divendres, 15 de setembre del 2017

El kilómetro cero de la represión franquista


http://www.publico.es/politica/verdugos-franquismo-kilometro-cero-represion-franquista.html



LOS VERDUGOS DEL FRANQUISMO EN GALICIA

Ordes fue el pueblo gallego donde proporcionalmente hubo más paseados tras el golpe del 36. Un castigo por su defensa de los valores republicanos y su resistencia armada a la sublevación militar. Un libro revela el nombre de los represores.



Milicianos fascistas en Cangas. / NOMES E VOCES

Violaron a la mujer y la pasearon junto a su marido. Una vez asesinada, le cortaron los pechos. Uno de los verdugos, brazo ejecutor de la represión franquista, se los llevó a su casa. Cuando entró por la puerta, se los esgrimió a su esposa y le dijo: “Estas sí que son tetas y no las tuyas…”.

Leandro del Río Naveira, en el libro inédito Memorias dun fillo paseado, cita el nombre de aquella “mala persona, bruta y sin escrúpulos” que “tomó parte en el asesinato de mi padre, pues pertenecía al equipo de sanguinarios asesinos de Órdenes”. Manuel del Río Mandayo, primer secretario general del PSOE de Ordes, ayuntamiento y cabecera de comarca entre A Coruña y Santiago que vivía de la agricultura y la ganadería, fue paseado en octubre de 1936.

Su cadáver halló sepultura en el cementerio compostelano de Boisaca, donde cuatro meses después serían enterrados los cuerpos de once paisanos fusilados tras ser condenados a muerte en un consejo de guerra. Además de Mandayo, también serían carne de cuneta otras siete personas, lo que proporcionalmente convertiría a Ordes en el pueblo de Galicia con mayor número de paseados. Una veintena de muertos en una localidad que no llegaba entonces a los dos mil habitantes.

¿Por qué tantas víctimas en una tierra donde no hubo guerra? “La represión en Ordes se debe a la fuerte actividad y al trabajo de los partidos, sindicatos, agraristas y frentepopulistas que lucharon por los valores de la Segunda República”, explica el historiador Manuel Pazos. “A partir del 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la Segunda República, las formaciones de izquierda se organizaron contra el caciquismo y llegó a haber delegaciones de todos los partidos, desde comunistas hasta anarquistas”.

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales de 1936, “el gobierno municipal cambió de bando y comenzaron las depuraciones políticas contra el caciquismo”, añade Pazos, investigador de la represión en la comarca coruñesa y uno de los autores de Os nomes do terror (Sermos Galiza), el primero libro que revela los nombres de los verdugos de la represión franquista en la comunidad gallega.

A esa significada actividad política progresista se unió la resistencia que opusieron los republicanos ordenses al golpe militar fascista. Entre el 19 y el 24 de julio, colocaron explosivos en un puente, cavaron trincheras, armaron a la población y defendieron el pueblo con escopetas. El Comité del Frente Popular creía que las tropas rebeldes llegarían desde Santiago y protegieron la carretera de entrada a la localidad, aunque finalmente los soldados tomaron la ciudad desde A Coruña, plaza que había tardado más en sumarse a la sublevación militar, lo que despistó a los defensores.

“A más organización y resistencia, más represión. Y ésta fue brutal, durísima y proporcional a la oposición que habían mostrado”, afirma Pazos, cuyo capítulo se titula Atila en Ordes e incluye una lista de victimarios. “Si no se organizara tal resistencia en los días posteriores al golpe, quizás no hubiera habido tanta represión. Además, en otras villas la Guardia Civil la controló de alguna manera, pero aquí se encerró en el cuartel y se cruzó de brazos, mientras los falangistas y matones campaban a sus anchas. Hubo muchos civiles implicados porque tuvieron las manos libres para hacer lo que quisieron”.

Armados con dinamita, por aquí pasaron los mineros de Lousame, quienes habían partido de Noia para recorrer después Santiago, Ordes y A Coruña con el objetivo de frenar a los militares golpistas. A ellos se sumaron milicianos del pueblo y frentepopulistas de Compostela, quienes también se desplazaron en camiones hasta la capital provincial, aunque tuvieron que recular cuando vieron que estaba tomada. “Muchos ordenses regresaron a sus casas y otros se escondieron por temor a represalias. El régimen fascista tenía objetivos a los que liquidar para que escarmentasen, porque en Ordes hubo una revolución”.

Amparados por la Guardia Civil, falangistas y matones comenzaron entonces la persecución de izquierdistas y demócratas, sucediéndose las torturas y los asesinatos. Veinte republicanos fueron detenidos y once fusilados tras un juicio militar. “En ningún otro pueblo gallego sucedió nada igual”, se sorprende Pazos.

En realidad, hubo doce condenados, pero el médico Francisco Comesaña se salvó porque había nacido en Cienfuegos y poseía la nacionalidad cubana. Presidente de las Juventudes Socialistas Unificadas, tras penar en diversas cárceles, en 1943 obtuvo la libertad condicional y una década más tarde se exilió en Cuba. Su historia de amor con Choncha Concheiro inspiró a Manuel Rivas para escribir la novela El lápiz del carpintero, llevada al cine por Antón Reixa.

Si hubo víctimas, tuvo que haber verdugos


El autor de Atila en Ordes clasifica a los verdugos en función de su profesión e ideología. Había militares, curas, falangistas, políticos y matones, definidos por Pazos en el texto como “persoas violentas y paramilitares (fascistas de ocasión) que aprovecharon la impunidad para cometer atrocidades que censuraban los vecinos”.

Había un teniente coronel ferrolano que ejercía de alcalde y “permaneció pasivo ante los actos violentos”, según los ancianos del pueblo.

Había un jefe de Falange que se hacía llamar el Veintiocho porque presumía de haber matado a ese número de personas.

Había un guardia civil “que se dedicó a hacer paseos junto a los falangistas”, según testigos. “Un criminal, un terrorista, una bestia”. También el redactor del informe sobre la resistencia en la comarca que motivó que once vecinos fueran condenados a la pena capital.

Había un cura apodado el Cerdo Cebado que, no contento con esas muertes, sermoneaba en la misa de doce que había que “exterminar” a “los retoños hijos de rojos menores de dos años”. Lo escribe Naveira en sus memorias, donde señala que “entre esos menores nos encontrábamos mi hermano y yo”. Un cura “muy bruto”, “gritón” y “mala persona”, según los testigos citados por Pazos, quien matiza que “no paseó a nadie, pero cogió la escopeta desde el púlpito”. O sea, creó “un ambiente hostil” contra los miembros del Frente Popular sometidos a juicio militar: “Fue el responsable total de estas muertes”, acusa Naveira, quien lo califica como un sacerdote “sin conciencia, ni escrúpulos, ni sentimientos humanos”.

Había falangistas y matones que, además de los paseos, les rapaban el pelo a las mujeres que simpatizaban con la República y las obligaban a desfilar por el centro del pueblo a mediodía, para humillarlas ante la mayor gente posible. Lo cuenta el abogado y escritor ordense Manuel Astray Rivas en el libro Síndrome del 36: la IV Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia (Ediciós do Castro): “De trecho en trecho, los esbirros armados con fusiles cargados les hacían detenerse, a culatazos, para que gritaran ¡Viva Franco! y ¡Arriba España!".
Miembros de la Guardia Cívica de Pontevedra. / ARCHIVO DE XOSÉ ÁLVAREZ

"La represión fue planificada, no hubo improvisación"


El historiador Xosé Ramón Ermida es uno de los coordinadores de Os nomes do terror, un libro que saca a la luz los nombres de los verdugos de la represión franquista en Galicia. Las fuentes que han proporcionado las identidades son los testimonios directos de víctimas, testigos y represores, así como los documentos de los consejos de guerra franquistas. Hermida también es el autor del capítulo Para nós matar é unha honra, donde narra los desmanes de las escuadras negras de Falange en el interior de la provincia de Lugo.

Este estudio de los represores en Galicia rompe con un tabú: hablar de las víctimas, pero no revelar las identidades de los verdugos.
Es el primer trabajo de conjunto sobre la realidad de los represores en Galicia desde una perspectiva territorial y sectorial. La vocación del libro es abrir un debate para que, a partir de este estudio, salgan más trabajos similares.

¿Se han ahorrado nombres o hipótesis por temor a una denuncia?
Es una cuestión delicada. No por el conflicto que pueda generar, sino por atribuirle a personas hechos de especial gravedad, por lo que los autores han actuado de manera rigurosa. Todos los nombres están perfectamente documentados y, en el caso de dudas o versiones no suficientemente acreditadas, se ha ahorrado el nombre del verdugo.

¿Siguen los represores formando parte de las élites actuales?
Por supuesto. Los herederos y descendientes de las personas que jugaron un papel importante en la represión judicial, militar y política siguieron ocupando posiciones muy importantes tras el 79. Y lo mismo sucede en el plano económico: basta recordar las fortunas de guerra.

Ustedes descubren y prueban quiénes fueron los autores e instigadores de los asesinatos, una labor que debería haber correspondido a las autoridades, ¿no?
El problema no es que los poderes públicos no se interesasen por esto, sino que hicieron todo lo posible para que no se conociese. El historiador Dionisio Pereira, uno de los cuatro coordinadores del libro, fue procesado en 2007 tras una denuncia de los familiares del exalcalde franquista y jefe de Falange de Cercedo, Manuel Gutiérrez. Nada nuevo, porque treinta años antes, en 1978, la revista Interviú fue secuestrada por publicar un reportaje de investigación en el que se vinculaba a la familia Rosón con la represión en Galicia.

El artículo [titulado Los Rosón, el azote de Galicia] apuntaba a Antonio, presidente del Xunta preautonómica y hermano del ministro del Interior Juan José Rosón. La denuncia a Pereira [que sería absuelto] y el secuestro de Interviú son dos ejemplos de que el poder siempre ha evitado que se mostrase la otra cara de la represión: los verdugos.

Pero ha habido más causas para que campase el silencio más allá de la coerción desde el poder. Usted mismo ha comentado que el PCE ayudó a perpetuarlo tras sumarse a la política de reconciliación.
Sí, el poder intentó minar las investigaciones para meter miedo, caso de Dionisio e Interviú, pero hay más cuestiones clave que impidieron que un libro como éste no se publicase antes. Por una parte, la Transición se sustentó sobre un pacto entre los herederos políticos de los vencedores y una parte de los herederos de las víctimas. Por otra, la estrategia de reconciliación nacional retiró de la agenda política el debate de la memoria y, por extensión, de los verdugos. Eso también provocó que los intelectuales e investigadores académicos también lo hiciesen.

Ese silencio es curioso, porque en los años posteriores a la guerra civil la prensa en el exilio, desde A Nosa Terra hasta Mundo Obrero, sí publicaba nombres de represores. Y cuando vuelven a retomarse los estudios, ya en los años ochenta, sus autores son ajenos al mundo universitario.

Entre los represores había representantes de todas las facciones políticas, pero también individuos violentos sin carga ideológica que se sumaron a las milicias por diversas causas, ¿no?
Las milicias paramilitares que colaboran en la represión estaban conformadas por personas de partidos derechistas. Por ejemplo, los miembros de la Guardia Cívica de Pontevedra procedían ideológicamente de Renovación Española, Partido Agrario Español, Acción Popular y Partido Radical.

La Guardia Cívica de Pontevedra fue creada y dirigida por la Guardia Civil para que la apoyase en la represión y, entre otras actividades, para que persiguiese a los huidos, como cuenta Xosé Álvarez Castro en el capítulo Morte, tortura e corrupción. Un grupo reducido también daba palizas, paseaba a republicanos y amenazaba a familiares con gasolina.
Sus miembros procedían de varios partidos derechistas y, como puede apreciarse en la foto, en ella está retratada la burguesía de Pontevedra. Aunque, lejos del alcance del objetivo de la cámara, claro que había brazos ejecutores. Hay que recordar que, al igual que los cívicos, los Caballeros de Santiago y los de Coruña dejaron un recuerdo sangriento.

Pero volviendo a la pregunta anterior, el relato de los descontrolados tiene escaso margen de realidad. La represión fue un proceso perfectamente planificado por los militares donde no hubo improvisación. Eso se aprecia en las sacas de las cárceles, pues es necesaria una autoridad para firmar las salidas.

El libro también aborda la represión en la comarca del Morrazo, donde la Guardia Civil era la principal organizadora de las detenciones y mantenía una buena relación con las milicias y los falangistas, como señala en su investigación Dionisio Pereira.
En la represión hubo la connivencia de Falange, Guardia Civil, la patronal conservera y el clero. Basta recordar que el cura de Cangas facilitó la lista entera de los obreros que habían construido la casa del pueblo. Además, los falangistas de Cangas fueron terroríficos, como bien saben los republicanos de Sanxenxo, O Grove, Portonovo o Arcade. Fondeaban a las víctimas en las rías, por lo que los vuelos de la muerte durante la Operación Cóndor en Argentina no supusieron ninguna novedad: ya se había experimentado aquí.

Epílogo del horror


Había en Ordes un verdugo que se dedicaba a cobrar impuestos por las ferias. Una “mala persona, bruta y sin escrúpulos” que le cortó los pechos a una republicana después de matarla. El brazo ejecutor de un régimen que vestía la ropa de sus víctimas. Cuando dos hermanos huérfanos vieron que llevaba la zamarra y el calzado de su padre, decidieron tomarse la justicia por su mano. Un sábado cualquiera, lo siguieron hasta la feria de Mesón do Vento y allí evitaron que siguiese violando y asesinando con total impunidad. Su nombre, al igual que todos los que se han omitido en este texto, figura en Os nomes do terror.

_________________

'Os nomes do terror' será presentado hoy, a las 20 horas, en la Biblioteca Vidal Pazos de Marín (Pontevedra) por los autores Garrido Couceiro, Velasco Souto y Álvarez Castro.

dijous, 14 de setembre del 2017

España tiene 90 días para implementar políticas en favor de las personas desaparecidas forzosamente durante la Guerra Civil y el franquismo


https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-tiene-90-dias-para-implementar-politicas-en-favor-de-las-personas-desaparecidas-forzosamen/


By Adrián Estévez (Estevoaei) via Wikimedia Commons
Nuevo Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias, que se muestra consternado por la falta de investigación judicial y por el patrón de impunidad que rodea los delitos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra civil y el franquismo
El pasado 7 de septiembre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas emitió un informe en el que daba un plazo a España de 90 días para presentar un cronograma con las medidas que debe implementar para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la guerra civil y el franquismo.

Las preocupaciones de este Grupo de Trabajo coinciden con las insistentes reclamaciones de Amnistía Internacional que lleva más de una década exigiendo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos entonces y ya denunciados ante la Justicia española, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.

“En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar a otros estados los crímenes cometidos en este período. El último de ellos se recoge en este informe. Las preguntas siempre son las mismas. ¿Hasta cuándo va a continuar el sufrimiento de las familias? ¿Hasta cuándo va a incumplir España sus compromisos internacionales? ¿Hasta cuándo va a desoír las reclamaciones de organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y de las miles de víctimas y familiares que aún quedan vivos?”, se pregunta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

En 2010, algunas víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina, iniciando una investigación que se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hasta ahora, España ha rehusado colaborar con la justicia argentina. En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini de Cubría interrogue a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos.

“De esta manera, el Estado español ni investiga ni deja que otros lo hagan mostrando así su desdén con las miles de víctimas de desapariciones forzadas en nuestro país”, asegura Beltrán.

En febrero de 2017, la Procuraduría General de la República de México inició una investigación impulsada por Amnistía Internacional por el caso de Ligia Ceballos Franco, que unos años antes había descubierto que había sido entregada a su familia mexicana tras haber sido separada de su familia biológica en España. Sobre este caso, que Amnistía Internacional enmarca como una desaparición forzada, se refirió el Grupo de Trabajo expresando que la apertura de dicha investigación en México representa otra oportunidad para que España preste colaboración y fortalezca el auxilio judicial.

Asimismo, el Grupo de Trabajo insistió en que las labores de localización e identificación de personas no puede depender exclusivamente de los familiares, sino que debe ser asumida como una obligación del Estado abarcando la totalidad del territorio nacional. A este respecto, en mayo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno que cumpliera con las recomendaciones de los organismos internacionales, entre otras cuestiones, asumiendo las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada. “Esta iniciativa suponía una buena noticia, pero necesita mayor continuidad tanto en el poder Ejecutivo como Judicial”, concluye Beltrán.

Información complementaria

El pasado 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional lanzó la campaña: Nada es igual si alguien desaparece. Una acción digital que recuerda a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo y a sus familias y pide al Gobierno que realice las investigaciones necesarias para aclarar el paradero de estas personas.

Con esta acción y a través de series de televisión se pregunta a la opinión pública, ¿qué pasaría en tu serie favorita si uno de los personajes claves no hubiera formado parte de ella? El objetivo es sumar firmas a través de www.es.amnesty.org/justicia/ a las casi 200.000 ya dirigidas al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, para recordarle cómo los casos de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo siguen estando vigentes en la actualidad. La ausencia de una persona desaparecida dentro de una familia afecta enormemente a todos sus miembros hasta que no hay una respuesta clara sobre cuál ha sido la suerte que ha corrido.

La ONU critica a España por mantener "un patrón de impunidad" sobre las desapariciones del franquismo

http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-impunidad-desapariciones-franquismo-Espana_0_685582224.html


La ONU vuelve a tirar de las orejas al Gobierno español por seguir ignorando las recomendaciones que le hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias cuando visitó España en 2013. En un informe, fechado en 7 de septiembre, los expertos se muestran "preocupados" al "constatar que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas", lo que mantiene a los descendientes de las víctimas "librados a su propia suerte". 
"Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad [...] contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España", dice el informe, que critica la falta de acción de los tribunales españoles en este sentido. Asegura la ONU en el documento de seguimiento remitido al Gobierno que no solo el Estado está faltando en su obligación de investigar las desapariciones forzadas sino que, además, se dan " constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina". 
La jueza María Servini de Cubría dictó en 2014 una orden internacional de detención preventiva y extradición contra el exministro franquista Rodolfo Martín Villa –y otros 19 imputados por crímenes durante la dictadura– que hoy, tres años después, no se ha hecho efectiva. A este bloqueo judicial, dice el informe, ha contribuido el Estado español con decisiones como la que tomada por la Audiencia Nacional cuando denegó un   exhorto diplomático  librado el 23 de junio de 2016 para   interrogar a varios encausados  –entre ellos Martín Villa– sobre un "pliego de preguntas". De hecho, el exministro franquista ha logrado finalmente su propósito de ir a declarar a Buenos Aires sin riesgo de ser detenido. 
El grupo de trabajo, que lleva comunicándose con España desde 2002, enfoca las críticas más duras al Ejecutivo de Mariano Rajoy por no "actuar con la debida urgencia y celeridad" ni "asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema como se había recomendado en el informe de visita". Se refiere concretamente, y no es la primera vez, a la financiación de exhumaciones y procesos de identificación de los restos para que "estos no dependan exclusivamente de algunas comunidades autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas".
Desde que Rajoy llegó al Gobierno en 2011, los presupuestos generales del Estado no han destinado ni un euro a cuestiones relacionadas con Memoria Histórica, pese a que hay unas obligaciones recogidas en la ley de 2007, cuya existencia recuerda el informe de la ONU. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno socialista precedente sin suerte de continuación está el  mapa de las fosas comunes,  que lleva desde 2011 sin actualizarse. Este registro contabilizaba 2.000 sin abrir, aunque estos datos son les parecen optimistas a las asociaciones de víctimas. La lista que recibió Baltasar Garzón para estudiar si era competente o no para investigar los crímenes franquistas alcanzaba los 130.000 desaparecidos.
El informe hace mención expresa al Valle de los Caídos y "lamenta" que el Estado haya hecho caso omiso a las "recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011". El Congreso de los Diputados instó en mayo al Gobierno a exhumar de allí los restos de Francisco Franco con la oposición del PP y ERC. El Ejecutivo no ha movido ficha desde entonces, y tampoco tiene obligación de hacerlo porque se trata de una iniciativa no vinculante que precisa, además, de dotación presupuestaria. 
También se refiere el grupo de expertos a la reforma del Código Penal. "La tipificación de la desaparición forzada incluida por la reforma no es plenamente compatible con la Convención para la protección de todas las personas forzadas". Se refiere a la imprescriptibilidad de este delito, no incorporada a la reforma, y convertida en uno de los argumentos en los que se ampara la justicia para rechazar denuncias de particulares. E l Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Soria  se negó por este motivo a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936. 

90 días para presentar un cronograma

El documento de recomendaciones que emitió el mismo grupo de trabajo en 2013 tras la visita del grupo de trabajo a España urgía a "eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno" que impiden investigar y juzgar estos crímenes o "asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura", poniendo especial énfasis en la "urgencia y celeridad" debido a "la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos".
Cuatro años después, la situación es la misma. Y ante este incumplimiento, el informe da un plazo de 90 días al Estado para que "presente un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas".
DOCUMENT
PAGES
TEXT
Zoom