Los franquistas pusieron en marcha una maquinaria represiva policial, judicial y penitenciaria, controlada por el ejército de ocupación, sobre los vencidos en el territorio castellonense. Tras las primeras detenciones, se encerraron a miles de prisioneros, la mayoría soldados, militares con graduación y miembros de los cuerpos de seguridad republicanos en campos de concentración, prisiones, lugares de internamiento. Existieron en la plaza de toros de Castellón, Vinaròs, Castellón, la Vall d’Uixó, Assuévar, Xilxes, Almenara, Moncofa, Xèrica, Sot de Ferrer, Soneja, Pina o El Toro, Borriana, y otras improvisadas en Benicarló, Morella, Segorbe, Llucena, los depósitos municipales se desbordaron.
Las denuncias podían proceder de cualquier persona, no tenían que probar sus acusaciones. La frase de Franco de que nada tiene que temer quien no tenga las manos manchadas de sangre fue una gran falacia y provocó la represión de miles de personas. Los detenidos eran paseados por los pueblos soportando insultos, agresiones, escupitajos. Las víctimas eran sometidas a interrogatorios para pasar de inmediato a prisión, encarcelamientos masivos, represión selectiva, torturas sistemáticas, asesinato indiscriminado. El maltrato físico, psíquico, inhumano, linchamientos, fue una constante en prisiones y centros de detención. En los años 40 la población reclusa en Castellón alcanzó los 2.034, superando los 5.000 en la provincia, algunos informes hablan de hasta 12.000.
Se solicitaban informes de la conducta politico-social de los acusados a la guardia civil, clérigos, jefes falangistas. Estos informes se utilizaban en consejos de guerra y procedimientos sumarísimos, que carecían de las mínimas garantías legales para los procesados. Castellón acogió una mayor proporción de estos juicios sumarísimos, pero también se celebraron en otras localidades con la presencia de público con finalidad ejemplarizante para la población. Se celebraron en Benicarló, Viver, Vilanova d’Alcolea, Ortells, Vinaròs, Morella, Borriol, Almassora, Vilareal, Borriana y Segorbe.
Muchos juicios fueron colectivos. Los acusados aparecían rodeados por guardias civiles, y unidos por una larga cuerda que les ligaba por cuello y manos. En Segorbe el Tribunal se instaló en el Casino, y la noche del 28 de junio de 1939, en la cual se fusiló a 15 personas, el Ayuntamiento honró al comandante militar de la plaza con un baile con orquesta. Las sentencias de muerte, se elevaban al auditor de guerra, el último escalón era Franco, que solía leer las sentencias de muerte a la hora del café, acompañado de su asesor espiritual. Una vez realizado este trámite, por parte de Capitanía General se enviaba la orden de cumplimiento de la sentencia al gobierno militar correspondiente, que nombraba un juez para la notificación y ejecución de la misma.
Cuando la ejecución era a garrote la tensión en la prisión era agobiante pues se realizaba allí mismo, y los mortíferos aparatos estaban a la vista del resto de la población reclusa. Pero el tipo de ejecución más común era el fusilamiento, tenían lugar generalmente al alba, en las tapias de los cementerios, los condenados eran trasladados en una cordada de presos desde la prisión en un camión, atados de pies y manos hasta el lugar de fusilamiento.
Hay testimonios de que los condenados entonaban himnos y cánticos revolucionarios. A la entrada del cementerio les esperaba un piquete de ejecución formado por soldados de leva o guardias civiles. Tras disparar, el oficial los remataba con un tiro de gracia. Los cadáveres eran examinados por el médico forense y un juez militar certificaba el acta oficial. Los cuerpos se trasladaban en un carro al recinto del cementerio civil y en la mayoría de los casos los colocaban en filas sin ataúd y cubiertos por una capa de cal y otra de tierra, unos al lado de otros, en una fosa común.
La política penitenciaria fue una herramienta de exterminio físico. El sistema penitenciario se basaba en la exclusión social masiva de los vencidos, con la intención de depurar la sociedad mediante el castigo, el amontonamiento, el frío, el hambre, las enfermedades, (tuberculosis, avitaminosis), los malos tratos (palizas y torturas) que en muchos casos provocaron la muerte de reclusos, hemorragias por proyectiles, shock traumáticos, existen inscripciones sin causa de la muerte. La saturación no suponía un problema de carácter humanitario para las autoridades franquistas, el problema eran los gastos que suponía mantener toda aquella población y estructura penitenciaria.
Hay calculadas 1.295 víctimas mortales de la represión franquista en la provincia de Castellón, de los cuales 968 fueron ejecutados, 902 en diferentes localidades y 66 fuera de la provincia. Las 327 restantes murieron por otras modalidades represivas, hay 40 casos de ejecuciones extrajudiciales, el llamado terror caliente según se ocupaban zonas, y en fechas muy avanzadas de la década de los 40. Hay 57 castellonenses muertos o asesinados en la lucha contra el maquis y sus colaboradores, y 230 reclusos fallecidos en diferentes prisiones y centros de detención y hospitales. Hubo otros 27 casos de fallecidos entre la población no activa, niños, menores de edad y amas de casa.
El 60% de las víctimas pertenecían al sector primario, agricultura, ganadería, pesca y otras relacionadas, una gran mayoría de labradores y jornaleros; ocupando el sector secundario, artesanal o industrial el 23,35% de las víctimas; el sector terciario o de servicios representa el 16,86%, predominando comerciantes y miembros de la administración (funcionarios, militares y maestros).
Extracto realizado a partir del texto de Juan Luis Porcar Orihuela, La Represión Franquista en Castellón, del documento Tragedia y Represión Franquista en el País Valencià, Memòria Antifranquista del Baix Llobregat
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