Mapa de fosas franquistas en España

El acceso a los archivos sobre el franquismo está más cerca de hacerse realidad tras la reciente aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de Información Clasificada. Este nuevo marco legal, que pretende sustituir la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968 aún en vigor, abre la puerta a desclasificar información que hasta ahora permanecía oculta, especialmente aquella relacionada con la represión, las desapariciones y la ubicación de fosas comunes en todo el territorio español.

Más de cuatro décadas después de la dictadura, las demandas de asociaciones memorialistas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) vuelven a situar el foco en la necesidad de recuperar la memoria de las víctimas a través de la documentación oficial que permita localizar y conocer en profundidad la dimensión de la violencia ejercida durante esa etapa de la historia española.

Desclasificación documental y el mapa de fosas franquistas

La nueva ley fija la desclasificación automática de documentos con más de 45 años, lo que afecta directamente a archivos anteriores a 1980. Según el texto, buena parte de la documentación sobre la dictadura franquista será accesible, a excepción de ciertos casos vinculados a la seguridad nacional o que hayan sido marcados como alto secreto y necesiten una prórroga limitada.

Para asociaciones como la ARMH, el acceso a los estudios estatales sobre enterramientos y fosas comunes es uno de los asuntos más urgentes. Estos informes, elaborados en los años cincuenta por el régimen, detallan la existencia y localización de lugares de inhumación de represaliados antes de que se procediese al traslado de restos al Valle de los Caídos. Se considera este compendio de información como el principal referente para la elaboración de un auténtico mapa de fosas franquistas en España.

La publicación y digitalización de estos archivos permitirá a familiares, investigadores y entidades memorialistas avanzar en el esclarecimiento de cientos de desapariciones y exhumaciones pendientes, abriendo la posibilidad de dar respuesta a miles de casos todavía por resolver.

Emilio Silva, presidente de ARMH, subraya que muchos testigos directos han fallecido y la recuperación documental es, hoy en día, «la mejor herramienta para devolver la dignidad y la memoria a las víctimas».

Información clave: represión, complicidades y el papel de la Iglesia

Además del mapa de fosas, las asociaciones exigen transparencia en otros asuntos sensibles ocultos entre los archivos franquistas. Entre ellos destacan la documentación relativa al papel de la Iglesia Católica en la dictadura, el acceso a los días en que Juan Carlos de Borbón ejerció funciones de jefe del Estado, y los vínculos con Alemania nazi a través de vuelos y acuerdos militares entre 1936 y 1945.

Otro tema central reside en la necesidad de conocer la identidad de los confidentes, empresarios y adeptos al régimen beneficiados por la violencia, así como la trama de apropiaciones de bienes y la riqueza adquirida por la familia Franco mediante el uso de su posición de poder. La ARMH considera clave que toda esta información pueda estar al alcance público sin restricciones ni censura de nombres, para poder reconstruir un relato veraz de la represión y sus consecuencias.

Las asociaciones memorialistas han hecho hincapié en la importancia de recopilar, digitalizar y difundir cuanto antes toda la información relativa a crímenes de lesa humanidad, desapariciones, fusilamientos y otras formas de represión ejercidas durante la dictadura. Sin acceso total a estos documentos, argumentan, no será posible cerrar las heridas de una parte esencial de la memoria colectiva.

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Destrucción de archivos y urgencia en la digitalización

Una de las denuncias más repetidas por quienes impulsan la recuperación de la memoria histórica es la destrucción masiva de documentos ocurrida entre 1976 y 1978 bajo el mandato de Rodolfo Martín Villa en el Ministerio de Gobernación. Según testimonios y comunicados, se quemaron fichas policiales y archivos clave que dificultarían el acceso a la verdad sobre represaliados y la represión sistemática del régimen.

Por eso, la ARMH considera fundamental que se documente y se haga público un informe oficial acerca de esta destrucción de pruebas, así como que se ponga en marcha de forma inmediata la digitalización y preservación de cualquier material existente. Solo así, alegan, podrán garantizarse la investigación, el acceso ciudadano y la difusión de la memoria histórica tras décadas de opacidad legal.

Desafíos y expectativas en la tramitación de la ley

La tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Información Clasificada se presenta como una oportunidad única para facilitar el trabajo de familiares de víctimas, memorialistas e investigadores, y para que la sociedad española pueda comprender en toda su dimensión los crímenes de la dictadura.

No obstante, existen todavía incógnitas respecto a cómo se aplicarán las excepciones previstas para la desclasificación, especialmente en lo relativo a la seguridad nacional y la protección de determinados datos. De igual manera, preocupa a las asociaciones el régimen sancionador contemplado en el texto, que podría penalizar la difusión o filtración de documentos considerados clasificados aunque sean relevantes para la investigación histórica.

La ARMH insiste en que las restricciones deben ser mínimas y centradas únicamente en casos donde haya un riesgo real para la seguridad, y que no se utilicen para perpetuar el oscurantismo sobre la represión ejercida durante la dictadura o para proteger a quienes se beneficiaron de ella.

La sociedad española, tras décadas de democracia, reclama ahora respuestas a preguntas que han permanecido demasiado tiempo en secreto. Acceder al mapa completo de fosas franquistas y al conjunto de archivos ocultos no sólo ayudará en la identificación de víctimas y en la justicia reparadora, sino que reforzará los valores democráticos mediante la transparencia y el reconocimiento de la verdad histórica.