El Ejecutivo señala la sede de la Jefatura Superior de Policía como el "nodo" de la dictadura franquista en Catalunya y busca que los crímenes cometidos en ese lugar no caigan en el olvido.
Madrid--Actualizado a
El Gobierno ha declarado la sede de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, ubicada en la Via Laietana, como lugar de Memoria Democrática por ser un espacio donde se han cometido "crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos" y por ser el "nodo principal de la tupida red de espacios y cuerpos represivos de la dictadura" de Francisco Franco en Catalunya.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado en la mañana de este martes, que detalla que, por resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se publica el acuerdo de incoación del procedimiento de declaración como Lugar de Memoria Democrática del "Edificio situado en Via Laietana, 43, Barcelona".
Según se explica en los fundamentos jurídicos, la comisaría de Via Laietana, que entró en funcionamiento en 1929 bajo la dictadura de Primo de Rivera, pasó a ser en 1941 la sede de la Jefatura Superior de Policía, donde se instaló la Brigada Político-Social, "encargada de perseguir a la disidencia política".
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"Desde que se inauguró (...) fue el epicentro de la represión contra el sindicalismo y el obrerismo barcelonés. Durante la época republicana, continuó siendo un lugar de represión hasta el punto de que era conocido en los círculos obreristas como 'El molino sangriento'. A partir de 1941 y hasta la llegada de la democracia, se convirtió en el centro de la represión política franquista en Barcelona", se lee en el documento.
También recuerda que "por sus insalubres y saturadas celdas" pasaron "centenares de antifranquistas" que sufrieron "todo tipo de torturas en los interrogatorios", además de personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, prostitutas o gitanos "a quienes se encerraba sin haber delinquido". A lo largo de la dictadura se estima que solo en Barcelona "un mínimo de 4.143 personas" fueron detenidas por actividades políticas.
Por todo ello, según se esgrime en los fundamentos jurídicos, "es imprescindible" que este "nodo principal" de la dictadura en Catalunya, "los crímenes cometidos en este lugar", así como "el sacrificio de todos los que fueron detenidos" en el número 43 de la Via Laietana "no caigan en el olvido".
Garantía de su señalización y perdurabilidad
A partir de esta declaración, se deberá garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada de este edificio propiedad del Ministerio del Interior. Además, tras su colocación, quedará prohibida "la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática".
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El Ministerio de Memoria Democrática, dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, promoverá también la "adecuada difusión, señalización e interpretación de lo acaecido" en el edificio, y podrá "impulsar la adecuada promoción de itinerarios, físicos y virtuales, de memoria democrática con el objeto de que puedan ser debidamente conocidos y visitados".
Asimismo, se impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo, así como la señalización de puntos de reconocimiento de las víctimas, "con una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora".
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También se publicará en el portal web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la geolocalización y una ficha con fotografías y audiovisuales, así como la anotación preventiva en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática y la promoción en circuitos internacionales "que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes".
Se solicitarán informes para recabar informaciones sobre la comisaría de la Via Laietana al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como al Memorial Democràtic de Catalunya.
Tras esto, se abrirá un período de información pública de 20 días para que cualquier persona interesada pueda hacer alegaciones. Pasado un plazo de máximo de 12 meses desde la fecha de su incoación, el expediente se resolverá.
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