En agosto de 1938 el régimen franquista estableció por decreto que el dinero emitido por la República a partir del 18 de julio de 1936 -fecha del golpe de Estado- era ilegal. Pasó a llamarse “dinero rojo”, “dinero del enemigo”, conllevando que no fuera aceptado como dinero de curso legal.
La moneda que había sido hecha antes del golpe de Estado se cambiaba, pero la que fue realizada después ya no. Fue incautada y desapareció, según señala el historiador Castells.
El régimen franquista se encargó de recoger el papel moneda que había sido ilegalizado acudiendo a las poblaciones que más dificultad tenían para desplazarse de manera directa al Banco de España más cercano. Concretamente, los ayuntamientos franquistas se encargaban de recoger el dinero, a fondo perdido y sin ningún tipo de contraprestación ni de cambio. Se les daba un recibo que después jamás se integró de ninguna manera.
En las comarcas de Girona (unas treinta) la decisión directa fue  por orden del gobernador civil Francisco de Correa Véglisson, entre abril y julio de 1939. Se calcula que en Cataluña estaríamos hablando de unos 90 ayuntamientos en total.
“Fue una decisión de guerra” del régimen franquista, que tenía una incidencia directa en la población. Conllevaba, directamente, la pérdida del patrimonio.

Todo apuntado en Sant Julià de Ramis

En el municipio de Girona, Sant Julià de Ramis, hay un listado con el nombre de cada familia, entidad y administración de la población, con la cantidad exacta del dinero que cada uno entregó y con los recibos del dinero que se depositó en el Banco de España. En total: 818.784,50 pesetas. Pertenecían a 134 vecinos del pueblo. Según un peritaje, a día de hoy esta cantidad equivaldría a 11,5 millones de euros. 

Pleno extraordinario 

Precisamente ayer, lunes, fue en el pleno extraordinario que se realizó en el municipio donde se acordó iniciar los trámites legales necesarios para que el dinero sea exigido al Estado. Justo cuando se han cumplido 80 años del final de la Guerra y del comienzo del franquismo.

Rumbo a Estrasburgo

Según señala el abogado que está realizando el proceso judicial, desde el bufete Delso Quintana, el objetivo es llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero hay pasos previos que han de darse, como hacer una reclamación patrimonial al Consejo de Ministros.
Ante la presentación de una demanda similar en el año 2017, la respuesta de los tribunales fue que este asunto había prescrito. Y precisamente tendrá que ser en Estrasburgo donde tengan que arrojar luz sobre esta cuestión.

Inicio de una posible cascada de denuncias

Estos son los primeros pasos que bien podrían suponer una cascada de denuncias por parte de todos los municipios de España donde sucedieron los mismos hechos.