divendres, 15 de maig del 2015

Cine Pobre dedica su última sesión a "La memoria histórica y represión franquista"


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Orosia Castán, de pie, en su intervención en el ciclo de Cine Pobre.
Orosia Castán, de pie, en su intervención en el ciclo de Cine Pobre.


Charla de Orosia Castán tras la proyección de 'Tudela 1936' en la biblioteca {Entre] Líneas
R.M.
Valladolid
"Nunca conoceremos la magnitud real del crimen contra la humanidad cometido en España". Con estas palabras concluía Orosia Castán, del Grupo Verdad y Justicia, la sesión del pasado viernes 8 de mayo de Cine Pobre en la biblioteca {Entre} Líneas dedicada a la memoria histórica y a la represión franquista.
Tras la proyección del documental Tudela 1936, realizado con ocasión de un homenaje a las víctimas celebrado en Tudela de Duero en julio de 2011, los asistentes tuvieron ocasión de saber algo más y opinar sobre un episodio crucial de la historia de España -y de Valladolid en concreto- que sin embargo sigue siendo aun bastante desconocido.
Valladolid nunca fue frente de guerra, por lo que la mayor parte de las personas detenidas y asesinadas, que Verdad y Justicia cifra en torno a 3.000, lo fueron en los días posteriores al 18 de julio: “497 de ellas fueron fusiladas tras un juicio sumarísimo en San Isidro y enterradas en el cementerio de El Carmen, en dos fosas comunes, las fosas 47 y 53, que están en una situación lamentable” -denuncia la asociación- “y que recogen los restos de la mayor parte de las corporaciones municipales de la provincia”.
Pero estos juicios fueron “a todas luces ilegales, porque no contaron con las debidas garantías, hubo indefensión de las víctimas, pero sobre todo los tribunales estaban formados por militares que habían participado en el golpe”.
Alrededor de 1.500 personas, según los mismos cálculos “fueron paseadas, es decir sacadas de sus casas, asesinadas sin juicio, tiradas al río, a un pozo o enterradas en cualquier parte y ahí siguen, sin estar inscritas en el registro, constan como nacidos en 1905, en 1907, pero no aparecen como muertos. Sus mujeres nunca fueron viudas. Sus hijos nunca fueron huérfanos”.
Pero la represión tuvo también un aspecto económico, de apropiación de los bienes de las víctimas que dificulta aun más el esclarecimiento de la verdad, porque no se trata solo, subraya Orosia Castán, de “saber dónde están mis abuelos, también de dónde están sus bienes” y porque aquí “ha habido fábricas que se han hecho ricas con el trabajo de la gente de la cárcel, colegios que han levantado presos”.
Al igual que es difícil conocer el número exacto de represaliados, el expolio económico es imposible de cuantificar, porque como explica la investigadora del grupo memorialista, “lo hicieron muy bien. Al principio fueron robos que los mismo autores reconocen abiertamente, pero a finales del 36 los propios golpistas quieren poner un poco de orden y se crea la Comisión de Incautación de Bienes y ya en el 39 se saca la Ley de Responsabilidades Políticas, una ley retroactiva cuyo objetivo final era despojar de bienes materiales a todos los que durante la república habían tenido responsabilidades políticas y, claro está, propiedades. Hasta a los asesinados se les imponía una multa enorme, que se aplicaba sobre el caudal hereditario y que las familias tenían que pagar o ver embargados todos sus bienes, hasta las cucharillas del café o las cortinas del salón”.
 
Durante el debate, Orosia Castán no dudó en calificar como crimen contra la humanidad la represión ocurrida tras el golpe de estado de 1936, porque las personas asesinadas y represaliadas “lo fueron por su condición ideológica, fueron víctimas de un crimen político, cuando una parte del ejército se subleva contra un gobierno salido de las urnas y elimina a sus oponentes y esto la justicia universal emanada de los tribunales de Nuremberg del 48 lo llama así, crimen contra la humanidad”.
Sin embargo, la investigadora de Verdad y Justicia, no tiene ninguna esperanza en que vayamos a saber nunca la verdadera magnitud de lo que pasó por las enormes implicaciones políticas, sociales, económicas y hasta burocráticas que eso tendría, una “patata caliente” que los gobiernos se pasan “esperando que pase el tiempo y que se mueran los nietos”, pero no duda en denunciar que el no conocer la verdad será “una responsabilidad histórica de los gobiernos que hemos tenido y que tendrán que responder por ello con nombres y apellidos”.
De hecho una buena parte de sus denuncias fueron para el gobierno socialista de Zapatero que en vez de asumir sus obligaciones de “averiguar la verdad, impartir justicia y reparar a las víctimas”, al llegar al poder empiezan a recibir presiones y al ver “el tomate” que había “lo que hacen es ver como pueden pararlo un poco y para ello montaron una especie de subcontrata, empezaron a librar enormes cantidades de dinero para que toda España, cada uno con su pico y con su pala se lanzase a la búsqueda de fosas”. Pero de esta manera, lo que está haciendo el gobierno es “detraerse de sus obligaciones”, mientras los ciudadanos “asumen una tarea que no les corresponde” y con la que pese “a su buena voluntad están destruyendo pruebas”.
Para demostrar el poco avance en materia de recuperación de la memoria histórica Orosia Castán hizo referencia a que pese al tiempo transcurrido desde 2002, año en el que se empezó a hablar de ella con fuerza, “los muertos siguen enterrados en cualquier pinar y los asesinados, los desaparecidos ni siquiera censados. Y los juicios que condenaron a muchos de ellos siguen sin ilegaliizarse. Esta es la exigencia más importante que hacen los familiares, que haya un reconocimiento institucional, pero sobre todo la ilegalización de los juicios porque es muy duro leer que tu padre, además de asesinado, fue un bandido o cualquiera de las cosas terribles que están escritas en los expedientes”.
El pesimismo y las críticas alcanzaron también, en este debate, a las fuerza políticas, que ni siquiera contemplan apenas la cuestión en sus programas electorales, y sobre todo a la sociedad. “Esto no pasa en ninguna parte del mundo” -se lamentaba la representante de Verdad y Justicia- . “Hay todavía 150.000 personas en las cunetas. Solo hay un país con más fosas comunes que el nuestro, Camboya y la sociedad no demanda nada.Hemos tenido la ilusión de pensar que éramos demócratas, que éramos civilizados, que éramos europeos, pero los españoles hemos vivido en una situación de dictadura y de postdictadura, nos han educado en una actitud de benevolencia hacia los abusos del poder, nos han hecho creer que esto era así porque tenía que ser así. Nos hemos querido creer que éramos unos demócratas de primera pero hay que asumirlo, no tenemos formación demócrata, no somos ciudadanos como los europeos”.