbas. Las aguas se calmaron unas semanas después y el prior comenzó a relajar su posición para pasar a reconocer que si la orden provenía del rey Felipe VI, no podría oponerse. Entonces el Gobierno ya había anunciado que la fórmula elegida sería el real decreto ley, que debe firmar el jefe del Estado.
El papel de la Iglesia
Tras la publicación de esta información, la Abadía emitió un comunicado autoimponiéndose silencio y aludiendo al Valle como "lugar sagrado de culto y recogimiento". La amenaza de denuncia por parte del prior se aleja, aunque las cosas podrían cambiar dependiendo del posicionamiento oficial que tome la familia del dictador, a la que, por otro lado, la Iglesia siempre ha tenido en cuenta al solicitar al Gobierno de forma reiterada que cuente con sus familiares durante el proceso.
La familia tampoco confirmaba oficialmente que vayan a tomar medidas legales contra el Gobierno. Francisco Franco Martínez Bordiú, nieto del dictador, apuntaba este viernes que él, a título personal, "nunca hubiese puesto una demanda". En una entrevista en Antena 3 también confirmaba que la familia del dictador se hará cargo de los restos, aunque todavía no ha decidido qué hará con ellos.
No obstante, este nieto del dictador consideraba que esta decisión del Ejecutivo de Sánchez es "oportunista, cobarde y revanchista". Según relataba, el Gobierno trató de ponerse en contacto con la familia a través de un intermediario que habló con su hermana “más mediática", Carmen Martínez Bordiú. "Nos ofrecieron una reunión con el Gobierno pero decidimos que no", añadía. Además, lamentaba que ese contacto se produjo después de que se anunciase que habían hablado con ellos: "Esto ocurrió mucho después, al mes y pico de decir que contaban con el acuerdo de la familia".
La estrategia de Moncloa
Hasta que el desentierro se produzca, la estrategia del Ejecutivo consistirá en defender que su actuación "atiende al sentir mayoritario de la sociedad española, que considera inaplazable poner fin a décadas de una situación impropia de un Estado democrático y de Derecho consolidado". Moncloa se ve respaldada por la proposición no de ley aprobada en 2007 por el Congreso "sin el voto en contra de ningún grupo parlamentario" que instaba al Gobierno a poner en marcha la exhumación de Franco. Y considera que da respuesta "a las reiteradas peticiones de Naciones Unidas" en materia de memoria histórica y regeneración democrática.
Ante la postura de PP y Ciudadanos de no apoyar su propuesta y escudarse en la Transición, el Ejecutivo se pregunta: "¿En qué parte de la Transición se dice que el dictador tenía que estar enterrado con sus víctimas en un monumento del Estado?"
El equipo de Sánchez considera que el texto aprobado este viernes y su tramitación como proyecto de ley en el Congreso conforman la armadura legal adecuada para evitar que además del recurso anunciado por el PP, una hipotética demanda por parte de la familia o la Fundación Francisco Franco puedan trastocar sus planes. "Vamos a concluir el proceso antes de final de año", zanjan.
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