Carlos Slepoy: “Ya no
hay amparo para los crímenes del franquismo: o se extradita a los
responsables o se les juzga en su país».
Posted: 02 Nov 2014 06:03 AM
PST
El procedimiento de extradición
de la juez argentina es torticero y prevaricador, no tiene ningún recorrido
jurídico, y parece mentira que venga de un país donde se han cometido tantas
barbaridades». Son palabras de Eduardo
Fungairiño, fiscal del Tribunal Supremo, acerca del auto de
la magistrada argentina María Servini, en el que dicta orden de
detención contra el ex ministro Rodolfo Martín Villa, y contra
una veintena de altos cargos franquistas.
En el caso de Martín Villa, la
magistrada bonaerense lo señala como penalmente responsable de los llamados
sucesos de Vitoria, posteriores a la muerte de Franco: «La represión de la
concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que
fueron asesinados Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso
Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo
más de 100 heridos, muchos de ellos por armas de fuego».
Además, la juez reclama
interrogar a ex altos cargos franquistas en relación con diversas ejecuciones
«sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua»; entre ellos, al
ex ministro José Utrera Molina -suegro del recién dimitido ministro de
Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón-, por «haber convalidado con su
firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich», ejecutado a garrote
vil el dos de marzo de 1974.
Según Fungairiño, quien ya se
significó en su día, como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, por oponerse
a la extradición de Pinochet dictada por el juez Garzón, la pretensión de Servini «no tiene fundamento».
«En primer lugar», asegura, «la magistrada no tiene jurisdicción en suelo
español. Para ello debería instruir delitos de lesa humanidad o genocidio.
Pero la definición del Tribunal Penal Internacional de sendos delitos
-análogos según el Supremo, y que requieren el exterminio de un grupo
determinado de personas- no coincide en absoluto con los hechos denunciados,
en su caso calificables de homicidio. Y en todo caso, la juez ha construido
una doctrina jurídica que ni siquiera es aplicable con carácter retroactivo
en 1976».
«En segundo lugar», añade el
fiscal del Supremo, «hubo amnistía en 1977. Y en tercero, algunos de los
pretendidos delitos, como la sentencia y ejecución de Puig Antich, ya estaban
prescritos cuando en 2003 entró en vigor la no prescripción de los grandes
delitos».
Muy al contrario, el
abogado promotor de la causa, Carlos Slepoy, califica de «insostenible» esta
posición. «Nadie puede sostener que el
franquismo no cometió crímenes contra la humanidad, salvo que los encubra»,
dice. «Además», añade, «el artículo 10 de la Constitución insta a interpretar
las normas para la protección de los derechos humanos de acuerdo con los
tribunales internacionales; y España ya había firmado en 1976, un año antes
de la Amnistía, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
El precedente
Pese a que Fungairiño duda de
que Interpol llegue a cursar siquiera las órdenes de detención, la pelota
estará muy pronto en el tejado del Gobierno. Puntualiza el fiscal que la Ley
de 1985 le permite desestimar la demanda y no dar curso a la extradición. En
caso contrario, recuerda el precedente del archivo de la demanda de
extradición -cursada por la propia juez en septiembre de 2013- contra el ex
inspector José Antonio González Pacheco, Billy El Niño, y el ex guardia civil
Jesús Muñecas, por presuntos y sendos delitos de torturas; si bien ambos
tuvieron que declarar ante el juez Ruz, quien les retiró el pasaporte.
El portavoz de Amnistía
Internacional en España, Ignacio
Jovtis, criticó precisamente ayer que el año pasado la
justicia española usó
«argumentos contrarios» al Derecho Internacional «al no colaborar» en las dos
citadas demandas de extradición.
Pero Slepoy considera que la
nueva resolución «no tiene por qué ser la misma». «Los hechos son diferentes
y la decisión dependerá de otro juez», añade. Además, «estamos en el
principio de un proceso como el que se ha vivido en Argentina. Ya no hay
amparo para los crímenes del franquismo: O se extradita a los responsables o
se les juzga en su país».
En este sentido, la Asociación
para la Recuperación de la Memoria advertía ayer al Gobierno, en un
comunicado, que «quienes
violaron derechos humanos no pueden ser amparados por un gobierno
democrático». Amaiur, por boca del diputado Jon Iñarrituque,
llegó a «exigir» a España que «obedezca» a la justicia argentina.
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Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme..... "Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
dimecres, 5 de novembre del 2014
Carlos Slepoy: “Ya no hay amparo para los crímenes del franquismo: o se extradita a los responsables o se les juzga en su país».
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