Una institución franquista encarcelaba a mujeres sin otra razón que la de controlar su moral sexual, sobre la que descansaba la de todo el país
Las Adoratrices de Cristo de la Epidemia colaboraron con el Patronato de Protección a la Mujer. Ñito Salas
Si sufrió el Patronato, si estuvo encerrada en alguna de sus dependencias en Málaga y desea contar su testimonio, escríbanos a cvallejo@diariosur.es o al WhatsApp de SUR: 660 48 17 39
Málaga. Cristo de la Epidemia. Un edificio con su terreno oculto tras unos impenetrables muros ocupa una enorme manzana. Este es uno de los escenarios de esta historia silenciada durante años. Y no es el único de la capital malagueña. Quienes colaboraban con la institución franquista que buscaba castigar, controlar y reeducar a las mujeres que tildaban de «descarriadas» no eran sólo las Adoratrices, las inquilinas de esa mole en el corazón de Málaga. También estaban las Trinitarias, las Hermanas de los Ángeles Custodios, las Filipenses de San Pablo, las Hermanas de la Caridad o las Hijas de María Inmaculada, según las investigaciones de Pilar Iglesias Aparicio. Tampoco ocurría únicamente en Málaga. Pasaba en toda España.
La singularidad de la capital de la Costa del Sol es que en los últimos manifiestos leídos con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se recuerda a las supervivientes de estos centros de detención femeninos y se reclama para ellas verdad, justicia, reparación y garantías de que no se repita esta historia de abusos. Y si esto es así es porque la investigadora Pilar Iglesias Aparicio, madrileña afincada en Málaga doctora en Filología Inglesa, catedrática de Lengua Inglesa en Enseñanza Secundaria e involucrada en el movimiento feminista local, dedicó el año de la pandemia a estudiar el Patronato de Protección de la Mujer y, en paralelo, la infraestructura parecida que funcionó en Irlanda y que se conoce como «abuso histórico» o «arquitectura de la contención» para controlar el «riesgo moral» que se atribuía a las mujeres, a algunas de ellas, a aquellas que se salían de la norma, a las más libres y a quienes el sistema usaba para aleccionar a todas, pero también a las que no habían cometido otro crimen que el de ser pobres y pedir, el de haber sido víctimas de una violación o el de haberse quedado embarazadas sin pasar por el altar.
Trabajos forzados
En el conglomerado de control de las mujeres irlandesas destacaban las lavanderías que regentaban órdenes religiosas para las que las detenidas trabajaban forzosamente. En España, los centros también eran sobre todo regentados por monjas y contaban con talleres respecto a los que por el momento hay bastante oscurantismo sobre aquello a lo que se dedicaban y sobre quiénes eran los clientes. Con su investigación, Pilar Iglesias Aparicio ganó el premio Kate O'Brien del Aula María Zambrano de Estudios Trasatlánticos de la Universidad de Málaga y eso fue un acicate para sus compañeras feministas, comprometidas con una causa en la que participan cada vez más investigadoras y supervivientes de todo el país que quieren que las mujeres que pasaron por estas cárceles en España sean consideradas represalidas por la dictadura: «Es escandaloso que no se haya incluido en el artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica que haber pasado por el Patronato sea razón para ser considerada víctima del franquismo», dice Iglesias. Pero no buscan sólo ese reconocimiento, también reclaman algo que necesariamente es una premisa: una investigación con el respaldo institucional, como se hizo en Irlanda, para conocer la dimensión que adquirió la trama que encerraba, explotaba y maltrataba a las mujeres. En Irlanda gracias al proceso que se abrió se sabe que al menos 30.000 pasaron por las lavanderías y otras 56.000 con 57.000 criaturas por las casas de madres y bebés. En España han debido de ser decenas de miles, pero hay mucho aún por investigar para llegar a la cifra exacta.
«Es escandaloso que no se haya incluido en el artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica que haber pasado por el Patronato sea razón para ser considerada víctima del franquismo»
El grupo de especialistas que estudia y reivindica ya ha mantenido varias reuniones con miembros del Gobierno, especialmente con el departamento de Memoria Histórica. Y hace pocas semanas, la Conferencia Española de Religiosos (Confer) convocaba un acto para pedir disculpas a las supervivientes del Patronato en el que estuvo presente la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y en el que las mujeres sacaron pancartas con un sonoro «no» a esa petición de perdón, porque no es eso lo que buscan, sino verdad histórica y reparación. Ahí estuvo también Pilar Iglesias.
Sin delito tipificado ni juicio
«Tanto España como Irlanda comparten que las detenciones se producen sin que haya un delito tipificado, sin que haya un juicio y una sentencia y por motivos que tienen que ver con la moral sexual que en ningún caso conllevarían las mismas consecuencias en caso de que se tratara de un hombre. Así que podemos hablar de violencia institucional o de género», afirma Iglesias. Hay, sin embargo, una diferencia de matiz entre los dos países: en Irlanda, las lavanderías estaban ligadas al Estado porque trabajaban para organismos oficiales, como el Ejército; pero en España el Patronato era una institución que regulaban leyes, que dependía del Ministerio de Justicia, que contaba con dependencias propias y también con centros colaboradores –como en Málaga las Adoratrices– y otros auxiliares.
La España franquista y la Irlanda democrática. No es necesario que haya un régimen dictatorial para que nazcan instituciones de control y reeducación de mujeres a quienes se tilda de «degeneradas» o «descarriadas» porque se han salido de la norma, del estrecho carril que el patriarcado les marca o porque simplemente son víctimas de delitos sexuales de los que siempre se les culpa. Otros países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos o Francia también tuvieron sus propias versiones de esas cárceles femeninas que buscaban proteger la moralidad –una estrecha forma de entenderla– de todo un pueblo haciéndola descansar sobre los hombros de sus mujeres con un combinado formado por aislamiento, sacrificio –en forma de mala alimentación y castigo físico– y trabajo forzado.
Incluso en España el Patronato de Protección de la Mujer no es una criatura exclusiva de la dictadura. Hunde sus raíces más atrás, en las casas de recogidas en los siglos XVI y XVII o en las cárceles de mujeres o galeras de sor Magdalena de San Jerónimo. Y, luego, ya en el siglo XX, en el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, en línea con iniciativas internacionales para acabar con la prostitución como consecuencia de la obsesión con las enfermedades venéreas que se asumía que siempre contagiaban las mujeres; y, después, con el Patronato de la República, bajo una filosofía más moderna e igualitaria, pero sin presupuesto y sin tiempo para desempeñar el trabajo que se había encomendado. Luego le tomó el relevo el franquista, cuya vigencia se extendió hasta más allá de la muerte del dictador, hasta 1985.
El sexo... y la política
De fondo en esta larga historia de represión, una secular construcción de la mujer como ser inferior, pero peligroso si se ve dominado por los procesos fisiológicos, cuya sexualidad puede ser salvaje, así que hay que reprimirla porque sólo ha de servir a los deseos del varón y a la procreación. El nacionalcatolicismo establecía que el único patrimonio de la mujer era la virginidad para la soltera, la fidelidad al esposo para la casada y la castidad para la viuda.
En sociedades obsesionadas con el sexo de las mujeres, motivos para ser encarcelada podían ser que el novio que se hubiera echado la muchacha no gustara en casa, pero también que hubiera sido violada, porque la moral imperante indicaba que era a ella a quien había que «enderezar», no a su abusador, para quien no había castigo. También podía haber consecuencias para una criada que no fuera lo suficientemente sumisa, para una mujer que se hubiera casado con un divorciado durante la República o que se viera con un hombre casado. O, más avanzado el franquismo, cuando la preocupación por la moral sexual no era tan omnipresente y se habían relajado algo las costumbres, el paso por el Patronato podía venir por haberse involucrado en política, en el antifranquismo.
«Los expedientes que he revisado son una fotografía de la injusticia, de la miseria, de la nula preocupación de la dictadura por la educación, porque muchas chicas y muchos padres firman con la huella dactilar... También son indicativos de que Marbella y Torremolinos eran vistos como paraísos a los que fugarse»
Pilar Iglesias Aparicio ha estudiado más de dos centenares de expedientes de mujeres que pasaron por el Patronato de Protección de la Mujer en dependencias malagueñas durante la década de los sesenta del pasado siglo. «Son una fotografía de la injusticia, de la miseria, de la nula preocupación de la dictadura por la educación porque muchas chicas y muchos padres firman con la huella dactilar... También son indicativos de que Marbella y Torremolinos eran vistos como paraísos a los que fugarse...». Aunque esto último a veces terminara muy mal, como una de las historias que recuerda Iglesias: una muchacha llega a Málaga procedente de otra provincia, huyendo de su familia; recala en Cruz Roja; la llevan a la junta provincial –el órgano de gobierno del Patronato en Málaga del que formaban parte el gobernador civil, la policía, la guardia civil, Acción Católica y la Sección Femenina– y ahí la visitadora social –un cargo muy relevante en la estructura– la conduce a las Adoratrices. La muchacha tiene la sospecha de que está embarazada. En Cruz Roja le recomiendan que no diga nada de eso. Pero la visitadora no respeta ese secreto. Y la chica tiene que dormir en el suelo, en la conserjería. Y es que las embarazadas, las madres solteras –esa maligna criatura a ojos de la moral del régimen–, no se podían mezclar con el resto para no contagiarlas. De hecho, el Centro Nuestra Señora de la Almudena, en Peñagrande, Madrid, sería desde 1955 y hasta 1984 un lugar al que llegarían jóvenes de toda España a las que a veces hasta se trataba de arrebatar a sus hijos en procesos ilegales de adopción.
La infraestructura del Patronato contaba con centros de observación y clasificación en los que se sometía a las mujeres a exámenes para comprobar su virginidad y también su situación psicológica. Aunque en la provincia de Málaga no había este tipo de lugares, a veces, explica Pilar Iglesias, en los expedientes de las mujeres aparece escrito a lápiz «oligofrénica».
Denuncias hasta de la familia
Al Patronato se llegaba a partir de una denuncia a la junta provincial. A veces, de la propia familia. También podía ser del hogar donde trabajaba la muchacha porque fuera considerada «rebelde». O de la policía, que pudiera advertir sobre la presencia de chicas que se hubieran venido a la Costa del Sol a trabajar. También podía denunciar un sacerdote. O trabajadoras del patronato, las celadoras, visitadoras o asistentes sociales que recorrían los bailes, las orillas de los ríos, las calles. También hubo casos de mujeres que iban buscando protección y se metían ahí sin saber los malos tratos a los que se exponían. Incluso Iglesias apunta un caso de una mujer que denunció a la amante de su marido. «Si lo que el Patronato buscaba era prevenir la prostitución, son muy pocos casos los que verdaderamente responden a eso; también son muy pocos los que tienen que ver con embarazos de mujeres solteras. La mayoría, alrededor de un 70% diría, responden a ese paraguas del 'peligro moral'».
Había familias que denunciaban a sus propias hijas y luego se arrepentían y alegaban enfermedad de la madre para tener una excusa para sacar a las chicas del encierro
¿Y cómo salían las mujeres de los centros del Patronato? Teóricamente la institución era para chicas de entre 16 y 23 años. Así que muchas veces abandonaban el centro para casarse, aunque fuera con su violador. También podían salir cuando se consideraba que estaban lo suficientemente reeducadas, si bien en ese caso se las seguía sometiendo a una vigilancia tutelada, al igual que al conjunto de la familia: en muchas ocasiones el pasaporte a la libertad era irse a la casa de una hermana que estuviera casada con un hombre de buena reputación. También, según ha constatado Iglesias, a veces de repente la madre de la muchacha se ponía enferma y esa se convertía en la coartada para salir del centro porque la chica tenía que cuidarla, lo que sugiere que había familias que se arrepentían de haber enviado a sus hijas al Patronato para disciplinarlas o, simplemente, porque consideraban que podía comer mejor ahí que en su casa, aunque eso no fuera así: los testimonios hablan de lentejas con gusanos y de mucho hambre.
Las mujeres también aplicaban estrategias de resistencia contra los abusos: emprendían protestas, huelgas de hambre, fugas… e incluso llegaban al suicidio.
En este lugar en el que SUR se cita con Pilar Iglesias Aparicio, en ese enorme edificio con su extenso terreno situado en la calle Cristo de la Epidemia, las niñas que iban al colegio seguramente ni siquiera sabían que al otro lado del tabique de su clase había otras niñas en muy diferente situación que ellas, sujetas a encierro, trabajo y carestía. Con esa reflexión acaba la entrevista.
La última víctima del Patronato de Protección de la Mujer fue malagueña
La última víctima mortal del Patronato de Protección de la Mujer fue una muchacha malagueña: Inmaculada Valderrama. Tenía 15 años. Supuestamente, cayó desde una ventana del tercer piso del reformatorio femenino de San Fernando de Henares. Según la versión oficial y según se publicó en la prensa en ese momento, intentaba escaparse. Ahora ese testimonio se pone en duda. El día de la muerte de la chica se organizó una manifestación en el centro responsabilizando del suceso a las encargadas del reformatorio –que en el pueblo se tenía por convento–, las Cruzadas Evangélicas. Corría el año 1983. Hacía ocho años que había muerto Francisco Franco. La institución de su dictadura seguía en pie.
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