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Que valencià i català són dues maneres de denominar la mateixa llengua, la catalana, ho sap tothom amb un mínim de cultura.
Que el PP i la dreta valenciana en general utilitza aquest tema amb la desvergonya amb què sol actuar i parlar, també.
Segur que ara tindrà el señor de los trajes una via de distracció per a enviar a l'amodorrat poble valencià.
Però, de moment, la UE ha decidit no fer el rídicul intel.lectual.
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La equiparación de valenciano y catalán se extiende en la UE
J. F. / AGENCIAS - Valencia - 28/04/2009
El reconocimiento de la unidad de la lengua no es incompatible con la promoción de su denominación también como valenciano. De hecho, la equiparación de valenciano y catalán se sigue extendiendo por las instituciones de la Unión Europea. El Gobierno logró ayer extender el derecho de los ciudadanos a dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y a ser respondidos, en cualquiera de las tres lenguas oficiales reconocidas en España además del castellano. El acuerdo se refiere al derecho de los ciudadanos españoles a utilizar el castellano, el gallego, el euskera y "la lengua denominada legalmente valenciano o catalán".
El acuerdo está vigente con otros organismos europeos
Camps utilizó la potestad de usar el valenciano en el Comité de Regiones
El Gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha suscrito convenios con el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para que los ciudadanos puedan dirigirse a estas instituciones en cualquiera de las lenguas cooficiales españolas. Para salvar las reticencias del Consell que preside Francisco Camps y posibles pleitos sobre la denominación de la lengua, el Gobierno ha recurrido sistemáticamente a la doble denominación de valenciano o catalán.
El primer acuerdo firmado por el Gobierno para permitir a los ciudadanos españoles que puedan utilizar las lenguas cooficiales fue el 7 de noviembre de 2005 con el Consejo de la UE. A ese convenio siguieron otros ese mismo año con la Comisión Europea y con el Comité de las Regiones, en cuyo pleno el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pudo utilizar el valenciano en su intervención.
En 2006 el acuerdo para que los ciudadanos se puedan dirigir en castellano, euskera, gallego y "la lengua denominada legalmente catalán o valenciano" se amplió al Comité Económico y Social Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo. El 3 de julio de ese mismo año, el Parlamento Europeo adoptó un acuerdo para permitir el uso en sus comunicaciones de las lenguas cooficiales españolas.
Y desde ayer, los valencianos ya pueden dirigirse en su lengua propia a las instituciones de justicia de la Unión Europea. El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y el secretario del Tribunal de Justicia europeo, Roger Grass, firmaron ayer en Luxemburgo el acuerdo que permitirá a los ciudadanos españoles expresar sus quejas en cualquiera de las cuatro lenguas oficiales en España y recibir respuesta en la misma lengua.
España se convirtió ayer en el primer país de la UE que firma esta clase de acuerdo con el Tribunal de Justicia Europeo, que permitirá a los ciudadanos españoles expresar sus quejas en euskera, gallego y "la lengua denominada legalmente valenciano o catalán".
"Es una demostración de la voluntad y del compromiso del Gobierno español con las comunidades autónomas que tienen una lengua propia, con el fin de darles voz en las instituciones de la UE", argumentó López Garrido.
El acuerdo excluye los escritos de carácter jurisdiccional, los que se refieran a la aplicación de una norma legal y los que tengan por objeto, directa o indirectamente, la obtención de una ventaja (por ejemplo, una subvención), un beneficio (como la atribución de un contrato público) o una función (por ejemplo, la candidatura a un puesto de trabajo).
En los otros casos, las personas que deseen dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en valenciano/catalán, vasco o gallego deberán remitir su escrito a la Oficina para las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial español. Allí se pasará al castellano para permitir que el Tribunal redacte su respuesta en dicho idioma y, a continuación, traducirá la contestación de la corte de Justicia a la lengua cooficial en que se redactó el escrito inicial. Los eventuales costes serán asumidos por el Gobierno español.
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