Madrid, 20 mar (EFE).- El Gobierno español anunció este miércoles que amplía un año (hasta octubre de 2025) el plazo para que hijos y nietos de españoles que se exiliaron durante la Guerra Civil y el franquismo puedan solicitar la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática.
Según recordó en el Congreso de los Diputados el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la citada ley da derecho a pedir la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles que la perdieron a raíz del exilio, pero también a los hijos de mujeres españolas que renunciaron a ella al casarse y los hijos mayores de edad de aquellas personas a las que ya se les concedió la nacionalidad con la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Todas estas personas tendrán un año más para tramitar la solicitud, según el ministro, que también avanzó que se aprobará previsiblemente el 23 de abril la creación de tres comisiones de trabajo previstas en la Ley de Memoria Democrática, entre ellas una para estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, en los primeros años de la democracia en España.
Las otras dos son una comisión sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano de España y otra para estudiar el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra civil y la dictadura española.
La guerra civil española, que finalizó en 1939 y duró tres años, provocó alrededor de medio millón de muertos y más de 200.000 exiliados permanentes, muchos de los cuales se establecieron en Latinoamérica.
Muchos de los muertos fueron arrojados a fosas comunes, por lo que España es, después de Camboya, el país del mundo con mayor número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.
El Gobierno recuperó alrededor de 4.500 cuerpos de víctimas del franquismo y la Guerra Civil desde 2020, cuando puso en marcha el plan cuatrienal de exhumaciones, según el ministro.
Con este plan hubo unas 600 actuaciones en toda España y se movilizaron más de 15 millones de euros.
El ministro de Memoria Democrática destacó hoy los trabajos que siguen en marcha en el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) para la exhumación de 160 víctimas cuyos restos fueron reclamados por sus familiares.
En este valle se levanta un mausoleo con una gran cruz donde estuvo enterrado el dictador Francisco Franco hasta que su cadáver fue reubicado en 2019.
Asimismo, está considerado la mayor fosa común de España, con 33.833 restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil.
El ministro se refirió este miércoles a los escollos judiciales con los que se han encontrado para exhumar a las víctimas y dijo que "a cada recurso ante la Justicia que se interponga habrá una respuesta, pues la Ley y la razón nos asisten".
Además, el ministro indicó que próximamente, como prevé la ley, tendrá lugar la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de la que depende el recinto, integrada por monjes benedictinos.
El Gobierno elaborará también un Real Decreto para regular la organización, el funcionamiento y el régimen patrimonial del enclave con la intención de convertirlo en un centro de interpretación, así como otro Real Decreto de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en la guerra civil y la dictadura española.
Durante la comparecencia, el ministro informó también de que el Gobierno entregó 326 declaraciones de reconocimiento y reparación personal a víctimas desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, y ya van más de mil desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
Además, detalló que el banco estatal de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura española previsto en la ley dio sus primeros pasos con la introducción de alrededor de 435.000 registros. EFE
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