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Las víctimas de la carga policial que causó cinco muertos y 150 heridos piden justicia
Protestas en el primer aniversario de la matanza de Vitoria. / EFE
La decisión de la juez argentina María Servini de Cubría de solicitar la extradición del exministro Rodolfo Martín Villa por la matanza del 3 de marzo de Vitoria ha devuelto a la actualidad uno de los sucesos del tardofranquismo que, en opinión de los historiadores, aceleró el final de la dictadura. Junto a Martín Villa, la magistrada también ha pedido a España que le permita interrogar en Buenos Aires a otro ministro del régimen: José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y otros 18 cargos franquistas.
La juez pide la detención de Martín Villa por "la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral, y en la que hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego". La policía cargó contra una asamblea de trabajadores en una iglesia de Vitoria. Los hechos que investiga la juez Servini se produjeron varios meses después de la muerte de Franco y pocas semanas antes del nacimiento de EL PAÍS.
Al cumplirse el año de la muerte de cinco obreros durante una jornada de huelga general en Vitoria, un multitudinario funeral y concentraciones en la capital alavesa revivieron la tensión de un episodio que, según los expertos, aceleró el final definitivo del régimen franquista. Esta es la crónica publicada en el periódico el 4 de marzo de 1977.
Tras varios meses de huelga en demanda de aumentos salariales, el 3 de marzo era jornada de paro general en Vitoria, una ciudad donde se había creado un movimiento asambleario que preocupaba al Gobierno, temeroso de que pudiera extenderse a otras regiones de España. En la iglesia del barrio obrero de Zaramaga, miles de trabajadores se reunieron en asamblea. Afuera se congrearon muchos más y, en medio, se situó un centenar de agentes de la Policía Armada. Entonces sucedió lo incompresible. Por la emisora de radio que comunicaba a los grises con el centro de mando, alguien dio la orden de gasear con bombas lacrimógenas el interior de la iglesia. "Si desalojan por las buenas, vale; si no, a palo limpio. Sacarlos como sea", se escucha antes de la oirse la orden que precipitó la matanza: "Gasear la iglesia. Cambio".
La iglesia sólo había una salida, la puerta principal. Ni ventanas ni terraza. Cuando empezaron a salir a borbotones para no morir asfixiados, la policía les tiroteó. "Que manden fuerza aquí, que hemos tirado más de 2.000 tiros. Cambio", se escucha en las grabaciones.
Las cintas de las emisoras policialesmuestran que lo sucedido fue más que una intervención desafortunada. "Ya tenemos dos camiones de munición, ¿eh? O sea que a actuar a mansalva, y a limpiar, nosotros que tenemos las armas; a mansalva y sin duelo de ninguna clase". Por la manera en que relataron los hechos los agentes participantes, fue una victoria militar sin precedentes contra trabajadores desarmados: "En Salinas [plaza Martín de Salinas] hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.", reportaba por la radio un policía.
La versión oficial, recogida en la sentencia de un tribunal militar, es que la policía hizo uso de la "legítima defensa para responder a una agresión de los trabajadores". La justicia militar reconoció que se trataba de "homicidios", pero archivó el caso al no encontrar culpables. Las víctimas, sin embargo, siguen exigiendo justicia, para lo que han acabado recurriendo a los tribunales argentinos.
Por su parte, la magistrada imputa a Utrera Molina "el haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich", ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, a los 23 años, y recuerda que los hechos "son sancionables con las penas de reclusión o prisión perpetua".
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