dimarts, 28 d’abril del 2009

PP Vice. 28/04/2009. Un imputado del 'caso Correa' organizó desde un ayuntamiento la boda de Agag:

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Tras su imputación en la Gürtel los obispos borraron su rastro, pero no del todo
El Plural les muestra el folleto de la Pontificia con el profesor Bigotes
ELPLURAL.COM

Álvaro Pérez, el hombre fuerte de la trama Correa en la Comunidad Valenciana y uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón, consiguió colarse como profesor en Máster de Imagen y Asesoramiento Político que imparte la Universidad Pontificia de Salamanca. El Plural así se lo contó el pasado 30 de marzo, incluido el empeño de los obispos en eliminar todo rastro de él, especialmente en su página web de donde desapareció de inmediato. Hoy les mostramos una nueva evidencia de su paso por la universidad de los obispos: el folleto del curso.

“Álvaro Pérez Alonso, asesor de Relaciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar. Presidente del grupo The Orange Market”. Así presentaban al profesor Bigotes en la web de la Pontificia. Nada más saberse su imputación en la trama de corrupción presuntamente vinculada por el PP, su fotografía desapareció de inmediato. Lo que no consiguieron los obispos es eliminar de la circulación los folletos sobre el curso que se habían editado. Este periódico ha podido acceder a uno de ellos:

¡Asesor del Gobierno de Aznar!
Su principal mérito para formar parte del staff del curso es, como se indica también en la presentación que figura en el folleto, es su papel como "asesor de Relaciones Públicas de José María Aznar" y presidente del Grupo The Orange Market. Eran otros tiempos. Ahora tanto el PP como los que formaron parte del Gobierno de Aznar reniegan de él y su brillante empresa está siendo investigada como tapadera de la trama corrupta.
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Un imputado del 'caso Correa' organizó desde un ayuntamiento la boda de Agag

Una carta del diputado Bosch prueba cómo se movilizaron las instituciones

FERNANDO GAREA - Madrid - 28/04/2009

"Paso a detallarte una relación de personas implicadas, así como la gestión que he efectuado con ellas, en relación con los preparativos de la ceremonia de Ana y Alejandro". Ana es la hija de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno; Alejandro es Alejandro Agag; la ceremonia es la espectacular boda de ambos en El Escorial; el párrafo se escribió en 2002 en una carta cuyo receptor era Antonio Cámara, entonces secretario personal del presidente del Gobierno; y el autor es Alfonso Bosch, que declara hoy como imputado ante el juez por el caso Correa.

Alejandro Agag Longo

Ana Aznar Botella

El Ayuntamiento de Madrid cedió medios para la ceremonia en El Escorial

La carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, tiene membrete del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), del que Bosch era entonces segundo teniente de alcalde, y prueba que mantenía relaciones estrechas con la familia Aznar. A su condición de miembro destacado del equipo que organizaba los actos electorales de Aznar se une el hecho de que, según esta carta, fue también responsable de la boda de la hija del que era presidente del Gobierno.

Se deduce de la misiva que la ceremonia se organizó desde la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y el Ayuntamiento de El Escorial, con medios de este Consistorio, del de Madrid y de la Comunidad. Todas las instituciones se movilizaron para que la boda saliera bien. Bosch, ahora diputado de la Asamblea de Madrid, está acusado de recibir 250.562 euros por adjudicaciones en Boadilla, donde fue responsable de la empresa municipal del suelo, tras su paso por el Ayuntamiento de El Escorial.

En la organización participó Álvaro Pérez, que trabajaba entonces en Madrid para el PP con Francisco Correa -cabecilla de la presunta trama-, y que está imputado por su actividad en la red corrupta y, especialmente, por sus negocios en Valencia.

El receptor de la carta, Antonio Cámara Eguinoa, pasó de secretario personal del presidente del Gobierno a empleado de Correa en una de sus empresas en 2004, tras la derrota electoral del PP. El fichaje de Cámara se hizo en las mismas fechas en las que, según la versión oficial de Mariano Rajoy, el PP dejó de contratar a las empresas de Correa por utilizar fraudulentamente las siglas del partido para hacer negocios.

En la carta, Bosch notifica a La Moncloa las empresas de autobuses que se encargarán del traslado de los invitados y los nombres de responsables de otros detalles, como el aparcamiento o las obras paradas para la ocasión: "Confirmada la retirada de vallas de obra y de casetas en la fachada principal de la lonja del Monasterio, así como las vallas y el acopio del material de obra del Patio de Reyes".

Respecto al parking, explica: "El aparcamiento nos da 350 plazas pudiendo llegar a las 450-500, trasladando ese día a los abonados que tienen al otro parking de la plaza de la Constitución". "Mañana jueves tengo reunión con el arquitecto de dicho proyecto para conocer y prever el estado de la obra el día 5", prosigue. La reunión es con Alberto Arias, arquitecto de la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

Por último, explica que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por José María Álvarez del Manzano, colaboró con la boda y aportó medios públicos. Así, asegura: "Asunto vallas de señalización y corte: confirmada la recepción de 300 vallas y su retirada el día 6, del Ayuntamiento de Madrid. Gestión realizada a través del Sr. D. Luis Molina". Este último es un histórico concejal del PP de Madrid que fue contratado luego por el Ayuntamiento para el Departamento de Coordinación, que se ocupa de las concentraciones públicas en la capital. En este caso, el consistorio consideró acto público la boda y extendió su competencia al municipio de San Lorenzo de El Escorial. La carta termina asegurando: "Confirmada asistencia Policía Local del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial".

Alberto López Viejo, imputado también, era concejal de limpieza de Madrid y cortó la calle de Velázquez para facilitar la fiesta de despedida de solteros.
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El Tribunal Superior de Valencia ordena investigar "las filtraciones"

EL PAÍS - Madrid - 28/04/2009

José Flor, el magistrado del Tribunal Superior de Valencia que investiga las ramificaciones del caso Gürtel en esa comunidad, ha solicitado al juzgado decano de Madrid que se investiguen las supuestas "filtraciones a EL PAÍS de documentos que forman parte de la causa principal, declarada secreta por el Juzgado Central de Instrucción número 5". Asimismo, el alto tribunal valenciano ha pedido al Ministerio Fiscal "que le informe sobre qué acciones ha realizado" para averiguar las supuestas filtraciones. Así se indica en una nota que hizo ayer pública el gabinete de prensa del citado tribunal.

A juzgar por la nota, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia da por sentado que la supuesta filtración de documentos del sumario que afectan a los aforados que él investiga se ha producido en Madrid, motivo por el que ha enviado su petición a los juzgados de la capital.

En la citada nota de prensa se omite que este mismo tribunal ordenó levantar el secreto que pesaba sobre las actuaciones el pasado 3 de abril; es decir, en fecha anterior a las informaciones que ha venido publicando este periódico.

"Las informaciones publicadas por el periódico [EL PAÍS]", señala la nota, "reproducen documentos y recogen el contenido íntegro de actuaciones procesales sobre hechos que investiga la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

El gabinete de prensa destaca que "el pasado 21 de abril la Sala de lo Civil y Penal [del Tribunal de Valencia] dictó una resolución en la que recordaba la vigencia del secreto de sumario, exigible incluso a todas las partes intervinientes en el proceso".
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Camps busca el apoyo del PP en pleno escándalo por sus trajes

El líder valenciano fue aplaudido al final de la ejecutiva

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 28/04/2009

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ofreció públicamente una versión muy dulcificada de lo que había sucedido ayer en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, la primera desde que EL PAÍS publicó una conversación entre el presidente valenciano, Francisco Camps, y Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los cabecillas de la supuesta red corrupta del caso Gürtel. Según Cospedal, Camps recibió el apoyo del partido. "Todos los miembros del comité le han extendido ese apoyo", sentenció.

Francisco Camps Ortiz

Nadie habló para respaldarle salvo, de forma sutil, el presidente murciano

Sin embargo, la realidad en la reunión, según cuentan varios de los presentes, fue algo diferente. Habló una decena de personas y, al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones con las novedades del caso Gürtel, nadie quiso ofrecer explícitamente su apoyo a Camps. El asunto no había sido mencionado. Sólo Mariano Rajoy, en su discurso, había dicho, como siempre, que su partido se encargará de defender la "presunción de inocencia de todos sus miembros".

Pero entonces Camps pidió la palabra al final de la reunión, ya en el turno de ruegos y preguntas, cuando parecía que el tema no se iba a tratar porque la reunión se había centrado en hablar de las elecciones europeas, la crisis económica, la financiación autonómica y la epidemia de gripe porcina.

El presidente de la Generalitat valenciana hizo una breve mención al asunto que trae de cabeza a su Gobierno: el escándalo de los trajes que presuntamente, según el auto del juez Baltasar Garzón, le regaló Álvaro Pérez, El Bigotes.

"Agradezco al partido el cariño que he recibido en las últimas semanas", dijo Camps. Y después, como siempre muy en positivo, añadió: "Desde el congreso de Valencia [en junio de 2008, en el que fue reelegido Rajoy], el PP está en fase ascendente y el PSOE en fase descendente".

Esta última frase de aliento interno recibió un aplauso de sus compañeros. Ramón Luis Valcárcel, el presidente murciano, habló inmediatamente después para ironizar con la idea de que hay quien "se está intentando cargar el prestigio de personas honorables y algún molt honorable", en referencia a Camps. Los más cercanos al presidente valenciano entendieron este aplauso como un apoyo cerrado al presidente, y así lo interpretó Cospedal cuando fue preguntada por la prensa.

Sin embargo, en el PP son mayoría los dirigentes que, aun defendiendo la honradez de Camps, con la idea expresada por Rajoy de que "nadie se corrompe por tres trajes", ven al valenciano muy quemado políticamente, no tanto por las evidencias contra él como por su empeño en tratar de suavizar la realidad: esto es, su estrechísima amistad con un supuesto cabecilla de una red corrupta, que recibió más de seis millones de euros en concesiones públicas de la Generalitat que, en última instancia, dependen del presidente.

Camps tampoco quiso ofrecer a su partido mayores explicaciones, ya que su estrategia, según su entorno, es reservar todos los detalles para cuando le citen a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

En la reunión del Comité Ejecutivo, Rajoy también quiso explicar a los suyos que cuadrar la lista europea, que se dará a conocer hoy, "no es nada fácil", porque España ha perdido cuatro eurodiputados de los que tenía y además la lista debe ser paritaria. Varios hombres relevantes que querían repetir quedarán fuera de los puestos de salida.
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El ex viceconsejero de Inmigración de Madrid niega haber cobrado dinero de la trama

Primer interrogatorio del TSJM a dos dirigentes del PP imputados.- Clemente Aguado: "Jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo".- El diputado regional Alfonso Bosch evita hacer declaraciones

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 28/04/2009

Primer interrogatorio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el caso Gürtel. El diputado del PP en la Asamblea Alfonso Bosch Tejedor y el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno regional Juan Carlos Clemente Aguado han comparecido hoy como imputados ante el juez Antonio Pedreira, por su implicación en la red corrupta de empresas dirigida por Francisco Correa. Bosch se ha negado a declarar, acogiéndose al artículo 24 de la Constitución, hasta que se levante el secreto de sumario. El diputado del PP ha evitado hacer manifestaciones a la salida. "Lo que tenía que decir ya lo he dicho ante el juez", ha indicado Bosch, quien según Garzón habría percibido 250.000 euros de la red durante su etapa como gerente de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte. El juez Pedreira le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, mientras que el tribunal está estudiando la posibilidad de levantar el secreto de sumario.

El juez imputa a empresarios vinculados a supuestos pagos al tesorero del PP

El segundo en comparecer, Clemente Aguado, quien supuestamente cobró 16.000 euros de la trama, sí ha declarado y ha negado cualquier vinculación con la red corrupta. "Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo", ha manifestado al término de su comparecencia. El abogado de Clemente ha confirmado que los delitos que se imputan a su cliente son los de cohecho y tráfico de influencias y ha añadido que la fiscal no ha pedido que se le imponga ninguna medida cautelar, ni siquiera la retirada del pasaporte, ya que su representado reside actualmente en Colombia y él mismo había pedido declarar el pasado 15 de abril. Según el abogado, Clemente ha negado categóricamente ante el juez haber recibido "ni una sola cantidad distinta de su salario".

Próximo a Correa
Bosch es el primer aforado de Madrid imputado formalmente en la causa investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien se inhibió en favor del TSJM. De acuerdo con el auto de la Sala de este tribunal, Bosch pudo haber cometido delitos de cohecho y tráfico de influencias. Garzón sostenía en el auto de inhibición que el ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV) adjudicó directamente a Easy Concept, uno de las empresas investigadas, contratos del Ayuntamiento de este municipio. Otra de las supuestas irregularidades la constituiría su intermediación para la adjudicación a la Constructora Hispánica de las obras de la Ciudad Deportiva de Boadilla.

Garzón situaba a Bosch como una persona próxima al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, con quien mantenía "un papel destacado" en sus operaciones inmobiliarias. El diputado se habría embolsado por su colaboración cerca de 250.000 euros, según el juez. Al margen de estos indicios, una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS señala que Bosch organizó la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar, desde el Ayuntamiento de El Escorial, localidad de la que era en 2002 segundo teniente alcalde. En la organización de la boda participó también Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado por su actividad en la trama. La carta iba dirigida a Antonio Cámara Eguinoa, quien fue secretario personal de Aznar y se convirtió en 2004 en empleado de una empresa de Correa.

También presta declaración el abogado Santiago Lago Borstein. Junto a Bosch Clemente, y este abogado, el juez Pedreira citó el pasado viernes a Correa y dos empresarios que se dedicaban a la construcción. La investigación se centra en averiguar el supuesto pago de comisiones ilegales por la concesión de obras que podían haber llegado hasta el tesorero del PP, Luis Bárcenas, también investigado aunque no imputado hasta el momento por recibir sobornos por el valor de 1,3 millones. El magistrado tomará declaración el próximo jueves a Correa, a quien el juez de la Audiencia Nacional imputó delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
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El primer aforado de Madrid imputado en la trama se niega a declarar
El PP aprueba hoy la lista para las europeas con la probable entrada de Galeote
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Alarte acusa a Camps de actuar al estilo mafioso

El líder de los socialistas denuncia que el PP le investiga y ataca a su familia

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 28/04/2009

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, salió ayer a defenderse de los ataques del PP contra él y su familia. "Los valencianos no nos merecemos un presidente de la Generalitat que responde a una situación de dificultad al más puro estilo de mafia", dijo el dirigente socialista. Alarte sostuvo esta dura acusación en todo lo que ha sucedido desde el pasado 6 de febrero, cuando estalló el caso Gürtel, que relaciona al presidente Francisco Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa, con la trama corrupta liderada por Francisco Correa.

"El PP tiene un panel con fotos y datos de mi familia, para investigarlos"

Los socialistas denuncian que desde ese día los populares han iniciado una operación de desprestigio contra ayuntamientos gobernados por el PSPV para "tapar" la implicación de Camps. "Están pasando cosas realmente extrañas. Llevo 10 años de alcalde de Alaquàs y hasta la aparición del caso Gürtel, no tenía ni una sola petición de información por parte del PP. A partir del 6 de febrero, hay un aluvión, un boicoteo absoluto, una persecución", dijo Alarte antes de reunirse con la dirección de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

El PP no ha dado tregua a los ayuntamientos socialistas y ha solicitado comisiones de investigación por doquier, también en Alaquàs. Hace cuatro días, los populares pidieron a la Fiscalía que investigue la contratación de una abogada encargada de la defensa de mujeres maltratadas en Alaquàs, y anteayer se publicó una información sobre la adjudicación del servicio de grúa del Ayuntamiento de Alfafar (PSPV) a la empresa del padre de Alarte.

"Cualquiera de los empresarios con los que hoy [por ayer] voy a departir, estoy seguro de que tienen familia, tienen hijos, hermanos, y ejercen su derecho democrático de participar en la vida pública. No hay que atacarlos por eso", apostilló el dirigente, quien avanzó que se defenderá en los tribunales de las informaciones insidiosas que se divulguen. "No le vamos a consentir esto. No somos iguales", agregó Alarte.El Partido Popular de Alfafar solicitará una comisión de investigación ante "las supuestas irregularidades que se han cometido con la contratación del servicio de grúa municipal".

A la vista de este nuevo caso, el secretario general de los socialistas valencianos insistió en la persecución de la que se siente objeto. "Me contaban esta mañana que en la sede del PP tienen en una habitación un panel con fotos, cuadritos, datos sobre mi familia y la gente de mi entorno, que están investigando. El señor Camps se ha equivocado con ese método", aventuró Jorge Alarte.

Los socialistas llevan desde que se hizo pública el caso Gürtel, a principios de febrero, exigiendo explicaciones al presidente de la Generalitat y al PP de su relación con Orange Market y su responsable Álvaro Pérez, El Bigotes. Lo han hecho dentro y fuera de las Cortes. Y esta semana volverán a hacerlo. "¿Cree que los ciudadanos valencianos tienen derecho a recibir una explicación suficiente del señor presidente sobre las múltiples circunstancias que le relacionan con la trama descrita en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y sobre las particularidades que rodean la manera en que las empresas de la citada trama obtienen y ejecutan contratos con organismos públicos bajo su responsabilidad?", dice textualmente la pregunta registrada por Ángel Luna. Los socialistas quieren una explicación de la conversación grabada por la policía con autorización judicial y publicada el pasado jueves por EL PAÍS, entre el presidente Camps y El Bigotes, donde se referían uno al otro como "amiguito del alma" y donde quedaba explícito los regalos de alto valor hechos por Pérez a la esposa e hija del presidente valenciano. Esta conversación se desvelaba un día después de que Camps repitiese que todo era mentira.

Por segunda vez en una semana, Alarte dirigió sus críticas contra la televisión autonómica valenciana, Canal 9, donde apenas se da información sobre el caso Gürtel y, sin embargo, aparecen casi a diario los supuestos escándalos de los socialistas. "El señor Camps no puede aprovecharse de la televisión pública como hace de una manera indecente. Tampoco puede aprovecharse de la debilidad de unos medios de comunicación que viven una situación de crisis difícil y a los que se les extorsiona a cambio de que se les publicite y se divulguen informaciones insidiosas", acabó Alarte.

Y puesto a contestar al PP, el secretario general del PSPV le tomó la palabra al secretario regional, Ricardo Costa, quien el domingo emplazó a los dirigentes socialistas a comparar sus respectivas declaraciones de bienes con la de Camps y la suya propia. Alarte le respondió colgando ayer su declaración de la web del partido y pidiéndole a ambos que hicieran lo mismo. Costa anunció que hoy se harán públicas.

El documento hecho público por Alarte es la declaración de bienes que presentó en el Ayuntamiento de Alaquàs el 7 de junio de 2007. Según explicó el partido en un comunicado, la declaración presentada ese día no ha sufrido ninguna variación sensible más allá de la reducción de las deudas por el pago ordinario y mensual de las respectivas cuotas. "Los únicos datos que han sido eliminados son los referentes a su domicilio, matrícula de vehículo y DNI por motivos de seguridad", apuntaron en Blanquerías. Como avanzó el propio Alarte, éste tiene un piso en propiedad en la ciudad de Valencia, un préstamo hipotecario de 110.000 euros por este inmueble, un plan de pensiones, un Volkswagen en propiedad, y dos créditos personales por 61.000 euros.

Alarte, al no ser diputado, era el único que todavía no había hecho pública su declaración de bienes. El político recordó que fue el PP quien se opuso en 2007 a que las declaraciones de bienes de todos los diputados de las Cortes se colgaran de la web del Parlamento. "Visto el interés que tienen", ironizó, "vamos a pedir de nuevo en las Cortes la próxima semana que se hagan públicas", concluyó.
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Bosch Tejedor, primer aforado imputado en la causa del caso Gürtel

El juez imputa al diputado del PP madrileño seis delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales

CADENA SER 28-04-2009

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha imputado seis delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales al diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch Tejedor, el primer aforado que ha sido imputado en esta causa.

El parlamentario regional se ha negado a declarar ante el juez acogiéndose al artículo 24 de la Constitución que le permite no hacerlo hasta que se levante el secreto del sumario.
Bosch-Tejedor no ha hablado ni en el despacho del juez ni en la calle sobre la acusación que le señala como el presunto receptor de 250.000 euros de la red Gürtel.

Con gesto serio y tenso abandonaba la sede judicial sólo una hora después de entrar a declarar. Antes había sido el turno de Carlos Clemente, antiguo viceconsejero de Inmigración en el Gobierno de Aguirre. El juez también le imputa los mismos delitos que a Bosch-Tejedor. Junto a su abogado, el antiguo alto cargo regional se ha declarado inocente.

La jornada de declaraciones ha terminado con el interrogatorio al abogado Santiago Lago Bornstein. Todos han salido en libertad porque no se han adoptado medidas. El próximo jueves Francisco Correa será trasladado desde prisión hasta la sede del Tribunal para afrontar su primera declaración ante el magistrado Antonio Pedreira. LLeva mas de dos meses en la cárcel y el sumario le señala como el máximo responsable de la red Gürtel.
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La trama Correa sigue acercándose al ex presidente del Gobierno y su familia
El imputado Bosch explicó por carta al secretario de Aznar en Moncloa los preparativos del bodorrio de El Escorial

Aznar contó con Álvaro Pérez, ahora involucrado en el escándalo de corrupción, para montar la ceremonia de El Escorial y los fastos adyacentes

En las grabaciones de la investigación se dice que se llevaba un 10% de comisión
El ex viceconsejero de Aguirre imputado en la Gürtel niega haber recibido "jamás" un euro fuera de su sueldo

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia confirma que es real
Señor Camps, su conversación con su "amiguito del alma", no tiene nada de montaje

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Compromís detecta 6 contratos de la Generalitat con empresas investigadas en el caso Gürtel

Se trata de contratos exentos de fiscalización tanto previa como posterior y que no requieren tramitación administrativa más que la orden y el pago de la cuantía, que asciende a 60.000 euros

EFE

El grupo Compromís pel País Valencià en Les Corts Valencianes han anunciado hoy que han detectado seis contratos menores de Presidencia de la Generalitat con empresas investigadas por la Audiencia Nacional dentro del entramado del caso "Gürtel".

Así, lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la sindica del grupo, Mónica Oltra, quien ha explicado que estos contratos son aquellos que están exentos de fiscalización tanto previa como posterior y no requieren tramitación administrativa más que la orden y el pago de la cuantía.

Según han puntualizado fuentes de Compromís a través de un comunicado de prensa, este grupo está convencido de que durante los años 2005, 2006 y 2007 la Generalitat concedió "innumerables contratos menores" a empresas de la trama, de los que han logrado tener acceso a seis que tienen un importe total de 60.000 euros.

Asimismo les consta que otras empresas de la trama "están dadas de alta de terceros, lo que significa que mantienen o han mantenido relaciones contractuales con la administración autonómica por un concepto y cuantía por el momento desconocida".

En el caso de las empresa contratadas en el 2005 "son las mismas que participaron en el concurso para la realización de un vídeo informativo que Presidencia quería realizar para el reciclado de envases, y que finalmente no realizó pero que la empresa adjudicataria Orange Market, cobró la mitad del precio".

Presidencia también adjudicó sendos contratos a Boomerang Drive SL y Down Town Consulting, que tenían el mismo administrador único que Orange Market, y por un importe de 22.520 euros en 2005, el mismo año que se produce la contratación para el vídeo de reciclado por Presidencia, han explicado.

En este caso, han denunciado, "además se comete una evidente ilegalidad de fraccionamiento de contrato mayor en dos contratos menores para la realización de un mismo objeto que es la manipulación de unas memorias USB y su envío".

Según la información facilitada por Compromís, ese mismo año Presidencia contrató con Orange Market la coordinación y tratamiento de datos de la Guía de la Comunicación por un importe de 12.020 euros, y en 2006 le asignó un acto de presentación de proyectos estratégicos de comunicación por 7.447 euros.

En 2007, según estos mismos datos, se contrató con Orange Market el montaje y desmontaje de un acto en la Ciudad de la Justicia con motivo de las elecciones autonómicas y también con Easy Concept por 6.761 euros, sin que se pueda concretar el concepto de la factura, ya que se pagó con "caja fija".

Según ha explicado la caja fija es como un "agujero negro, donde no se sabe lo que hay" y donde hay cosas que "escapan al control público".Oltra ha informado de que su grupo intentará la semana próxima recabar toda la información para enviarla a la Audiencia Nacional, para que el juez Baltasar Garzón "amplíe el caso e incluya esta información que es, a todas luces, motivo de ampliación del caso".

"Estamos convencidos que más allá de la acusación de cohecho por el asunto de los regalos, detrás del caso Gürtel puede existir una trama de financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y desde Compromís continuaremos averiguando y aportando toda la información que recabemos", ha advertido.

Oltra ha recordado que en 2008, "buena parte de los 900 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat" de los que han solicitado información "porque escapan de cualquier fiscalización", han sido adjudicados mediante el procedimiento de contratos menores.
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Vote:¿Debe dimitir el president de la Generalitat?

"Jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo"

El ex viceconsejero de Inmigración de Madrid Carlos Clemente Aguado ha declarado hoy como imputado en el "caso Gürtel"

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La dirección del PP recibe a Camps con aplausos y críticas a las filtraciones
Alarte exhibe su patrimonio y reta a Costa y a Camps a hacer lo mismo en vez de actuar "como la mafia"
Flors pide al juez decano de Madrid que investigue la publicación de documentos
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El juez del 'caso Gürtel' imputa seis delitos a Bosch

El diputado de la Asamblea de Madrid se convirtió el viernes en el primer aforado del PP imputado en la trama.

EFE - Madrid - 28/04/2009 14:48

El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha imputado seis delitos al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor, el primer aforado formalmente imputado en esta causa, quien hoy se ha negado a declarar ante el juez.

Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), que han precisado que los delitos que se imputan a Bosch son: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Pedreira, encargado de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, imputa estos mismos delitos a el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado y al abogado Santiago Lago Borstein, que también han comparecido hoy como imputados en el TSJM.

Bosch se ha acogido a su derecho a no declarar

Bosch, que ha permanecido en el despacho del juez apenas media hora, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que no se levante el secreto sumarial, lo que, según han asegurado las fuentes consultadas, no impide la continuación del proceso contra él.
Por su parte, Carlos Clemente ha manifestado a los periodistas al término de su comparecencia: "Jamás, jamás he recibido un euro fuera de mi sueldo", mientras que Santiago Lago ha dicho que no tenía nada que ver con esta situación.
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